POLITICA
“El Villazo”: la Justicia absolvió a los acusados por los asesinatos y secuestros en Acindar durante 1975
A 50 años del mayor operativo contra el movimiento obrero durante un régimen constitucional, el Tribunal Oral Federal de Rosario dictó la absolución de los 17 acusados en la causa de “El Villazo”, como fue conocida la huelga de los metalúrgicos de Villa Constitución y su posterior represión ilegal, en el marco del “Operativo Serpiente Roja del Paraná” en marzo de 1975.
El tribunal falló a favor de los empresarios, civiles, policías y militares acusados de los homicidios, secuestros y torturas cometidos en la localidad santafesina entre los años 1975 y 1976, en la antesala del golpe de Estado de 1976. El operativo tuvo como blanco a 69 víctimas, de las cuales 57 fueron asesinadas.
Por entonces, operaba en todo el país -en pleno gobierno de María Estela Martínez de Perón- un aparato de persecución ilegal hacia militantes y dirigentes sindicales críticos.
El proceso judicial había generado expectativas por tratarse del primer caso en Santa Fe que podría comprobar la responsabilidad y complicidad empresaria con la represión ilegal. Conocida la sentencia, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos denunciaron la sentencia como “vergonzosa”.
La Fiscalía Federal de Rosario había solicitado prisión perpetua para dos exdirectivos de la empresa Acindar y penas de entre 10 y 25 años para exfuncionarios policiales y un guarda rural. Por su lado, el equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también reclamó condenas a perpetuidad para civiles y penas de entre 16 y 25 años para los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en la represión.
Sin embargo, el tribunal -integrado por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci– resolvió absolver a la totalidad de los imputados, lo que provocó conmoción y malestar entre los familiares presentes en la sala. La abogada querellante Gabriela Durruty afirmó en declaraciones a LT8 que los jueces “leyeron rápido el fallo y se retiraron”, sin entregar copia a las partes. Los fundamentos de la decisión se darán a conocer el próximo 6 de febrero.
La sentencia estuvo dividida. Los jueces Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci beneficiaron con la medida a los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Oscar Torralvo, Roberto Raúl Squiro y Juan Carlos Faccendini, entre otros, a quienes se imputaban delitos de privación ilegal de la libertad agravada y asociación ilícita. Pellegrini y Torralvo, además, enfrentaban cargos por homicidio agravado que habrían damnificado a varias personas, incluyendo a Jorge Ramón Chaparro y Julio Palacios.
Pellegrini, Torralvo y Squiro, quienes se encontraban en prisión preventiva, se les dispuso la liberación inmediata.
Dentro del tribunal, el juez Germán Sutter Schneider emitió un voto en disidencia en el que consideró que 30 detenciones efectuadas entre marzo de 1975 y mayo de 1976, así como 10 asesinatos ocurridos en el mismo periodo, constituían delitos de lesa humanidad. Schneider consideró también que las víctimas fueron perseguidas por su vínculo con la “Lista Marrón”, liderada por Alberto Piccinini. En consecuencia, propuso condenar a Roberto Álvarez a ocho años de prisión e inhabilitación especial por privación ilegítima de libertad agravada y a Roberto Pellegrini a seis años como partícipe necesario del mismo delito sobre Roberto Justo Martínez.
La defensa de los acusados, encabezada por el abogado Hernán Kovacevich, representante de varios expolicías federales, celebró el fallo y sostuvo que “se hizo justicia” debido a que “ningún testigo los mencionó ni los ubicó en tiempo, modo o lugar”. Además, planteó que la denuncia se fundamentaba en “presunciones infundadas” y solicitó la nulidad del proceso por falta de pruebas, señalando que el fallo absolutorio “ratifica que no hubo prueba ni delito”.
Por parte de la querella, la abogada Durruty anunció que buscarán revertir la decisión absolutoria ante el Tribunal de Casación, planteando que la resolución se alinea con “el clima político de época”.
