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“El Villazo”: la Justicia absolvió a los acusados por los asesinatos y secuestros en Acindar durante 1975

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A 50 años del mayor operativo contra el movimiento obrero durante un régimen constitucional, el Tribunal Oral Federal de Rosario dictó la absolución de los 17 acusados en la causa de “El Villazo”, como fue conocida la huelga de los metalúrgicos de Villa Constitución y su posterior represión ilegal, en el marco del “Operativo Serpiente Roja del Paraná” en marzo de 1975.

El tribunal falló a favor de los empresarios, civiles, policías y militares acusados de los homicidios, secuestros y torturas cometidos en la localidad santafesina entre los años 1975 y 1976, en la antesala del golpe de Estado de 1976. El operativo tuvo como blanco a 69 víctimas, de las cuales 57 fueron asesinadas.

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Por entonces, operaba en todo el país -en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón- un aparato de persecución ilegal hacia militantes y dirigentes sindicales críticos.

El proceso judicial había generado expectativas por tratarse del primer caso en Santa Fe que podría comprobar la responsabilidad y complicidad empresaria con la represión ilegal. Conocida la sentencia, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos denunciaron la sentencia como “vergonzosa”.

La Fiscalía Federal de Rosario había solicitado prisión perpetua para dos exdirectivos de la empresa Acindar y penas de entre 10 y 25 años para exfuncionarios policiales y un guarda rural. Por su lado, el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también reclamó condenas a perpetuidad para civiles y penas de entre 16 y 25 años para los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión.

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Militantes exigían la prisión perpetua de los acusados (@Barry__Ale)

Sin embargo, el tribunal -integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci– resolvió absolver a la totalidad de los imputados, lo que provocó conmoción y malestar entre los familiares presentes en la sala. La abogada querellante Gabriela Durruty afirmó en declaraciones a LT8 que los jueces “leyeron rápido el fallo y se retiraron”, sin entregar copia a las partes. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el próximo 6 de febrero.

La sentencia estuvo dividida. Los jueces Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci beneficiaron con la medida a los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Oscar Torralvo, Roberto Raúl Squiro y Juan Carlos Faccendini, entre otros, a quienes se imputaban delitos de privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita. Pellegrini y Torralvo, además, enfrentaban cargos por homicidio agravado que habrían damnificado a varias personas, incluyendo a Jorge Ramón Chaparro y Julio Palacios.

Pellegrini, Torralvo y Squiro, quienes se encontraban en prisión preventiva, se les dispuso la liberación inmediata.

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El fallo se conoció bajo una lluvia torrencial (@Barry__Ale)

Dentro del tribunal, el juez Germán Sutter Schneider emitió un voto en disidencia en el que consideró que 30 detenciones efectuadas entre marzo de 1975 y mayo de 1976, así como 10 asesinatos ocurridos en el mismo periodo, constituían delitos de lesa humanidad. Schneider consideró también que las víctimas fueron perseguidas por su vínculo con la “Lista Marrón”, liderada por Alberto Piccinini. En consecuencia, propuso condenar a Roberto Álvarez a ocho años de prisión e inhabilitación especial por privación ilegítima de libertad agravada y a Roberto Pellegrini a seis años como partícipe necesario del mismo delito sobre Roberto Justo Martínez.

La defensa de los acusados, encabezada por el abogado Hernán Kovacevich, representante de varios expolicías federales, celebró el fallo y sostuvo que “se hizo justicia” debido a que “ningún testigo los mencionó ni los ubicó en tiempo, modo o lugar”. Además, planteó que la denuncia se fundamentaba en “presunciones infundadas” y solicitó la nulidad del proceso por falta de pruebas, señalando que el fallo absolutorio “ratifica que no hubo prueba ni delito”.

(@Barry__Ale)

Por parte de la querella, la abogada Durruty anunció que buscarán revertir la decisión absolutoria ante el Tribunal de Casación, planteando que la resolución se alinea con “el clima político de época”.

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Federico Pagliero, abogado querellante de la APDH, también advirtió que apelarán la sentencia. “Es una vergüenza por la cantidad de pruebas que había sobre Pellegrini y Torralvo y sobre los policías. No se entiende, lo único que se entiende es que el poder judicial se acomoda al clima de época”, dijo en diálogo al medio La Retaguardia.

