POLITICA
Fentanilo mortal, a seis meses de la peor tragedia sanitaria: 173 fallecidos, 14 procesados y 6 detenidos
A seis meses de la primera advertencia de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) sobre la prohibición del uso de fentanilo contaminado fabricado por HLB Pharma Group SA, producido por Laboratorios Ramallo SA, un nuevo informe del Cuerpo Médico Forense presentado al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, confirmó que 38 de las 40 historias clínicas de pacientes fallecidos analizadas —sobre un total de 173— corresponden a muertes por infecciones bacterianas asociadas al uso del anestésico adulterado.
El nuevo informe forense
El estudio del Cuerpo Médico Forense, requerido por el juez Kreplak, tuvo que responder una pregunta central: “¿Cuál fue la causa de muerte de los pacientes internados en hospitales y clínicas, sobre todo de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, y si ello se vincula con la infección asociada a Klebsiella pneumoniae, Klebsiella variicola, Ralstonia pickettii y/o Ralstonia mannitolilytica?”, las mismas bacterias halladas en las ampollas contaminadas.
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El documento, incorporado al expediente 17371/2025, al que accedió Infobae, fue categórico: la respuesta fue afirmativa en 38 de los 40 casos.
Entre las respuestas destacan:
- “La causa de muerte se vincula con la bacteriemia asociada a los gérmenes mencionados”.
- “La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte”.
- “La infección asociada a los microorganismos mencionados implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica provocada por ella, fue un factor determinante en el desenlace fatal”.
En los dos casos restantes, los forenses no pudieron establecer el vínculo porque “de la documentación médica analizada no surgen protocolos bacteriológicos que confirmen la existencia de bacteriemias asociadas a los gérmenes mencionados”, es decir, no se realizaron hemocultivos a los pacientes fallecidos.
Los peritos también advirtieron que las bacterias multirresistentes pueden provocar muertes en menos de 30 días y recomendaron revisar la documentación médica de los receptores de órganos provenientes de donantes infectados.
Los procesados
En poco más de tres meses, Kreplak y su equipo reunieron pruebas clave para avanzar con los procesamientos. Pericias fundamentales aportadas por el Instituto Malbrán, laboratorio de referencia, detectaron fallas graves en la cadena de producción de las ampollas de fentanilo, en particular en los lotes 31202 y 31244, que presentaban “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Según los peritos, el proceso de fabricación era “poco robusto e inconsistente” y mostraba “una deficiente calidad de llenado y cierre”.
La causa tiene 14 procesados, entre ellos directivos y responsables de la producción y control de calidad del medicamento. Cuatro están detenidos en el Penal de Marcos Paz:
- Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.
- Diego García, su hermano y directivo de ambas compañías.
- Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de HLB Pharma Group SA.
- José Antonio Maiorano, director técnico responsable de la producción y liberación de los lotes contaminados.
La madre de los hermanos García, Nilda Furfaro, y Carolina Ansaldi, directora técnica de Laboratorios Ramallo SA, fueron beneficiadas con prisión domiciliaria.
Otros ocho procesados —responsables de las cadenas de producción y control de calidad— fueron imputados sin prisión preventiva: Eduardo Darchuk, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Rocío del Cielo Garay, Dayana Arzolidys Astudillo Bolívar, Adriana Iudica, Wilson Daniel Pons, María Victoria García y Víctor Pablo Boccaccio.
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Todos están acusados de ser coautores de los delitos de “adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de modo peligroso para la salud”.
Las defensas apelaron las medidas, y será la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata la que decida si confirma o revoca los procesamientos.
El inicio del escándalo y una causa abultada
El 8 de mayo de 2025, la ANMAT emitió una advertencia que marcaría el inicio de la mayor tragedia sanitaria de la Argentina.
El comunicado, difundido a nivel nacional, sostenía: “ANMAT alerta sobre el uso de un lote de fentanilo inyectable por desvío de calidad. La medida alcanza a todo el territorio nacional y responde a una investigación en curso”.
