Funcionarios y expertos de América Latina analizaron cómo la narcodictadura de Venezuela se convirtió en las últimas décadas en foco de crimen organizado y corrupción transnacional, así como también el impacto en la región y en Europa, tanto en materia de inseguridad -con el temible Tren de Aragua- como en negocios ilícitos entre gobiernos afines.

El encuentro fue organizado por Transparencia Venezuela, capítulo regional de Transparencia Internacional; la ONG argentina Poder Ciudadano; el National Center of State Courts y la Fundación para el Debido Proceso. Los participantes abordaron la expansión de la corrupción fomentada por el régimen que inició Hugo Chávez y profundizaron Nicolás Maduro y Diosdado Cabello; como así las bandas narcocriminales que surgieron desde el país caribeño y se expandieron al hemisferio.

Tras la apertura de Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de TI Venezuela, que tuvo que dejar su país, se inició el primer panel “Justicia o impunidad: ¿avanzan los casos contra la corrupción?“, con Maite Parejo, Socia Maio Legal y presidenta del Observatorio de DDHH del ICAM, España; Germán Emanuele, consultor de Poder Ciudadano; el fiscal federal Diego Luciani, que intervino en la causa Vialidad, que terminó con la condena a prisión domiciliaria de Cristina Kirchner; y José Ugaz, ex presidente de Transparency International.

En su ponencia, la española Maite Parejo advirtió sobre los límites que tiene la legislación nacional e internacional para investigar y condenar a los responsables de “los grandes actos de corrupción” que tienen alcance internacional. Y resaltó las consecuencias inevitables que tienen esas prácticas ilícitas, cuando se cometen desde los gobiernos. “Hay una falta de reconocimiento unánime de que la corrupción causan graves violaciones a los derechos humanos”, afirmó.

“La corrupción tiene víctimas”, agregó la presidenta del Observatorio de DDHH del ICAM, porque amplios sectores sociales “no tienen salud, educación ni alimentación”. En ese sentido, resaltó la ausencia en el derecho penal internacional de una “tipificación” que condene la corrupción internacional como “violaciones a los derechos humanos”.

En tanto, Germán Emanuele subrayó los obstáculos que deben sortear los órganos y funcionarios judiciales de cada país, como así también la limitación de recursos técnicos y materiales para investigar la corrupción en general y en particular, cuando involucra a más de un país.

El consultor de Poder Ciudadano resaltó que en la Argentina hay al menos “20 causas judiciales” que investiga las relaciones políticas y comerciales de los gobiernos kirchneristas con Venezuela, que ubican a la Argentina entre los países con más casos.

Emanuele advirtió que, más allá de que Argentina sea uno de los países con más investigaciones sobre los vínculos espurios entre el chavismo y el kirchnerismo, “muchas causas no tienen coordinación, porque se analizan contratos de empresas, lavado de dinero, sobreprecios”, pero el sistema judicial argentino “no ve la foto completa”. Por eso, el consultor destacó que se requiere “una mirada sistémica” para abordar “una corrupción estructural de muchos años”.

La mirada de Luciani

“La corrupción atenta contra la democracia y los derechos humanos”, afirmó el fiscal Luciani y fundamentó que la corrupción afecta directamente a las personas más vulnerables y subrayó los obstáculos que enfrenta la Justicia argentina para combatir estos delitos.

Apoyándose en una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Luciani recordó: “Las personas pobres y vulnerables corren riesgo de sufrir costos negativos de la corrupción en el disfrute de derechos humanos”. En esa línea, sostuvo que “la prevención y la lucha contra la corrupción refuerza la protección de los derechos humanos” y remarcó la importancia de la independencia del poder judicial, la objetividad de los fiscales y la integridad del sistema judicial para la prevención de estos delitos.

Durante su exposición, el fiscal federal puso el foco en el proceso de nombramiento de jueces en la Argentina, describiendo un escenario plagado de injerencia política: “El proceso de nombramiento de jueces dura entre cinco, seis o siete años”, cuestionó. “En la justicia argentina, casi el cincuenta por ciento de los cargos de juez están vacantes. Lo que se ve ahí es la injerencia de la política en el nombramiento, porque cada uno quiere a su candidato y no se analiza tanto la idoneidad, la experiencia o el trabajo, sino la proximidad ideológica con el gobierno de turno”, agregó.

En ese sentido, criticó la discrecionalidad y la falta de transparencia en la designación de magistrados. “Personas que están en el puesto primero, quedan primeros después de dar los exámenes y después de una entrevista personal terminan veinte o treinta, o al revés, del treinta pasa el primero”, señaló. Y concluyó: “Esto lo naturalizamos nosotros y no se puede naturalizar semejante situación”.

