POLITICA
La SIGEN detectó irregularidades en la obra de la autopista Rosario–Sunchales: el Estado pagó 90 veces más y demoró 10 años
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) encendió una alarma sobre una de las obras más largas, caras y problemáticas del sistema vial argentino. En su informe de septiembre de 2025, el organismo que depende de la Presidencia de la Nación concluyó que la Autopista Rosario–Sunchales, en la Ruta Nacional 34, presenta “debilidades en la gestión, alteraciones contractuales sustantivas y demoras injustificadas” que podrían implicar un perjuicio fiscal para el Estado nacional.
El documento, al que tuvo acceso Infobae, revisa los contratos, las modificaciones y los flujos de pago de la obra que une el corazón productivo del centro santafesino con el eje Rosario–Rafaela, y expone una trama de ineficiencia estatal, inflación de costos y falta de control técnico. “Las situaciones acontecidas durante la ejecución de la obra denotan debilidades en la gestión… corresponde analizar la eventual existencia de perjuicio fiscal y responsabilidades administrativas”, advirtió la SIGEN.
Cifras clave de la auditoría de la SIGEN
La Sindicatura General de la Nación verificó que la obra de la Ruta Nacional 34, iniciada en 2010 con un presupuesto original de $447.024.359,49, alcanzó en 2025 un monto actualizado de $40.571.665.066,22, lo que representa un aumento de más del 9.000% —unas 90 veces más que el valor inicial.
Pese a que el avance físico de los trabajos llega al 95,61%, el avance financiero apenas alcanza el 59,44%, con una facturación comprobada de $23.006.572.947,30. Según el relevamiento, existe una diferencia pendiente cercana a los $1.110 millones entre lo certificado y lo efectivamente facturado.
El proyecto, que originalmente debía completarse en 36 meses, lleva más de una década en ejecución: 10 años y 3 meses hasta 2025. En ese lapso se aprobaron seis modificaciones contractuales y una séptima aún está en trámite, además de dos períodos de neutralización —marzo a septiembre de 2024 y diciembre de 2024 a marzo de 2025— durante los cuales la obra permaneció detenida.
De una autovía sencilla a una autopista millonaria
El proyecto nació durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, bajo el decreto 543/2010, que adjudicó al Corredor Vial N° 4 la ejecución de la obra. El contrato definitivo se firmó recién en agosto de 2014, con la empresa Carreteras Centrales de Argentina S.A., una concesionaria sin antecedentes de grandes obras viales nacionales.
Originalmente, la obra contemplaba la duplicación de calzadas entre los kilómetros 188,68 y 246,57 de la Ruta Nacional 34, e incluía una variante en Rafaela, entre los km 213 y 219. En total, 58 kilómetros de traza, atravesando Angélica, Ataliva, Lehmann, Rafaela y Sunchales, en la provincia de Santa Fe.
Pero el proyecto cambió su naturaleza en 2019, cuando la Modificación de Obra N° 2 transformó la autovía en una autopista de velocidad directriz de 130 km/h, con nuevos distribuidores, puentes e intercambiadores. Ese cambio, según la SIGEN, “alteró sustancialmente el objeto del contrato y desvirtuó su ecuación económica original”.
“Lo originalmente previsto como tareas menores se transformó en un trabajo totalmente distinto por sus características técnicas y económicas”, reconoció la propia contratista en una nota citada por la auditoría.
Otro punto crítico fue la liberación de la traza. Cuando se firmó el acta de inicio en diciembre de 2014, el Estado no contaba con todos los terrenos expropiados.
Diez años después, en agosto de 2024, aún había sectores sin liberar, lo que obligó a demoras, reclamos y actuaciones judiciales del Juzgado Federal de Rafaela. Las sucesivas modificaciones de obra incorporaron expropiaciones adicionales, afectaciones de servicios eléctricos y desvíos hidráulicos que nunca se habían previsto en los planos originales.
El resultado fue un encadenamiento de plazos extendidos, ampliaciones sucesivas y mayores costos. El costo total se incrementó un 125,7% solo por modificaciones formales, y se multiplicó exponencialmente al actualizar los precios por inflación acumulada.
La Sindicatura General de la Nación verificó que la obra de la Ruta Nacional 34, iniciada en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, comenzó con un presupuesto original de $447.024.359,49 y, quince años después, en 2025, bajo la gestión de Javier Milei, alcanza un costo actualizado de $40.571.665.066,22. En ese lapso, el monto se incrementó más del 9.000%, lo que equivale a noventa veces el valor inicial.