Y precisaba: “No deberá utilizarse el producto ‘FENTANILO HLB / FENTANILO (CITRATO), concentración 0,05 mg/ml, solución inyectable, lote 31202, vto. SEP-26, presentación por 100 ampollas por 5 ml, Certificado N°53.100’, siendo el lote en cuestión objeto de investigación por desvío de calidad”.
Este alerta fue consecuencia de la denuncia que el Hospital Italiano de La Plata luego de que 15 pacientes fueron víctimas del anestésico contaminado.
El 13 de mayo, la ANMAT prohibió en todo el país la distribución, la venta y el uso de los productos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo. También clausuró las compañías y presentó una denuncia penal en el Juzgado Federal N°3 de La Plata.
Medio año después, las investigaciones científicas incorporadas al expediente confirman que el fentanilo contaminado fue un factor determinante en la muerte de decenas de pacientes.
La causa es voluminosa y compleja: el expediente principal suma 6.234 fojas —31 cuerpos—, a los que se agregan 1.403 fojas (8 cuerpos) dedicadas a los esfuerzos judiciales para recuperar 230.000 ampollas contaminadas, hoy bajo resguardo judicial.
Esa tarea debía realizarla el laboratorio productor, pero no lo hizo. Tampoco la coordinó la ANMAT, sino el juzgado.
Además, el expediente acumula 25 cuerpos (unas 5.000 fojas) con los casos de pacientes fallecidos fuera del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA); 4 legajos (3.889 fojas, 18 cuerpos) con investigaciones clave, y 174 legajos con historias clínicas y documentación complementaria. A ello se suman 15 causas conexas y el secuestro de unos 40 teléfonos, computadoras, pen drives y discos externos.
Los fundamentos del juez Kreplak
En una resolución de 401 fojas, el magistrado fue categórico al justificar los procesamientos y embargos millonarios. Entre los principales argumentos señaló:
- Incumplimiento sistemático de normas de calidad: los responsables violaron estándares mínimos de Buenas Prácticas de Fabricación, generando un riesgo grave para la salud pública.
- Relación directa con la producción: los imputados tenían funciones de dirección o supervisión, por lo que eran garantes de la seguridad del medicamento.
- Conducta deliberada y política empresarial negligente: se acreditó una política de reducción de costos y simulación de controles, priorizando la rentabilidad sobre la seguridad.
- Pruebas documentales y testimoniales: registros antedatados, documentación falsa, chats internos y flujos de información alterados demostraron el ocultamiento de la situación productiva.
- Causalidad entre adulteración y muertes: el desvío de controles permitió la liberación de lotes en mal estado que resultaron letales para al menos 20 personas.
- Riesgo procesal y obstaculización: el juez acreditó ocultamiento de pruebas e intentos de transferir bienes, lo que consideró indicios claros de entorpecimiento.
En su fallo, Kreplak subrayó: “El incumplimiento de las condiciones mínimas de calidad del producto los hace responsables por las adulteraciones que, en caso de haberlas cumplido, se habrían evitado. (…) La prueba producida permite sostener que los registros documentales de Laboratorios Ramallo se realizaban ex post facto, antedatándolos, para lo cual se utilizaban datos inexistentes o inventados.”
Las grabaciones de cámaras de seguridad mostraron un plan para fraguar registros y destruir pruebas.
El juez concluyó que: “Corresponde disponer el procesamiento por la comisión del delito de adulteración de sustancias medicinales con resultado muerte en calidad de coautores, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud”.
De ser condenados, los imputados podrían enfrentar penas efectivas de 10 a 25 años de prisión, según los artículos 200 y 201 bis del Código Penal.
Los nuevos abogados
En las últimas semanas, la causa sumó un capítulo inesperado: la reconfiguración de las defensas con la llegada de abogados de alto perfil político.
