POLITICA
Los gobernadores reclaman negociar el presupuesto 2026 antes de avanzar en las reformas laboral y tributaria
Tras el encuentro con el presidente Javier Milei el jueves pasado, los gobernadores esperan que la voluntad de apertura y diálogo que pregona el Gobierno se traduzca en un primer gesto concreto: el presupuesto 2026. Los mandatarios provinciales sostienen que previo a acompañar las reformas laboral y tributaria –prioridades del Gobierno para la segunda etapa de la gestión–, se debería avanzar en una ley de presupuesto negociada que atienda también sus intereses.
Este es el espíritu común que enlaza a los 20 gobernadores que asistieron al encuentro con Milei –del que fueron excluidos algunos mandatarios kirchneristas–, más allá de su grado de cercanía con la Casa Rosada. Si bien todos coinciden en la importancia de un presupuesto con equilibrio fiscal –y así se lo expresaron al Presidente–, creen también que el texto debería contemplar al menos dos cuestiones claves y que están minimizadas o bien ignoradas en su letra chica: obras públicas –y los avales que necesitan de la Nación para llevarlas adelante con fondos de organismos internacionales–, como así también el déficit de las 13 cajas previsionales que no se transfirieron a la Nación.
El tiempo apremia. Salvo que el oficialismo confirme que va a convocar a sesiones extraordinarias durante el receso legislativo, queda apenas un mes antes del cierre del período ordinario para sancionar la ley de leyes en ambas cámaras del Congreso. La oposición emplazó a la Comisión de Presupuesto –que preside Alberto “Bertie” Benegas Lynch– a que este martes se firme el dictamen correspondiente para garantizar la sanción antes del 30 de este mes.
“Nosotros estamos para despachar nuestro dictamen este martes. El cronograma votado en el recinto debe respetarse”, enfatizó Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. Nicolás Massot, de Encuentro Federal, sostiene lo mismo.
El oficialismo pretende postergar este trámite –al menos la aprobación del Senado– hasta después del 10 de diciembre, cuando vea robustecidas sus bancadas tras la renovación parlamentaria. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya inició gestiones con legisladores que responden a gobernadores dialoguistas para postergar el dictamen.
Los gobernadores replican que no impondrían objeciones al respecto, pero quisieran ver una señal del oficialismo de que efectivamente hay vocación de negociar. Dos de esos mandatarios apuntaron que existe la posibilidad de que haya un dictamen de minoría que “después sea consensuado” con el del oficialismo. Entiende que esa sería la vía para que algunos de los planteos en los que coinciden todos los mandatarios sean atendidos.
“Las negociaciones todavía están verdes y no sabemos qué están dispuestos a ceder”, deslizó un mandatario provincial cercano a la Casa Rosada.
Los fondos para las provincias
El proyecto de presupuesto 2026 que envió el Gobierno trae buenas y malas noticias para las provincias. La buena noticia es que para el año próximo está previsto un aumento del casi 50% en términos nominales de las transferencias corrientes por fuera de la coparticipación federal. Son las llamadas transferencias no automáticas, las cuales se distribuyen en distintas partidas. Algunas de ellas prevén importantes incrementos, como los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que subirán un 306% respecto del monto vigente.
Por contrapartida, el presupuesto asigna apenas $122.763 millones para cubrir los déficits de las 13 cajas no transferidas a la Nación. Los mandatarios afectados advierten que con esta partida se cubre una fracción menor al 10% del monto que anualmente debería girar Anses sin incluir la deuda. Nación, hasta ahora, no reconoce ni cancela ese pasivo.
Entre las transferencias corrientes tampoco se advierte la partida que la Nación debe girarle a la ciudad de Buenos Aires en concepto de coparticipación tras el fallo de la Corte Suprema de 2022. Por otra parte, según el informe que elaboró la Oficina de Presupuesto (OPC) sobre el proyecto oficial, se prevé una caída de las transferencias de capital a las provincias el año próximo respecto del crédito vigente (-44% nominal); entre las partidas afectadas figuran las obras viales incluidas en los convenios que la Nación firmó con distintas provincias.
Durante la reunión con el presidente Milei, los gobernadores no hicieron mención puntual a estos problemas pero luego, consultados por , media docena de ellos coincidieron en que el país no puede pasar un año más sin presupuesto y que este debe contemplar los intereses de las provincias.
“La voluntad de todos, al menos lo que se habló, es que haya presupuesto. Pero también, en los pocos segmentos de la reunión en que se hizo referencia al tema, se indicó que tienen que atender los pedidos que se vienen acumulando”, indicó a este diario un mandatario norteño.
