ECONOMIA
Clima de Negocios: Qué pasará con Vicentin, la cerealera que casi expropian los K y por la que pujan dos gigantes del agro
Es una historia larga y con polémicas varias. Tiene damnificados económicos y unos 1.000 empleados con muchas dudas. También una trama judicial compleja, una deuda multimillonaria que generó el concurso de acreedores más grande de la historia argentina, muchos intereses detrás y hasta un banderazo nacional como protesta porque, claro, la política metió la cola.
Como sea, la historia de Vicentin, la casi centenaria agroexportadora argentina que el kirchnerismo quiso expropiar en plena pandemia, tuvo accionistas con vínculos cercanos con el macrismo, llegó a ganarle en exportaciones a todas las multinacionales del sector y facturar USD 4.300 millones por año, entró en default y quedó al borde de la quiebra, ahora parece encaminar su destino en medio de pujas corporativas y rumores.
El caso está en la Justicia desde hace varios años y ahora atraviesa un cramdown, un salvataje que es el proceso previo a la quiebra en el que terceros pueden ofertar para quedársela. Esta última chance de supervivencia venció el viernes y enfrenta a dos pesos pesados: Grassi, una histórica cerealera santafesina; y Molinos Agro junto a Louis Dreyfus Company (LDC), la asociación de la rama rural del Grupo Pérez Companc con la multinacional de origen francés.
La disputa por el control se intensificó en las últimas horas, cuando los dos grupos económicos afirmaron haber reunido las mayorías exigidas por el proceso de cramdown para quedarse con la compañía. Cada uno lo hizo bajo criterios diferentes y con cuestionamientos cruzados sobre la legitimidad de los apoyos obtenidos. Grassi hizo la primera presentación y sólo por eso podría ser el ganador, pero su contendiente impugnó una parte de sus avales. Decidirá desde el lunes el juez Fabián Lorenzini, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de Reconquista, Santa Fe.
El viernes por la tarde, el directorio de Grassi comunicó que la empresa había alcanzado y superado ampliamente las mayorías exigidas por el cramdown, lo que, según su postura, la habilita legalmente para tomar el control de la firma en crisis. Recordaron su participación activa desde el inicio del default de Vicentin, hace más de cinco años, y su rol en la búsqueda de una solución que permitiera honrar las deudas y reparar el daño sufrido por productores y acreedores.
Casi en paralelo, aunque minutos más tarde, Molinos Agro y LDC informaron que también superaron los requisitos de adhesión y remarcaron que sus apoyos eran de “acreedores legítimos”. Esta distinción surge porque ambos grupos impugnaron la validez de asociados de Grassi, lo que profundizó la controversia sobre la composición de las mayorías.
“Las presentaciones ya se hicieron, los síndicos dijeron que el juez no tenía que abordar ese tema hasta que terminara el período de conformidades. El lunes, el juez hará las verificaciones y se expedirá sobre las impugnaciones planteadas”, le aseguraron a Infobae representantes de las empresas. Ambas afirman que obtuvieron más de 1.200 adhesiones y que superaron los dos tercios de capital en cada categoría de acreedores legítimos.
Días antes, Molinos y LDC habían solicitado la exclusión del proceso de Grassi y su vinculada Commodities (porque dijeron que había autovoto, algo que impediría la Ley de Quiebras); del fondo Avir South, controlado por Cima Investments, de Esteban Nofal (que, argumentaron, que en parte está fondeado en parte por la familia Grassi); y de Vicentin Paraguay. Sin ellos en la cuenta final, dicen, Grassi no alcanza los números requeridos.
“Además, Nofal no votó por nuestra propuesta aunque era mejor. Debió hacerlo, fue contra su propio beneficio. Está claro que es parte interesada. Veremos qué dice el juez el lunes. Seguimos recibiendo conformidades anoche y tenemos aún más adherentes. Creemos que ganamos porque las impugnaciones y exclusiones que planteamos son correctas. Nosotros hicimos lo que había que hacer, conforme a la ley”, destacaron desde ambos lados de la puja.
El titular de Cima Investments, uno de los hijos de Luis Nofal, el histórico socio de Carlos Ávila en Torneos y Competencias, acaba de comprar Celulosa Argentina por 1 dólar, y el año pasado se quedó con la deuda que tenían en Vicentin varios bancos internacionales.