El caso

Los sucesos conocidos como el “Villazo” se desarrollaron entre el 7 y el 16 de marzo de 1974 en Villa Constitución, ciudad que había experimentado un notable crecimiento como centro industrial tras su origen portuario y agroexportador. Durante esos días, el conflicto se gestó en el núcleo de las plantas metalúrgicas locales, con protagonismo de empresas como Acindar, Marathon y Metcon. Un amplio sector de trabajadores impulsó la toma masiva de fábricas para exigir elecciones libres en la conducción de la filial local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del cuerpo de delegados, apoyados por otros obreros, campesinos y comerciantes.

El conflicto se desencadenó el 7 de marzo, cuando los delegados normalizadores designados por la conducción nacional de la UOM, Fernández y Oddone, ingresaron a la planta acompañados por un “rompehuelgas”. Tras recibir abucheos de numerosos operarios, los interventores enviaron telegramas de expulsión a 11 activistas opositores, lo que derivó en una asamblea donde 1.500 obreros votaron por realizar un paro en solidaridad con los expulsados y en rechazo a la intervención. El conflicto entre la conducción de la UOM y las bases se extendió y se propagó a otros establecimientos, que involucraron piquetes, barricadas y hechos de violencia.

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En respuesta al movimiento levantisco, las autoridades nacionales buscaron desactivar un supuesto complot “subversivo” en la zona. El operativo “serpiente roja del Paraná” pretendía paralizar la región que aún permanecían con un alto nivel de activismo gremial y político, a través del desplazamiento de las conducciones sindicales de los gremios más importantes en la zona industrial comprendida entre Campana (al norte de la provincia de Buenos Aires) y la localidad de San Lorenzo (al norte de Rosario en la provincia de Santa Fe).

En este marco, una investigación reveló el rol central que tuvo la represión ilegal el 20 de marzo de 1975 en la siderúrgica Acindar, presidida entonces por José Alfredo Martínez de Hoz hasta 1976, cuando fue designado ministro de Economía por la dictadura, siendo su puesto de presidente del directorio ocupado por el general Alcides López Aufranc.

Dentro de la planta, comenzó a funcionar un centro clandestino de detención en lo que se conocía como “Albergue de Solteros”. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los oficiales de las fuerzas represivas se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos y la firma aportó pagos extraordinarios a todo el personal policial que participó.

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Según la acusación de la causa, los imputados Pellegrini y Torralvo eran los dos responsables empresariales procesados. Los testimonios los mencionan como los nexos entre la empresa Acindar y las fuerzas represivas, que utilizaron información, infraestructura y recursos logísticos y materiales que sólo la empresa podía proveer para identificar y perseguir a los trabajadores.

La represión continuó luego durante la dictadura cívico-militar. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.

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Pablo Quirno cuestionó a Petro por su postura sobre la detención de Maduro: “Habla en nombre de una mayoría ficticia”

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Pablo Quirno cuestionó la postura adoptada Gustavo Petro, luego de que este último compartiera un comunicado regional que condena la intervención militar estadounidense en territorio venezolano tras la detención de Nicolás Maduro.

El canciller publicó un mensaje en la red social X en el que criticó la posición del presidente de Colombia respecto a los acontecimientos en Caracas. “La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales, es lo que realmente importa. Si tan solo el Presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una ‘mayoría de población’ ficticia…”, expresó Quirno en su perfil oficial. El mensaje fue compartido por el presidente Javier Milei minutos más tarde.

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La reacción del ministro de Relaciones Exteriores surgió luego de que Petro, jefe de Estado de Colombia, publicara un mensaje en sus redes sociales para difundir la posición conjunta de varios países de la región, a la que se sumó España.

“¡Atención! Aquí los gobiernos de la mayoría de la población Latinoamérica y del Caribe nos expresamos conjuntamente”, escribió al presentar el documento firmado por seis países, incluido el suyo.

El tweet de Pablo Quirno

El comunicado, difundido por la Cancillería de Colombia y rubricado por Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, manifiesta una “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela”. Los firmantes sostienen que tales acciones “contravienen los principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”.

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De acuerdo con el texto oficial, los gobiernos firmantes recalcan que “la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano”.