Hasta ese momento, el penalista Gastón Marano —conocido por su participación en la “causa de los copitos” y en la muerte de Diego Armando Maradona— representaba a Ariel y Daniel García y a Javier Martín Tchukrán.
Ahora, Marano quedó a cargo exclusivamente de la defensa del empresario que acompañó al Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández en la distribución de la vacuna Sputnik V.
Su hermano, en cambio, está ahora representado por Marcos Aldazábal —abogado de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado en su contra— y por Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad en la administración de Alberto Fernández.
Ambos integran el mismo estudio que Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia bonaerense, cuya matrícula está suspendida por su función pública.
Aldazábal y Gómez Alcorta tienen una amplia experiencias en litigios complejos y de alta exposición pública, también representan a Milagro Sala, condenada a 15 años de prisión por asociación ilícita, fraude y extorsión.
En la otra punta política, el abogado Roberto Rallin, socio de Francisco Oneto —asesor legal del presidente Javier Milei—, asumió la defensa de Javier Martín Tchukrán. Rallin y Oneto también representaron al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de lavar 550 millones de dólares del narcotráfico y extraditado el 5 de noviembre pasado.
Una tragedia sanitaria sin precedentes
El caso del fentanilo contaminado es considerado la peor tragedia sanitaria de la Argentina. A seis meses de la primera alerta de la ANMAT, los informes del Cuerpo Médico Forense y del Instituto Malbrán refuerzan la acusación del magistrado: el fentanilo fue la fuente del brote bacteriano que, en muchos casos, derivó en “un debilitamiento de la salud” y en muertes donde “la infección asociada a los microorganismos implicó un incremento del riesgo de muerte y la falla multiorgánica generada fue un factor determinante en el desenlace fatal”.
Las investigaciones avanzan sobre un entramado de negligencia, encubrimiento y poder, que podría alcanzar a funcionarios que debían controlar.
Como resumió Carla Maino, hija de una de las víctimas, en el documental de Infobae sobre la tragedia: “No puede suceder nunca que salga al mercado sanitario medicación contaminada, que no se hayan hecho los controles, que haya habilitaciones truchas. Nadie fue capaz de pensar: ‘che, vamos a matar gente’.”
POLITICA
Tras los cambios acordados con la oposición, el Gobierno asegura que tiene los votos para aprobar la reforma laboral en el Senado
En un clima de tensión, el Gobierno de Javier Milei busca dar el primer golpe de efecto del año y dar media sanción a la reforma laboral. En el inicio de las sesiones extraordinarias, este miércoles a las 11 será el primer paso para el oficialismo en el Senado.
Afuera del Congreso, el escenario será intenso: habrá una marcha de la CGT a la que se sumarán otros gremios y fuerzas políticas. La manifestación se llevará a cabo en medio de un paro general en la gran mayoría de las actividades, en rechazo al proyecto del ejecutivo.
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En este contexto, el oficialismo trabajó con los bloques aliados para alcanzar los consensos necesarios para lograr la primera victoria política del año. Y según anunció la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, acordaron 28 modificaciones al proyecto original.
Pero además, la exministra de Seguridad informó un dato clave rumbo a la votación: sacaron el capítulo de Ganancias, que era el principal reclamo de los gobernadores. Ya sin este ítem en el proyecto, se espera que las críticas lleguen solo del kirchnerismo y la izquierda, por lo que los votos estarán para la media sanción. Necesita al menos 37 votos para alcanzar la mayoría simple.
Los puntos acordados con la oposición
Uno de los ejes centrales es la redefinición del cálculo indemnizatorio, con el objetivo de desactivar lo que el oficialismo denomina la “industria del juicio”. El texto establece que la base para la indemnización por despido sin causa será únicamente la remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos no mensuales como el aguinaldo o las vacaciones, y fija que la indemnización será la única reparación económica en estos casos.
