La actividad de seguridad privada volvió a actualizar sus ingresos en la Argentina. A partir de enero de 2026, los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07 perciben nuevos salarios tras el acuerdo paritario firmado entre la Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI), que regirá durante el primer semestre del año.

El entendimiento establece nuevas escalas salariales mensuales entre enero y junio de 2026, sumas no remunerativas escalonadas, un adicional vacacional especial y la continuidad del convenio colectivo durante todo el año, en un contexto de inflación aún elevada y con negociaciones previstas para la segunda mitad del año

Cuánto gana un empleado de seguridad privada en marzo de 2026

Con la entrada en vigencia del nuevo acuerdo, el salario de un vigilador general, categoría testigo del sector, quedó conformado en marzo de la siguiente manera:

Marzo 2026

• Sueldo básico: $884.800

• Adicional por presentismo: $165.000

• Viático: $473.800

• Suma no remunerativa: $25.000

• Salario total bruto: $1.548.600

Con esta actualización, el salario de bolsillo de los vigiladores continúa ajustándose de forma progresiva frente a la inflación, mientras se mantiene abierto el esquema de revisión para los meses siguientes.

A continuación, cuánto cobra cada categoría por marzo 2026:

• Vigilador General: $1.548.600
• Vigilador Bombero: $1.620.600
• Administrativo: $1.654.600
• Vigilador Principal: $1.691.700
• Verificación de Eventos: $1.620.600
• Operador de Monitoreo: $1.620.600
• Guía Técnico: $1.654.600
• Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.691.700
• Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.548.600

En categorías superiores —como vigilador principal, administrativo, operador de monitoreo o instalador de sistemas electrónicos— los ingresos mensuales superan estos valores y se acercan o superan los $1,65 millones brutos ya desde el primer trimestre de 2026.

Escalas salariales de seguridad privada: cuánto cobrarán por abril, mayo y junio

El acuerdo paritario prevé incrementos progresivos mes a mes, con sumas no remunerativas que se pagan entre enero y junio y que, en el caso de la correspondiente a junio, se incorporarán al salario básico en julio de 2026.

De acuerdo con las grillas oficiales, el salario total de un vigilador general alcanzará en junio de 2026 los $1.644.650, mientras que categorías como vigilador principal, administrativo o instalador de sistemas electrónicos superarán los $1,75 millones, siempre en valores brutos.

Este esquema busca acompañar la evolución de los precios durante el primer semestre, con una cláusula de revisión abierta ante eventuales cambios macroeconómicos.

De acuerdo con las escalas oficiales del acuerdo paritario, estos son los salarios brutos por categoría en los meses siguientes:

Abril 2026

• Vigilador General: $1.564.150

• Vigilador Bombero: $1.636.800

• Administrativo: $1.671.100

• Vigilador Principal: $1.708.400

• Verificación de Eventos: $1.636.800

• Operador de Monitoreo: $1.636.800

• Guía Técnico: $1.671.100

• Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.708.400

• Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.564.150

Mayo 2026

• Vigilador General: $1.584.600

• Vigilador Bombero: $1.658.200

• Administrativo: $1.692.900

• Vigilador Principal: $1.730.700

• Verificación de Eventos: $1.658.200

• Operador de Monitoreo: $1.658.200

• Guía Técnico: $1.692.900

• Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.730.700

• Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.584.600

Junio 2026

• Vigilador General: $1.644.650

• Vigilador Bombero: $1.721.000

• Administrativo: $1.757.100

• Vigilador Principal: $1.796.300

• Verificación de Eventos: $1.721.000

• Operador de Monitoreo: $1.721.000

• Guía Técnico: $1.757.100

• Instalador de Sistemas Electrónicos: $1.796.300

• Controlador de Admisión y Permanencia General: $1.644.650

Evolución salarial del semestre

Las escalas muestran un incremento progresivo a lo largo del semestre, con subas en el salario básico, el viático y las sumas no remunerativas. En junio se registra el mayor aumento, con valores que superan los $1,7 millones en varias categorías.

Además, la suma no remunerativa de junio está prevista para incorporarse al salario básico a partir de julio de 2026, tal como establece el acuerdo.

Qué pasa con las sumas no remunerativas

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el pago de sumas no remunerativas mensuales, identificadas como «Suma No Remunerativa – Acuerdo 2026».

