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La Fiscalía Nacional Electoral impulsó el control anual de legalidad y vigencia de las personerías jurídico-políticas de los partidos políticos en todo el país. El procedimiento, que abarca tanto a agrupaciones de distrito como de orden nacional con personería vigente, fue solicitado a comienzos de febrero por el fiscal federal Ramiro González.

Se trata de un procedimiento que se encuentra previsto dentro de la ley y tiene como propósito constatar si los partidos políticos reconocidos para actuar en los distritos y a nivel nacional mantienen los requisitos exigidos para conservar su personería. Entre las condiciones que deben cumplir se encuentra el número mínimo de afiliados para los partidos de distrito y la cantidad mínima de partidos distritales integrantes en el caso de los partidos nacionales.

El pedido estuvo a cargo del titular de la Fiscalía Federal N°1 con competencia electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la Cámara Nacional Electoral, mientras que la iniciativa estuvo dirigida a la jueza federal electoral de la Capital Federal, María Servini, con el objetivo de iniciar el proceso de verificación.

La normativa establece que el Ministerio Público Fiscal debe realizar esta verificación cada año, durante el segundo mes, y está facultado a promover la declaración de caducidad de las personerías, si correspondiere. En este caso, el procedimiento no es automático, ya que comienza con la constatación de incumplimiento y sigue con una intimación al partido para que regularice su situación dentro de un plazo de 90 días, bajo apercibimiento de que se declare la caducidad.

Los requisitos

Para los partidos de distrito, únicos habilitados para postular candidatos a senadores y diputados nacionales y a parlamentarios del Mercosur por distrito, la ley les exige que mantengan de manera permanente el número mínimo de afiliados. En tanto, en el distrito Capital Federal el piso requerido es de 4.000 afiliados. Por su parte, la Cámara Nacional Electoral tuvo que publicar antes del 15 de febrero de cada año el número mínimo de afiliados exigido, según indicó el Ministerio Público Fiscal.

En cuanto a los partidos nacionales, que son los únicos autorizados a nominar candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación y parlamentarios del Mercosur por distrito nacional, la normativa impone la obligación de sostener, de manera permanente, al menos cinco partidos de distrito con personería vigente en el país.

Desde la Unidad Fiscal -encargada de garantizar y custodiar por la transparencia de las elecciones que se celebren en nuestro país- detallaron que las consecuencias tras una eventual declaración de caducidad implica la imposibilidad de presentar candidaturas en elecciones nacionales, primarias y generales; la pérdida del derecho a recibir aportes públicos ordinarios o extraordinarios y la baja de la agrupación del registro correspondiente, incluida la eliminación de su nombre y sigla.

El control anual se ejecuta en simultáneo en las 24 jurisdicciones del país y, para este año, abarca la revisión de 725 partidos distritales y 45 partidos nacionales con personería vigente. El proceso supone la verificación de los requisitos de afiliación y demás exigencias legales, y se realiza bajo apercibimiento de caducidad en caso de incumplimiento.

La Fiscalía también recordó que interviene en otros supuestos de caducidad previstos en el artículo 50 de la Ley 23.298, que incluyen las elecciones internas en un período de cuatro años, la no participación en dos elecciones nacionales consecutivas, no alcanzar el dos por ciento del padrón electoral en dos comicios sucesivos, la falta de regularidad en la llevanza de los libros partidarios y el incumplimiento de la paridad de género en la elección de autoridades y órganos partidarios.

De este modo, la Fiscalía Nacional Electoral remarcó el alcance y la importancia del control anual de legalidad y vigencia para asegurar que los partidos políticos cumplan con las condiciones establecidas por la ley y, en caso contrario, se avance con los procedimientos de caducidad previstos en la legislación vigente.

elecciones

El Senado llega hoy al final de las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes clave para el Ejecutivo libertario: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

La última iniciativa también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Además, prevé una serie de penas alternativas para infracciones con condenas menores a los 10 años de cárcel, como la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la desactivación para conducir vehículos.

Por otra parte, se pondrá énfasis en la creación de institutos especiales para que los menores condenados tengan garantizado el derecho a ser educados, recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, quedará prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Con la iniciativa también se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluidos mecanismos restaurativos cuando amerite.

Durante la discusión exprés que se dio en el Senado para dictaminar, el libertario y titular de la comisión de Justicia, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), destacó que la vigencia de este tema data de 1980 -última dictadura militar-, con “diversos intentos legislativos” para conseguir “una ley que respete estándares constitucionales”.

En tanto, la iniciativa relacionada con el mundo del trabajo, que volvió en segunda revisión y será la última a tratar, implica aceptar el cambio realizado por Diputados -sobre licencias médicas- o dejar el texto tal como aprobó la Cámara alta, consumada en la madrugada del 12 de febrero pasado.

Durante aquella sesión, en la definición en general hubo 42 adhesiones y 30 rechazos, sobre los 72 presentes, el pleno completo en el recinto. Esa mayoría se mantuvo, con variaciones, para la votación en particular de los 26 títulos.

A modo general, en el Senado se borró el artículo sobre alivio en Ganancias para grandes empresas -más plata para gobernadores y Nación-; hubo guiños varios a sindicatos y entidades empresariales para la subsistencia de aportes los compulsivos -con topes más bajos-; se sostuvo el 6% destinado a obras sociales; y se amortiguó la idea original sobre el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), relacionado con las indemnizaciones. También aparecieron gestos menores para estatutos que la Casa Rosada quiso reventar, luego otorgó 180 días y terminó en un año.

Por otra parte, La Libertad Avanza (LLA) también logró ubicar, como un anexo, el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires. La crítica que se le realizó a esta jugada es que debería haberse ampliado el temario de las sesiones extraordinarias, darle un ingreso formal con estado parlamentario, tratamiento en comisión y, al final, recinto. Además, esto generó un cortocircuito entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel -siempre cerca de algún conflicto-, y la jefa libertaria, en el Senado, Patricia Bullrich, quien se convirtió en pocas semanas en una máquina arrolladora de sacar leyes para la Casa Rosada. Le queda una jornada frenética para arribar a la meta.

¿Qué se cambió en Diputados?

La modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración. El texto imponía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol).

En tanto, recibiría el 75% si no fuese consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, obtendría esta compensación durante tres meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera. Si el Senado no avalase lo que vino de Diputados, quedará vigente lo que aprobó la Cámara alta el 12 de febrero. Es decir, con el artículo 44 reincorporado, una situación que nadie prevé.