“La ley habla de quien llega primero, esto no fue una licitación ni una competencia. Era una carrera por las mayorías y ganamos. La sindicatura puso la lista de acreedores y los porcentajes a alcanzar. La gran mayoría nos apoyó”, destacó en diálogo con Infobae Mariano Grassi, vicepresidente y CEO de la empresa homónima. La empresa dice que sumó el 85% del capital y el 65,5% de los acreedores a su propuesta.
“Las impugnaciones fueron hechas para disuadir que nos voten, pero no lo lograron. Deberían hacerlas después, además, pero no hay chances que no tengamos los números, se cuente como se cuente. Va a haber una resolución rápida y esperamos tener el control de la compañía pronto”, agregó.
Grassi aseguró que siempre apostaron por la continuidad de Vicentin, no por su desguace, y por sumar más competencia al sector. “Las impugnaciones de la otra parte me preocupan cero, ganamos de todas maneras. La gente de Vicentin quiere dejar de sufrir y volver a la normalidad. Vamos a invertir en todas las plantas y seguir invirtiendo. Nada se cierra, nadie se va”, destacó el empresario.
La opción de Molinos Agro y LDC fue optimizada en los últimos días antes del cierre del plazo del viernes. El esquema contempla el pago total del 100% de las acreencias menores a USD 130.000 a los 30 días de la homologación judicial, cifra que incluye a casi el 80% de los acreedores reconocidos. Para los créditos de entre USD 130.000 y USD 400.000, se ofreció abonar el 50% de la deuda a los 30 días, el 55% en un plazo de tres años o el 70% en diez años, siempre con un interés anual del 4 por ciento. Para las deudas de más de USD 400.000, el plan incorporó un anticipo de USD 25.000 en efectivo al mes de la homologación, junto a un pago del 40% en el plazo de una década y la opción de capitalización en acciones preferidas.
Este modelo otorga además un pago complementario eventual sujeto a quebrantos fiscales. El volumen total de desembolsos propuesto se estima en USD 350 millones destinados a los acreedores, más otros USD 300 millones orientados al capital de trabajo, los pasivos post-concursales y el relanzamiento de las plantas industriales de Vicentin.
Los representantes de Molinos Agro y LDC señalaron que sus planes incluyen preservar aproximadamente 1.100 puestos de trabajo, ejecutar inversiones por entre USD 50 y USD 70 millones y mantener acuerdos operativos vigentes, algunos logrados con la Unión Agrícola Avellaneda para el denominado Nodo Norte.
Del otro lado, la propuesta de Grassi se mantuvo como la primera alternativa formalizada en el proceso judicial, orientada a evitar la quiebra y tomar el control empresario sobre Vicentin. El plan presentado contempló la conversión de todos los créditos verificados a dólares, al tipo de cambio de $60,78 vigente al inicio del concurso preventivo. Ofreció un menú de opciones de cobro adaptado a distintos perfiles de acreedores.
Entre los productores y recibidores de granos, el esquema propuso entregas de soja a lo largo de diez años, con un sobreprecio de USD 10 por tonelada y hasta un 200% de recupero del crédito en dólares, apoyo mediante fideicomisos con recuperos entre 80% y 120%, y anticipos de efectivo inmediatos por hasta el 50% del monto reclamado.
En junio de 2020, en plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández anunció por decreto la intervención de la empresa y propuso su expropiación, citando deudas impagas y el riesgo para la soberanía alimentaria. Un año antes, la compañía se había declarado en “estrés financiero” y esa situación avanzó con cierre de fábricas, cientos de trabajadores en ascuas y un pasivo de más de 1.400 millones de dólares. Fue muy polémico y cuestionado un préstamo que le había otorgado el Banco Nación durante la gestión de Cambiemos.
El poderío de Vicentin comenzó a cimentarse en 1929 en las ciudades santafesinas de Avellaneda y Reconquista de la mano de tres hermanos –Máximo, Pedro y Roberto Vicentin, que habían emigrado desde Italia una década antes– y llegó a convertirse en uno de los principales exportadores de granos y de carne vacuna del país.
El emprendimiento prosperó y, en 1937, se transformó en una planta desmotadora de algodón, a la que se sumó una pequeña fábrica de aceite. En aquellos años, la soja aún no formaba parte de la producción local, la molienda se centraba en algodón, lino y maní.
El salto hacia la agroexportación se produjo en 1979, cuando Vicentin construyó una nueva planta de extracción en San Lorenzo, a orillas del río Paraná. Luego se asoció a la multinacional Glencore para construir una de las primeras plantas de biodiésel del país, Renova, en un contexto en el que la soja ya dominaba la producción agrícola argentina y puso en marcha una planta de bioetanol de maíz en Avellaneda. Es la más grande del mundo en su tipo y la inauguró Cristina Kirchner.