Estas gratificaciones:

• Se abonan de enero a junio.

• No impactan en aguinaldo, vacaciones, horas extras ni indemnizaciones.

• Sí están alcanzadas por aportes sindicales y de obra social.

• La suma de junio se incorpora al básico en julio.

En el caso de trabajadores con jornada reducida, tareas discontinuas o ausencias injustificadas, el monto se liquida de forma proporcional.

Adicional vacacional: cuánto se paga por día de vacaciones

El acuerdo también estableció un adicional vacacional extraordinario, reconociendo el carácter esencial del servicio de vigilancia privada. Los montos varían según el mes en que se tomen las vacaciones:

El adicional se paga por hasta 21 días de vacaciones y tiene carácter remunerativo.

Fondo de Ayuda Solidaria: se mantiene hasta junio

De manera transitoria, las partes resolvieron mantener vigente el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) previsto en el artículo 31 del CCT 507/07.

Entre enero y junio de 2026, el aporte será del 1% mensual sobre el salario básico del vigilador general, aplicado exclusivamente durante ese período.

Cuándo vuelven a discutirse los salarios

El acta paritaria fija una nueva instancia de negociación a partir del 20 de mayo de 2026, cuando UPSRA y CAESI volverán a reunirse para definir los salarios del sector desde julio en adelante.

Además, se dejó abierta una cláusula de revisión, que habilita a reabrir la discusión salarial si se producen variaciones económicas significativas.

Afiliados a FATRASEP: acuerdo cerrado para el primer semestre de 2026

En paralelo, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) informó que alcanzó un acuerdo salarial para el período enero-junio de 2026. El convenio establece aumentos escalonados a lo largo de los seis meses. Una vez aplicadas todas las correcciones, el salario de los vigiladores del sector nucleado en la federación alcanzará $1.644.650.

En el anuncio formal, la conducción de FATRASEP también comunicó que se resolvió prorrogar durante todo 2026 los convenios colectivos de trabajo vigentes y sus anexos complementarios. La continuidad incluye las condiciones laborales actualmente establecidas para las distintas ramas de la actividad de seguridad privada.

Seguridad privada: empleo estable y demanda sostenida

Más allá de la negociación salarial, el sector de la seguridad privada continúa mostrando niveles estables de empleo en todo el país. La demanda se concentra especialmente en:

• Vigilancia de edificios y empresas

• Eventos masivos

• Monitoreo remoto y seguridad electrónica

• Transporte y custodia

• Control de accesos y admisión

A esto se suma la capacitación obligatoria y los reentrenamientos periódicos, exigidos por las provincias, que refuerzan la profesionalización del rubro.

Requisitos para trabajar en seguridad privada

Los requisitos varían según la provincia, pero la mayoría sigue pautas similares basadas en la Ley Nacional de Seguridad Interior 24.059 y las normas locales. En general, se exige:

1. Ser ciudadano argentino (nativo o naturalizado).
2. Tener entre 21 y 60 años (en Mendoza puede ser desde los 18).
3. Contar con estudios secundarios completos o equivalentes.
4. No poseer antecedentes penales ni inhabilitaciones legales.
5. Aprobar un examen psicofísico de aptitud.
6. Realizar el curso básico de vigilador privado dictado por un centro habilitado.
7. Tramitar la credencial oficial provincial o municipal.

Cada jurisdicción tiene su propio ente regulador que controla los registros, habilitaciones y renovaciones.

La mora en fintechs y entidades no bancarias mantuvo una tendencia ascendente en enero y se ubicó cerca del 25%, según diferentes estimaciones. Análisis de consultoras privadas coinciden en que el universo del crédito no bancario atraviesa una fase de deterioro acelerado en la calidad de cartera, mientras la banca tradicional también sufre problemas similares y los analistas advierten sobre posibles efectos de contagio.

La consultora EcoGo relevó que el nivel de irregularidad en las carteras de crédito no bancario llegó a 23,9% en enero de 2026. El fenómeno no se aisló a un segmento puntual, sino que afectó transversalmente a las principales entidades del sector, tanto fintechs como financieras tradicionales no bancarias. El informe indica que “casi cuatro veces la irregularidad del crédito total del sistema financiero y 2,4 veces la del crédito para consumo bancario de las familias”.

