El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó en las últimas semanas operaciones de swap de monedas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para restituir dólares previamente utilizados en el mercado cambiario antes de las recientes elecciones de medio término y para efectuar el pago más reciente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Así lo había confirmado el viernes Infobae en exclusiva a partir de fuentes con conocimiento directo de la operatoria, quienes solicitaron anonimato debido a la confidencialidad de las transacciones.

El monto involucrado en el acuerdo de estabilización cambiaria entre el BCRA y el Tesoro estadounidense alcanza cerca de USD 2.800 millones, dentro del límite máximo oficializado a finales de octubre, que asciende a USD 20.000 millones, según las mismas fuentes. No se informaron detalles sobre la tasa de interés aplicable, de existir, ni sobre los plazos previstos para la devolución de los fondos.

De ese total, unos USD 796 millones fueron destinados a la adquisición de Derechos Especiales de Giro (DEGs) que posteriormente compró el Tesoro argentino para cancelar, la semana pasada, un vencimiento de intereses con el FMI. Los restantes cerca de USD 1.900 millones corresponden a los pesos que Estados Unidos había adquirido antes de los comicios para contener la presión sobre el tipo de cambio y evitar que la volatilidad impactara en el resultado electoral del Gobierno de Javier Milei. El oficialismo obtuvo una victoria.

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, detalló este martes que el Gobierno argentino activó un tramo del swap de divisas y que esa operación representó una ganancia para el país norteamericano. Así lo informó durante una entrevista con la cadena MSNBC. Bessent precisó: “Se utilizó una pequeña cantidad de la línea de crédito de USD 20.000 millones que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina. Obtuvimos ganancias con ello”. El funcionario declaró que Estados Unidos empleó su hoja de balance para “estabilizar a la Argentina”.

Al ser consultados, el Ministerio de Economía, el BCRA y el Tesoro argentino no respondieron a las solicitudes de información de Infobae hasta el cierre de la nota.

La implementación de este swap coloca a la Argentina aún más lejos del cumplimiento de la meta de reservas exigida por el FMI. El país debería sumar más de USD 10.000 millones hasta diciembre para alcanzar dicho objetivo, aunque en el propio organismo consideran que habrá una negociación para un sendero de acumulación “más realista”.

Con vistas al corto plazo, el BCRA comunicó a inversores su intención de retomar la compra de reservas el año próximo, siempre que la evolución de la demanda de dinero en el mercado local lo permita. La prioridad oficial es mantener el dólar dentro de las bandas establecidas y permitir cierta recuperación del peso.

Bessent había oficializado antes de las legislativas del 26 de octubre la compra de pesos en el mercado local. Sin embargo, no se difundieron precisiones sobre el volumen de esas intervenciones, cuyo propósito fue contener la volatilidad cambiaria previa a los comicios. El 28 de octubre, este medio confirmó en exclusiva, y con fuentes directas, que esos pesos terminaron en una letra emitida por el BCRA. La autoridad monetaria, liderada por Santiago Bausili, no detalló si esa letra devengaba intereses, si su rendimiento estaba vinculado al tipo de cambio o si tenía naturaleza dual.

El balance del BCRA publicado el miércoles de la semana pasada exhibió una reducción en las letras emitidas en moneda local, equivalentes a USD 1.900 millones, según datos recopilados por la consultora Eco Go al 29 de octubre. Esta cifra coincide con los fondos que habría utilizado Bessent previo a las elecciones. A su vez, el rubro “otros pasivos”, que engloba entre otros ítems las operaciones de swap, aumentó en USD 2.800 millones. Eco Go sostuvo: “Lo más probable es que la diferencia se explique por el último pago de intereses al FMI del año”. En esa línea, el BCRA informó ante la consulta de este medio que se efectuó un pago de USD 796 millones al organismo.

