POLITICA
Suprimieron la Secretaría de Comunicación y Medios: sus tareas continuarán bajo la órbita de Manuel Adorni
Mediante un decreto publicado este martes en Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo disolvió la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia, y traspasó las tareas del área a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Este cambio surgió luego de que Manuel Adorni asumiera el rol que Guillermo Francos dejaba vacante tras su renuncia, el pasado 31 de cotubre. De esta manera, como jefe de Gabinete, Adorni tendrá bajo la órbita de su área, la cartera que anteriormente encabezaba.
A partir de la publicación del decreto 793/2025, este organismo absorberá todas las atribuciones, personal, bienes y compromisos asumidos por la secretaría disuelta, así como, por otro lado, la gestión plena de las áreas de turismo, ambiente y deportes, anteriormente bajo responsabilidad del Ministerio del Interior.
“Con el objetivo de optimizar y dotar de mayor eficiencia a la gestión de Gobierno nacional, resulta conveniente suprimir la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, asignando sus competencias a la Jefatura de Gabinete de Ministros”, determinó la normativa, lo que significa la elaboración de la política de comunicación del Gobierno, la coordinación de medios públicos y la difusión de actividades estatales tanto en el ámbito nacional como internacional.
La llegada de Adorni a la Jefatura de Ministros ocurrió semanas atrás, con la toma de la jura que le hizo el presidente Javier Milei, en un breve acto en la Casa Rosada. Hubo funcionarios, legisladores y familiares. En primera fila, a la izquierda de la mesa en la que habitualmente el mandatario toma el juramento, se ubicó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno, y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). En el ala derecha, su esposa Betina Angeletti y sus dos hijos; a sus laterales también estaban presentes su hermano y legislador bonaerense, Francisco Adorni junto a su madre Silvia; y Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich, los padres del Presidente y la secretaria General.
El ex vocero y titular de la secretaría suprimida por estas horas, visiblemente emocionado, juró “por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios” cumplir con la Constitución Nacional, mientras el mandatario le dedicó un mensaje escueto antes del juramento: “Con todo, eh”, marcando un tono de alta expectativa para el inicio de su gestión.
De esta manera, se cubrió el espacio que dejaba Guillermo Francos, quien se fue del equipo de Milei poco después de las elecciones legislativas tras varios meses de versiones sobre su salida. A través de un mensaje compartido en redes sociales, el ex funcionario escribió: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.
Y agregó: “Por extraña coincidencia, mi primer acto como ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos, imprescindibles para avanzar en las reformas estructurales que la Argentina necesita”.
Días después, Adorni y Francos, junto a Lisandro Catalán y Diego Santilli, mantuvieron una reunión de transición. Durante el cordial contacto que duró poco menos de media hora, los ministros salientes y los entrantes intercambiaron a solas en el despacho de Jefatura de Gabinete y al término, Francos aprovechó para tomar la palabra y agradecer a los presentes que lo escuchaban con atención en el Salón de los Escudos. El encuentro ocurrió en la planta baja de Casa Rosada, frente al patio de Palmeras.
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POLITICA
El Gobierno redefine su agenda en el Congreso y analiza correr la reforma del Código Penal para priorizar la laboral
Con el calendario legislativo comenzando a tomar ritmo tras el receso de verano, el Gobierno nacional afina su estrategia parlamentaria y reordena prioridades.
En ese marco, dentro del oficialismo gana fuerza la idea de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal y enfocar todos los esfuerzos políticos en la sanción de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.
Según admiten fuentes del entorno presidencial, la decisión aún no está cerrada y la última palabra la tendrá Javier Milei.
Sin embargo, en las filas libertarias consideran que avanzar en paralelo con dos iniciativas de gran volumen y alto impacto político podría diluir las chances de éxito. Por ese motivo, el análisis predominante apunta a enviar el nuevo código recién para el período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.
Reforma laboral: los gobernadores endurecen su postura y ponen condiciones para acompañar a Javier Milei
El razonamiento interno se apoya en antecedentes recientes. A fines del año pasado, el Ejecutivo resolvió postergar la discusión de la reforma laboral para concentrarse en cerrar acuerdos que permitieran la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Esa estrategia, sostienen en Balcarce 50 en diálogo con Infobae, resultó efectiva y ahora buscan replicarla en un contexto político todavía frágil en el Congreso.