Según el informe de la SIGEN, el avance físico de los trabajos llega al 95,61%, mientras que el avance financiero apenas alcanza el 59,44%, con una facturación total verificada de $23.006.572.947,30. La diferencia pendiente entre lo certificado y lo efectivamente facturado asciende a unos $1.110 millones, una brecha que refleja los desfasajes administrativos acumulados a lo largo de distintas gestiones.
Quién es quién en el costo de los atrasos
La Sindicatura General de la Nación advirtió que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aplicó redeterminaciones de precios sin sustento técnico ni documental, apartándose de lo dispuesto por el Decreto N° 1295/2002, que establece el procedimiento legal para actualizar los valores de los contratos de obra pública frente a variaciones económicas. Además, el organismo detectó que no se conformó la Comisión de Evaluación y Seguimiento prevista en el Decreto 490/2023, una instancia creada para supervisar la ejecución, los costos y las modificaciones de los proyectos viales.
Como consecuencia de esas irregularidades, el costo total de la obra se incrementó un 125,7% solo por ajustes formales, sin justificación técnica suficiente. A ello se sumó el efecto de las actualizaciones por inflación acumulada, que multiplicaron de manera exponencial el monto final. En paralelo, la auditoría remarcó un desequilibrio entre el avance físico del 95% y el avance financiero del 59,4%, evidencia de demoras en los pagos y desajustes en la ejecución presupuestaria.
La obra atravesó cuatro gestiones presidenciales y llega al presente en un contexto de cambios estructurales en la administración vial.
A lo largo de quince años, la construcción y gestión de la Ruta Nacional 34 se convirtió en un espejo de los vaivenes políticos y económicos del país. Cuatro presidentes, un organismo técnico cuestionado, una concesionaria en liquidación y una auditoría lapidaria explican por qué una obra pensada para durar tres años lleva más de una década sin concluir formalmente.
La historia comienza en 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se licitó y adjudicó el proyecto mediante el Decreto 543/10, que definió la concesión original del Corredor Vial N° 4 a la empresa Carreteras Centrales de Argentina S.A.. Esa firma fue la encargada de ejecutar la obra desde su inicio y hoy se encuentra en proceso de liquidación final, tras múltiples redeterminaciones y ampliaciones de contrato.
Con la llegada de Mauricio Macri al poder (2015–2019), la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) —dependiente del entonces Ministerio de Transporte— redefinió prioridades, revisó los contratos existentes y aprobó cambios técnicos, además de extender los plazos de ejecución, en un intento de reordenar los proyectos heredados y adaptarlos a nuevos criterios de eficiencia.
Durante el gobierno de Alberto Fernández (2019–2023), la obra fue reactivada con fondos nacionales. Se mantuvo el esquema de concesión original, aunque se tramitaron nuevas redeterminaciones de precios y modificaciones contractuales, en un contexto de alta inflación y tensiones presupuestarias.
Ya en la gestión de Javier Milei (2023–2025), el proyecto alcanzó su habilitación total al tránsito, pero también marcó un cambio de paradigma: el Ejecutivo dispuso la privatización de Corredores Viales S.A. mediante el Decreto 97/2025, que habilita la adjudicación de nuevas concesiones por peaje conforme a la Ley 17.520, que regula la participación privada en obras públicas.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), órgano ejecutor de los trabajos y responsable de su supervisión técnica, fue señalada por la SIGEN (Sindicatura General de la Nación) por demoras, desvíos normativos y falta de control interno. La auditoría realizada en 2025 detectó sobrecostos, irregularidades administrativas y deficiencias de gestión que atravesaron las distintas administraciones y explican en buena medida la prolongada historia de esta obra inconclusa.
Mediante el decreto 97/2025, el presidente Javier Milei ordenó la extinción por mutuo acuerdo de los contratos vigentes y la adjudicación de nuevas concesiones bajo el sistema de peaje, conforme a la Ley 17.520, que regula la concesión de obras públicas a empresas privadas.
En ese marco, la SIGEN, a cargo de Alejandro Díaz, subrayó la necesidad de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente durante el proceso de liquidación y traspaso de activos y contratos.