Estas maniobras ponen en evidencia la escasez de reservas que enfrenta la Argentina, una inquietud clave para analistas e inversores. Según Eco Go, “con este nuevo pasivo de corto plazo por la activación del swap, la meta de reservas con el FMI sigue alejándose y hoy estamos a USD 10.200 millones de cumplirla (frente a USD 6.100 millones de distancia registrada un mes atrás) a pesar de las compras pajarito”.

En cuanto al pago al FMI, los registros del organismo internacional constatan que, al 31 de octubre, la Argentina disponía de 670 millones en DEGs, equivalentes a USD 910 millones. Sin embargo, al cierre de septiembre, las reservas nacionales en DEG sumaban apenas 29,6 millones.

“Al incorporar los USD 2.755 millones utilizados del swap como deducibles a corto plazo, las reservas netas caerían a terreno negativo (-USD 1.814 millones) por primera vez desde el 14 de abril (-USD 10.933 millones), justo antes del desembolso del FMI por USD 12.000 millones. Cabe destacar que aún resta un nuevo desembolso del FMI por USD 1.037 millones, previsto para enero 2026 (tras la revisión del segundo semestre). En paralelo, estimamos la liquidez del BCRA en USD17.288 millones (incluyendo DEGs) al 7/11″, detalló Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Varios ministerios están trabajando a todo vapor para tener listo un proyecto de reforma laboral cuyo principal objetivo será crear puestos de trabajo, algo que la Argentina no logra desde hace 15 años.

El objetivo es incentivar a las empresas a invertir sin que corran el riesgo de caer en la trampa de la industria del juicio, que sigue gozando de buena salud en el país y complica la subsistencia de decenas de pymes cada día.

Contratar un empleado se convirtió en una trampa mortal para muchas empresas que caen en la voracidad de estudios jurídicos dedicados a los juicios laborales.

A pesar de que se aprobó una ley en 2017 que buscaba evitarlos, los juicios laborales siguen creciendo en la Argentina.

Con el fin de incentivar a las compañías a tomar personal, se trabaja en distintos frentes, que incluyen lo impositivo y las leyes laborales.

Reforma laboral: incentivar el trabajo formal con reducción de cargas patronales

A los salarios dinámicos, el banco de horas, los convenios por empresa y el fraccionamiento de indemnizaciones y multas laborales en hasta 12 cuotas, se sumarán otras iniciativas que, desde el punto de vista de la Casa Rosada, permitirá incentivar la contratación de personal.

El principal eje busca incentivar la formalización del empleo mediante la reducción de cargas patronales. En eso trabaja el Ministerio de Economía, para que sea más atractivo para una empresa tomar personal.

En esa línea, se evalúa bajar las cargas patronales y reemplazarlas por un fondo de cese, de manera que a los empleadores no les cueste más dinero, pero tengan mayor certidumbre respecto a la disminución de sus costos y de la litigiosidad laboral.

La propuesta busca dar previsibilidad sin aumentar erogaciones y, de paso, reducir los conflictos judiciales laborales.

Además, se trabaja en el régimen de deducciones del impuesto a las Ganancias, para permitir que cualquier contribuyente pueda descontar más ítems.

Esto, creen en Economía, brindará más incentivos para pedir factura y eso formalizará todavía más la economía, que es uno de los grandes objetivos de la reforma laboral.

Para el Palacio de Hacienda, ampliar el universo de bienes y servicios deducibles promoverá mayor transparencia en las transacciones y acelerará la bancarización.

Régimen de nuevo empleo, uno de los ejes del proyecto de reforma laboral

Otro de los ejes está vinculado con la creación de un régimen de nuevo empleo.

En Economía dicen que será muy ventajoso para los empleadores. Y recuerdan que en la Argentina no se crea empleo desde 2011.

Sostienen que reducir la carga tributaria requiere primero crecimiento económico y mayor formalidad en una economía donde el 30 por ciento de la actividad está en negro.

Los funcionarios dicen que, para bajar impuestos, se necesita que el país crezca, y ratifican que subir impuestos no es una opción.

En esa línea, se apunta a que crezca el nivel de formalidad y la economía. Si crece la base, habrá muchos más recursos para bajar impuestos, razonan.