La reforma laboral aparece como uno de los pilares centrales de la denominada “segunda etapa” del gobierno de Milei.
El proyecto apunta a modificar aspectos estructurales del régimen de trabajo, con el objetivo declarado de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y flexibilizar ciertas regulaciones que, según el oficialismo, desalientan la contratación.
Para lograr su aprobación, el Ejecutivo necesita construir consensos con bloques dialoguistas y gobernadores, una tarea que demandará tiempo y dedicación exclusiva.
En ese escenario, el debate del Código Penal quedaría en pausa. Se trata de una iniciativa de enorme complejidad técnica y política, con más de 900 artículos, que propone un endurecimiento de penas para delitos considerados graves y una reorganización integral del sistema penal.
En el Gobierno reconocen que un proyecto de semejante magnitud requiere un tratamiento “más profundo y ordenado”, algo difícil de garantizar en un temario ya cargado durante las extraordinarias.
Reunion plenaria de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nacion. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
El texto del nuevo Código Penal fue elaborado por una mesa técnica integrada por funcionarios del área judicial y asesores presidenciales, con participación del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad.
Aunque su redacción se encuentra en una etapa avanzada, el proyecto todavía no fue enviado al Congreso, lo que refuerza la hipótesis de que su discusión quedará para más adelante.
Mientras tanto, la mesa política del oficialismo retomará esta semana las reuniones formales tras el receso estival. Allí se terminarán de definir los detalles de la estrategia legislativa y el esquema de negociaciones con aliados clave.
El objetivo es claro: sumar voluntades suficientes para llevar la reforma laboral al recinto y convertirla en ley durante febrero.
De concretarse este plan, el decreto que oficialice la continuidad de las sesiones extraordinarias no incluiría el tratamiento del Código Penal dentro del temario.
“No se puede discutir todo al mismo tiempo”, repiten cerca del Presidente, convencidos de que la hoja de ruta legislativa debe adaptarse a las correlaciones de fuerza actuales en el Congreso.
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Reforma del Código Penal,Reforma Laboral,Senado,Sesiones extraordinarias
POLITICA
Una jugada de Lula da Silva provocó sorpresa y enojo en la Argentina antes del acuerdo con la UE
Horas antes de la firma del demorado acuerdo con la Unión Europea, el gobierno de Javier Milei recibió con una mezcla de sorpresa y enojo una noticia inesperada que pone otra vez en extrema tensión al Mercosur.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que había dejado trascender que no concurriría a la ceremonia de firma del acuerdo comercial, el sábado al mediodía en Asunción, recibirá un día antes a los líderes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en Río de Janeiro.
“Arma una cumbre paralela un día antes. Es una falta de respeto a sus socios”, afirmó una alta fuente del Gobierno. El vínculo personal de Lula da Silva con Milei fue áspero desde el inicio y se agrietó al límite en los últimos días por sus posturas contrapuestas sobre la intervención del gobierno de Donald Trump en Venezuela. Ese malestar se extiende por estas horas al presidente anfitrión, Santiago Peña, quien a pesar de recientes chispazos con Lula da Silva confiaba en convencer a su par de Brasil de concurrir a la cita en Asunción para la postal de unidad del bloque regional, en un momento trascendente. Una postal que está lejos de producirse.
En la Casa Rosada y el Palacio San Martín, que encabeza el canciller Pablo Quirno, leyeron con atención el comunicado con el que, en la noche del miércoles, las autoridades del Consejo Europeo confirmaron el paso previo por Río de Janeiro. Y no ocultan su “decepción” con Von der Leyen por esta “atención especial” para con el presidente de Brasil, que esperaba firmar el acuerdo con la UE bajo su presidencia del bloque regional, el 20 de diciembre pasado, en Foz de Iguazú, antes de que el rechazo inicial del Consejo de Europa frustrara sus planes.