El mismo informe señala que, como consecuencia, la porción de la cartera de créditos en funcionamiento normal decrece. La regularidad (situación normal más riesgo bajo) bajó de 92,1% en diciembre de 2024 a 76,1% en enero de 2026, mostrando un retroceso de más de 16 puntos porcentuales en poco más de un año. En ese segmento, la proporción de créditos en situación de “irrecuperable” llegó a 8%, con un incremento sostenido desde diciembre de 2024, cuando ese valor era de 2,7%.

El peso de este tipo de créditos también cambió en el sistema financiero. De acuerdo con las cifras de EcoGo, el crédito no bancario representa 13,3% del total y 17,1% del crédito al consumo en enero de 2026, mientras que el endeudamiento familiar asociado a este tipo de préstamos equivale a 0,35 meses de ingreso promedio. El informe agrega que el crédito no bancario como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) ascendió a 1,44% en el mismo período.

Con números similares, pero no idénticos, la consultora 1816 calculó que la irregularidad de los créditos de entidades no financieras a familias superó el 27% en enero. El informe destaca que “todas las principales entidades no financieras muestran crecimiento en la irregularidad del crédito a hogares en enero respecto a diciembre, de modo que repetimos que lo de la mora continúa tratándose de un fenómeno macro”. Además, remarca que “Tarjeta Naranja y Mercado Libre siguen liderando con mucha distancia el segmento de los proveedores no financieros de crédito, explicando entre ambas entidades casi el 60% de esos préstamos a familias”.

El análisis de 1816 pone el foco en la diferencia entre la mora registrada por entidades financieras y la que corresponde a las no bancarias. “La diferencia entre la mora de los préstamos a hogares de entidades financieras (que son los bancos y las compañías financieras) y entidades no financieras (que son todos los otros proveedores de crédito) es notable. En el caso de las entidades no financieras, ya puede afirmarse que más de un cuarto de los préstamos está en situación irregular, algo que, de acuerdo con las estadísticas del BCRA, solo habíamos visto en 2019 (año de crisis con Macri) y 2020 (año de pandemia; ver figura)”, indica el informe.

La evolución de las tasas de interés es otro elemento destacado. Según 1816, “entre 2019 y mediados de 2025 las tasas nominales de los préstamos personales de entidades no financieras fueron en promedio un 90% más altas que las tasas de entidades financieras, es decir, casi el doble (las estadísticas de tasas de entidades no financieras llegan a julio de 2025 y se actualizan semestralmente), y las tasas reales de todos los segmentos aumentaron significativamente el año pasado”. El informe calcula que, en febrero de 2026, la tasa nominal anual (TNA) promedio para préstamos personales de entidades financieras fue de 69,7%, lo que equivale a una tasa efectiva anual (TEA) nominal de 96,8% y a una TEA real de 39,7% si se toma la inflación de febrero. En el caso de entidades no financieras, si la tasa nominal promedio siguió siendo un 90% superior, la TEA real alcanzó 149,1%.

El informe de EcoGo señala que “la irregularidad en los créditos no bancarios muestra un crecimiento sostenido desde 2024, acelerando a fines de 2025”. A partir de la desagregación de las carteras, el estudio muestra que el crédito no bancario totalizó 13,84 billones de pesos en enero de 2026.

Por su parte, 1816 advierte que “el nivel tan elevado de las tasas de interés reales de los préstamos a familias, y especialmente de los préstamos personales, implica un nivel de irregularidad más alto, dado cualquier nivel de actividad económica”. El informe agrega que, si bien una mora más alta significa, dado cualquier nivel de préstamos, un menor resultado financiero para el acreedor, “en muchos casos las tasas son tan elevadas que pueden verse ejemplos de alta irregularidad sin problemas de rentabilidad para los prestamistas”.

La volatilidad financiera también impactó sobre el sector. “Desde que se eliminó el corredor de tasas de interés las tasas a 1 día se han movido tanto que todos los actores del mercado se acostumbraron a tomar decisiones sabiendo que de un día para el otro las tasas pueden duplicarse o bajar a la mitad”, afirma 1816. El informe vincula el incremento de la volatilidad y el fin de las LEFI, desde mediados de 2025, con la desaceleración del crédito al sector privado y la suba en el costo del dinero.