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El proyecto también introduce un nuevo esquema de actualización de créditos laborales, que combina el índice de precios al consumidor (IPC) con un adicional del 3% anual, con la intención de aportar previsibilidad tanto para trabajadores como para empleadores y evitar distorsiones en los montos judicializados.
Otro punto relevante es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Será financiado exclusivamente por los empleadores, con aportes mensuales del 1% para grandes empresas y del 2,5% para MiPyMEs, y funcionará como un patrimonio separado, inembargable y de afectación específica.
Además, la iniciativa impulsa una registración laboral simplificada y digital, al establecer que la inscripción ante ARCA será suficiente y que no podrán exigirse requisitos adicionales por otras autoridades. Además, se habilita la digitalización de los libros laborales, que deberán conservarse durante diez años y tendrán plena validez legal.
El proyecto redefine también los beneficios sociales no remunerativos, precisando qué conceptos quedan excluidos del salario, como comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, con el objetivo de dar mayor claridad normativa y reducir conflictos interpretativos.
En cuanto a la organización del trabajo, se habilita de manera voluntaria el banco de horas, siempre por acuerdo entre empleador y trabajador, y se introducen cambios en el régimen de vacaciones. Estas podrán tomarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordar períodos fuera de temporada y de fraccionarlas, respetando un mínimo de siete días corridos.
La iniciativa incorpora además un Régimen de Incentivo para la Formación Laboral, orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión, con foco en jóvenes y personas sin experiencia. A esto se suma la creación del Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión, que apunta a estimular inversiones productivas, tecnológicas y de expansión, con impacto directo en la generación de empleo.
Por último, el texto prevé una reducción de cargas sociales para facilitar la contratación de nuevos trabajadores, establece la prelación de los convenios de empresa por sobre los acuerdos nacionales y deja asentado el compromiso de avanzar en una futura reforma fiscal integral, orientada a reducir la presión tributaria mediante acuerdos entre la Nación y las provincias
Las medidas de fuerza en contra del proyecto
La marcha fue convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y sumó la adhesión de distintos gremios y agrupaciones. La jornada estará marcada por un fuerte despliegue de las fuerzas federales con el objetivo de garantizar la circulación y evitar confrontaciones, aunque se prevé que el vallado policial en zonas críticas como la Plaza de Mayo y las inmediaciones del Congreso sea riguroso.
El acto central servirá para medir la capacidad de convocatoria del sindicalismo. Desde la central obrera ya advirtieron que, de no ser escuchados, el siguiente paso será la convocatoria a un paro nacional.
La CGT denunció que el proyecto posee una “redacción maliciosa” que favorece a las grandes empresas y perjudica a las pymes. Entre los puntos más controvertidos se encuentran la limitación de la autonomía sindical, la creación de un “fondo de cese laboral” para reemplazar las indemnizaciones tradicionales y la implementación de un banco de horas que, según los gremios, precariza la jornada laboral.
reforma laboral, Senado, Gobierno
POLITICA
Investigan si hubo un ataque coordinado de tuiteros libertarios contra la vicepresidenta Victoria Villarruel
El juez federal Sebastián Casanello investiga un ataque coordinado en redes sociales contra Victoria Villarruel e instruyó a la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal que analice las publicaciones denunciadas por la vicepresidenta para determinar si hubo un accionar conjunto. La titular del Senado había denunciado ser víctima de un hostigamiento digital por parte de dirigentes y tuiteros libertarios.
El 4 de agosto del año pasado, Villarruel denunció a la diputada nacional Lilia Lemoine; al biógrafo de Javier Milei, Nicolás Márquez, y a las cuentas de la red social X @El_Pubertario y @ElTrumpista, entre otras, por “incitar al odio” contra su persona de manera “metódica y permanente” a través de esa plataforma.
En una segunda presentación, Villarruel incorporó a la denuncia también al usuario @_Matteo12_ por un mensaje en el que hacía referencia a su persona y se leía “Va a aparecer muerta”.