“Previo a la ceremonia de firma de los acuerdos UE-Mercosur en Asunción, el presidente Costa, junto con la presidenta von der Leyen, visitará Brasil para una reunión trilateral con el presidente (Luiz) Inácio Lula da Silva en Río de Janeiro”, confirmó el Consejo Europeo, anoche, en un comunicado que Itamaraty se encargó de difundir.
“Brasil es un socio clave para la Unión Europea en materia de comercio, inversión, clima, multilateralismo, ordenamiento jurídico, democracia y derechos humanos. La reciente presidencia brasileña del Mercosur fue crucial para avanzar en las negociaciones del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, allanando el camino hacia su firma a finales de esta semana en Paraguay. Esta visita oficial reforzará esta sólida alianza y fortalecerá aún más la relación bilateral”, agrega el elogioso comunicado en otro de sus tramos, que irritó particularmente en Buenos Aires y Asunción.
En los días previos, en Brasilia dejaban trascender que Lula no estaría en Paraguay, aunque sin dar detalles de la negociación subterránea con los líderes europeos. “La firma será de los cancilleres por decisión de la presidencia pro tempore que ocupa Paraguay”, era el argumento formal que daba la diplomacia de Brasil para justificar que el canciller Mauro Vieira, y no Lula, representaría al país más grande de la región en la ceremonia de firma, en el auditorio del Banco Central del Paraguay.
En Brasilia omitían que el resto de los presidentes (Peña, Milei y el presidente uruguayo, Yamandú Orsi), sí confirmaron su presencia y estarán en el acto de firma. Con la novedad sobre la mesa, se esperan renovadas negociaciones en el seno del bloque a nivel de cancilleres, aunque las cartas parecen echadas: tres presidentes del Mercosur, y no cuatro, estarán en Asunción junto a los líderes de la UE, que un día antes posarán sonrientes para la foto con el restante.
Una jugada que en Buenos Aires leen como un “desquite” de Lula da Silva luego de la frustrada firma del acuerdo en territorio brasileño. Reafirman, en el mismo sentido, que Milei buscará más allá de la coyuntura seguir afianzando su “liderazgo” regional, con el apoyo de Trump y la intención de nuclear a gobernantes liberales en torno a su figura.
la firma del demorado acuerdo,Jaime Rosemberg,Conforme a
POLITICA
Crisis en la Justicia de Santa Cruz: la Corte se dividió y anuló el aumento millonario para jueces
El Poder Judicial de Santa Cruz enfrenta una nueva escalada en su crisis interna. Después de que un sector del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) definió un aumento salarial de más de $20 millones para los miembros de ese organismo, el juez Daniel Mariani —que firmó como presidente de la Corte— ordenó frenar el incremento.
La resolución de Mariani, notificada formalmente este miércoles, instruyó a la Administración General judicial a no liquidar el incremento del 42% dispuesto por cuatro miembros de la Corte provincial. Según el propio Mariani, esta medida carece de legitimidad porque “se tomó sin contar con la mayoría mínima del cuerpo” y, por tanto, resulta “inexistente y carente de toda validez”.
La disputa salarial agudizó una fractura institucional que comenzó en agosto, cuando la Legislatura provincial amplió de cinco a nueve los miembros del máximo tribunal. Desde entonces, los cuatro jueces antiguos, alineados con el kirchnerismo, se niegan a reconocer a los nuevos integrantes propuestos por el gobernador Claudio Vidal.
En medio de ese quiebre institucional, Mariani rechazó la última medida y señaló que “el aumento fue firmado por un órgano que no está debidamente integrado ni cuenta con la mayoría prevista en la ley orgánica de la justicia y la Ley 3949”.
El conflicto pone en riesgo al funcionamiento judicial, hasta que se le encuentre una solución a la interna de los sectores enfrentados, que se acusan mutuamente de usurpar facultades.
El aumento impugnado, que preveía subas escalonadas del 4% mensual acumulativo entre enero y julio de 2026 y del 3% mensual entre agosto y octubre, habría llevado los haberes de algunos magistrados hasta 24 millones de pesos. Esta cifra generó un abierto repudio desde Ejecutivo provincial. El gobernador Vidal denunció que los jueces “están atrincherados en sus privilegios” y que han sido “cómplices del saqueo” durante tres décadas.