Seis gobiernos latinoamericanos y España firmaron un comunicado en el que rechazan las acciones militares ejecutadas en Venezuela

La referencia de Gustavo Petro a “la mayoría de la población Latinoamérica y del Caribe” fue el detonante del cuestionamiento de Quirno. El canciller puso en duda la representatividad de la declaración, sugiriendo que la postura de los gobiernos firmantes no refleja necesariamente la opinión mayoritaria de los ciudadanos latinoamericanos, en especial la de quienes han debido abandonar Venezuela en los últimos años.

Las palabras del ministro de Relaciones Exteriores se dan luego de que se desarrollara la reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por el mismo. El encuentro se desarrolló por videoconferencia, en el que participaron varios cancilleres del foro de 33 países. El objetivo era definir una posición unánime crítica a la intervención militar estadounidense para detener y poner a disposición de la Justicia al cabecilla del régimen narcoterrorista venezolano.

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Más allá de que el encuentro tuvo el respaldo, del brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva y de la mexicana Claudia Scheinbaum, no hubo un comunicado conjunto, debido a las diferencias respecto a la situación de Venezuela que expresaron Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Quirno tuvo un rol decisivo para conformar ese grupo de países, que enviaron representantes de bajo nivel diplomático al encuentro de urgencia que impulsó Petro y sus aliados del ALBA, la coalición de regímenes de izquierda, como Cuba, Nicaragua y Honduras.

De hecho, según pudo confirmar Infobae de fuentes diplomáticas, el bloque de 10 países de la región preparan un comunicado conjunto para respaldar la actuación estadounidense, que permitió detener al líder de un régimen dictatorial, señalado por la ONU, la Corte Penal Internacional y otros organismos no gubernamentales de graves y continuas violaciones a los derechos humanos.

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Solo en Off: la peculiar fiesta de fin de año de Angelici en su casa lindera a la mansión de la AFA

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Acostumbrado a festejar en grande cada ocasión que lo amerite, Daniel “Tano” Angelici organizó como todos los años una celebración especial para despedir 2025, y darle la bienvenida a 2026. El expresidente de Boca Juniors, empresario multirubro, dirigente radical-macrista y sigiloso operador judicial abrió las puertas de su casa en Villa Rosa, Pilar, localidad donde supo tener su casa el expresidente Fernando de la Rúa y muy cerca de la mansión atribuida al número dos de la AFA, Pablo Toviggino.

Incondicionales del “Tano” como el secretario administrativo de la Legislatura porteña, Christian Gribaudo; el diputado provincial de Pro Fernando Rovello y su pareja, la también dirigente macrista Johanna Panebianco, y el director de la obra social de la ciudad, Eduardo “Changui” Barragán, fueron sólo algunos de los presentes en la celebración angelicista, que según algunos testigos indiscretos fue de tono “familiar”, con varios dirigentes que “pasaron a saludar” y luego buscaron otros rumbos en las últimas horas del año pasado.

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Daniel Angelici y los vinos CUPRAPATRICIO PIDAL/AFV

Entre ellos, y a pesar del pacto de silencio que unió a los miembros de la familia angelicista que llegaron a Pilar, aparecieron dos dirigentes libertarios de inequívoca fidelidad a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siempre atenta a la política porteña, de la que Angelici es actor importante desde hace al menos dos décadas.

Los invitados, muchos de los cuales fueron con sus hijos, repararon en el cambio de look del binguero, entre 20 y 25 kilos menos gracias a un tratamiento localizado, y disfrutaron del vino Cupra, propiedad de la casa que Angelici hizo llegar a despachos importantes, judiciales y políticos, para las fiestas de fin de año.

En la Legislatura aseguran que Angelici está “trabajando” para que las leyes que envía el jefe de gobierno porteño Jorge Macri puedan ser aprobadas durante este año. Señalan que sus vínculos con el mandamás del PJ porteño, Juan Manuel Olmos, será vital para conseguir ese objetivo, y que también hay puentes con los libertarios que lidera Pilar Ramírez y hasta con el bloque macrista rebelde Horacio Rodríguez Larreta. “El Tano habla con todos”, dicen, misteriosos, cerca de Angelici, que disfrutó de su festejo con personajes del poder nacional y porteño.