Federico Pagliero, abogado querellante de la APDH, también advirtió que apelarán la sentencia. “Es una vergüenza por la cantidad de pruebas que había sobre Pellegrini y Torralvo y sobre los policías. No se entiende, lo único que se entiende es que el poder judicial se acomoda al clima de época”, dijo en diálogo al medio La Retaguardia.
El caso
Los sucesos conocidos como el “Villazo” se desarrollaron entre el 7 y el 16 de marzo de 1974 en Villa Constitución, ciudad que había experimentado un notable crecimiento como centro industrial tras su origen portuario y agroexportador. Durante esos días, el conflicto se gestó en el núcleo de las plantas metalúrgicas locales, con protagonismo de empresas como Acindar, Marathon y Metcon. Un amplio sector de trabajadores impulsó la toma masiva de fábricas para exigir elecciones libres en la conducción de la filial local de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y del cuerpo de delegados, apoyados por otros obreros, campesinos y comerciantes.
El conflicto se desencadenó el 7 de marzo, cuando los delegados normalizadores designados por la conducción nacional de la UOM, Fernández y Oddone, ingresaron a la planta acompañados por un “rompehuelgas”. Tras recibir abucheos de numerosos operarios, los interventores enviaron telegramas de expulsión a 11 activistas opositores, lo que derivó en una asamblea donde 1.500 obreros votaron por realizar un paro en solidaridad con los expulsados y en rechazo a la intervención. El conflicto entre la conducción de la UOM y las bases se extendió y se propagó a otros establecimientos, que involucraron piquetes, barricadas y hechos de violencia.
En respuesta al movimiento levantisco, las autoridades nacionales buscaron desactivar un supuesto complot “subversivo” en la zona. El operativo “serpiente roja del Paraná” pretendía paralizar la región que aún permanecían con un alto nivel de activismo gremial y político, a través del desplazamiento de las conducciones sindicales de los gremios más importantes en la zona industrial comprendida entre Campana (al norte de la provincia de Buenos Aires) y la localidad de San Lorenzo (al norte de Rosario en la provincia de Santa Fe).
En este marco, una investigación reveló el rol central que tuvo la represión ilegal el 20 de marzo de 1975 en la siderúrgica Acindar, presidida entonces por José Alfredo Martínez de Hoz hasta 1976, cuando fue designado ministro de Economía por la dictadura, siendo su puesto de presidente del directorio ocupado por el general Alcides López Aufranc.
Dentro de la planta, comenzó a funcionar un centro clandestino de detención en lo que se conocía como “Albergue de Solteros”. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, los oficiales de las fuerzas represivas se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos y la firma aportó pagos extraordinarios a todo el personal policial que participó.
Según la acusación de la causa, los imputados Pellegrini y Torralvo eran los dos responsables empresariales procesados. Los testimonios los mencionan como los nexos entre la empresa Acindar y las fuerzas represivas, que utilizaron información, infraestructura y recursos logísticos y materiales que sólo la empresa podía proveer para identificar y perseguir a los trabajadores.
La represión continuó luego durante la dictadura cívico-militar. Al menos 18 personas vinculadas a Acindar fueron asesinadas, 8 se encuentran desaparecidas y 69 estuvieron detenidas y luego fueron liberadas, según relevó la investigación “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad” realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y el Área de Economía y Tecnología de FLACSO.
Orden, respeto estricto al plan político y no hablar de más en medios y redes sobre temas que ni siquiera están escritos aún, como las reformas laboral e impositiva fueron las primeras directivas que recibieron los senadores libertarios -actuales y electos- de parte de Javier Milei durante la jornada de ayer. Los conceptos se reforzaron más tarde en un convite más improvisado por la futura jefa de bloque, Patricia Bullrich, quien aprovechó la ocasión para promocionarse como la interlocutora de la Casa Rosada en la Cámara alta, y que tuvo como novedad la incorporación oficial de la exmacrista Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), que se quitó la acuarela del PRO y ya se sumó al chat oficialista.