La resolución que otorgaba el aumento fue rubricada solo por Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, es decir, apenas cuatro de los nueve vocales que deberían conformar el pleno del Tribunal Superior. El problema constitucional radica en que esa misma facción impugnó y desconoció la reforma judicial del gobernador. El grupo, que encabeza como su presidenta Fernández, sigue controlando los resortes del aparato judicial.
La protesta del gobernador Vidal y el detrás de escena de la polémica
En el fondo, hay una pelea sobre dónde está el poder de Santa Cruz.
En su impugnación al incremento, Mariani subrayó que esta situación vulnera el reglamento interno del máximo tribunal. “No existe respaldo de quórum necesario”, advirtió en su escrito oficial.
Otro aspecto que alimenta el conflicto es la ausencia de acceso a los registros oficiales. El juez díscolo denunció que “los libros de registros de resoluciones se encuentran retenidos y se priva a la Presidencia de acceso a los mismos”, lo que impidió detallar tomo, registro y folio en la resolución de este miércoles.
Esta semana, el gobernador fustigó contra la medida. “$24.000.000. Eso es lo que se autoaumentan en el Tribunal Superior de Justicia. Un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz”, expuso en sus cuentas de redes sociales. Vidal los volvió a acusar que fueron “30 años cómplices del saqueo, hoy atrincherados en privilegios”. “Eso no es Justicia. Es encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”, reprochó.
La controversia no es nueva. Se remonta desde el momento en que Claudio Vidal resolvió ampliar en cuatro el número de integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Tras la aprobación inicial del proyecto en la Legislatura, un juez de Primera Instancia consideró admisible el amparo presentado por el gremio judicial y dispuso medidas cautelares que suspendieron durante diez días el tratamiento de las ternas remitidas por el Ejecutivo provincial.
Vidal cuestionó la resolución judicial y la calificó como un “golpe judicial”. Además, acusó al magistrado que aceptó el amparo, Marcelo Bersanelli, así como al exministro de Gobierno y actual vocal del TSJ, Fernando Basanta, de actuar en favor del kirchnerismo.
A pesar de la medida cautelar, la mayoría oficialista en la Legislatura aprobó en una sesión extraordinaria la designación de Sergio Acevedo y José Antonio González Nora como nuevos miembros del TSJ, quienes prestaron juramento al día siguiente.
Sin embargo, el pasado 17 de diciembre, los mismos cuatro vocales que impulsaron el aumento ya habían declarado inconstitucional la ampliación del tribunal. Para alcanzar la mayoría necesaria en esa oportunidad, convocaron a un juez subrogante. El fallo está actualmente bajo apelación por parte de los nuevos vocales y la Fiscalía de Estado, lo que mantiene la decisión en suspenso.
Desde octubre, el doble poder de presidencias en el TSJ quedó expuesta cuando Mariani y Fernández firmaron resoluciones simultáneas como presidentes. Mientras Mariani tomaba juramento a los nuevos vocales, Fernández instruía a los jueces a desobedecer las directivas del presidente rival.
El incremento generó bronca y fastidio, tanto desde el oficialismo como en sectores críticos del gobernador Vidal. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz repudió lo que calificó como un “salariazo auto otorgado” por la cúpula del Poder Judicial y estimó que el esquema aprobado implica subas cercanas al 50% anual. El sindicato pidió que el aumento debe quedar sin efecto.
“Mientras las y los trabajadores santacruceños atravesamos momentos sociales y económicos de absoluta vulnerabilidad, la cúpula judicial se autoconcede en pleno enero un aumento anual, se otorga privilegios y consolida una casta judicial completamente desconectada de la vida real del pueblo”, lamentó en un comunicado.
La puja por el control de la Corte local convirtió a Mariani y Fernández se en referentes visibles de bandos antagónicos. La gobernación y el sector liderado por Mariani insisten en que solo una sentencia firme podrá destrabar la legitimidad de los nombramientos y la validez de las resoluciones.
Mientras tanto, la Justicia provincial permanece sumida en una parálisis sin precedentes, bajo la sombra de su propia fragmentación.
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