El avance de la liquidación del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar) marcó una transformación en la política habitacional vinculada a la gestión estatal de activos inmobiliarios. La Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía dispuso la venta de casas y departamentos que, aunque concluidos en diferentes etapas del programa, nunca recibieron adjudicatario. El sector público abrió la posibilidad de adquirir estas propiedades a través de subastas públicas electrónicas administradas en línea.

A través de una serie de resoluciones, el Estado impulsó la transferencia de inmuebles remanentes por medio de mecanismos virtuales. Esta acción se inscribió en el proceso de reordenamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y en la liquidación y traspaso de activos enmarcados en la disolución del programa.

El ProCreAr nació bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, y se orientó al financiamiento y construcción de viviendas familiares en todo el país con fondos públicos. En noviembre de 2024, a través del Decreto N° 1018/24, el Gobierno dictó la disolución del programa y comenzó a establecer nuevos destinos para los inmuebles involucrados. La medida se formalizó en junio de 2025 por medio de la resolución 764/2025, que organizó la liquidación del fondo y determinó el traspaso de los créditos vigentes al Banco Hipotecario S.A..

El argumento principal para justificar la eliminación del fondo giró en torno a la idea de que el financiamiento estatal representaba una carga para las cuentas públicas y debía recaer sobre el sector bancario comercial. Las autoridades indicaron que los créditos activos continuaron bajo administración del Banco Hipotecario, manteniendo las condiciones originales a los adjudicatarios.

Las subastas abarcan propiedades terminadas que nunca se asignaron. En este grupo ingresan unidades habitacionales de diferentes dimensiones, emplazadas en barrios planificados de varias provincias. Según la normativa, se trata de casas y departamentos en desarrollos de mediana escala o barrios completos erigidos en terrenos fiscales.

La oferta incluye inmuebles que cuentan con todos los servicios básicos y conexiones instaladas. Los proyectos respetaron los lineamientos constructivos establecidos por el programa federal e integran espacios verdes, infraestructura comunitaria y cercanía respecto a zonas urbanas. En la mayoría de los barrios en cuestión predominan viviendas de dos o tres dormitorios, aunque la cantidad puede variar según el desarrollo seleccionado en cada caso.

La decisión oficial también extendió la transferencia de unidades en construcción hacia provincias, municipios o el sector privado para finalizar la obra por fuera del alcance directo del programa liquidado.

El sistema SUBAST.AR y la modalidad electrónica

El mecanismo elegido para la disposición de los bienes inmuebles es el remate digital. La resolución 396/2025 estableció que todas las operaciones deben llevarse a cabo por medio del sistema SUBAST.AR, una plataforma electrónica desarrollada para la administración y gestión de subastas electrónicas del sector público.

Este sistema, avalado previamente por el Decreto N° 29/18, busca promover la eficiencia, la transparencia y la máxima participación, en línea con las regulaciones para la gestión de bienes estatales. En cada subasta, la plataforma fija una fecha y un horario específicos para recibir ofertas y habilita la inscripción directa de los interesados.

Además, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) gestiona el calendario de ventas y suministra toda la información técnica, legal y gráfica sobre cada inmueble en los días previos al acto de subasta. Los interesados pueden acceder a imágenes, detalles de distribución, ubicación y servicios disponibles para evaluar las diferentes alternativas.

Requisitos y pasos para participar

Para intervenir en las subastas, los aspirantes deben realizar una inscripción previa en la plataforma digital habilitada por la AABE. El registro requiere constituir un domicilio legal y electrónico en el país, completar los formularios electrónicos respectivos y cargar documentación personal y fiscal que respalde la identidad y capacidad legal del solicitante.

Uno de los requisitos centrales de participación implica el pago de una garantía cuyo monto se informa previamente para cada subasta. Además, los formularios electrónicos permiten seleccionar el inmueble de interés y confirmar la inclusión en el sistema de pujas. La oferta inicial parte de un precio base determinado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Durante el acto de subasta, la plataforma habilita la recepción de ofertas en el horario pautado, con un monto mínimo de incremento entre propuestas, también especificado en cada caso. La propiedad se adjudica a la oferta más elevada al cierre del plazo, y la operación se gestiona íntegramente de forma remota.

Quiénes pueden participar y condiciones para los adjudicatarios

La participación está abierta a personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos y presenten la documentación establecida en cada pliego. No es indispensable contar previamente con un crédito hipotecario aprobado para ofertar. No existe tope de edad ni condiciones restrictivas respecto al perfil laboral, pero el adjudicatario debe acreditar solvencia económica para cumplir con la operación.