“Es muy difícil encarar un tema complejo, como puede ser el laboral, y tener gente opinando sobre proyectos cuyo articulado no está definido todavía. No es que lo digo yo: lo aclaró el propio Milei. Entonces, es lógico que haya recalcado eso como un punto a considerar. Queda descartado especular sobre algo que no existe en los papeles. No va más”, señaló a Infobae un integrante de La Libertad Avanza al término de la cumbre con el jefe de Estado.
Dicha instancia tuvo un episodio desopilante al mismo tiempo: un lote de diputados -como el jujeño Manuel Quintar- y senadores -como Ivanna Arrascaeta- llegó tarde. Las puertas se cerraron y no lo oyeron. La puntana estuvo acompañada por su marido y secretario de la bancada, Rodolfo Negri, siempre interesado en mostrarse como el verdadero dueño de la banca. Por caso, en una red social subió un video donde se lo ve bajar de un auto en Casa Rosada como el personaje principal de la dupla.
Bullrich no perdió tiempo y trató de ser noticia: después de Milei, activó un encuentro más informal. Se mostró como el enlace principal de la Casa Rosada y reiteró otro tema central: el orden. Es decir, ninguna fuga a la hora de las directivas políticas que partan desde Balcarce 50. Por eso será interesante saber, en las próximas semanas, qué rol podría tener la diputada Nadia Márquez -con expediente judicial consumado años atrás- desde el 10 de diciembre. Es que, con Martín Menem como referente único del Ejecutivo en la Cámara baja, su bando quiere sí o sí a la neuquina en algún cargo.
Durante la primera reunión, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se sentó en fila uno junto a Menem; el presidente provisional del Senado, el puntano Bartolomé Abdala; y el vigente jefe de bloque libertario y titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Ezequiel Atauche.
Fuera del equipo parlamentario de la Cámara alta, que es una de las cosas que no destrozó Victoria Villarruel en el último año -y salvó al Gobierno de escenarios parlamentarios casi letales-, los dos senadores fueron de los pocos que pusieron la cara en los momentos más delicados y respetaron las directivas del Ejecutivo. El resto miró hacia un costado y jugó de espectador. Toda una cuestión a resolver para un Gobierno que reclama ajustarse a inminentes planes políticos a rajatabla. Es decir, no existirá ningún “pero”. Esto, en realidad, ya se recita desde hace tiempo como mandamiento. Las expulsiones del pasado son un dato objetivo de ello.
Tras las conversaciones cara a cara entre Ejecutivo y legisladores oficialistas queda liberado el camino para enfrentar un gran desafío: el Presupuesto 2026. Eso sí tiene un articulado presentado desde septiembre. De hecho, se dictaminó anteayer en Diputados.
Es importante recordar que si el mismo no se trata antes que finalicen las sesiones ordinarias -fin de noviembre-, el despacho caerá y la comisión de Presupuesto de la Cámara baja tendrá que volver a firmarlo, debido a la renovación legislativa. Lo deja más que claro el reglamento, aunque varios integrantes del oficialismo ni siquiera lo contemplaban hasta hace horas atrás. Allí también deberá ajustar clavijas La Libertad Avanza.
POLITICA
Los funcionarios más poderosos del país hace 10 años y los empresarios más influyentes, sentados en el banquillo de los acusados
El juicio por el caso de los cuadernos de la coimas reúne, por primera vez en la historia argentina, a quienes fueron considerados como los funcionarios más poderosos hasta hace 10 años, incluida Cristina Kirchner, con los empresarios que manejaron durante décadas la obra pública en el país.
Entre ellos se cuentan los máximos responsables del ministerio de Planificación Federal, que comandaba Julio De Vido y donde se centralizaba la obra pública, y las concesiones ferroviarias, el transporte y las autopistas.
Por eso es que no solo el exministro está entre los implicados, sino también quien era su mano derecha Roberto Baratta, el exsecretario de Obras Públicas José López, los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi; y Claudio Uberti, que controlaba los corredores viales.