Empresas y vínculos empresariales
La concesionaria Carreteras Centrales de Argentina S.A. fue responsable de la ejecución del tramo auditado. Hasta el momento, no se presentó ninguna denuncia penal por las irregularidades detectadas por el organismo de control, que depende la Presidencia de la Nación, aunque sí observaciones administrativas pendientes de resolución en la liquidación final.
El informe, de 140 páginas, concluye que la obra “evidencia deficiencias de planificación, cambios técnicos no justificados y débil control financiero”.
Sugiere una revisión integral de los procedimientos para futuras licitaciones y un análisis del perjuicio fiscal potencial. “La obra tardó diez años en llegar al 95% y costó más de 40 mil millones» y destacaron: “La duplicación de calzada se convirtió en símbolo de la descoordinación entre política, gestión y control”.
La Autopista Rosario–Sunchales debía ser una muestra de modernización y conectividad regional. Hoy, según la propia SIGEN, es también un caso testigo de cómo la falta de planificación, las decisiones políticas sin respaldo técnico y los mecanismos de control tardíos pueden transformar una obra necesaria en una travesía burocrática y multimillonaria.
POLITICA
El Ministerio de Salud insistió en la importancia de las vacunas: “Son herramientas fundamentales”
El Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Mario Lugones, emitió un comunicado a favor de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, luego del insólito acto en el Congreso.
“Son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas”, empieza el escrito.
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El Ministro argumentó en el documento que todas las vacunas atraviesan “evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad”. Además, indicó que ese mismo estándar se mantiene con procesos de control y seguimiento constante.
“La aplicación efectiva de las vacunas en todo el país es una responsabilidad compartida”, sumó, a la vez que remarcó el trabajo en conjunto del Ministerio de Salud de la Nación y las provincias y municipios. “El compromiso que asumimos es común, porque proteger a nuestros niños es la prioridad”, expresó.
“Ratificamos así nuestra convicción de que la vacunación es una política sanitaria indispensable, y reafirmamos nuestro compromiso federal para garantizar que cada persona acceda, de manera gratuita y oportuna, a todas las vacunas del Calendario”, finaliza el texto, que fue firmado por los ministros de Salud de todas las provincias, menos el de Buenos Aires y el de Formosa.
Tras la publicación del documento, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, sostuvo que lo excluyeron del mismo. “La PBA obviamente apoya a las vacunas y la vacunación. Solo nos marginaron del comunicado. Evidentemente no están a la altura de las circunstancias”, compartió en su cuenta de X.
Asimismo, cerró el posteo de una manera contundente: “Además del comunicado, provean las vacunas, impulsen planes de implementación e inviertan en difusión y promoción”.
Así fue el acto antivacunas en el Congreso
“Esto no es grasa en la piel, señoras y señores“, dijo la licenciada en biotecnología Lorena Diblasi, mientras pegaba imanes en el cuerpo de un hombre, con el objetivo de demostrar los efectos que la vacuna por Covid-19 había tenido en su organismo. La insólita demostración ocurrió el jueves durante una exposición antivacunas realizada en el Congreso Nacional.
Diblasi fue una de las oradoras que subió al escenario durante el encuentro encabezado por la diputada del PRO por Chaco Marilú Quiroz y autorizado por el presidente de la Cámara, Martín Menem. Junto a ella, un hombre sin remera intentaba demostrar que estaba magnetizado.
“Esto le provocó la vacuna. A él no le sucedía esto. Y de esto no se habla. Se ríen a veces. Me gustaría saber qué tienen para decir los médicos”, dijo la oradora frente a la mirada de los asistentes.
José Daniel Fabián, quien trabaja como jardinero, se pegó distintos objetos en el cuerpo, aunque con una leve inclinación hacia atrás, para demostrar las secuelas que presuntamente le habían dejado las dos dosis que recibió de la vacuna elaborada por AstraZeneca contra el coronavirus.
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El encuentro provocó el rechazo de legisladores de distintos bloques, que no sólo se opusieron a su realización, sino que también lo denunciaron tras calificarlo como un evento de desinformación sanitaria.
La jornada realizada en el Anexo de Diputados contó con la participación de dos reconocidos médicos con una marcada postura antivacunas. Por un lado, el oftalmólogo Oscar Botta, miembro de Médicos por la Verdad, que dialogó sobre “Vacunas de calendario y autismo”. Por otro lado, Viviana Lens, quien habló sobre “Víctimas ignoradas por el Estado: sangre de vacunados al microscopio”.