La segunda generación de la familia, representada por figuras como Alberto “Beto” Padoán –que luego presidió la Bolsa de Comercio de Rosario y fue procesado, y sobreseído, en la causa “Cuadernos”– impulsó la gran expansión del grupo y mantuvo vínculos con la política. La tercera generación familiar, que fue más audaz y menos conservadora, asumió un papel protagónico en la toma de decisiones, especialmente en la expansión financiada con endeudamiento. Entre sus miembros destacados estuvieron Sergio “el Mono” Nardelli, hijo de una Vicentin y sucesor de Padoán, así como Máximo (“Maxi”) y Cristian, hijos del expresidente de la Bolsa de Rosario. También se incluye allí a Gustavo Nardelli.
La propuesta de Fernández generó una fuerte reacción social y política. Hubo protestas masivas, particularmente en la provincia de Santa Fe, y la oposición criticó duramente la medida. Un mes después, ante el rechazo generalizado, el Gobierno retiró el decreto de expropiación, dejando el futuro de la empresa en manos de la Justicia. La empresa continuó con el concurso de acreedores que había iniciado a fines de 2019. En agosto de 2020 falleció de un infarto Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin, y nieto del fundador de la empresa.
Entre 2021 y 2023, la causa avanzó en el fuero penal, y más de una docena de exdirectivos de la cerealera fueron imputados por estafa, acusados de fugas de dinero y lavado. El proceso judicial fue lento. La principal disputa se centró en el plan de pago que la empresa presentaba a sus acreedores en el marco del concurso preventivo. En un momento, el expediente incluso se extravió en la Corte Suprema de Santa Fe, lo que provocó una gran demora. Un año después, la Cámara de Apelaciones de Reconquista homologó un acuerdo preventivo que Vicentin había logrado con sus acreedores. Se consideraba un paso crucial para la salvación de la empresa, ya que la sacaba de la cesación de pagos.
Este mes llegó el cramdown y la causa penal por presunto fraude contra los exdirectivos también continúa en curso.
La definición sobre el futuro de Vicentin queda ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar las impugnaciones y determinar cuál de los grupos cumplió efectivamente con los requisitos legales para quedarse con la empresa. La decisión será crucial para el destino de la agroexportadora, sus trabajadores y los vínculos productivos que mantiene en el norte santafesino.
ECONOMIA
Reforma laboral recargada: Milei desafía a gremios con paritarias por región y sueldos por mérito
En el nuevo modelo de relación laboral impulsado por la Casa Rosada, las paritarias por región tendrán un rol central, con el argumento de que cuando un convenio nacional se intenta aplicar en realidades geográficas muy diferentes, se pierde productividad.
El problema es que la fortaleza de esos convenios es defendida por la CGT como fuente de capacidad de negociación.
Javier Milei prepara plan de modernización laboral: sueldo dinámico y paritarias por provincia
Pero la administración de Javier Milei apunta a instalar las paritarias por empresa, además de acordar con los trabajadores un salario «dinámico por mérito».
Mientras la central obrera está abocada a tratar de elegir a su nueva conducción, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, viene trabajando junto a su equipo en el proyecto de reforma laboral que el Gobierno espera llevar al Congreso en extraordinarias, junto con el Presupuesto 2026 y la reforma tributaria.
La gestión Milei defiende los acuerdos por empresa al sostener que permiten ajustar las cláusulas a las realidades de cada compañía, sus trabajadores y la región donde desarrolla su actividad económica.
Desde La Libertad Avanza se inclinan por el avance hacia un modelo donde el convenio de empresa tenga prioridad.
Con el esquema vigente, el desafío es garantizar que los convenios de actividad puedan aplicarse de manera efectiva en todo el país, incluso en las regiones más desfavorecidas o en empresas con menos recursos, explican en la Casa Rosada.
¿Adiós al aumento de sueldo por inflación?
El salario de los trabajadores también es materia de discusión. Desde la Rosada consideran que las paritarias deben contemplar un principio esencial: la sostenibilidad económica de las empresas.
El argumento principal es que el sistema laboral solo funciona si las empresas pueden sostenerse en el tiempo.
En ese marco, desde el Gobierno cuestionan el modelo de paritarias atadas a la inflación como base para mejorar el poder adquisitivo y las condiciones de vida de los trabajadores para centrarse en la «viabilidad» económica de las empresas.
