El Partido Justicialista nacional, que preside Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria en un departamento del barrio porteño de Constitución, emitió un comunicado de rechazo a la ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno, en el que incluyó un repudio a los legisladores peronistas que votaron a favor de la iniciativa. Los consideró contrarios a la doctrina justicialista y representantes de “otros intereses”. Los cuestionamientos llegan en momentos en que el interbloque peronista en el Senado pierde tres legisladores que se identifican con gobernadores peronistas que son aliados del presidente Javier Milei.

En un documento titulado “Al pueblo trabajador”, en el que se subrayó que la reforma laboral hará a los trabajadores “perder salario, tiempo, y salud física y mental”, se apuntó contra los legisladores de origen justicialista que lo apoyaron. “Quienes votaron esta reforma lo hicieron contra la doctrina histórica de nuestro movimiento, contra la justicia social y contra quienes dicen representar”, se afirmó en el texto, sin hacer nombres propios.

“El peronismo nació para ampliar derechos, no para convalidar su eliminación; nació para dignificar el trabajado, no para convertirlo en esclavo. Un representante del pueblo que avala semejante precarización no expresa al movimiento obrero; expresa otros intereses”, se indicó en el comunicado del PJ.

“La historia, tarde o temprano, pone las cosas en su lugar. Y también a quienes, por acción u omisión, eligieron estar del lado equivocado”, fue el cierre del mensaje del partido peronista.

El reproche institucional del PJ coincide con el momento en que los senadores Carolina Moisés (Jujuy), Guillermo Andrada (Catamarca) y Sandra Mendoza (Tucumán) se escinden del interbloque del peronismo en la Cámara alta, bancada que conduce el senador cristinista José Mayans (Formosa). Los tres legisladores que se apartan están identificados con gobernadores que aportaron con sus diputados para la aprobación de la reforma laboral: Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En su crítica a la reforma laboral, el peronismo incluyó una serie de cifras negativas para el Gobierno. En su comunicado, afirmó que hay “290.602 trabajadores formales menos de noviembre de 2023 a noviembre de 2025″, además de “21.938 empleadores menos” y una “informalidad laboral” que “pasó de 41,4% en el cuarto trimestre de 2023 a 43,3% en el tercer trimestre de 2025″.

WASHINGTON.- Mientras la administración de Donald Trump avanza con su nueva estrategia arancelaria en respuesta al duro revés que le propinó la Corte Suprema al anular un emblema de su política económica, el gobierno argentino mantuvo en las últimas horas contactos con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para interiorizarse sobre el impacto en el acuerdo recíproco de comercio e inversiones sellado entre ambos países este mes.

Así lo señalaron a dos fuentes al tanto del asunto. Uno de los consultados indicó que se están programando reuniones entre las partes, pero aclaró que aún es prematuro para tener precisiones sobre cómo podrían afectar al acuerdo tanto el fallo del máximo tribunal norteamericano como el nuevo arancel global temporal del 15% anunciado por Trump.

Está previsto que ese arancel -basado en una norma conocida como Sección 122, de la Ley de Comercio de 1974– entre en vigor a las 0.01 de este martes (hora de la costa este de Estados Unidos, las 2.01 en la Argentina). Estará efectivo por un período de 150 días, según establece la norma, a menos que se prorrogue a través del Congreso.

El domingo, la administración republicana había dado señales de que no desmantelará los acuerdos bilaterales alcanzados con sus socios comerciales en los últimos meses. Como la Argentina, otros países rubricaron pactos de distinta índole con Estados Unidos, negociados luego de que Trump lanzara su guerra arancelaria global en el llamado “Día de la Liberación”, el 2 de abril pasado.

En ese sentido, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, el funcionario que selló junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo bilateral, señaló que esos pactos siguen vigentes y buscó separarlos del arancel global del 15% que Trump anunció el sábado.

En medio de la incertidumbre global sobre el impacto que tendrá la nueva tarifa de Trump, en el Gobierno destacaron que el contacto con los funcionarios del USTR es permanente.

“Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. No se basaron en si el litigio arancelario de emergencia escalaría o caería. Los respaldaremos. Esperamos que nuestros socios los respeten”, dijo Greer el domingo a la cadena CBS, y agregó que ninguno de los países que alcanzaron acuerdos comerciales con Estados Unidos había anticipado planes de retirarse tras la histórica decisión de la Corte Suprema.

En la misma línea, uno de los funcionarios consultados por explicó que la negociación del acuerdo fue “de buena fe” por parte de ambas administraciones, y que por eso hay confianza en que será respetado. El 5 de febrero, cuando se firmó el pacto en la sede del USTR en Washington, el gobierno del presidente Javier Milei anunció que sería enviado al Congreso para su tratamiento.

Este lunes, Quirno reposteó en su cuenta de X un mensaje del USTR en el que remarcó que “la administración Trump tomará medidas para garantizar la continuidad del programa arancelario recíproco y los acuerdos negociados con nuestros socios”.

El trascendental fallo de la Corte norteamericana y el contraataque de Trump generó confusión entre los socios comerciales de Estados Unidos. Ecuador, que firmó un acuerdo de comercio recíproco el 13 de febrero pasado, también inició contactos el fin de semana pasado con la administración republicana.

El ministro de Producción, Comercio Exterior e Inversiones ecuatoriano, Luis Alberto Jaramillo, señaló en X que su gobierno había activado “de inmediato los canales formales de comunicación” con sus contrapartes del USTR.

Por su parte, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó a los transportistas que cancelará a partir de esta medianoche los códigos arancelarios derivados de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia (Ieepa, por sus siglas en inglés) que usó Trump. En su fallo, la Corte determinó que el presidente no tenía la autoridad para imponer esas tarifas globales bajo la Ieepa, que data de 1977.

Desafiante, Trump amenazó este lunes con aumentar los aranceles a las naciones que decidan sacar provecho con el fallo de la Corte.

“Cualquier país que quiera ‘jugar’ con esta ridícula decisión de la Corte, especialmente aquellos que han ‘estafado’ a Estados Unidos durante años, incluso décadas, se enfrentará a un arancel mucho más alto, y a algo peor, que lo que aceptaron hace muy poco”, amenazó en su red Truth Social.