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Lejos del estrés que le producía su trabajo en el Gobierno, como ministro del Interior y luego jefe de gabinete, Guillermo Francos disfrutó de las fiestas con su familia y amigos, en Estados Unidos. Primero fue a Washington, donde vive uno de sus hijos mayores, y luego a New York, ciudad en la que su exjefe, el empresario Eduardo Eurnekian, suele pasar los fines de año. El exministro no dijo nada, pero sus amigos celebraron una encuesta reciente en el que adjudicaban a Francos la mejor imagen dentro del universo de los colaboradores del presidente Javier Milei.

Guillermo Francos, Javier Milei y Daniel ScioliX Catalán

“Es el que mejor mide”, susurraron cerca del exministro, que sigue siendo representante del Gobierno en el directorio de la petrolera YPF.

¿Volverá al gabinete luego de su disputa con Santiago Caputo? “No, pero podría ser un gran vicepresidente en 2027”, dice uno de los habituales interlocutores de Francos, que lo ve mejor posicionado que a Martín Menem o Patricia Bullrich para ocupar ese puesto y conducir el Senado, “donde lo que hay que hacer es hablar con todos”.

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Nadie duda del alineamiento sin medias tintas que el gobierno de Javier Milei lleva adelante en relación a las políticas de la administración Trump, y menos aún después de la captura de Nicolás Maduro en pleno Caracas. Quien también toma nota es el gobierno de Xi Jinping, que sin embargo tuvo en las últimas semanas tres gestos bien valorados en la Cancillería que encabeza Pablo Quirno.

Es que al primer embarque de trigo argentino a China, salido días atrás de un puerto santafesino, se sumaron en las últimas horas la compra de US$1000 millones en porotos de soja y el cupo de importación de 511.000 toneladas de carne bovina argentina, condiciones que el Gobierno consideró más que ventajosas.

Milei con Xi Jinping en el único encuentro bilateral que tuvieronOficina del Presidente

“Podrían haber optado por Brasil, que está en los Brics, y no hicieron”, puntualizaron fuentes de la diplomacia. El embajador Wang Wei, promotor de estos intercambios, dijo al sitio Embajada Abierta, de Jorge Argüello, que “China mira a Argentina como un socio estratégico integral, basado en el mutuo respeto”.

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Luego de culminado su período como diputada nacional, y ya efectivizada su reconciliación plena con el universo mileísta, Carolina Píparo desembarcó días atrás en un lugar de privilegio: el directorio del Banco Nación.

Feliz por la negociación previa, que requirió del “perdón” de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, Píparo ya participó de la primera reunión del directorio del banco estatal, que hoy conduce Darío Wasserman ante la renuncia del ya expresidente Daniel Tillard, funcionario reconocido por su conocimiento del sistema bancario a quien los libertarios no le perdonaron su cercanía con el cordobesísimo Juan Schiaretti.

Javier Milei y Carolina PíparoInstagram Píparo

La decepción, para Píparo, llegó cuando se enteró de los sueldos que cobran los directores del banco, un 95 por ciento de lo que percibe un subsecretario del Gabinete, y (a pesar del anunciado aumento) muy lejos de las asignaciones de otras entidades bancarias, como el Banco Provincia o el Banco Ciudad. Ni hablar de compararlos con lo que percibe un legislador nacional. “Acá no es como la provincia o la ciudad”, advierten en los pasillos del Nación, ahora conducido por la primera línea karinista.

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A tono con los nuevos vientos que soplan en materia de derechos humanos desde la llegada del gobierno libertario, el nuevo subsecretario del área, Joaquín Mogaburu, designado el 10 de diciembre pasado, ya tantea el terreno con el que le tocará trabajar, en reemplazo del renunciante Alberto Baños.

Fuentes de la subsecretaría confirman que Mogaburu estuvo, durante la semana de Navidad, en la subsecretaría de Derechos Humanos, ubicada dentro del predio de la ex-ESMA, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la jefa de gabinete del ministerio, Florencia Zicavo, y el subsecretario Juan Cruz Montero.