En el mecanismo de corrupción investigado hay pagos directos registrados en los cuadernos de Oscar Centeno de los empresarios a los funcionarios y otros tercerizados mediante pagos que recibía o requería el financista dueño de Inverness S. A., Ernesto Clarens; el entonces presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y de la firma ESUCO S. A., Carlos Guillermo Enrique Wagner.
El primer mecanismo aseguraba que los funcionarios requerían el dinero y los empresarios lo entregaban, en ocasiones, en las propias cocheras de sus empresas, en bolsos que transportaban Baratta y Centeno.
El otro mecanismo era una manera de que los empresarios que tenían contratos de obra pública pudieran cobrar los certificados. Para la Justicia estos pagos son casos de cohecho activo y pasivo, es decir de dinero requerido por los funcionarios u ofrecido por los empresarios para obtener un beneficio.
Pero los acusados explicaron esos pagos de otro modo. Algunos funcionarios dijeron que el dinero era un requerimiento de un aporte de campaña electoral, y otros señalaron que pagaron bajo coacción porque no iban a poder cobrar los certificados de obra o renovar sus concesiones.
En la cima de esta organización, la Justicia colocó a Cristina Kirchner como la jefa de una asociación ilícita y acusó como organizadores a De Vido, al exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión de esa cartera, Roberto Baratta, a Clarens, a Wagner y a Jaime.
Los miembros de la asociación ilícita, según la fiscalía, son José López, Juan Pablo Schiavi, Uberti, los exsecretarios privados de De Vido y Baratta, José María Olazagasti y Nelson Lazarte; el exsubsecretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal, Rafael Llorens; el extitular de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas, Germán Nivello y al chofer de Baratta, Oscar Centeno.
También, en el tramo de la investigación por la cartelización de obras públicas en cabeza de la Cámara Argentina de Empresas Viales, se incluyó como miembros de la organización al exadministrador general de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti, preso por Vialidad; al exgerente de Obras y Servicios Viales y subadministrador de la DNV, Sandro Férgola y al exgerente de Administración de la DNV y exempleado de Inverness S.A., Sergio Pasacantando.
Además, por parte de los empresarios, serán juzgados como miembros de la asociación ilícita, el exdirector ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá, Oscar Alfredo Thomas; el exvicepresidente y accionista de Electroingeniería S. A. y representante de las firmas Grupo Eling S. A. y Vialco S. A., Gerardo Luis Ferreyra y el presidente de Vialco S. A., Miguel Marcelino Aznar.
También se abordará la supuesta responsabilidad del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, del excoordinador de la Unidad Ministro de la Jefatura de Gabinete, Hugo Martín Larraburu, del exdirector de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Fabián García Ramón; del exfuncionario y el exasesor de la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Hernán Gómez, de Walter Fagyas y del exchofer de Olazagasti, Hernán Del Río.
Además, se juzgará al exasesor del secretario general de la Presidencia Julio Daniel Álvarez por encubrimiento agravado.
Finalmente, llegan a juicio, como autores, coautores o partícipes de los delitos de cohecho activo y dádivas otros 60 empresarios, entre los que se encuentran Ángel Jorge Antonio Calcaterra, accionista de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) S.A. e IECSA S. A., , Enrique Menotti Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona (IMPSA) SAICyF,; Aldo Benito Roggio, presidente de Grupo Roggio S. A. y titular de Metrovías S. A. y del ferrocarril Urquiza, entre 2003 y 2009.