Al describir los desafíos para avanzar en las investigaciones de corrupción, Luciani se refirió al funcionamiento interno del Poder Judicial: “Avanzar en casos de corrupción es una tarea titánica porque hay presiones internas y presiones externas. Falta de recursos, morosidad y vacantes en la justicia argentina dificultan la tarea”, subrayó. “Imagínense lo que es analizar cincuenta y un licitaciones públicas, en un período de doce años, que fueron una ficción para detraer fondos del Estado”.

El fiscal recordó los resultados de la Causa Vialidad, donde, según explicó, se comprobó un perjuicio objetivo al Estado de mil millones de dólares, la existencia de rutas abandonadas y la corrupción sistemática. Resaltó también el enriquecimiento de empresarios ligados al poder político: “El empresario privilegiado por el matrimonio presidencial, el señor Lázaro Báez, en doce años adquirió en tierras cuatrocientas veinte mil hectáreas. Son veinte ciudades de Buenos Aires. Más de trescientos inmuebles en todo el país, más de mil bienes muebles, aviones, camionetas, tractores”, enumeró.

El hostigamiento desde el poder político también fue tema de denuncia por parte de Luciani: “Es impensado en democracia que un presidente, después de un alegato, diga: ‘Nisman se suicidó, yo espero que Luciani no se suicide’. Y que después se siente el jefe de la Policía a decirnos: ‘¿Necesita más seguridad?’”, señaló el fiscal, en referencia a las declaraciones de Alberto Fernández. Y añadió: “Es impensado que un presidente de la nación haya dicho en el Congreso que la justicia, porque investiga hechos de corrupción, es una mafia”.

Luciani subrayó la necesidad de que la sociedad civil y la ciudadanía estén atentas para evitar la colonización de la justicia por parte del poder político. “La justicia durante treinta años fue garante de la impunidad de los corruptos. Hoy esto está cambiando. Lentamente está cambiando, pero se necesita un esfuerzo mancomunado”, sentenció.

Ya en el cierre, Luciani reafirmó su compromiso y el de su equipo con la independencia judicial: “Nosotros tuvimos muy en cuenta que la independencia de los fiscales no se negocia. Nadie puede comprometer nuestra libertad y nuestra vocación. Y, por último, no le cedimos la última palabra a la corrupción y a la impunidad”.

Justicia en Venezuela y en Argentina

José Ugaz, ex presidente de Transparency International detalló cómo fueron las maniobras que desarrolló el régimen que instauró Hugo Chávez en Venezuela, que le dieron el marco propicio para desplegar sin control las acciones ilícitas, no solo dentro sino fuera de sus fronteras.

El experto recordó cómo el chavismo capturó la Justicia, primero expandiendo la Corte Suprema, expulsando jueces y fiscales, a quienes reemplazaron con “jueces militantes”, y ubicando en la Fiscalía General a funcionarios que respondían a la dictadura.

Eso permitió, entre otras cosas, que no existieran investigaciones sobre actos de corrupción de funcionarios y también que se tolerara el crecimiento y “exportación” de bandas criminales.

A partir de esas palabras, el fiscal Luciani hizo un paralelismo con Argentina y destacó que el kirchnerismo intentaron avanzar con reformas similares, pero “no prosperaron porque funcionaron los poderes del Estado, funcionó el Congreso y la Justicia. ”Nosotros podríamos habernos transformado en lo que sucedió en Venezuela con la captura de la justicia. Por suerte, no se dio. Por eso tenemos esta necesidad de fortalecer la Justicia y de cuidar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal», afirmó.

La expansión narcocriminal

En el segundo panel del encuentro internacional “Tren de Aragua y otras organizaciones criminales” expusieron como panelistas Hassel Barrientos, Policía de Investigación de Chile; José Luis Pérez Guadalupe, Investigador, Universidad del Pacífico de Perú; Juan Albarracín, investigador de la Universidad de Chicago, con la moderación de la periodista de Infobae Carolina Amoroso.

Los expertos detallaron la expansión de la actividad delictiva del Tren de Aragua en países como Ecuador, Chile y Bolivia, los detalles de crímenes emblemáticos como el de Ronald Ojeda, un ex teniente del Ejército de Venezuela que fue asesinado en Chile.

Entre los detalles que brindaron se destacó cómo la actuación de las bandas criminales con origen en Venezuela se infiltraron en países de América del Sur y también mencionaron al cartel de los soles como uno de los grupos criminales que operan en el hesmiferio, y que Estados Unidos acusa a Maduro y Diosdado Cabello de ser sus verdaderos jefes.

Por último, en la jornada de hoy se abordaron “Casos relevantes de economías ilícitas de origen venezolano”, con Aurelio Valdez, Fiscal, República Dominicana; Jessica Andrade Castillo, Fiscal, Ecuador; y Mercedes De Freitas, Transparencia Venezuela, con la moderación de Pablo Secchi, Director Ejecutivo Poder Ciudadano.