El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) ratificó una jornada de protesta nacional que afectará diversos servicios públicos y privados este viernes 27 de febrero. La decisión surgió tras un encuentro de delegados en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) con el objetivo de coordinar la resistencia frente al proyecto oficial que debate el Poder Legislativo.

Sí. El FreSU concretará una huelga total de actividades durante esa jornada en todo el territorio nacional. La protesta coincide con el inicio del tratamiento legislativo de la reforma laboral en la Cámara de Senadores.

Esta coalición, que agrupa a sectores del transporte, empleados estatales y movimientos sociales, exige la anulación del proyecto normativo y pide una recomposición salarial urgente para los trabajadores. Los gremios que integran el espacio garantizan la efectividad de la medida.

Cada agrupación integrante posee la facultad para decidir su forma de reclamo según el convenio específico de su actividad. La paralización de tareas busca visibilizar el rechazo a las políticas económicas de la administración central.

La columna principal de manifestantes iniciará su recorrido a las 10 de la mañana del viernes. El punto de encuentro fijado por los organizadores se sitúa en la intersección de Avenida de Mayo y Salta, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ese lugar, las columnas caminarán hacia las puertas del edificio del Congreso para presionar a los senadores durante el debate parlamentario. La consigna oficial de la convocatoria expresa: “En contra de la reforma laboral, por nuestro derechos y por aumentos de salarios ya”. Esta convocatoria quedó firme luego de la asamblea del pasado lunes 23 de febrero en la sede gremial de la calle Salta.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó el martes 24 de febrero su adhesión formal al paro nacional y a la marcha. Rodolfo Aguiar, secretario general de la entidad, justificó la acción callejera: “Tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores”.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la CTA Autónoma también sumaron su respaldo a la jornada. Ambas centrales obreras aportarán sus estructuras para fortalecer la presencia en la vía pública. Se suma la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (F.T.C.I.O.D y A.R.A.). Esta organización representa a los empleados del sector aceitero y garantiza el cese de tareas en sus plantas industriales.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) optó por un esquema diferenciado para esta fecha de protesta. El sindicato que conduce Abel Furlán convocó a sus afiliados a marchar hacia la zona del Poder Legislativo, pero omitió el dictado de un cese de actividades general en las fábricas.

Esta decisión marca una distancia táctica con otros componentes del FreSU. El referente metalúrgico busca presionar a la conducción de la central obrera mayoritaria para endurecer el plan de lucha contra las reformas gubernamentales.

Furlán expresó su postura durante un acto previo sobre la Avenida de Mayo: “Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la CGT un paro de 36 horas con movilización”.

La intención del dirigente apunta a que la entidad madre del sindicalismo abandone la estrategia de huelgas sin presencia en las calles. La semana pasada, la Confederación General del Trabajo cumplió su cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei, aunque evitó la concentración masiva de personas en la vía pública.

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Trabajadores tomaron una fábrica de aires acondicionados en Río Grande, Tierra del Fuego, por demoras en el pago de salarios y el temor a inminentes despidos. Es un nuevo síntoma de la crisis industrial que atraviesa la provincia tras la retracción del consumo y la apertura de las importaciones. En el gobierno provincial apuntan contra Javier Milei por los embates a la economía local y los problemas de empleo en el distrito.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) denunció que Aires del Sur tiene paralizada la planta desde diciembre y que sus 140 trabajadores no cobran desde entonces. “En estos momentos, con casi dos meses sin percibir el salario, están peligrando los alquileres de la gente, la alimentación de los hijos”, aseguró en declaraciones radiales Esteban Lewin, delegado gremial en la empresa afectada.

El sindicalista agregó: “Durante el período vacacional estaban haciendo trabajos de refacciones. Primero pidieron una semana más para esas refacciones, después otras. Luego dejaron de pagar unos premios que correspondían, abonaron solo el 25% del sueldo y ya no hubo más diálogo. No se presentaron a las audiencias con el Ministerio de Trabajo”.

Ante la falta de respuesta, los empleados reclaman contra el cierre definitivo de la fábrica y la pérdida de más de un centenar de puestos de trabajo. Según pudo saber , Roberto Ceretti, presidente de la empresa, ya presentó una nota solicitando que se declare la quiebra directa de Aires del Sur por el cese de pagos generalizado.

“Se denuncia el fracaso definitivo del plan de continuidad productiva controlada oportunamente presentado y la inviabilidad de la empresa”, dice el escrito al que pudo acceder este medio. “La actual administración asumió la conducción de la sociedad en el mes de noviembre de 2025, encontrando una estructura económica y financiera profundamente deteriorada, producto de un modelo de financiamiento comercial deficitario, agravado por las condiciones del mercado desde fines del 2023″.

En redes sociales, la filial de Río Grande de la UOM convocó a una nueva movilización afuera de la fábrica para este jueves a las 15.30.

