El receso parlamentario impactó fuerte en el interbloque kirchnerista del Senado, que comanda el formoseño José Mayans. Según confió un puñado de legisladores peronistas a Infobae, la falta de estrategias claras ante la agenda del Gobierno comenzó a hervir el clima de cara al regreso de la actividad, sumado a la indefinición sobre si se integrarán o no las comisiones, un escenario de tensión similar al de inicios de 2024 en la Cámara alta, cuando la administración libertaria daba sus primeros pasos.

Desde un despacho de peso sentenciaron: “En Diputados se movieron mucho más que nosotros desde fin de año. Me llama la atención que no se haya presentado, desde el Senado, una sola nota a las autoridades -el oficialismo lo confirmó a este medio- sobre la bicameral de DNU. Las redes y los comunicados están bien, pero no veo algo sólido ni pensado todavía. Tampoco hay un plan. Mismo con la reforma laboral, salvo algunas ideas que mostró ‘Coqui’ -en referencia al legislador y exgobernador chaqueño, Jorge– Capitanich”.

“Demasiado tranquilas las cuestiones que aparecen en el chat. Además, los que se separaron parcialmente de nosotros, pero que aún forman parte del interbloque -como Convicción Federal-, son dejados de lado cada vez más. Entonces, tampoco pueden haber muchas quejas luego. No es un buen momento y nadie tiene idea cómo enfrentar febrero, pero tampoco pueden darnos por liquidados”, observó un obediente kirchnerista de la Cámara alta.

Las sesiones extraordinarias de diciembre último dejaron, además del tratamiento y sanción del Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal, una repartija de comisiones con un esquema parecido al de 2023 en el Senado, en cuanto a una unión entre oficialismo y dialoguistas que relegó al entonces Frente de Todos, hoy “Popular”. Las diversas ramas justicialistas no enviaron a sus representantes -el cristinismo es quien cuenta con mayor poder- y tienen un problema extra y delicado ahora, como fue contado días atrás: deben distribuirse esos lugares ante órdenes que Cristina Kirchner emite, desde su prisión domiciliaria, que ya no son 100% cumplidas sin chistar.

“¿Cómo puede ser que, en dos años, ocurra exactamente lo mismo? ¿Nadie lo previó? ¿Qué se hizo para que fuera distinto?”, se lamentó a inicios de enero un legislador justicialista. En tanto, desde otro despacho, reflexionaron: “Encima, tenemos más bancadas dentro del interbloque y nos parte al medio decidir, ya que todas merecen participar en varias. ¿Van a hacer algo ordenado para resolver esto? Dudo”.

El mes pasado, La Libertad Avanza y fuerzas dialoguistas mostraron un conjunto de 44 senadores -en realidad, 43, ya que no había jurado aún el oficialista rionegrino Enzo Fullone– y dispusieron que, para las comisiones de 19 butacas, 13 serán para ellos y seis para los kirchneristas. En tanto, en las de 17, los guarismos quedarán en 12 y cinco.

Mayans pretende que, en las de 17 miembros, al interbloque kirchnerista-peronista se le asignen siete butacas. Y, en las de 19, ocho. Para denostar a la mayoría obtenida el 16 de diciembre en la mencionada reunión de Labor Parlamentaria, el formoseño apuntó a que la suscripción del acta “carece de toda validez y efecto jurídico”, por no estar activada la “delegación de facultades” a favor de la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El último punto es clave. Por ese motivo es que los más memoriosos del Congreso recordaron con exactitud que, como titular del Senado y, durante el gobierno en el que secundó a su colega Alberto Fernández, Cristina Kirchner utilizó la delegación vigente de la macrista Gabriela Michetti. “La única nota que presentamos en queja fue por el número en las comisiones. ¿Y la integración de la bicameral de DNU por lo que hizo el Gobierno a fin de año? O sea que no está pasando que nos deba preocupar”, reflexionó un peronista ante la consulta de este medio.

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, mantuvo un encuentro con autoridades fiscales de los Estados Unidos (EE.UU), con quienes intercambió información relevante en la causa que involucra un supuesto desvío de fondos al exterior por parte de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Según trascendió, el funcionario se encontró en Washington con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés), con el objetivo es analizar y detectar transacciones financieras y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos nacionales e internacionales.

La AFA giró USD 8 millones a cinco empresas fantasma: una de ellas se disolvió hace una semana

La visita de Starc a EE.UU, se aceleró, tras revelarse una serie de transferencias millonarias de la AFA, hacia una empresa radicada en Miami, que pertenece al empresario teatral Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, que son investigados por lavado de dinero por la Justicia argentina.

En tanto, el titular de la UIF viajó para tener mayores detalles sobre las sociedades y operaciones con las que se habrían realizado las maniobras que están bajo la lupa de la Justicia local y que involucran a los directivos de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su mano derecha Pablo Toviggino.

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Una empresa que brinda servicios de limpieza denunció un mecanismo recurrente de demandas laborales millonarias en el Centro Atómico Bariloche (CNEA), donde afronta un juicio por más de 1000 millones de pesos ante reclamos de 49 trabajadores que se “autodespidieron” y exigen indemnizaciones.