Esta semana, la vicepresidenta volvió sobre el hostigamiento denunciado, esta vez a través de sus redes sociales, y compartió el posteo de una usuaria que reclamaba por haber naturalizado la violencia contra la titular del Senado y apuntaba contra el silencio de funcionarios nacionales como la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. “Es gravísimo que se haya naturalizado amenazar de muerte a la Vicepresidente. Algún día tienen que actuar”, decía la publicación.
La denuncia penal de Villarruel tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo de Casanello, que ahora instruyó al jefe de la División Ciberpatrullaje de la PFA para investigar a las cuentas de X denunciadas. Se busca determinar si existió un ataque coordinado contra la titular del Senado.
Según consta en el expediente judicial, el estudio “deberá estar orientado a recabar todo elemento que permita establecer y verificar la identidad de las personas que utilizarían los perfiles de la red social X (ex Twitter), su posible interacción entre sí, así como los domicilios y las direcciones de IP desde donde se habrían realizado las diversas publicaciones denunciadas”.
Casanello también desestimó la decisión del fiscal Franco Picardi de clasificar los tuits denunciados en tres categorías: amenazas públicas, calumnias e injurias −que, a diferencia de los anteriores, constituyen un delito de acción privada− y “acciones que no son constitutivas de delito, más allá de que puedan ser repudiables en el marco de una sociedad pacífica, democrática y entre iguales”.
Villarruel había pedido la revisión de tal criterio y ratificó su denuncia frente a lo que consideró un accionar “diario”, “sistemático” y “metódico”. La actuación de Picardi fue entonces avalada por el fiscal José Agüero Iturbe.
Ahora, Casanello desestimó esa decisión y dispuso que todas las publicaciones se analicen en conjunto. “Las características de los sucesos denunciados −al igual que la dinámica propia del campo de las redes sociales− aconsejan su análisis conjunto, cuanto menos de inicio. En este sentido, se advierte que puede resultar prematuro distinguir entre distintas porciones de hechos, desdibujando su real dimensión y gravedad. La eficiencia de la investigación y el descubrimiento de la verdad dependen de eso”, explica la resolución del juzgado.
Casanello entiende que las publicaciones contra la vicepresidenta podrían constituir un acto de “violencia contra las mujeres en la vida política” y que “si bien podrían llegar a considerarse inocuos individualmente, son capaces de conformar en su conjunto un patrón digital de abuso que merma la sensación de seguridad de la víctima y le provoca miedo, angustia o alarma”.
Los tuits y agravios contra Villarruel comenzaron tras el distanciamiento de Milei y la vicepresidenta.
Públicamente, desde la Casa Rosada ofrecieron distintos justificativos para explicar el quiebre, como haber autorizado aumentos de dietas en la Cámara alta y la aprobación de proyectos previsionales que desafiaban la premisa de equilibrio fiscal del oficialismo. El primer mandatario llegó a calificar a Villarruel como una “bruta traidora”.
hostigamiento digital,@AleMonteoliva,https://t.co/MEyC1IXSHW,pic.twitter.com/4ApsdX7nt0,February 6, 2026,Victoria Villarruel,Sebastián Casanello,La Libertad Avanza,Conforme a,Victoria Villarruel,,Qué dice el texto. Victoria Villarruel convocó a la sesión para la reforma laboral,,El Presidente no viajó. La visita de Villarruel a Chubut por los incendios profundizó la batalla con el Gobierno,,Antes de viajar a Davos. Milei visita Córdoba: estará en el festival de Jesús María, pero todavía no confirmó cuándo
POLITICA
Tensión policial en Santa Fe: piden levantar la protesta y prometen que no habrá más pases a disponibilidad
El conflicto policial en Santa Fe sumó un nuevo capítulo, tras la última reunión entre representantes del Gobierno provincial y efectivos que protestan frente a la Jefatura de la Unidad Regional II.