La diferencia en el volumen de préstamos entre entidades financieras y no financieras también aparece en los informes. Según 1816, “el crédito de entidades financieras a familias es mucho más elevado que el de entidades no financieras ($63 billones versus menos de $13 billones, según datos de enero de la Central de Deudores), a nivel agregado, es decir, tomando los créditos de ambos tipos de entidades, la mora total de hogares está por debajo del 14%, según calculamos”.

El informe de 1816 resalta que “la irregularidad en los préstamos del sistema financiero a familias subió en enero por decimoquinto mes consecutivo, aumentando 1,3 puntos porcentuales, desde 9,3% en diciembre hasta 10,6%. De este modo, la mora de hogares tocó nuevos máximos en más de dos décadas”. El documento aclara que “el 100% de los principales 25 bancos tuvieron aumento de la mora familiar en enero, lo que habla de un fenómeno macro”.

El mismo informe detalla que, sumando la morosidad de los préstamos a empresas, “la irregularidad del conjunto de préstamos al sector privado no financiero también aumentó en el primer mes del año, hasta 6,4%”.

Entre los factores que explican el escenario actual, 1816 menciona que “algo que, en nuestra opinión, contribuiría a reducir las tasas activas, es bajar la volatilidad de las tasas cortas, que creció enormemente desde mediados de 2025, tras el fin de las LEFI”. El informe explica que “los beneficios de este régimen monetario no son evidentes, más allá de que le otorga al equipo económico muchos grados de libertad para cambiar las condiciones de liquidez abruptamente de un día para el otro sin dar demasiadas explicaciones”.

El reporte de 1816 también describe el fenómeno de desaceleración del crédito: “No es casualidad que el crédito al sector privado se haya desacelerado tanto tras el fin de las LEFI, en julio 2025, cuando empezó a aumentar no solo la tasa, sino también la volatilidad de la tasa”.

En un apartado sobre la banca tradicional, un informe de Moody’s advierte que “la calidad de los activos se consolida como el principal desafío para los bancos”. Según la agencia, “los indicadores de morosidad continuarán deteriorándose en el corto plazo, antes de estabilizarse gradualmente hacia mediados de 2026, a medida que el desempeño de la expansión reciente del crédito continúa reflejándose en la calidad de la cartera”.

El documento de Moody’s sostiene que “el crecimiento de los activos ponderados por riesgo y la materialización de la mora esperada presionan gradualmente los indicadores, aunque sin constituir un factor limitante para la expansión del crédito en el corto plazo”. Además, remarca que “el deterioro de la cartera continuará presionando la rentabilidad del sistema financiero, principalmente a través de mayores cargos por incobrabilidad”.

La agencia señala que “durante gran parte de 2025 el sistema operó en un entorno de elevados spreads entre tasas activas y pasivas, que incentivó la originación de crédito a pesar del deterioro de los indicadores de morosidad”. Moody’s concluye que, en este contexto, “el endurecimiento de las condiciones de oferta de crédito, reflejado en criterios de originación más estrictos, dificultó el acceso a refinanciaciones y contribuyó a amplificar el deterioro de las carteras”.

El Gobierno derogó una resolución de 2012 que imponía restricciones para el patentamiento de medicamentos. Ahora será el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) quien decida caso por caso el otorgamiento de patentes, sin las limitaciones que operaban hasta hoy.

Una resolución conjunta del ministro de Salud, Mario Lugones, el de Economía, Luis Caputo, y el titular del INPI, Carlos María Gallo, dejó sin efecto la normativa anterior. Esa vieja resolución detallaba las «Pautas para el examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes sobre invenciones químico-farmacéuticas».

El extenso decálogo técnico que regía desde hacía 12 años quedó atrás. En adelante, el INPI «determinará en cada caso la procedencia de la patentabilidad de las invenciones», sin condicionalidades previas que restringían su capacidad de aprobación.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial y marca un giro en la política de innovación farmacéutica del país.

Qué pasa con los medicamentos que ya están en el mercado argentino

La nueva norma incluye un segundo punto clave. Establece que para patentes concedidas a partir de ahora vinculadas a productos farmacéuticos ya comercializados en el país, los titulares de las patentes no podrán impedir la continuación de esa comercialización.