Entre los acusados también están Benjamín Gabriel Romero, titular de Hidrovía S. A.; Rudy Fernando Ulloa Igor, socio de la financiera Cumehue S. A; Armando Roberto Loson, presidente del Grupo Albanesi S. A.,; Alberto Ángel Padoan, integrante del directorio de Vicentín SAIC y expresidente de la Cámara de Comercio de Rosario,; los hermanos Carlos Fabián y Osvaldo Manuel De Sousa, presidentes de CPC S. A. y el Grupo Indalo; y Cristóbal Manuel López, accionista y socio mayoritario de CPC S. A. y el Grupo Indalo.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
Los intendentes desafían a Cristina Kirchner y piden lugares en la Legislatura y la Corte bonaerenses
La derrota el 26 de octubre los hace sentir más ganadores que el triunfo del 7 de septiembre. Los intendentes que responden a Axel Kicillof van por todo: desafían a Cristina y Máximo Kirchner y piden lugares en la Suprema Corte bonaerense. Así, al tironeo clásico de los Kirchner, Kicillof y Sergio Massa, le apareció un nuevo actor de peso: los barones del conurbano, esta vez, recargados.
En una jugada programada, ni bien fue dado a conocer el resultado del escrutinio oficial de las últimas elecciones, en las que el peronismo perdió frente a La Libertad Avanza por 29.354 votos, los referentes del Movimiento Derecho al Futuro salieron con un comunicado en las redes sociales. Pero ya en la noche del martes, empezaron a hacer circular por WhatsApp el escrutinio que achicó la diferencia con LLA.
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“Hay otro camino”, titularon el comunicado que hicieron circular Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), entre otros. “Afirmamos con convicción que hay otro camino, y que ese camino se construye desde abajo, con diálogo, creatividad, solidaridad y amor por la Patria. Lo haremos junto al gobernador Axel Kicillof, quien será -sin dudas- protagonista de la reconstrucción de una esperanza para las mayorías”, dicen.
Y advierten: “El peronismo bonaerense demostró que puede ganar, resistir y gobernar. Ahora tiene la tarea de volver a enamorar y proyectar un futuro mejor, sin nostalgias ni rencores, con la certeza de que somos millones los que seguimos creyendo que la justicia social, la producción nacional y la soberanía son los pilares de una Argentina digna, democrática y federal”.
La avanzada de los intendentes no solo apunta a la interna peronista, sino también al reparto de cargos. Pasadas las elecciones, arrancó la temporada de “raviolada”, como dicen en la provincia de Buenos Aires.
En la jerga política, los “ravioles” son los cargos del Estado. Y este fin de año son bastantes, por la demora del gobernador en cubrir las vacantes de la Suprema Corte y del Directorio del Banco Provincia (hay siete puestos). También está en discusión la presidencia de la Cámara de Diputados y los presidentes de bloques y las vicepresidencias del Senado bonaerense.
“Los intendentes están agrandados y quieren hacer valer su peso. Ya le avisaron a Axel que quieren poner a uno de los miembros de la Corte”, dice a TN un histórico peronista que conoce detalles de la negociación. Según pudo saber este medio, suena el nombre de Miguel Berri, impulsado por el intendente de La Plata, Julio Alak.
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La Suprema Corte tiene cuatro vacantes. De los siete miembros, solo están cubiertos tres –Hilda Kogan, Sergio Torres y Daniel Soria-, después de la muerte de Héctor Negri y las renuncias de Eduardo De Lázzari, Eduardo Pettigiani y Luis Genoud.
Massa pretende ubicar a Ramiro Gutiérrez y por La Cámpora suena Marisa Herrera, hermana de Paloma, la reconocida bailarina clásica. La oposición también puja por dos lugares. El radicalismo es el más apurado porque después del recambio del 10 de diciembre perderá fuerza en la representación en la Legislatura. El senador nacional de la UCR Maximiliano Abad tiene un largo deseo: que su esposa, Marina Sánchez Herrero, llegue al máximo tribunal.
Pero La Libertad Avanza y el PRO buscarán imponerse en esa pelea. Los libertarios también tendrán que sortear la interna: Agustín Romo, del sector de Santiago Caputo, es partidario de atar esa negociación con la de la Corte nacional. El delegado de Cristina Kirchner es el ministro de Justicia de Kicillof, Juan Martín Mena. Pero el presidente de LLA bonaerense, Sebastián Pareja, quiere tener el control de las tratativas. “Le corresponden por ser el presidente de La Libertad Avanza en la Provincia”, dicen cerca suyo.