Los organizadores ofrecen alternativas de financiamiento bancario para los compradores, aunque los términos finales de plazo, tasa y modalidad se tramitan con la entidad correspondiente una vez adjudicada la vivienda. El procedimiento requiere, además, la realización de trámites de escrituración y la presentación de documentación adicional vinculada a la transferencia de la propiedad.

La normativa vigente sostiene que el incumplimiento de la operación, luego de adjudicada, puede implicar la pérdida de la garantía depositada durante la inscripción inicial.

La subasta engloba a propiedades que estuvieron bajo contratos de locación de obra, con avance finalizado o parcial durante la vigencia del fondo. Los inmuebles sin contratos vigentes pasaron a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que se encarga de su comercialización o transferencia, según el esquema fijado por la reglamentación estatal.

En cuanto a las viviendas en estado de obra o sin finalizar, la Secretaría de Obras Públicas habilitó la transferencia a provincias, municipios o sector privado para su conclusión y venta posterior. La resolución administrativa permite al Ejecutivo disponer, transferir o vender estos activos para afrontar las deudas pendientes del ProCreAr y completar el proceso de liquidación.

El cronograma oficial para la venta de casas y departamentos se publica en los sitios institucionales del Gobierno Nacional. Las subastas se programan en tandas, en función de la ubicación y cantidad de unidades disponibles en cada desarrollo habitacional. Para cada lote, la AABE publica pliegos con especificaciones técnicas, precios base, fechas clave e imágenes para facilitar la evaluación previa por parte de los interesados.

Las unidades se suman progresivamente al sistema, con plazos diferenciados y convocatorias múltiples a lo largo de cada mes. La publicación de los detalles pertinentes a cada subasta permite comparar alternativas y acceder a recomendaciones sobre cómo verificar la documentación y analizar el entorno y la infraestructura de cada barrio o complejo incluido en la oferta.

La vigencia de los créditos ProCreAr en curso permaneció sin cambios para los beneficiarios. Los adjudicatarios que accedieron a préstamos bajo las condiciones originales mantienen sus derechos y obligaciones en las mismas circunstancias previas a la disolución del programa. Las subastas actuales sólo alcanzan a las casas y departamentos sin asignar previos y no inciden en los esquemas de financiamiento de quienes ya recibieron su vivienda por intermedio del sistema eliminado.

Los especialistas en subastas recomiendan revisar exhaustivamente la documentación disponible en el sistema, consultar las características y el entorno de los desarrollos, y calcular la capacidad financiera real antes de presentar una oferta. Además, recalcan la importancia de considerar todos los gastos asociados, incluyendo impuestos y escrituración, para evitar contratiempos o pérdidas en el proceso.

En el presente esquema, la oferta ganadora adquiere carácter de compromiso firme: los adjudicatarios deben cumplir dentro de los plazos fijados en el llamado y cerrar toda la operación conforme lo indiquen los términos legales y administrativos establecidos en cada pliego.

El fuerte respaldo electoral para el Gobierno no solo impactó en el plano político, sino que generó una menor presión devaluatoria y un descenso en las proyecciones de precio del dólar para los próximos meses. En concreto: se «corrieron» varios meses más para adelante las perspectivas de un tipo de cambio por encima de $1.600.

En cifras, a mediados de octubre pasado, en plena previa de tensión electoral y pronósticos de derrota para el oficialismo, en los mercados de opciones y futuros del Matba-Rofex se estaba negociando una cotización de dólar mayorista para fin de diciembre que viene a más de $1.600.

Pero luego de los resultados favorables que obtuvo el Gobierno el 26 de octubre pasado, cambió el panorama de forma notoria, dejando en claro una mayor tranquilidad en la City.

Ahora el mercado recién está pactando un dólar mayorista por encima de los $1.600 para fines de abril del 2026: en concreto, se convalidó este miércoles una cotización de $1.617. Es decir, hoy se aguarda ese valor para cuatro meses después de lo que se esperaba en la previa electoral.

Por lo pronto, para fin del corriente noviembre, se está negociando un precio de $1.468, un nivel que apenas se ubica por encima de la cotización actual, que es de $1.448. Por lo que se espera para todo este mes un avance de 2,3%.