“Hay consenso de que el país necesita un presupuesto −indicó una fuente cercana al santafesino Maximiliano Pullaro–, pero no se profundizó sobre cuestiones concretas. Eso debe definirse a la brevedad”. Desde el círculo del cordobés Martín Llaryora ratificaron también su vocación de diálogo y que será el bloque de Provincias Unidas el que sugerirá las modificaciones.
Tras la reunión, distintos mandatarios hicieron públicos estos reclamos, cuyo tono –algunos más conciliadores, otros más críticos– varía según su cercanía o no a la Casa Rosada.
“Los gobernadores venimos planteando hace tiempo un diálogo con el gobierno nacional; todos queremos una Argentina mejor –sostuvo el gobernador de Jujuy Carlos Sadir, de Provincias Unidas–. Hay una idea de trabajar y acompañar al Gobierno. También hicimos nuestros planteos, que ya son conocidos, por ejemplo, la obra pública: muchos de los convenios que se firmaron con el Gobierno no se terminaron de ejecutar bien. Otras provincias llevaron el problema del déficit de sus cajas jubilatorias no transferidas. También está la cuestión de cerrar las cancelaciones recíprocas entre la Nación y las provincias: algunos gobernadores pudieron solucionarlo, otros no. El Presidente se mostró receptivo; igualmente hay que trabajar y eso se dará en el Congreso”.
El salteño Gustavo Sáenz coincidió. “La Argentina necesita un presupuesto, necesita previsibilidad. Obviamente vamos a trabajar en tener presupuesto y allí tiene que estar reflejado el potencial de todo el interior productivo”, enfatizó.
Desde La Pampa, el gobernador peronista Sergio Ziliotto –acaso el más crítico de los gobernadores que asistió al encuentro– relató que, cuando él pidió la palabra, hizo públicas las inquietudes de la mayoría de sus colegas. “Le dije que el país necesita un presupuesto. Pero ese presupuesto también tiene que contener los intereses de las provincias. Más aún cuando [las provincias] nos hemos hecho cargo de un sinnúmero de competencias que le corresponden al gobierno nacional. Y que era necesario hacer las modificaciones que correspondan”, relató.
asistieron al encuentro con Milei,postergar este trámite,Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Tras la victoria. Quiénes son los siete diputados que pasaron del PRO a La Libertad Avanza,,“Turbia serás vos, nena”. Tenso cruce entre Lilia Lemoine y Cecilia Moreau durante un debate en el Congreso,,Presupuesto 2026. Quirno confirmó que el Banco Central reiniciará la compra de reservas y negó condiciones para el salvataje de EE.UU.
POLITICA
Nueva fuga en el PRO: tres diputados más se alinean con Javier Milei y el bloque libertario roza la primera minoría
La Cámara de Diputados atraviesa una reconfiguración política que podría modificar el equilibrio interno del Congreso. En las próximas semanas, La Libertad Avanza (LLA) sumará tres representantes más provenientes del PRO, un movimiento que acelera el crecimiento del bloque oficialista y lo deja muy cerca de desplazar al peronismo como primera minoría parlamentaria.
Los pases incluyen a los santafesinos Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, quienes en las últimas horas confirmaron su desembarco en la bancada libertaria, además de una tercera incorporación indirecta pero estratégica: la banca nacional que dejará Silvia Lospennato cuando asuma como legisladora porteña también será ocupada por una dirigente alineada a Patricia Bullrich, que se integrará al bloque de La Libertad Avanza.
Tres diputados se alinearon a La Libertad Avanza y el oficialismo amplía su fuerza en Diputados
Con estos movimientos, el oficialismo pasará a contar con 94 diputados, mientras que Unión por la Patria quedará en 96. La diferencia, sin embargo, podría acortarse aún más si se concretan nuevas rupturas dentro del bloque peronista, donde algunos legisladores ya analizan armar bancadas propias en desacuerdo con la conducción política de Cristina Kirchner.
El contexto es complejo para el peronismo. No solo enfrenta diferencias internas, sino también el avance de sectores provinciales que se muestran cada vez menos dispuestos a sostener una identidad nacional unificada. En los pasillos del Congreso, se habla de posibles nuevas salidas que podrían desencadenar un empate técnico o incluso permitir que LLA se convierta en el primer bloque de la Cámara baja.
Desde el oficialismo siguen de cerca cada movimiento, conscientes de que alcanzar la primera minoría no es solo una cuestión simbólica. La condición de bloque más numeroso permite un mejor posicionamiento en el armado de comisiones, donde se definen los proyectos que llegan al recinto y se moldea la agenda legislativa.
La integración de dirigentes que responden a Patricia Bullrich marca, además, un corrimiento político dentro del PRO. Mientras un sector apuesta a mantenerse como fuerza diferenciada, otro avanza decididamente hacia un alineamiento directo con el gobierno de Javier Milei.