No será la única discusión entre las filas de Karina Milei y las de Santiago Caputo. Romo es presidente del bloque libertario y Pareja quiere que a partir del 10 de diciembre sea Juan Osaba. Pero desde el círculo del asesor presidencial ya iniciaron conversaciones con diputados electos para resistir esa embestida.
¿Qué interlocutor priorizará Javier Milei para la negociación por la Corte? ¿CFK que aún tiene peso en el Senado nacional o Kicillof?
La expresidenta, que enfrenta nuevos juicios -este jueves arranca los cuadernos de las coimas- quiere tallar en los nombramientos del procurador General de la Nación y del defensor del Pueblo. Pero su desvelo es la Corte.
Con el recambio de diciembre, perderá peso en el Senado por el avance de LLA. El peronismo contará con 28 legisladores -una docena responden al kirchnerismo- frente a los 20 libertarios. Para nombrar a los jueces de la Corte se necesitan dos tercios: 48 votos. Se mantiene como carta de negociación la ampliación de la Corte, una idea que se enfrió cuando cayeron en el Senado los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.
La disputa en la Legislatura bonaerense
La interna del peronismo deberá sortear la pelea por la presidencia de la Cámara de Diputados, hasta ahora repartida entre Máximo Kirchner (con Alejandro Dichiara) y Massa (con Alexis Guerrera). La intención del Frente Renovador es repetir el esquema con Guerrera. La Cámpora quiere a Juan Pablo de Jesús, pero Kicillof quiere poner primera vez al presidente. La simpatía del gobernador sería por el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares.
De Jesús, exintendente del Partido de la Costa, fue quien en el cierre traumático de listas amenazó con “cagar a piñas” a los apoderados de Kicillof por la anotación de una lista blue. A su vez, La Cámpora quiere a Mayra Mendoza o Facundo Tignanelli en la jefatura de bloque.
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Para el bloque de senadores, los nombres que suenan son el ministro de Obras Públicas bonaerense Gabriel Katopodis (MDF, si finalmente asume), Emmanuel González Santalla (La Cámpora) y la esposa de Massa, Malena Galmarini.
Hacia diciembre aumentará la tensión por el Gabinete bonaerense. De los 19 ministerios, La Cámpora tiene cuatro: Mena (Justicia), Daniela Vilar (Ambiente), Nicolás Kreplak (Salud) y Florencia Saintout (Instituto Cultural). Además, el presidente del IOMA es el caporista Homero Giles. ¿Kicillof avanzará sobre ellos?
El 18 de diciembre vence la jefatura de Máximo Kirchner en el PJ bonaerense y la elegida del gobernador para la sucesión sería la vicegobernadora Verónica Magario.
Kircillof presentó el martes del Presupuesto 2026 y volvió a pedir autorización para un endeudamiento. La Ley de financiamiento incluye dos pedidos: uno por hasta 1.990 millones de dólares y el demorado por 1.045 millones. También el Fondo de Fortalecimiento para municipios, atado a la aprobación de la deuda.
En Diputados (92 bancas), Fuerza Patria tendrá 39 diputados (11 del MDF, 18 de La Cámpora y 10 del FR). Los dos tercios son 61 votos.
En el Senado (46 bancas), el FP tendrá 24 (6 del MDF, 13 La Cámpora, 3 del FR y 2 líberos). Los dos tercios son 31 votos. Para aprobar los endeudamientos y las vacantes de la Corte necesita esa mayoría especial.
La otra -y central- discusión de fondo es la intención de los intendentes de dar de baja la ley que prohíbe las reelecciones indefinidas.
PJ, cristina kirchner, Axel Kicillof, intendentes, Máximo Kirchner, Sergio Massa
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