Lo que sucede en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se considera un caso típico de la industria del juicio en la Argentina que atormenta a los empresarios y ahora afecta a La Mantovana, una empresa especializada en servicios generales con más de 55 años de trayectoria, cuyo conflicto laboral, que pasó al ámbito judicial, está ahora a consideración del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia.

En el área jurídica de la empresa explicaron que todo comenzó cuando La Mantovana perdió en 2024 una licitación en el CNEA tras haber prestado el servicio de limpieza durante 5 años, con empleados encuadrados en el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM).

Al finalizar ese proceso, los 49 trabajadores reclamaron despido indirecto (figura prevista en la ley en caso de incumplimientos graves del empleador), pidieron dirimir qué convenio colectivo de trabajo les corresponde y exigieron el reconocimiento de diferencias salariales conforme al régimen del Sindicato de Comercio a pesar de que, según la compañía, no existe ninguna actividad comercial en el centro científico y ese convenio no resultaría adecuado para aplicar al personal.

La demanda inicial ascendía a $200 millones, cifra que, por la actualización de intereses impuesta por la justicia, trepó a $1.080 millones en octubre del año pasado.

El conflicto por una costumbre no escrita: cada vez que una compañía pierde una licitación en el Centro Atómico Bariloche, el personal debe ser absorbido por la nueva prestataria, aunque los pliegos no imponen esa obligación. Según fuentes empresariales, “cada 2, 4 o 6 años, depende cuándo se retire el concesionario, el personal cobra la indemnización por la antigüedad y sigue trabajando para el nuevo prestador del servicio”. Así, los empleados perciben compensaciones por el despido, pero mantienen su puesto tras el traspaso.

Esta tradición en el CNEA cobró una dimensión particular con la última licitación del servicio de limpieza. La Mantovana fue descalificada en el rubro sostenibilidad laboral por aplicar el convenio del SOM y proponer la respectiva obra social, frente a la exigencia, informal pero históricamente aplicada en la empresa, de utilizar el convenio mercantil, más antiguo y amplio. Finalmente, la empresa Linser ganó la licitación, aunque su oferta en la licitación resultó un 20% más cara que la anterior, de acuerdo con la información que surgió de ese proceso.

Tres días antes de la finalización formal de la concesión de La Mantovana, los 49 empleados firmaron el alta temprana como trabajadores en Linser, pese a que aún no había comenzado sus tareas en el CNEA, y algunos días después recién se dieron por despedidos. “Incumplieron su obligación y el principio más importante del contrato de trabajo, que es la buena fe, porque se inscribieron como personal de otro empleador y todavía trabajaban para La Mantovana”, explicaron abogados de esta compañía.

Es decir, comenzaron con las acciones legales por despido indirecto y reclamo de indemnizaciones, a pesar de que no existió una interrupción laboral real.

La fuente consultada aseguró que los 49 empleados se dieron por despedidos invocando que no les dieron continuidad laboral, algo incorrecto, según afirmó, porque primero tendrían que haber intimado a la empresa e incluso resaltó que les exigieron que retomen sus tareas en el CNEA y “nunca quisieron ir a trabajar”.

Incluso cuando la nueva concesionaria comenzó a prestar el servicio, los 49 empleados iniciaron juicios contra La Mantovana y por primera vez reclamaron diferencias salariales porque consideraron que tendrían que haber estado encuadrados en el convenio de Comercio y no del SOM, aunque el CNEA no ejerce la actividad mercantil.

“Los empleados declaran que ellos sabían que iban a continuar trabajando porque hace 20 años que vienen haciendo lo mismo y siempre mantienen su empleo”, señalaron en el sector jurídico de La Mantovana, donde calificaron la situación como “un armado” frecuente propiciado, entre otros, por un abogado que habitualmente lleva adelante estos reclamos y que “tiene siempre los mismos juicios por los mismos empleados contra todas las concesionarias que pasan por el CNEA”.

La empresa en conflicto rechazó resolver las demandas con arreglos expeditivos y decidió aportar documentación ante la Cámara Primera del Trabajo de Bariloche. Según registros consignados en la sentencia, se presentaron recibos, nóminas, certificaciones y pruebas de protocolos de transición, en un expediente que fue unificado por acumulación de causas.

El 15 de septiembre de 2025, finalmente, el tribunal dictó sentencia de primera instancia, desestimando la multa prevista en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (que establece las obligaciones del empleador al finalizar la relación laboral), aunque admitió parcialmente otros rubros reclamados en materia salarial e indemnizatoria.

El monto central de condena certificado asciende a más de $814 millones, mientras que el depósito inicial fue cubierto con un seguro de caución por $1.036.655.091,31, que incluye honorarios, IVA, caja forense y tasa de justicia. Este procedimiento sigue en trámite ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, al que la empresa dirigió un recurso de casación reclamando la revisión del fallo.

Los abogados de a Mantovana afirmaron que su estrategia fue “enfrentar el sistema de acuerdos forzados y litigar con prueba completa». “Está acreditado el encuadre, las certificaciones y las altas previas en el nuevo empleador con cobertura ART -agregaron-. No vamos a convalidar una matriz de reclamos seriales que castiga a quien cumple. Confiamos en que el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ponga las cosas en su lugar”.

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