Vale recordar que, en la última semana, Luis Picat (Córdoba), Federico Tournier (Corrientes) y Mariano Campero (Tucumán) oficializaron su llegada al bloque oficialista tras mantener una reunión con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y con el jefe de la bancada oficialista, Gabriel Bornoroni.
La conducción del líder riojano también juega un rol clave como titular del recinto, ya que impulsa la distribución de espacios parlamentarios por bloque y no por interbloque, una definición que favorece directamente al oficialismo si lograra ubicarse en el primer puesto.
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Cámara de Diputados,La Libertad Avanza,PRO,Unión por la Patria
El pastor evangélico Norberto Saracco, de reconocida trayectoria en comunidades cristianas, cuestionó la decisión del Senado de instalar un oratorio en el antiguo despacho del legislador expulsado Edgardo Kueider, y denunció como “un pequeño gesto de discriminación” la presencia de la bandera que identifica al Estado del Vaticano y a la iglesia Católica. “Nos retrotrae a tiempos que creíamos superados”, afirmó el referente religioso.
Saracco dirige desde hace casi 40 años la iglesia cristiana evangélica Buenas Nuevas, en Parque Avellaneda y en julio pasado había criticado la presencia y el mensaje del presidente Javier Milei en la inauguración del templo evangélico Pastor del Cielo en la ciudad de Resistenciao
Más allá de definir como “paradojas de la historia” el hecho de que se preserve como un espacio de oración el despacho que perteneció a un exlegislador investigado en Paraguay por presuntos hechos de corrupción, tras ser encontrado en un control policial con 200.000 dólares sin declarar, el pastor Saracco objetó la decisión del Senado, que preside Victoria Villarruel.
Según imágenes que se difundieron en las redes sociales, el despacho se acondicionó con tres filas de bancos y un estrado con la bandera argentina y la del Vaticano. No se observa, sin embargo, símbolos estrictamente relgiosos.
“Es auspicioso que en un país donde casi el 90% de sus habitantes declara profesar alguna fe se dedique un espacio a la espiritualidad, la reflexión y el rezo. Pero no radica aquí el problema y el escándalo. El hecho es que lejos de ser un espacio abierto a la espiritualidad de todos es un recinto para algunos”, dijo el pastor, uno de los fundadores del Consejo de Pastores de la Ciudad de Buenos Aires.
Argumentó que “la presencia de la bandera que identifica a la iglesia Católica y al Estado del Vaticano nos retrotrae a tiempos que creíamos superados.
“No creo que detrás de este desatino esté la iglesia católica como tal. Más bien supongo que en su afán de conquistar ciertas voluntades algunos son más papistas que el Papa. De todos modos, los hechos están y se dan en las más altas esferas del poder”, declaró Saracco, al preguntarse: “Cuánto nos falta para vivir en un país donde la libertad e igualdad se lleven de la mano”-
La decisión de instalar un oratorio con símbolos de la Iglesia Católica fue tomada por el Senado en momentos en que la Conferencia Episcopal Argentina reclamó sin éxito a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, el “urgente tratamiento” de un proyecto que regula las apuestas en línea e impone restricciones, por entender que en la actualidad se promueve una práctica indiscriminada del juego online entre los adolescentes y jóvenes. La comisión ejecutiva del Episcopado y las autoridades de Pastoral Social enviaron cartas a Villarruel para que evite que la iniciativa, aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados, pierda estado parlamentario a fines de este mes.
Senado de la Nación,Victoria Villarruel,Conforme a,Senado de la Nación,,Reclamo a Milei. Villarruel recibió a los nuevos senadores oficialistas con un reproche por el presupuesto del Senado,,»No estamos eligiendo un Papa». Luis Juez apoyará la jura de la senadora Villaverde, que fue investigada por narcotráfico,,Senado. Bullrich busca cerrar el apoyo de la UCR para la agenda de sesiones extraordinarias
POLITICA
El Gobierno rechazó un informe de la ONU que advirtió por el hacinamiento de presos en comisarías y el rol de las fuerzas en las marchas
El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) publicó este viernes un duro informe con advertencias sobre la situación de presos en comisarías y cárceles de Argentina y sobre el rol de las fuerzas de seguridad durante manifestaciones. Sin embargo, desde el Gobierno nacional expresaron en un comunicado su “enérgico rechazo” al texto porque “omite graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández”.
“El documento —abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista— exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos», remarcó el Ministerio de Seguridad en su repudio.
El documento apunta a irregularidades relacionadas al trato de personas privadas de su libertad, condenadas o con procesos abiertos. Especialmente a la situación de detención prolongada en comisarías, para la cual manifestó su “seria preocupación” por las condiciones en “dependencias policiales que son sumamente deficientes”.
