Las universidades públicas de Argentina comenzaron la semana con un paro docente que se extenderá durante varios días y que podría repetirse en las próximas semanas.

La protesta fue definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió intensificar el conflicto con el Gobierno nacional ante la falta de avances en la negociación salarial y el financiamiento del sistema.

El plan aprobado por el congreso de la federación —que reunió a decenas de sindicatos de base— incluye nuevas interrupciones totales de actividades hacia fines de marzo y nuevamente a finales de abril. La conducción gremial explicó que se trata de una estrategia de presión escalonada para el primer semestre.

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Además de las huelgas, el sector prepara una movilización federal universitaria prevista de manera tentativa para el 23 de abril. La convocatoria buscará reunir a docentes, estudiantes y autoridades académicas con el objetivo de defender el sistema público y reclamar mayor presupuesto.

Las organizaciones sindicales también planean instalar en distintas ciudades una “carpa por la universidad y la soberanía”, una iniciativa pensada para visibilizar el conflicto en el espacio público y sumar apoyos de otros sectores sociales y sindicales.

Entre las principales demandas figuran la reapertura urgente de las paritarias y el cumplimiento de la normativa vigente sobre financiamiento universitario. Desde Conadu advirtieron que seguirán de cerca el debate parlamentario ante posibles cambios en esa legislación y no descartaron ampliar las medidas de fuerza si la situación no se modifica durante las próximas semanas del gobierno de Javier Milei.

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La presentación de los fiscales federales de Corrientes, encabezada por el coordinador Carlos Schaefer, se dirigió contra una decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que limitó la intervención del equipo de la unidad fiscal durante el juicio a Jorge Eduardo Espinoza, alias “Chaquito”. En febrero, en el marco de las audiencias, el tribunal determinó que solo podrían participar dos fiscales en cada audiencia, incluidas las intervenciones en la acusación final.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió lo anterior tras un planteo de la defensa oficial, estableciendo que únicamente podían intervenir dos integrantes de la unidad fiscal por jornada, también durante los alegatos. Esta dupla definida podría alternarse conforme al artículo 105 del código, el cual prevé dos defensores para el imputado.

En otros casos se ha repetido esta práctica. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó el mismo límite en el proceso que investigó la desaparición del submarino ARA San Juan, en el que también solo dos de los cuatro acusadores pudieron participar en las audiencias de debate.

El argumento de ambos tribunales es que debe mantenerse la “igualdad de armas” entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.

A pesar de estas restricciones, el acusado Espinoza fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a trece años de prisión. Sin embargo, se estableció un precedente sobre cómo puede organizarse la acusación en un juicio oral. Pero quedó el antecedente de cómo se configura la acusación en un debate. Esto podría ser esgrimido de nuevo cuando, por ejemplo, el mismo Tribunal juzgue el Caso Loan.

Una nueva negativa

En marzo, previo a la sentencia, la Fiscalía Federal de Corrientes insistió con su planteo y presentó un nuevo argumento: mencionó que el escenario de lucha contra el narcotráfico había cambiado después de conocerse que en Entre Ríos se había gestado un plan criminal que incluía el asesinato de un fiscal federal y un juez federal.

Según la confesión de otros detenidos, Leonardo Airaldi planeaba ejecutar esa acción debido a que ambas víctimas, José Candioti (fiscal federal) y Leandro Ríos (juez federal), participaron en distintas etapas de los procesos en su contra. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también figuraba en la lista de objetivos. Roncaglia fue jefe de la Policía Federal y, previamente, titular del área de Drogas Peligrosas de esa fuerza.

Para los fiscales federales de Corrientes, lo sucedido en la provincia vecina es una causa nueva para revisar el criterio de dos fiscales y dos defensores. Schaefer recalcó la necesidad funcional de que un equipo, compuesto por fiscales y auxiliares fiscales, intervenga en juicios complejos.

Entre los fundamentos, el fiscal coordinador expuso que contar con un equipo que actúe “de manera simultánea, conjunta o alternada en la etapa de alegatos” resulta esencial por motivos de organización y distribución funcional del Ministerio Público Fiscal. La división del trabajo correspondía con la complejidad objetiva y subjetiva del proceso seguido contra Espinoza.

El expediente abordaba catorce imputados, de los cuales cuatro permanecen prófugos.

El reclamo era duplicar el número de acusadores, con la participación de cuatro fiscales. El pedido buscaba brindar transparencia, protección y seguridad al equipo fiscal: “Estamos frente a organizaciones narcocriminales. Con la participación de equipos alegando, también se diluye la posibilidad de amenazar y amedrentar al actor público”.

El fiscal coordinador subrayó que la intervención de más personas “no configura una multiplicidad de acusadores independientes. Se trata, por el contrario, de una única voluntad institucional que, ejercida de manera coordinada, se plasma en una única teoría del caso”.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes mantuvo su decisión inicial, lo que, a juicio de la acusación, constituyó una invasión a la independencia del Ministerio Público Fiscal.

La Fiscalía Federal de Corrientes presentó entonces un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, el mismo tribunal rechazó la medida, por lo que la cuestión fue elevada mediante una queja a la Cámara Nacional de Casación Penal. Este órgano debe resolver no solo este caso sino también el planteo de los fiscales del ARA San Juan, lo que podría determinar el criterio para futuras causas de alta complejidad institucional.

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El expresidente Mauricio Macri convocó a dirigentes y autoridades del PRO a un encuentro estratégico que se realizará este jueves en Parque Norte. La cita tiene como objetivo definir la hoja de ruta del partido para el resto del año y planificar su papel en las elecciones de 2027.

La reunión, organizada por el diputado y secretario general del partido Fernando de Andreis, espera concentrar a intendentes, legisladores, concejales y figuras nacionales del espacio, entre ellos María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y la legisladora porteña Silvia Lospennato.

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Más allá de cumplir con formalidades estatutarias del Consejo Nacional del PRO, el cónclave tendrá un fuerte componente político. Allí se evaluarán estrategias legislativas, la representación del partido en el Congreso y los vínculos con gobernadores provinciales, considerados clave para ampliar la influencia federal del macrismo.

El exmandatario ya había iniciado reuniones previas con el foco puesto en consolidar la identidad del PRO y definir su relación con La Libertad Avanza.

La postergación del Consejo Nacional del PRO a fines del mes pasado permitió reprogramar esta cumbre, otorgándole a Macri espacio para marcar la estrategia del partido.

Escala la pelea en el Senado: el oficialismo busca quedarse con comisiones y el kirchnerismo reclama más lugares

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