Cecilia Goyeneche está ubicada cuarta en el orden de mérito provisorio del concurso que realiza el Consejo de la Magistratura para el Tribunal Oral Federal (TOF) de la capital entrerriana. Este Tribunal está en proceso de renovación total. Dos de sus integrantes, Roberto López Arango y Lilia Graciela Carnero, ya se jubilaron. La restante, Noemí Berros, está próxima a los 75 años. Al alcanzar esa edad, deberá ser ratificada por el Senado a instancias del Poder Ejecutivo.

El TOF de Paraná ha llevado adelante juicios importantes en materia de derechos humanos y de narcotráfico. Su jurisdicción abarca los procesos de la capital provincial y de los juzgados de primera instancia de Victoria y Concordia.

La exfiscal anticorrupción de Entre Ríos logró llegar a 149,10 puntos en las dos etapas iniciales del proceso de selección. Se trata del examen de oposición y de la evaluación de antecedentes. Aún resta dilucidar qué pasará con algunas impugnaciones que deberán analizarse. Luego, quedarán por asignar 20 puntos de la entrevista personal.

El plenario para cerrar el proceso debía reunirse el pasado 3 de febrero. Pero el Jurado pidió una prórroga. A cargo del concurso están el integrante de Casación Penal Federal, Juan Carlos Geminiani; José Luis Ortiz; Claudio Contreras y Carolina Martínez Andújar.

Geminiani es coprovinciano de Goyeneche. Es un personaje controvertido dentro de Comodoro Py. Por un mensaje de contenido misógino estuvo a punto de ser sancionado por el Consejo de la Magistratura. Se le iba a aplicar una multa. Pero la decisión no reunió los dos tercios necesarios y quedó descartada.

Si su nombre permanece en los primeros lugares y pasa a integrar la terna final, deberá definir dónde continuar su carrera: si en los estrados provinciales o en el fuero federal.

Qué rol ocupa Goyeneche hoy

La funcionaria judicial fue repuesta en el cargo de Procuradora Adjunta semanas atrás. La medida llegó luego de que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) provincial anulara el proceso por el que había sido destituida. La determinación se tomó a instancias de la Corte Suprema (CSJN).

El máximo tribunal anuló el fallo del Jurado de Enjuiciamiento que dispuso su remoción por mal desempeño. La decisión estribó en una cuestión formal y no de fondo. El Jury había decidido correr a todos los fiscales entrerrianos de la acusación en el proceso. Para cumplir ese rol, citó a un abogado que integraba la lista de conjueces. La CSJN decidió que ese paso violó el debido proceso y echó todo por tierra.

La resolución del STJ habilitó al Procurador General, Jorge García, a reintegrarla a las funciones de las que había sido sacada en 2021.

Sin embargo, Goyeneche no podrá volver a ocupar el rol de fiscal anticorrupción. Ella llegó a ese lugar por una medida administrativa de García ante la falta de reglamentación legislativa de ese cargo creado por la Constitución de 2008.

En el ínterin en que estuvo fuera del cargo, la Legislatura entrerriana sancionó la ley correspondiente. Y dispuso que la titularidad de esa fiscalía solo podía ser ocupada a través de un concurso del Consejo de la Magistratura. La norma obtura, de manera explícita, la posibilidad de que el cargo sea subrogado.

Las causas

El caso de Goyeneche cobró relevancia nacional debido a que se trató de la remoción de una fiscal que había llevado adelante varias de las causas de corrupción más importantes de Entre Ríos.

Algunas de ellas son las que terminaron con la condena que recibió el exgobernador justicialista Sergio Urribarri.

El Jury al que se la sometió tuvo características peculiares. En primer lugar, fue impulsado por dos abogados radicales (Guillermo Mulet y Rubén Pagliotto). Ambos fueron los denunciantes de los casos que luego Goyeneche llevó hasta las últimas consecuencias.

Además, las acusaciones tuvieron como centro la actuación en la investigación de los desvíos de fondos de la Legislatura a través de contratos fraudulentos. Se le achacó que no avanzó contra los responsables políticos y que solo había apuntado a los escalones medios y bajos de la organización. En este sentido, también se le reprochó la relación que ella y su esposo mantenían con uno de los principales imputados.