El organismo describe esa situación con algunos ejemplos: “Celdas sin ventilación ni luz natural, falta de instalaciones sanitarias adecuadas, escaso acceso a agua potable y alimentación insuficiente y la falta de espacios al aire libre o zonas de recreo”. También remarcó que el Comité observó “demoras significativas” en la atención médica a las personas detenidas.
Por eso reclamó al Estado nacional terminar con el uso de estas dependencias policiales para privaciones de libertad de “larga duración” y “garantizar un trato adecuado a quienes permanecen bajo custodia en estas instalaciones mientras se busca una solución urgente para poner fin a esta práctica”.
La ONU cuestionó el uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas. Reclamó al Estado que “debilitó” las disposiciones para que los agentes federales se identifiquen durante operativos y que con las resoluciones firmadas, el Ministerio de Seguridad “amplía su discreción para recurrir al uso de armas de fuego ante la mera sospecha”.
Lo mismo hizo con los nuevos reglamentos de 2024 para el uso de armamento no letal. “No especifica suficientemente las situaciones en las que pueden utilizarse dichas armas”, remarcó el Comité.
Los expertos de la ONU pusieron como ejemplo de preocupación las manifestaciones de marzo de este año, por la que resultó herido de gravedad el fotorreportero Pablo Grillo tras un impacto de un proyectil de gas lanzado por Gendarmería, que tiene al cabo Héctor Guerrero procesado penalmente en la Justicia, “particularmente las alegaciones de lesiones graves por uso indiscriminado de balas de goma, gas lacrimógeno, camiones hidrantes, y agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos durante manifestaciones sociales”.
Para el ministerio de Seguridad, el documento elaborado en Ginebra, Suiza, “asesta ataques infundados a las políticas de seguridad implementadas por el Gobierno nacional, cuyo objetivo es garantizar un espacio público libre de violencia y piquetes, y reforzar el apoyo a las provincias en su lucha contra el delito”.
Y señaló que el informe “carece de equilibrio”, “omite hechos centrales de la realidad reciente”, “se aparta de su mandato técnico” y “reviste de una supuesta cosmética neutral a evidentes posiciones provenientes de organizaciones militantes”.
El Gobierno nacional va más allá incluso y acusa al Comité contra la Tortura de elaborar un documento “plagado de una narrativa que engrandece selectivamente al gobierno anterior”.
“El informe omite selectivamente hechos graves ignorando de manera absoluta episodios de extrema gravedad ocurridos durante la administración de Alberto Fernández”, remarca y enumera “las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Formosa durante la pandemia”; “el luctuoso caso de Magalí Morales, muerta bajo custodia policial en circunstancias gravísimas que nunca fueron esclarecidas”; “los excesos policiales registrados en distintos puntos del país durante la eterna cuarentena impuesta”; y “el escándalo del Vacunatorio VIP”.
El Comité expresó su preocupación por “los informes que indican un aumento de las denuncias por malos tratos en establecimientos penitenciarios y dependencias policiales desde 2024″.
En particular, inquietan las informaciones recibidas que denuncian actos de tortura y malos tratos, como golpes, amenazas, humillaciones, prácticas violentas de “bienvenida” e interrogatorios coercitivos, presuntamente cometidos por agentes penitenciarios y de policía. Y puso como ejemplo el caso registrado el 2 de marzo del año pasado en el penal santafesino de Piñero, donde hubo simulacro de ahogamiento en tanques de agua o con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales.
También cuestionó “la sobreocupación y las condiciones materiales inadecuadas en las instalaciones penitenciarias del país”, el registro de “un aumento sostenido de la población carcelaria”. Y comunicó su preocupación por la transferencia del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad de la Nación ya que “podría tener un impacto adverso en el enfoque de la gestión penitenciaria”.
La ONU llamó además al Gobierno a “tomar las medidas necesarias” para prevenir y poner fin a las “detenciones masivas, el hostigamiento, el trato discriminatorio y los actos de violencia desproporcionados” por parte de policías durante las aprehensiones en la vía pública en situaciones de flagrancia, en el marco de registros policiales y otros operativos policiales.
Y destacó “informaciones que señalan abusos en los operativos realizados por las patrullas municipales de la provincia de Buenos Aires” por lo que llamó a adoptar medidas para poner fin a estas prácticas con esquemas “cuasi policiales sin base legal ni supervisión judicial”.
“Resulta llamativo el tono del documento al cuestionar las patrullas municipales del Conurbano bonaerense, que operan para compensar la desprotección en la que la provincia somete a millones de ciudadanos. A su vez, el Comité ignora la responsabilidad provincial en la gestión policial y penitenciaria en jurisdicciones donde surgen los casos que menciona”, respondió el Gobierno.
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