Es decir, para el corto plazo, el precio de dólar mayorista esperado permanece por debajo de la banda máxima de flotación establecida por el Banco Central, en el que no interviene con la venta de divisas, y que se ubica ahora en torno a los $1.500, y que se actualiza a razón de 1% mensual.

De acuerdo algunos analistas, más allá de la actual calma cambiaria, en el mercado se considera que el Gobierno está «cómodo» con que el tipo de cambio se ubique por debajo de la banda máxima, pero el objetivo es que se ubique cerca de ese nivel y no descienda (o atrase) mucho más de ese valor.

«Circulan rumores de compras oficiales destinadas a sostener el valor del tipo de cambio. El Gobierno busca evitar una baja excesiva del dólar que afecte la competitividad exportadora y complique la acumulación de reservas del Banco Central», detalla Ignacio Morales, oficial jefe de inversiones de Wise Capital.

Precio de dólar y menor devaluación

En base a los resultados electorales favorables para el Gobierno en las legislativas nacionales, en la City se diluye el fantasma de la devaluación y las cotizaciones negociadas para los próximos meses en el mercado de futuros descendieron en los últimos días.

El sustento de esta expectativa más calma es el esperado ingreso de capitales para los próximos meses, hecho que, en teoría, tranquilizaría la presión de la demanda de fin de año y para el verano.

Según un informe del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano (UB), tras el triunfo en las urnas, «el Gobierno se apresta a impulsar, en un Congreso mucho más amigable, su agenda de reformas de segunda generación», donde se incluirían reformas laborales y tributarias.

Por lo pronto, los economistas están esperando ciertos ajustes cambiarios, pero sin grandes «sorpresas» en el esquema monetario. 

«Pensamos que hasta fin de año se va a mantener el esquema de bandas, aunque la pregunta es qué pasará en 2026: si sigue flotando, o no; si se liberan los controles cambiarios, o no; y qué ocurrirá. Los escenarios previstos pueden contemplar, por ejemplo en el conservador, que hay que hacer alguna corrección cambiaria adicional para tener un tipo de cambio real un poco más alto, sobre todo que permita acumular más reservas, para depender menos del ingreso de capitales», afirma Lorenzo Sigaut Gravina, director de Análisis Macroeconómico de Equilibra.

En tanto, en el escenario optimista, en el cual el Gobierno logra mantener el esquema de bandas cambiarias, se espera «tener un ingreso de capitales significativos para fines de este año y principios del que viene, y además puede hacer una renovación de los vencimientos de la deuda pública en los mercados de capitales, o con ayuda de Tesoro, o con el consorcio de bancos, de estos u$s20.000 millones adicionales, con garantías», agrega Sigaut Gravina.

En ese escenario, espera que el tipo de cambio puede posicionarse en torno a los $1.650 en los primeros meses del 2026.

Por su parte, Nahuel Bernues, CFA, asesor financiero y fundador de la Consultora Quaestus, opina a iProfesional que, desde que La Libertad Avanza ganó las elecciones, «comenzó un círculo virtuoso y el dólar no está excluido. Más allá de que la cotización del dólar no ha bajado tanto, la realidad parece dictar que el país no tendrá problemas en la oferta de dólares». 

Más allá de eso, considera este experto que el argentino «seguirá demandando muchos dólares, como es su costumbre, pero las colocaciones de deuda de privados más las exportaciones que van a seguir creciendo, brindarán los dólares suficientes para que lo que históricamente era un problema, no lo sea en el futuro cercano».

En el mismo sentido, Gabriel Martino, ex CEO del HSBC, detalló también hace unos días que «van a sobrar dólares en la Argentina en el corto, en el largo y en el mediano plazo. La Argentina otra vez tiene una gran oportunidad, primero porque tenemos un presidente con convicción y esa convicción hace hacer transformaciones. Además, tenemos un viento de cola con productos que el mundo quiere, con precios que se están acomodando».

De hecho, Fernando Baer, economista jefe de Quantum, indica que la «sensación» del mercado es que tras la fuerte dolarización pre-electoral que hubo, ahora ese movimiento va a «dar lugar al desarme de algunas posiciones dolarizadas, más una oferta neta por la cuenta financiera de la balanza de pagos», que puede sostener en términos reales al precio del tipo de cambio.

Por lo pronto, la tranquilidad política y cambiaria ayuda al Gobierno a generar un entorno favorable para realizar las reformas estructurales necesarias, mientras se busca que no se atrase (o abarate) nuevamente el precio del dólar para que la demanda se mantenga controlada y el Banco Central pueda comprar reservas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos y los montos actualizados para las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondientes a noviembre de 2025. Esta asistencia social, dirigida a los sectores más vulnerables, se acredita cada mes a quienes cumplen con los requisitos estipulados por el organismo.