Tampoco podrán requerir una retribución o regalía por esos productos. Esta disposición funciona como un «safe harbor» o puerto seguro para proteger a los laboratorios que vendieron medicamentos durante la vigencia de las directrices ahora derogadas.

El objetivo es preservar la estabilidad del mercado y garantizar que los productos farmacéuticos que ya están disponibles puedan seguir comercializándose sin restricciones ni pagos adicionales.

Según el informe del estudio Marval, O’Farrell & Mairal, esta cláusula «plantea cuestiones importantes sobre su alcance y, potencialmente, su validez constitucional, especialmente en relación con los derechos de los titulares de patentes».

Especialistas consultados señalan que este artículo podría generar cuestionamientos legales por parte de laboratorios que se consideren perjudicados por la imposibilidad de recibir compensaciones.

La impronta de Sturzenegger y el alineamiento con Estados Unidos

Aunque no lleva su firma, la resolución refleja el sello desregulador del ministro Federico Sturzenegger. El funcionario celebró la medida en su cuenta de X y la calificó como «una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual».

«Aquella resolución, para decirlo en criollo, había hecho muy difícil (sino imposible) obtener la patente de un medicamento en Argentina», señaló Sturzenegger. Agregó que esto representaba un atentado contra el derecho de propiedad y demoraba la llegada de terapias innovadoras al país.

El ministro destacó que el INPI analizará cada solicitud de patente en forma individual y conforme a la ley, «sin restricciones adicionales que no existen en ningún país del mundo».

Sturzenegger también vinculó la decisión con el acuerdo comercial celebrado entre Argentina y Estados Unidos. «Con la derogación Argentina se alinea con los estándares internacionales de propiedad intelectual que respetan todos nuestros socios comerciales», afirmó.

El funcionario explicó que, como contraparte de esta normalización, Estados Unidos le abre todo su mercado doméstico a la industria farmacéutica argentina.

Por qué las directrices de 2012 frenaban los patentamientos

Las directrices incluidas en la resolución derogada eran el escollo para que no se aprobaran patentamientos. Restringían la capacidad del INPI para otorgar patentes mediante un sistema de condicionalidades previas.

Expertos en la materia explican que el largo trámite que implica patentar un producto medicinal derivaba casi invariablemente en un resultado negativo. Las restricciones técnicas detalladas en el decálogo hacían prácticamente imposible superar todas las instancias.

Este marco normativo generaba inseguridad jurídica y desalentaba la inversión en innovación farmacéutica. También retrasaba la llegada de nuevas terapias al mercado argentino.

El sistema anterior ponía a Argentina en una posición desalineada respecto de los estándares internacionales de propiedad intelectual.

Los cinco beneficios clave que proyecta el Gobierno con la reforma

El ministerio de Desregulación aseguró mediante un comunicado que la medida «moderniza el sistema de patentes farmacéuticas para garantizar el acceso a mejores tratamientos».

La cartera eliminó restricciones que frenaban el desarrollo y la llegada de nuevas terapias, fortaleció la seguridad jurídica y protegió la comercialización actual de medicamentos.

El comunicado enumeró cinco beneficios para los argentinos:

• Un sistema de patentes más claro y previsible permite acelerar la llegada de «más y mejores medicamentos» y terapias innovadoras al país
• Una mayor seguridad jurídica estimula «inversión en salud», en investigación, desarrollo y producción farmacéutica, fomentando empleo y avance tecnológico
• Integración con estándares internacionales que facilita la inserción de Argentina en cadenas globales de innovación
• «Protección total del acceso actual» a los medicamentos disponibles en el mercado, sin riesgo de retiro ni cambios
• «Más competencia en el largo plazo», para impulsar tanto la innovación como la producción local

Esta reforma fortalece el rol técnico del INPI, permitiéndole analizar cada innovación sin restricciones adicionales y bajo la premisa de que más protección a la innovación equivale a más empresas que traen sus terapias a Argentina.

«Argentina deja atrás un modelo que bloqueaba la innovación y se alinea con el mundo para atraer inversión, acelerar el acceso a nuevas terapias y garantizar reglas claras», concluyó el ministerio de Desregulación.

El informe de Marval, O’Farrell & Mairal señaló que «la Resolución marca un punto de inflexión importante en el panorama de las patentes del país». Aunque advirtió que las implicaciones prácticas requerirán una vigilancia estrecha en los próximos meses.