La cita, convocada para las 23.30 del martes, se prolongó hasta la madrugada de este miércoles y contó con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. Según se informó, el Ejecutivo presentó propuestas que están siendo analizadas por los manifestantes.
La decisión de avanzar en el diálogo se produjo luego de que los agentes aceptaran incorporar móviles de la Policía de Acción Táctica (PAT) y del Comando para reforzar los patrullajes nocturnos. Las concentraciones de policías continuaron tanto en Rosario como en la ciudad de Santa Fe.
Durante la mañana, uno de los voceros policiales solicitó a sus compañeros levantar la protesta, con el compromiso de que no habrá nuevos pases a disponibilidad para quienes participaron en las manifestaciones.
“No va haber más disponibilidades. Tenemos que demostrar buena voluntad y para que esto no se siga, tenemos que salir a la calle”, dijo el uniformado ante la prensa. Sin embargo, los oficiales que exigen mejoras salariales exigen que los 20 que ya fueron afectados por las medidas sean reincorporados. “Así como fueron a sus casas y les sacaron los chalecos vayan a buscarlos”, se los escuchó responder.
El Gobierno sigue de cerca el conflicto
El Gobierno nacional amplió la cobertura de las fuerzas federales en la provincia de Santa Fe, tras las protestas e incidentes de la policía local por demandas salariales, lo que dejó sin patrullaje policial varias calles de la región.
“Nosotros acompañamos el esfuerzo de seguridad de cada una de las provincias. Desde la mañana del día de hoy (por el martes) hemos ampliado esas zonas. Estamos patrullando con las cinco fuerzas federales distintas zonas de la ciudad de Rosario”, aseguró anoche Monteoliva, en entrevista con el canal LN+.
La funcionaria reveló que en las últimas horas mantuvo una comunicación constante con el ministro de Seguridad provincial y el gobernador Maximiliano Pullaro, a raíz de la crisis de seguridad, y que se “abrió un canal de diálogo” entre las autoridades locales y los manifestantes.
Las declaraciones ocurrieron tras un día de silencio oficial mientras las manifestaciones policiales, que comenzaron el lunes en Rosario, se extendieron el martes a otras ciudades, generando inquietud entre la población por la falta de efectivos.
Monteoliva remarcó: “De ninguna manera vamos a compartir, apoyar y a defender una huelga. Podemos entender, y todos sabemos que los reclamos son genuinos. Los reclamos están fundados, y la discusión es válida. Lo que no puede ser válido es una huelga cuando se trata de fuerzas de seguridad”.
El contexto de la protesta incluye bajos salarios entre los agentes y un aumento en los suicidios dentro del cuerpo policial, según manifestó el vocero Gabriel Sarla, quien advirtió que los sueldos no alcanzan para cubrir los gastos mensuales. El Ministerio de Seguridad nacional reiteró que el despliegue federal permanece activo en el distrito bajo el “comando unificado” del plan Bandera y confirmó contactos con autoridades locales hasta última hora del martes.
La protesta policial inició el lunes con una manifestación frente a la Jefatura de Policía, donde agentes y personal penitenciario, junto a familiares, se acuartelaron. Tras varias horas, fueron desalojados, pero el martes retomaron la protesta con una caravana de patrulleros haciendo sonar sirenas y cortando calles con neumáticos encendidos.
Las manifestaciones se expandieron a las ciudades de Santa Fe, Rafaela, Reconquista, Vera, San Lorenzo, Casilda, Recreo, Santo Tomé, San Javier y Avellaneda, donde se repitieron los acuartelamientos. El ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, informó en conferencia de prensa que al menos veinte agentes serán separados temporalmente de sus funciones por “atentar contra el servicio de seguridad”.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe inició una investigación penal por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Según Sarla, las armas, credenciales y chalecos de los agentes fueron confiscados el martes.
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