De confirmarse, el cierre de la fábrica sumaría más presión a una provincia donde el empleo privado no deja de retroceder. “Estamos tratando que se solucione [el conflicto] porque serían más pérdidas de trabajo de las que llevamos, sobre todo en Río Grande donde es un desastre la situación”, dijo el gobernador Gustavo Melella a .

A diferencia de lo que sucedía hace 15 años -según relataron vecinos de Ushuaia a -, la industria local dejó de representar una salida laboral segura. En los últimos años, se extendió la modalidad de contratación temporal por pocos meses -lo que a nivel local se conoce como “contratos basura”-, lo que favoreció cierta precarización e inestabilidad laboral en el distrito.

La caída en la venta de celulares y dispositivos electrónicos -en buena medida por la escalada inflacionaria del último gobierno kirchnerista y la pérdida de poder adquisitivo que persiste hasta estos días- habría motivado recortes de personal en fábricas fueguinas. La electrónica es uno de los principales rubros de la provincia austral.

En este contexto, a mediados del año pasado, la UOM y representantes de las empresas electrónicas locales firmaron un acuerdo de estabilidad laboral para la preservación del empleo en la provincia. Las partes se habían comprometido a levantar medidas de fuerza a cambio de que se dejaran sin efecto despidos y ceses de contratos. Ese pacto caducó el 31 de diciembre, lo que agudizó la incertidumbre respecto del futuro del empleo en la provincia.

“La situación hoy de la industria tiene que ver con dos grandes aspectos. Una, principalmente, es la baja del consumo. En la Argentina, si vos decidís pagarte tus remedios, vivir, comer, si casi no llegas a cumplir con tus obligaciones, no te vas a estar comprando ni un celular, ni un televisor ni un aire acondicionado”, sostuvo Melella a este medio.

Y agregó: “En segundo lugar, están las últimas disposiciones del tema aranceles que favorecen la importación y golpean a nuestra industria también. Las medidas nacionales llevan a la muerte de la industria nacional”. Desde el 16 de enero, rige la quita de aranceles para la importación de celulares, lo que -estiman en la provincia- acentuará en los próximos meses la crisis en la producción local.

A la reciente apertura de las importaciones para celulares, se prevé que el año que viene se sume el vencimiento de las medidas antidumping impuestas en 2016 para equipos de aires acondicionados de origen chino, lo que podría afectar a otras empresas que como Aires del Sur se dedican a la producción de estos bienes. En julio de 2022 -a través de la resolución 543/2022- se habían prorrogado por cinco años estas normas proteccionistas.

Hay una antecedente poco alentador. En 2024 se levantaron las medidas antidumping que restringían la importación de microondas, lo que habría reducido a menos de la mitad la producción local.

Además de la industria tecnológica y de electrodomésticos, en el gobierno de Melella también advierten sobre el retroceso del sector textil. Según cifras de la administración fueguina, de 952 trabajadores de esta actividad en diciembre de 2023, el mes pasado solo quedaban empleados 284. Y estiman que, en el último año, se perdieron alrededor de 6200 puestos de trabajo entre industria, construcción, comercio y turismo.

En este escenario, y en medio de la toma de Aires del Sur, la senadora nacional de Fuerza Patria Cristina López volvió a cruzar al gobierno nacional por sus políticas económicas de libre mercado y advirtió sobre el efecto que podría tener la reforma laboral en el crecimiento del desempleo en su distrito.

“‘Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos’. Y Milei cumple. 140 trabajadores de Aires del Sur ocupan la planta en defensa de sus puestos de trabajo. 50 trabajadores de Telecomunicaciones Fueguinas fueron despedidos la semana pasada”, escribió en sus redes sociales en un posteo en el que citaba despidos en otras industrias de Tierra del Fuego como Mirgor y Newsan. “Todo esto sin la reforma de la esclavitud laboral. Imaginen lo que va a pasar cuando la aprueben”, concluyó.

López fue la única senadora de su provincia que se opuso a la reforma impulsada por Casa Rosada. Los otros dos legisladores fueguinos, Agustín Coto y Belén Monte de Oca -ambos de La Libertad Avanza-, votaron a favor de la iniciativa. En la Cámara baja, en tanto, los oficialistas Santiago Pauli y Miguel Rodríguez apoyaron el proyecto, mientras que Jorge Araujo y Andrea Freites, del PJ, lo rechazaron.

En cambio, Agustín Tita, hombre cercano al gobernador Melella, no asistió a la sesión, pero, al igual que sus compañeros del PJ, se mostró en contra de la reforma. En su cuenta de X (exTwitter), compartió un escrito en el que los mandatarios de Tierra del Fuego, Buenos Aires (Axel Kicillof), Formosa (Gildo Insfrán), Santiago del Estero (Elías Suárez), La Rioja (Ricardo Quintela) y La Pampa (Sergio Ziliotto) argumentaban su rechazo al proyecto libertario.

“Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”, decía el texto difundido.