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El canciller israelí Gideon Sa’ar manifestó públicamente su apoyo a la determinación del gobierno argentino de declarar persona no grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires, y de exigir su salida del país en un plazo de 48 horas. Este gesto, celebrado por el gobierno de Israel, intensifica el aislamiento diplomático de Teherán y refuerza la posición argentina en el escenario global.

La medida fue oficializada por la Cancillería argentina a través de un comunicado difundido por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y replicado por el presidente Javier Milei, quienes informaron que la resolución se adoptó “de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, mecanismo legal que habilita a un Estado a expulsar a un representante extranjero sin mayores explicaciones. El trasfondo inmediato de la decisión responde a un comunicado iraní que, tras la declaración argentina de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista, advirtió sobre una supuesta “responsabilidad internacional” del Estado argentino y lanzó cuestionamientos directos a las autoridades locales.

En este contexto, el canciller israelí utilizó sus redes sociales para expresar: “Celebro la decisión de la Cancillería argentina de declarar persona non grata a Mohsen Soltani Tehrani, encargado de negocios de la Embajada de Irán en Argentina, y de expulsarlo del país”. Sa’ar remarcó su agradecimiento a Pablo Quirno y elogió la postura del gobierno de Milei, a quien calificó como referente en la defensa de la libertad y en el combate contra el terrorismo.

La declaración argentina argumenta que la expulsión de Soltani Tehrani responde a la “persistente negativa del régimen iraní a cooperar con el sistema judicial argentino en la investigación del atentado contra la AMIA”, así como al “nombramiento de personas buscadas por la justicia argentina para ocupar altos cargos en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”. El comunicado oficial denuncia, además, el reiterado incumplimiento de órdenes internacionales de detención y extradición de los responsables señalados por la justicia argentina.

La decisión argentina se inscribe en una escalada que se aceleró tras la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en el registro argentino de organizaciones terroristas, una medida que ya había sido adoptada por Estados Unidos y que habilita sanciones financieras y restricciones operativas. El gobierno argentino sostiene que existen antecedentes judiciales y de inteligencia que vinculan directamente a altos funcionarios iraníes con los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, hechos que dejaron más de 100 víctimas fatales y cientos de heridos.

En la respuesta de Irán, difundida por su Ministerio de Relaciones Exteriores, el régimen condenó “enérgicamente la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. El texto advirtió que la medida “genera responsabilidad internacional para el Estado argentino” y atribuyó la iniciativa a la influencia de “Estados Unidos y el régimen sionista ocupante”, en referencia a Israel.

Argentina fundamentó la expulsión de Soltani Tehrani como reacción a lo que consideró “acusaciones falsas, ofensivas e improcedentes contra la República Argentina y sus más altas autoridades”, y como respuesta a lo que definió como “una inaceptable injerencia en los asuntos internos” del país. La Cancillería subrayó que la declaración de persona non grata se justifica, además, por la negativa iraní a colaborar en el esclarecimiento del atentado a la AMIA y por la “designación en cargos de alta responsabilidad del CGRI de personas requeridas por la Justicia argentina”.

En palabras del canciller israelí, el régimen iraní constituye “la principal amenaza para el orden y la seguridad mundiales”. Sa’ar sostuvo que “el régimen iraní es asesino de sus propios ciudadanos y de sus vecinos; no es legítimo”. Agradeció explícitamente al presidente Milei y al canciller Quirno por la “valiente e inspiradora decisión”, y destacó que la Argentina, bajo la actual administración, “se erige como un modelo en la defensa de los valores de la libertad y en el liderazgo de la lucha contra el terrorismo”.

La secuencia de acontecimientos diplomáticos se aceleró en apenas 48 horas: primero, la declaración argentina sobre la Guardia Revolucionaria; luego, la reacción iraní con advertencias y acusaciones, y finalmente, la expulsión del principal representante diplomático iraní en Buenos Aires.

En el plano internacional, la crisis se produce en un contexto de ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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