En un contexto de incrementos ligados a la inflación y con la continuidad del bono extraordinario, miles de beneficiarios ya cuentan con las fechas precisas de cobro y los importes que recibirán.

Las Pensiones No Contributivas son prestaciones monetarias que otorga el Estado a través de ANSES a personas que, por alguna condición particular, no acceden a la jubilación contributiva tradicional. Las coberturas principales abarcan a personas con invalidez, adultos mayores en situación de vulnerabilidad social (vejez), madres de siete hijos o más y beneficiarios de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Durante noviembre de 2025, el monto de las PNC se vio actualizado mediante un incremento del 2,08%, porcentaje basado en la variación de precios registrada en septiembre del mismo año. Así, el haber básico para quienes perciben las PNC por invalidez o vejez asciende a $233.136,88.

Al sumarse el bono extraordinario de $70.000, que el organismo entrega a quienes cobran la mínima o no superan determinados montos, el total alcanza los $303.136,88. Por su parte, quienes perciben la PUAM reciben $266.442,16, más el bono, sumando $336.442,16.

Esta actualización salarial responde al ajuste mensual vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), aunque el bono mantiene su valor sin modificaciones desde marzo de 2024. Para jubilaciones y pensiones de monto superior, el bono se otorga parcialmente y solo hasta alcanzar un tope de $403.020,07, asegurando que la suma total no supere ese límite.

Además de las pensiones por invalidez y vejez, se mantiene la cobertura de la PUAM, pensada para mayores de 65 años sin otros ingresos previsionales. Todas estas prestaciones buscan complementar ingresos y ofrecer respaldo ante situaciones de desprotección.

La ANSES estableció para noviembre un esquema de pagos escalonado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular, habitual en el calendario previsional. De acuerdo a la información oficial, las fechas de cobro de las Pensiones No Contributivas quedan distribuidas de la siguiente manera durante la segunda semana del mes:

• DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
• DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
• DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
• DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
• DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Este mismo esquema rige tanto para las PNC por invalidez, vejez o madres de siete hijos, como para la PUAM, garantizando la acreditación en distintas jornadas y evitando aglomeraciones en las sucursales bancarias.

Quienes deseen corroborar la fecha exacta y el lugar asignado para el cobro pueden realizar la consulta en la web oficial de ANSES. Solo es necesario ingresar a la sección correspondiente de consultas, completar los datos personales (número de beneficio o CUIL) y el sistema informará de inmediato el período durante el cual será posible retirar los haberes, tanto por ventanilla como por cajero automático.

Cabe recordar que a la par de las PNC, durante noviembre también se pagan las asignaciones universales y familiares, las jubilaciones mínimas y las prestaciones por desempleo, todas siguiendo el mismo criterio de terminación de DNI. Las asignaciones familiares vinculadas a PNC estarán disponibles entre el 10 de noviembre y el 10 de diciembre, sin distinción de terminación de documento.

Para obtener una Pensión No Contributiva, los interesados deben reunir requisitos establecidos para cada modalidad. Las alternativas más frecuentes son la pensión por invalidez, dirigida a personas con una disminución física o mental del 76% o más y en situación de vulnerabilidad social, y la pensión por vejez, destinada a quienes superan los 70 años y no perciben jubilaciones, pensiones ni ingresos formales.

El trámite de solicitud se inicia en las oficinas de ANSES o de manera online desde la web oficial. El solicitante debe presentar documentación personal (DNI, certificados médicos para el caso de invalidez, declaración de carencia de ingresos, entre otros) y atravesar una evaluación socioeconómica a cargo del organismo.

También existe la posibilidad de acceder a la prestación como madre de siete hijos/as, caso en el cual se necesita la acreditación de nacimiento y documentación que avale la situación familiar.

Una vez otorgada, la pensión queda sujeta a revisiones periódicas y a la actualización automática de los haberes según lo dispuesto por ANSES y los índices de inflación publicados por INDEC. En caso de cambios en la situación económica, laboral o familiar, las condiciones y el derecho a la prestación pueden someterse a nuevas evaluaciones.

Este sistema de seguridad social busca brindar cobertura, ingreso complementario y mejorar la calidad de vida de aquellos sectores que no pueden acceder a otras formas de respaldo previsional.