Deterioro del predio de la ex ESMA. Edificio Cuatro Columnas o ex Pabellón Central.Hernán Zenteno – La Nación

El “saludo navideño” de Mogaburu fue breve, de “conocimiento” de los empleados de la subsecretaria, algo inquietos por los cambios y el “ajuste” que, en teoría, viene a implementar el nuevo responsable del área, ya achicada en presupuesto y funciones. Las recorridas no quedarán allí: hay en su carpeta una visita personal a un lugar emblemático para las organizaciones de derechos humanos, el Museo Sitio de Memoria, que cuenta con exhibiciones sobre víctimas de la última dictadura militar.

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Jaime Rosemberg,En off,Daniel Angelici,Guillermo Francos,Conforme a,En off,,Solo en Off. Fátima Florez y Yuyito González, dos ex de Milei que no se hablaron en el show de un nuevo “presidenciable”,,Solo en Off. El gobernador Jalil se puso firme y le dijo que no a un enviado de Cristina Kirchner,,Solo en Off. La “guerra de las milanesas” entre Milei y Macri se cobra una nueva víctima

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Tras la detención de Nicolás Maduro y con EE.UU. como aliado, la Casa Rosada busca acelerar la liberación de Nahuel Gallo

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La detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos reconfiguró de manera abrupta el tablero político en Venezuela y, en paralelo, reavivó las expectativas del Gobierno argentino por la situación de Nahuel Gallo, el gendarme que permanece detenido desde hace más de un año en una cárcel venezolana.

En la Casa Rosada sostienen que el nuevo escenario abre una oportunidad concreta para avanzar en su liberación, de la mano de la administración de Donald Trump.

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Según reconocen fuentes oficiales, el Ejecutivo mantiene contactos permanentes con funcionarios estadounidenses y confía en que, durante el período de transición que se abre en Venezuela tras la captura del dictador chavista, se incluya la excarcelación de presos extranjeros y de detenidos por razones políticas.

“Es un escenario posible. En cualquier esquema de transición, la situación de los presos suele ser uno de los primeros temas en discusión”, deslizó una fuente con acceso a las negociaciones, en diálogo con TN.

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Gallo se encuentra detenido desde el 8 de diciembre de 2024 y permanece alojado, según la información oficial disponible, en el penal de El Rodeo I. Hasta el momento, el Gobierno argentino no recibió confirmación de que haya sido trasladado a otro centro de detención ni tampoco pudo establecer comunicación directa con él. Esa falta de contacto es uno de los principales puntos de preocupación para su familia y para las autoridades nacionales.

En el oficialismo admiten que la situación es delicada, pero remarcan que el alineamiento estratégico de la Argentina con Estados Unidos puede jugar un papel determinante.

“Somos el país de la región que mostró un respaldo más claro y sin matices. Eso tiene peso político”, sostienen en Balcarce 50. La expectativa es que ese respaldo se traduzca en gestiones concretas para destrabar casos sensibles, como el del gendarme argentino.

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Otra fuente libertaria, que sigue de cerca el caso desde sus inicios, señaló que existen negociaciones en curso para la liberación de distintos detenidos en Venezuela. “Hay conversaciones para que se libere a varias personas privadas de la libertad en condiciones poco claras. Habrá que ver si Nahuel está incluido en ese grupo”, explicó.

Desde el Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich volvió a manifestar públicamente el reclamo por la liberación inmediata e incondicional del detenido. La funcionaria se comunicó en las últimas horas con la familia del gendarme para transmitirle el acompañamiento del Gobierno y ratificar que se seguirán utilizando todas las vías diplomáticas disponibles.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que vuelva al país”, repiten en su entorno.

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El caso de Nahuel Gallo se convirtió en uno de los principales focos de tensión en la relación bilateral con Venezuela durante el último año. La ausencia de información oficial sobre su estado de salud y las condiciones de detención alimentaron las críticas del Gobierno argentino al régimen chavista, ahora en plena reconfiguración tras la caída de Maduro.

Mientras tanto, en la Casa Rosada prefieren la cautela. Reconocen que la situación es dinámica y que los tiempos políticos no siempre coinciden con las urgencias humanitarias, pero insisten en que el nuevo contexto internacional es más favorable que en los meses anteriores. “No hay garantías, pero hoy hay una oportunidad que antes no existía”, resumen desde el Ejecutivo.

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