Ministerio de salud, Antivacunas, Congreso de la Nación
Continúan el conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Estudiantes de la Plata tras la sanción inédita para el presidente de “El Pincha”, Juan Sebastián Verón —de 6 meses de suspensión—, y para los jugadores que se negaron a cumplir con el protocolo tradicional en el pasillo que se suele hacer para felicitar a los campeones. El periodista deportivo, Federico Cristofanelli analizó el revuelo en Infobae en vivo y puso en primer plano la escalada de tensiones entre dirigentes, clubes y simpatizantes
“La Asociación del Fútbol Argentino está desenfocada, libra dos batallas que la alejan de la esencia del fútbol argentino y el descontento social está en niveles históricos”, aseguró el periodista.
En este sentido, Cristofanelli aseguró que “hace mucho no se veía a los hinchas tan distantes y críticos con la conducción de la AFA”. Además, remarcó que la preocupación institucional va mucho más allá del caso del club platense y atraviesa un malestar profundo que se manifiesta tanto en tribunas como en el ambiente político nacional.
La decisión de la AFA sorprendió incluso a quienes esperaban alguna resolución dentro de la habitual burocracia del fútbol argentino. La sanción, que afecta a jugadores que participaron en el polémico pasillo a Rosario Central y al propio presidente de Estudiantes, no solo generó debates técnicos sobre la legalidad y el momento oportuno del fallo, sino que despertó especulaciones acerca de la intencionalidad política detrás de la medida y las internas dentro de la organización.
“A Estudiantes no lo tomó de imprevisto, Verón tenía asumido el costo de dar la cara, intentó exculpar a los jugadores, pero finalmente cayeron todos sancionados”, detalló Cristofanelli, quien recalcó que el club platense se prepara para partidos claves del torneo y que incluso una eventual amnistía podría neutralizar, en parte, los efectos de la suspensión.
Cabe destacar que el Gobierno nacional se manifestó ante el conflicto. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich declaró este viernes su intención de investigar la transparencia de la AFA desde el Senado, lo que podría politizar aún más la disputa.
“Si el Gobierno decide avanzar sobre la AFA, se abre una grieta difícil de controlar. El fútbol a veces va por un carril paralelo a la política, pero la decisión gubernamental de intervenir puede tener consecuencias imprevisibles”, advirtió la periodista, Cecilia Boufflet.
En ese sentido, Cristofanelli fue categórico: “El Gobierno parece decidido a avanzar, aunque no le conviene a nadie esta pelea. Y está claro que intervenir la AFA directamente es riesgoso. Por eso viene el juego de presionar a ciertos protagonistas, no al ente en sí, para evitar sanciones de la FIFA”.
Por otra parte, los conductores de Infobae en Vivo analizaron la influencia del calendario futbolístico en la dinámica escandalosa. “El 5 de diciembre se sortea el Mundial y toda la atención se va a correr hacia la Selección Argentina, opacando por unas semanas las turbulencias actuales”, explicó Gonzalo Sánchez.
De forma continua, Cristofanelli indicó que “la AFA tiene esa capacidad de licuar los escándalos con el próximo gran evento, pero el descontento actual parece distinto. Hay un reclamo sostenido en las canchas que no se veía antes”.
En este contexto, las redes sociales fueron de gran influencia frente al conflicto. Con mensajes polémicos de familiares de los protagonistas, el escándalo tomó mayor relevancia. Un posteo de la esposa de Verón contra figuras como Lionel Messi, que antes de poder escalar fue eliminado, alcanzó a desatar especulaciones y debates sobre lealtades y silencios en el ambiente.
“Si bien Messi nunca se expresó, está claro que su relación con Tapia es clave para sostener el statu quo, y hay quienes sostienen que una foto o un gesto suyo podría influir decisivamente en la interna”, analizó Cristofanelli.
Para cerrar, el periodista reflexionó que la posibilidad de una amnistía a mediano plazo, la incertidumbre deportiva para Estudiantes y la proyección de nuevas batallas jurídicas son destacadas como variables a seguir de cerca en un escenario en el que el fútbol argentino parece más politizado y confrontativo que nunca.
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• De 9 a 12: Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.