Para la Casa Rosada, los convenios y paritarias deben construirse sobre bases realistas, que luego puedan mejorarse a nivel empresa cuando las condiciones lo permitan.
Así, el salario dinámico por mérito y productividad es uno de los ejes centrales para modernizar las relaciones laborales, explican.
Esto busca incorporar criterios objetivos de rendimiento y resultados en las negociaciones colectivas, acuerdos de empresa o individuales.
El propósito de las paritarias, desde la óptica de la reforma laboral que impulsará La Libertad Avanza, es mejorar el salario y reconocer el mérito sin comprometer la sostenibilidad empresarial.
Cuestionan que, hasta ahora, las negociaciones salariales se centraron casi exclusivamente en la inflación, lo que consideran un modelo agotado.
El objetivo es pasar de un sistema indexado a uno basado en productividad y mérito, que premie el esfuerzo individual y fomente la eficiencia colectiva.
Así, el incremento salarial dinámico propone que el salario básico se complemente con componentes variables vinculados al desempeño, la productividad y la eficacia.
Dicen que, de esta forma, el salario se convierte en un motor de mejora continua, con incentivos reales tanto para el trabajador como para la empresa.
Desde esa lógica, el que más produce, más gana; y la organización que reconoce el mérito, crece.
Estos mecanismos ya funcionan en algunas empresas para el personal fuera de convenio, y ahora el objetivo es incorporarlos a las negociaciones colectivas, siempre en acuerdo con los sindicatos.
En el oficialismo advierten que un sistema puramente solidario, donde todos perciben lo mismo sin importar el esfuerzo o los resultados, desincentiva la productividad y promueve la mediocridad.
Además, el objetivo será eliminar rigideces que frenan la creación de empleo, simplificando procesos y modernizando normas.
Así, se buscaría:
- Digitalización de los procesos de registro.
- Eliminación de trabas burocráticas.
- Libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte.
- Implementación de bancos de horas.
Federico Sturzenegger prepara plan para aumentar empleo y productividad
Uno de los más entusiastas a la hora de impulsar las negociaciones salariales por regiones es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Desde hace tiempo viene proponiendo modificar el esquema de paritarias nacionales y avanzar hacia una negociación salarial diferenciada por regiones o provincias.
Y critica que las convenciones colectivas que «imponen un mismo salario en todo el territorio», lo que a su juicio, representa una rigidez laboral que frena el desarrollo económico.
«Argentina tiene una rigidez en su estructura laboral. Impone un mismo salario en todo el país y hay que ir hacia un sistema con mayor flexibilidad», sostiene.
Para Sturzenegger, un mercado laboral más flexible podría aumentar en 15 puntos el nivel de empleo.
La Casa Rosada prevé elaborar un proyecto definitivo en el marco del Consejo de Mayo, que encabeza el flamante jefe de gabinete, Manuel Adorni, y está conformado por representantes de las provincias, el Parlamento, los empresarios y los trabajadores.
El secretario de Empleo, Julio Cordero, sostuvo que la producción y el trabajo «requieren de un sector privado enorme que permita el desarrollo de una sociedad más fuerte, y si no hay una protección jurídica de la propiedad o del sector privado, el sector privado se retrae y esto genera pobreza y desesperanza».
Con esa lógica, las modificaciones en materia laboral están dirigidas a establecer un régimen de paritarias por empresa y salario dinámico por mérito.
El avance hacia un modelo donde el convenio de empresa tenga prioridad deberá debatirse en una futura modernización laboral, en el marco del diálogo social con gremios y el sector empresario.
Con el esquema vigente, el desafío es garantizar que los convenios de actividad puedan aplicarse de manera efectiva en todo el país, incluso en las regiones más desfavorecidas o en empresas con menos recursos.
El propósito es generar más trabajo formal y de calidad en un marco legal ágil que acompañe los cambios del mundo productivo actual y futuro.
Además, plantearán la digitalización de los procesos de registro; la limitación de trabas burocráticas; la libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se pacte, y la implementación de bancos de horas.
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Ford Argentina presentó este martes en la Argentina la versión híbrida del Ford Territory, el C-SUV que lidera las ventas de la categoría más competitiva del mercado automotor local en los últimos dos meses.
Este modelo completa la gama de este vehículo que se importa desde China, que estaba compuesta por los dos modelos con motor térmico, Titanium y SEL, diferenciadas entre sí por su equipamiento de seguridad activa y confort.
