POLITICA
Rebelión en el clan Moyano: puja de poder entre hijos, negocios millonarios y un alarmante rojo financiero
Casi sin diálogo con sus hermanos y enfrentado a su padre, Pablo Moyano espera su momento para desembarcar otra vez en el Sindicato de Camioneros, donde figura en los papeles como número dos, aunque está corrido de las negociaciones con los empresarios y de la administración del gremio y la obra social. No asiste desde hace un año a su despacho del tercer piso de la sede de San José 1781 y está dedicado casi a tiempo completo a su rol de gestor deportivo del Club Camioneros.
A través de un video divulgado por redes, Pablo Moyano reapareció esta semana para denunciar precarización en un centro de logística que distribuye bebidas. Su aparición fue fugaz, pero no resultó casual: su reclamo involucra a trabajadores de la rama Aguas y Gaseosas que el domingo último protagonizaron una batalla campal en la que hubo tiros, cuatro apuñalados y presencia de barrabravas.
Este enfrentamiento expuso cómo la pelea interna por el control del sindicato se trasladó a las bases, con facciones que responden a Pablo y otras a Hugo, el histórico jefe de 81 años que comprueba por primera vez en décadas que su poder comenzó a erosionarse.
La pelea entre padre e hijo se aceleró el año pasado, cuando Pablo renunció a su silla en el triunvirato de mando de la CGT. “Pablo es así”, salió del paso Hugo Moyano cuando lo consultaron sobre los movimientos de su hijo mayor. Después de sellar una suerte de pacto con “los Gordos” (los grandes gremios de servicios que históricamente fueron sus rivales), Moyano padre conservó su influencia en la CGT a través de Octavio Argüello, un dirigente camionero leal de Tres de Febrero que lo ayudó hace diez años a construir un partido político. Argüello está sentado hoy en la cúpula de la CGT gracias a Hugo Moyano y hasta comparte con su jefe el secretario privado: Jerónimo Moyano, el hijo menor del líder del clan y quien tiene cada vez más influencia en la estructura y negocios del sindicato.
Tras su abrupta salida de la CGT, cuestionada públicamente por su padre, Pablo Moyano se aisló y se dedicó a la gestión deportiva. El equipo profesional de fútbol del gremio ascendió tres categorías en apenas dos años en los torneos de la AFA. Jugará en 2026 en la Primera B Metropolitana, la tercera división. Claudio “Chiqui” Tapia, el exsindicalista camionero que tiene a la AFA en un puño, estuvo casado con Paola Moyano, una de las dos hijas del jefe camionero. Tras una discusión que casi termina a las piñas, Tapia se reconcilió con Pablo Moyano a partir de las gestiones de los hijos de ambos, quienes comparten la pasión por el fútbol. El fútbol como industria y negocio se proyecta como una de las nuevas cajas de los camioneros.
Poder y un tesoro incalculable
El verdadero poder del gremio, sin embargo, está en su estructura e influencia en el músculo productivo del país. El 93% del transporte de cargas se realiza en camión; el 7% restante, en tren. Son datos de la Secretaría de Transporte. Moyano lidera hoy a una tropa de 190.000 camioneros registrados, quienes aportan el 3,5% de su sueldo en concepto de cuota sindical. El salario básico promedio de un camionero es hoy de $776.000, la rama más baja (recolección de residuos), y por encima del millón de pesos, las más altas (transporte de caudales, combustible y grúas), según las planillas salariales de noviembre exhibidas en el sitio oficial del gremio. Sin embargo, con los adicionales, viáticos, horas extras y otros beneficios, los sueldos oscilarían entre el $1.500.000 y $5.000.0000, según fuentes sindicales.
Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable.
Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano, fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio ahora un vuelco porque la obra social de los camioneros (Oschoca) se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica.
La obra social del gremio fue la viga maestra de los negocios de su imperio camionero desde hace por lo menos dos décadas. El fondo de comercio lo tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero.
El último auxilio a Oschoca se lo dieron los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $20.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.
La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $26.617 millones, según las planillas a las que accedió . Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $50.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. En un despacho cerca del de Moyano reconocieron que Oschoca perdió miles afiliados a medida que se agudizó su crisis.