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La Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) es una terminal complementaria para el poder de Claudio “Chiqui” Tapia. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) también preside desde principios de este año la empresa que administran en conjunto los gobiernos porteño y bonaerense, y que se dedica al tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Un puesto estratégico, que le permite tener relación permanente con los intendentes (en su mayoría del conurbano) y con el gobierno provincial.
La administración de Axel Kicillof lo impulsó a la presidencia de la firma luego de ser corrido por la administración porteña, a la que representó en la vicepresidencia entre 2015 y 2024.
Tapia asumió al frente de la Ceamse a comienzos de enero. En el tiempo que lleva de gestión, se reunió en tres oportunidades con los intendentes que depositan en los predios de la empresa los residuos generados en sus distritos. La última de esas cumbres fue el 19 de noviembre, cuando recibió a 20 de ellos para presentarles “avances de gestión” y una “renovada flota operativa”, según informó la Ceamse.
Los municipios que tienen en los complejos de la Ceamse la disposición final de sus residuos son 45 y pagan mensualmente por ese servicio. Según pudo saber de fuentes de dos de los distritos que utilizan el Ceamse, uno de la zona sur y otro de la zona norte del Gran Buenos Aires, los pagos están en el orden de los $200 millones mensuales. La tarifa es variable y depende de la cantidad de toneladas de residuos que se depositen. También está sujeto a si el distrito cuenta con un centro de transferencia de residuos en su territorio y una parte del valor está subsidiado.
El último encuentro de Tapia con los jefes comunales incluyó fotos varias, entre ellas, una del titular de la AFA con los intendentes Federico de Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Gastón Granados (Ezeiza). Cada uno posó con una camiseta de la selección, modelo nuevo, con el número 10 y sus nombres estampados.
El encargado del vínculo de la Ceamse con las intendencias que utilizan sus servicios es Carlos Montaña, un dirigente cercano a Sergio Berni, que es vicepresidente del Club Atlético Independiente y fue subsecretario de Asistencia Crítica del exministerio de Desarrollo Social. Montaña lleva diez años en la Ceamse.
Tapia integra la planta permanente de la empresa desde hace unos veinte años. Fue vicepresidente, en representación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero el actual jefe de la administración porteña, Jorge Macri, lo desplazó en octubre de 2024 porque no podía brindarle al cargo una “dedicación exclusiva”. Lo reemplazó por Ezequiel Jarvis, exsecretario de Trabajo porteño.
La presidencia de la Ceamse le corresponde al gobierno provincial: Kicillof nombró presidente a Tapia a fines de 2024 (el mandamás de la AFA, a su vez, firmó un convenio para que las selecciones nacionales utilicen el Estadio Único de La Plata). También se reparten entre los gobiernos provincial y porteño los puestos de directores y de síndicos. El resto de los integrantes del directorio son Gustavo Ricardes, Mario Cupelli y Gustavo Reyes.
La llegada de Tapia a la vicepresidencia había sido fruto de un acuerdo entre el entonces jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Hugo Moyano (Tapia es su exyerno). Hoy, aseguran en el gobierno porteño, “no hay relación” entre el titular de la AFA y Jorge Macri.
Entre los 45 distritos que hacen la disposición final de su basura en la Ceamse están los más poblados del conurbano, desde La Matanza hasta Quilmes, Almirante Brown, Merlo y Lomas de Zamora, solo por mencionar algunos. Los residuos terminan en los complejos ambientales Norte III (recibe un promedio de 436.325 toneladas por mes y el 85% del total de los residuos del sistema, según información del Ceamse), González Catán (un promedio de 44.640 toneladas por mes, provenientes solo de La Matanza), Ensenada (29.950 toneladas mensuales en promedio) y Ezeiza (12.332 promedio por mes). Otra fuente de ingresos de la empresa de tratamiento de residuos es el peaje del Camino del Buen Ayre, traza que administra la firma.
la presidencia,Javier Fuego Simondet,Claudio Chiqui Tapia,CEAMSE,Axel Kicillof,Conforme a,Claudio Chiqui Tapia,,»Hay algunos que se olvidan…». Qué dijo Chiqui Tapia sobre Estudiantes antes del polémico fallo que sanciona al club,,Tapia: cuando la impunidad se transforma en costumbre,,»El de la Ferrari negra». El misterioso mundo de Ariel Vallejo, el financista cercano a «Chiqui» Tapia que mueve fortunas
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