La nueva versión híbrida de Territory llega a la Argentina dentro del programa diseñado por el Gobierno que permite importar vehículos híbridos y eléctricos desde países de extra zona sin pagar derechos de importación, un arancel que impacta con un 35%. Esto le permite ofrecerse al público con un precio muy competitivo apenas por encima de los $50.000.000.
Para poder alcanzar el precio máximo de USD 16.000 FOB (libre en puerto de salida) que el cupo de 50.000 autos electrificados deben tener como condición exigible para acceder al beneficio impositivo del Gobierno, Ford tuvo que desarrollar conjuntamente con la planta de China esta versión de Territory que recibe la denominación técnica de Trend Híbrida, combinando un equipamiento y tecnología intermedia entre las versiones conocidas en el mercado, SEL y Titanium.
Además de este diseño específico que permitió a Ford licitar y obtener una adjudicación de 2.800 unidades de este modelo para el primer año del cupo en la Argentina, también se hizo un trabajo de varios meses entre los departamentos de ingeniería de Brasil y Argentina, adaptando las suspensiones del vehículo y la puesta a punto del sistema de propulsión a las exigencias de los terrenos regionales y el modo de uso de los automóviles.
El motor térmico es un turbo 1.5 litros de 4 cilindros de 150 CV de potencia con tecnología de ciclo Miller, que mantiene abiertas las válvulas de admisión por más tiempo para mejorar la eficiencia sobre la performance, se complementa con un motor eléctrico de 218 CV. Esta potencia combinada de 245 CV y un torque máximo de 545 Nm.
Este conjunto se combina para transmitir la potencia a las ruedas delanteras con una novedosa transmisión automática específica llamada DHT (Transmisión Híbrida Dedicada en inglés) de dos velocidades, que permite aplicar cuatro diferentes modos de administración de la energía eléctrica, que pasan desde el uso exclusivo eléctrico para situaciones de tránsito lento, y una combinación de usos en serie y paralelo intermedios, hasta llegar a la de máxima performance, en la que el motor térmico envía conjuntamente con el eléctrico toda la potencia a las ruedas.
La batería es de iones de litio con tecnología LCM (ánodo y cátodo de Cobalto y Manganeso) con una capacidad de 1.8 kWh, que permite una autonomía total de hasta 1.200 km.
A nivel de equipamiento interior, la Territory Trend Híbrida tiene un nivel intermedio entre las alternativas térmicas SEL y Titanium. Entre los diferenciales por sobre la versión más básica se destacan el techo solar completo con comando eléctrico, el comando eléctrico del asiento del conductor y el sistema automático de luces y de climatización.
La gestión de la electricidad es una de las claves de este vehículo. En el tablero central se puede monitorear el modo en que está funcionando. A bajas velocidades el motor eléctrico es el único que mueve las ruedas, pero por un lapso breve de tiempo, la capacidad de la batería así lo marca en los Full Hybrid. Entonces el siguiente modo es el que enciende el motor térmico pero no para mover el vehículo directamente sino para cargar la batería. En este caso, la sensación de conducción sigue siendo 100% eléctrica.
Pero una vez que la velocidad empieza a subir se activa el sistema de hibridación en serie, que pone al motor de combustión como propulsor en la primera velocidad (vale recordar que son solo dos velocidades), a la vez que envía energía a las batería para cargarla.
El mismo tipo de funcionamiento se aplica ante un incremento de la velocidad, cuando el vehículo pasa a la segunda marcha con el mismo esquema de funcionamiento. Por último, en viajes a velocidades más altas como en rutas o autopistas, ambos motores se convierten en generadores de potencia para impulsar las ruedas y extraer el máximo rendimiento del vehículo. Este es el sistema de hibridación en paralelo.
Ford anunció el lanzamiento de Ford Territory Trend Hybrid con 3 años o 100.000 km para el vehículo y el motor de combustión, y 8 años de garantía o 160.000 km para la batería del sistema híbrido. El precio de venta es de $51.380.000.
ECONOMIA
El Bitcoin se derrumba y toca el nivel más bajo en 6 meses: ¿momento de huir, esperar o comprar?
El precio del Bitcoin está sufriendo una fuerte volatilidad debido a las tensiones comerciales internacionales y al reciente anuncio de la Fed de moderación en la baja de las tasas de interés. Así, volvió a ubicarse en torno a los u$s101.000, cayendo 8% en dólares en lo que va de noviembre, tras alcanzar el precio más bajo en 6 meses.
