El Gobierno apostó por el pragmatismo con un solo objetivo: conseguir que la llamada “modernización laboral” sea ley antes del 1° de marzo para exhibir una señal de fortaleza a los mercados. Para ello, accedió a modificar artículos claves de la iniciativa para complacer a gobernadores, sindicatos y cámaras empresarias, al tiempo que aceptó propuestas de cambio de la oposición dialoguista para garantizarse sus votos.

Casi una treintena de artículos del proyecto fueron modificados y tres de ellos, eliminados. Los más relevantes son los siguientes:

-Se elimina la posibilidad del pago de salarios por medio de billeteras virtuales. Así quedó establecido en el nuevo artículo 35 del dictamen. Solo las entidades bancarias seguirán habilitadas.

-Acota los derechos laborales en los casos de enfermedad o accidente (art. 44). Si éstos no se producen por la prestación laboral, el trabajador podrá percibir el 50% de su sueldo si la imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador. Se incluyen otros dos artículos (44 bis y 44 ter) para regular el aviso de enfermedad y los controles médicos, incluyendo la facultad del empleador de designar médico y el uso de juntas médicas ante discrepancias.

-Pago de indemnizaciones por despido: segmentación por tipo de empresa. Como en el dictamen original (art.60), estará a cargo de un Fondo de Asistencia Laboral (FAL) financiado con un porcentaje de las contribuciones patronales (que hasta ahora iba a la Anses). La versión original establecía un 3% para todos los empleadores; el nuevo dictamen hace una segmentación para diferenciar a las grandes empresas (que aportarán solo el 1%) de las pymes (2,5%). El ministro Luis Caputo debió ceder en este punto (uno de los más conflictivos), pero incluyó un párrafo que lo autoriza a subir en 0,5% estos porcentajes si es necesario para cumplir con las metas de déficit cero.

-Concesiones a los gremios. El dictamen da marcha atrás en tres puntos que había propuesto el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que atentaban contra el financiamiento de los sindicatos.

-Guiño a los gobernadores. Se dio marcha atrás con la reducción del impuesto a las ganancias a las sociedades (empresas) en los tramos dos y tres del tributo. Caputo debió ceder ante la presión de los gobernadores, reacios a aprobar la totalidad de la reforma porque este punto les implicaba una fuerte caída en el flujo de sus fondos coparticipables. El dictamen mantiene, en cambio, la eliminación de los impuestos internos a artículos suntuarios, automóviles, embarcaciones y elementos de comunicación.

-Justicia Laboral. El nuevo texto insiste en promover el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo (adversa al oficialismo) a la justicia porteña, pero abre una puerta para su “progresiva reorganización o transformación”, aunque sin incluir materias laborales de competencia federal.

-Financiamiento del Incaa. Se posterga hasta el 1° de enero de 2028 la eliminación del fondo que financia la actividad cinematográfica, que se nutre de un impuesto del 10% sobre las entradas de cine, un 10% sobre la venta/alquiler de videogramas y un 25% de la recaudación del Enacom. El dictamen original pretendía eliminarlo de inmediato y financiar la actividad con recursos presupuestarios (discrecionales).

-Derogación de estatutos. El dictamen mantiene la derogación de cinco estatutos, pero una vez transcurridos seis meses de la sanción de la ley. Respecto del que corresponde al periodista profesional, la nueva versión insiste en derogar el artículo 43 (despidos) cuando entre en vigencia la reforma.

El Gobierno aceptó cambios en el proyecto de reforma laboral justo antes del debate previsto este miércoles en el recinto del Senado y validó los cambios que negoció Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, con la oposición dialoguista. El punto clave es la eliminación del artículo que rebaja el impuesto a las Ganancias para las empresas en un 3%.

La caída de esa cláusula terminó por quitar del camino el último dejo de duda que pesaba sobre la suerte de la reforma laboral en el Senado. Con los gobernadores provinciales conformes, que evitaron perder una cifra estimada en 3 billones de pesos, el proyecto del oficialismo se encamina a su aprobación con cambios, pero sin contratiempos.

La quita del artículo fue confirmada por Patricia Bullrich en una conferencia de prensa que ofreció en el Senado flanqueada por Eduardo Vischi (Corrientes) y Martín Goerling (Misiones), jefes de los bloques de la UCR y de Pro, respectivamente.

Los ejes del proyecto de reforma laboral del oficialismo son reducir cálculos indemnizatorios, contar con más facilidades para emplear y despedir personal, limitar el derecho a huelga y licuar el poder de representación y recaudación sindical, a pesar de que en estos cambios hubo concesiones. De esa forma, el Gobierno considera que aumentará el empleo en blanco.

“Decidimos postergar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias hasta construir un proyecto de reforma fiscal integral, que integre a los tres niveles impositivos: nacional, provincial y municipal”, afirmó la jefa de la bancada oficialista, confirmando lo anticipado ayer por .

Bullrich, sin embargo, no dio a conocer el texto final que se debatirá en el recinto, sino que proyectó unas filminas en la conferencia.

Con los cambios que sufrirá el dictamen firmado en diciembre, no solo ganan las provincias. La Casa Rosada también cedió ante el reclamo de la CGT y no tocará el aporte patronal a las obras sociales, que se mantendrá en el 6%.

Además, los denominados “aportes solidarios” que les cobran a los trabajadores seguirán siendo compulsivos por dos años más, aunque con un tope del 2%. Vencido el plazo, pasarán a ser voluntarios. Los empleadores podrán seguir oficiando como agentes de retención de la cuota sindical, por lo que no se afectará la recaudación de los gremios.

También encontraron eco las quejas de las cámaras empresarias, que lograron eliminar la cláusula que hacía voluntarios los aportes de sus integrantes. Como en el caso de los gremios, el aporte será obligatorio por un plazo de dos años, limitados a un 0,5%.

El total de cambios anunciados por Bullrich fueron 28 y los enviaron a los senadores después de que la jefa del bloque de LLA recibiera el visto bueno de la mesa política del Gobierno, en una reunión que mantuvo cerca del mediodía en la Casa Rosada.

En la conferencia, Bullrich no enumeró todas las modificaciones, y de los que precisó en algunos casos son cambios de redacción del texto. Así, dijo que en lo referido a la Justicia laboral se quitará la denominación “industria del juicio”.

Todos los cambios fueron “consensuados”, dijo la exministra de Seguridad, con los bloques de la oposición dialoguista. Esto anticiparía un apoyo de entre 42 y 44 votos en la votación en general. En el debate en particular la votación será por títulos y se estima que ahí los números varíen a la hora de aprobar los cambios que se le introducirán al proyecto, pero que todos tendrán la mayoría necesaria asegurada.

La nueva postura del Gobierno marca un cambio con el relato que la semana pasada habían dejado trascender al menos públicamente en Casa Rosada. El miércoles pasado, al término del anterior encuentro, fuentes de la mesa política habían asegurado que se imponía la decisión de “no cambiar ni una coma del proyecto original”.

El encuentro de la mesa política en la Casa Rosada, que duró casi dos horas, fue encabezado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Participaron del encuentro la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; los ministros del Interior, Diego Santilli, y de Economía, Luis Caputo.

También fueron de la partida el asesor presidencial Santiago Caputo; el secretario de Enlace Parlamentario, Ignacio Devitt, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. La reunión inicialmente estaba pensada para el miércoles y luego se adelantó a este martes.