Según un estudio del centro Cippec, desde 2010 se atraviesa un estancamiento en la creación de empleo registrado privado y un cambio estructural hacia actividades de menor productividad.

A pesar de los ciclos de crecimiento y caída, el número de asalariados formales se mantuvo casi igual, lo que redujo su peso dentro del total de ocupados de casi el 60% a menos del 50%.

En paralelo, el sector manufacturero perdió participación y crecieron el comercio minorista y otros servicios de baja productividad.

También aumentaron los monotributistas (64%) y la informalidad, consolidando a la Argentina entre los países con mayor caída de productividad laboral en la región.

En conjunto, la tendencia revela que el país no logra crecer económica ni laboralmente.

Crecimiento económico y legislatura moderna para apuntalar el aumento del empleo

El desafío es cómo lograr que más argentinos tengan trabajo decente en un contexto de alta informalidad y escasa creación de empleo.

El motor del empleo es el crecimiento económico, pero una legislación moderna puede acompañarlo, hacerlo más productivo y facilitar la contratación, señala el trabajo.

Y advierte que cuando las reglas son inciertas, los costos poco claros o la justicia imprevisible, el resultado es siempre el mismo: menos empleo formal y más precaución.

En esa lógica, la política laboral tiene tres patas: las leyes, la negociación colectiva y la justicia.

El Cippec considera que la negociación colectiva debe modernizarse para incorporar nuevas formas de organización y producción.

Y el sistema judicial tiene que ser más eficiente y previsible. De nada sirve cambiar las leyes si las interpretaciones judiciales siguen generando incertidumbre o si los convenios no se adaptan a los cambios tecnológicos y productivos, advierte.

Y coincide con que uno de los puntos más sensibles del sistema es la alta litigiosidad.

Juicios laborales, un tema clave que dificulta la contratación de empleados

Los juicios laborales se multiplican y para muchas pymes representan un riesgo que pone en jaque su continuidad. La ambigüedad legal genera costos que perjudican a empleadores y trabajadores.

Definir conceptos salariales y multas que den previsibilidad a los fallos de la justicia puede reducir la litigiosidad. Cuando las normas son predecibles y las obligaciones están bien definidas, las relaciones laborales son más estables y crece la confianza.

«La ley laboral debe servir de marco, no de obstáculo. Tiene que proteger al trabajador, pero también permitir que las empresas crezcan y produzcan. En la Argentina conviven sectores muy distintos -industria, agro, servicios, economía del conocimiento-, y pretender una única norma para todos es un error», señala el trabajo.

Por eso, considera que la ley debería establecer principios generales y dejar que cada sector, mediante la negociación colectiva, adapte sus reglas.

Un caso emblemático es el empleo joven, ya que los menores de 24 años muestran tasas de desempleo e informalidad muy superiores al promedio, lo que revela una dificultad estructural para acceder a empleos formales.

Aquí, según el Cippec, el desafío central es fortalecer la formación profesional, articular educación, empresas y sindicatos, y ordenar los incentivos a la contratación, priorizando a las MiPymes y sectores de baja productividad.

También hace falta mejorar la intermediación laboral mediante Oficinas de Empleo más activas y crear espacios de diálogo tripartito que adapten las políticas a las realidades locales.

Por eso, considera clave avanzar hacia medidas de fondo, como segmentar las cargas sociales por tamaño de empresa o nivel salarial, para introducir progresividad en los costos laborales.

En la actualidad, una pyme paga prácticamente la misma proporción que una multinacional, y un trabajador de bajos ingresos aporta igual que uno de altos.

Existen alivios parciales, pero no una estructura progresiva que dé aire a las pymes y mejore la distribución del esfuerzo contributivo. Ese esquema regresivo desalienta la formalización. Un sistema más progresivo permitiría aliviar a las empresas chicas, impulsar nuevas contrataciones y distribuir mejor la carga.

Hacia allí parece apuntar el gobierno con los cambios que irán al Congreso a mediados de diciembre.

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