Para los analistas consultados por iProfesional, la actualidad mundial marca un momento de volatilidad, por lo que consideran que se mantendrá en los actuales niveles en los próximos días, aunque son optimistas para fin de año.
«El mercado cripto abre la semana con un tono de extrema cautela, con el Bitcoin (BTC) por arriba de los u$s100.000, después de perder importantes soportes psicológicos y técnicos. La reciente debilidad es una combinación de factores macro y micro», opina Carolina Gama, analista de Bitget. La principal presión que menciona proviene del escenario macroeconómico.
«Aunque la Reserva Federal (Fed) realizó recientemente un recorte de tasas, las declaraciones de Powell y el panorama de inflación persistente mantuvieron al mercado en alerta. El recorte fue visto como insuficiente para aliviar por completo la crisis de liquidez global y las condiciones monetarias restrictivas. Los inversionistas están prefiriendo activos de menor riesgo, drenando capital de activos volátiles como las criptomonedas», advierte Gama.
En este sentido, Matías Bari, fundador y CEO de Satoshitango, suma: «Bitcoin ha bajado, afrontó una caída del 3% el lunes y un volumen de trading de unos u$s40.000 millones, y una baja de alrededor de 6% el martes. Esta corrección se debe, principalmente, a la volatilidad post-reunión de la Fed de octubre, donde Jerome Powell adoptó un tono cauteloso sobre recortes adicionales de tasas. Es decir, solo 25 puntos base confirmados, con dudas para 2026, lo que aumentó la aversión al riesgo».
A ello se le suman tensiones geopolíticas, que generan que los inversores se vuelquen a opciones más conservadoras.
«Las tensiones geopolíticas, particularmente en relación con nuevas rondas de guerras comerciales y tarifas, aumentan el riesgo percibido, llevando a una correlación a corto plazo más negativa entre Bitcoin y el mercado accionario. Los máximos persistentes del oro refuerzan la narrativa de que el capital está buscando refugios tradicionales en lugar de activos de riesgo («hedge») digital, como BTC, en este momento de incertidumbre», aclara Gama.
En ello coincide Bari: «Tensiones comerciales renovadas entre EE.UU. y China por aranceles propuestos por Trump han presionado los activos de riesgo, junto con liquidaciones masivas de posiciones apalancadas (más de u$s19.000 millones en octubre) y salidas netas en índices (ETF) como Grayscale (u$s82,9 millones perdidos). Esto rompió la racha alcista, con el primer cierre mensual negativo desde 2018″.
En este sentido, Gama completa: «Aunque los ETFs (índices) de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y Solana (SOL) siguen registrando entradas consistentes, el volumen no es suficiente para contrarrestar el miedo macro. Los inversionistas institucionales están comprando en las caídas, pero el mercado se encuentra en una fase de acumulación forzada, no de euforia».
Cae el Bitcoin: ¿momento de huir, esperar o comprar?
Respecto a la actualidad «gris» del Bitcoin, los analistas no son pesimistas y apuestan a una recuperación del precio en las próximas semanas. Es que el 5 de octubre pasado llegó a un nuevo máximo de u$s125.000 y en todo el año igual acumula una suba de 8% en dólares.
«A mediano plazo, si se mantiene en un soporte de alrededor de u$s103.000, el Bitcoin podría pasar por un período de consolidación lenta antes de intentar nuevamente subir hacia los u$s115.000″, considera Gama.
Por eso opina que el mercado deberá permanecer «cauteloso» en los próximos días, con atención puesta en los datos laborales de Estados Unidos y «cualquier cambio en el tono de la Fed. La paciencia es clave hasta que BTC encuentre un soporte sólido para acumulación».
Para Julián Colombo, gerente general de Bitso, el nivel actual del Bitcoin es «un nivel de resistencia y hasta puede caer un poquito más. Desde lo técnico, sería muy difícil que baje de los u$s100.000, pero desde ahí para arriba es algo ´normal´», afirma a iProfesional.
Finalmente, Bari considera que el panorama macro «sigue positivo: inflación controlada, adopción institucional creciente y el halving de abril que reduce la oferta».
Por eso, para fin de año, considera que lo ve «rebotando fuerte» hacia u$s150.000 a u$s180.000, «alineado con proyecciones de VanEck (u$s180.000), Standard Chartered (u$s200.000) y Galaxy Digital (u$s185.000), impulsado por flujos ETF y optimismo post-elecciones».
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