El derrumbe de la obra social como negocio, sumado a la falta de atención y recursos, que se dificulta aún más por el aumento de los costos, abrió un debate interno en el clan Moyano. Ya no les cierra seguir solventado a la prestadora médica con dinero ni propiedades del sindicato. No solo les dejó de redituar económicamente, sino que se complica el argumento contable, ya que son entidades con cuits diferentes, por lo que cualquier operación podría quedar bajo sospecha ante una mera inspección de la AFIP o de la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo que supervisa a las obras sociales.
Los millonarios vínculos comerciales entre el gremio y la familia política (Zulet y sus hijos de otro matrimonio) fueron en su momento la viga maestra que sostuvo los negocios del clan. Hubo en 2010 un expediente judicial que se activó a partir de una denuncia de Graciela Ocaña. Nunca hubo avances en los tribunales: lo tuvo frenado primero Claudio Bonadio y ahora está en la oficina de Julián Ercolini. Ocaña promete volver a la carga para que se investiguen los aportes estatales que recibió Moyano durante la pandemia.
El líder camionero puede jactarse de tener hoteles en todo el país, una constructora (Aconra SA), un taller de ropa (Dixey SA), una prestadora médica (Iarai SA) y una aseguradora de riesgos del trabajo (Caminos Protegidos). Tal vez haya más. En los directorios de las empresas Zulet tiene desplegados a sus hijos, incluso a Jerónimo, el que tuvo en su matrimonio con Moyano. Jerónimo se proyecta como el heredero elegido, a pesar de su juventud. Es hoy el secretario privado de su padre. Le maneja su agenda, el teléfono y es su sombra. Además, está contratado a sueldo en la empresa Express Beer SA, una compañía dedicada al transporte de bebidas cuyo dueño es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la cámara empresaria con la que Moyano negocia salarios y condiciones laborales.
Pablo Moyano fue el primero en advertir sobre las eventuales consecuencias del avance de Zulet, a quien su padre conoció en los 90 durante una audiencia de mediación por una deuda de medio millón de dólares que el gremio tenía con una de sus empresas, según se describe en El hombre del camión, el libro sobre Hugo Moyano que escribieron los periodistas Emilia Delfino y Mariano Martín.
Rebelión
Los coletazos de la crisis en la obra social comenzaron a tener impacto en otras estructuras y en los escalafones de mando de un gremio que siempre hizo culto de la figura de su líder.
Desde hace tres meses, avanza una causa judicial en Mar del Plata por un presunto desvío de $13.000 millones de un hotel del gremio. Están bajo la lupa cheques en blanco y sobreprecios que derivaron en una purga en el consejo directivo, con salidas de hombres de extrema confianza del jefe camionero. La ventilación del caso, que se investiga como un posible fraude, reavivó la puja interna y hubo cruces de acusaciones entre los dos sectores: los de Hugo y los de Pablo. Hasta un dirigente denunció que el frente de su casa fue baleado de madrugada.
El otro frente en el que se libra la batalla por el poder es en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reúne a todos los gremios del sector de todo el país y en el que habrá recambio de autoridades. Surgen por primera vez en décadas focos insurgentes que ponen a prueba el liderazgo de Moyano, el jefe de la federación desde 1992. El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Sergio Aladio, marcó un fuerte precedente. También la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen.
El descontento con los Moyano también se expandió insólitamente a Buenos Aires, la seccional más poderosa y donde Pablo conserva todavía su injerencia. Un grupo de delegados de la rama de la recolección de residuos se levantó contra sus jefes. El malestar de los recolectores es porque no cobrarán la indemnización por la denominada “ley Moyano”, una norma no escrita por la cual cada vez que una empresa cambie de accionistas debe despedir al personal, indemnizarlo y volverlo a contratar. Se trata de un pacto que selló hace 26 años Hugo Moyano con Franco y Mauricio Macri.
La insurgencia de los recolectores de residuos obligó a Marcelo Aparicio, número tres del gremio, a dar explicaciones. Aparicio reconoció en un video que la denominada “ley Moyano” es “un privilegio que no existe en la ley de contrato del trabajo”. Intentó así poner paños fríos sobre una rama rebelde que estuvo bajo su órbita. Aparicio, a quien se intentó involucrar con la presunta estafa en el hotel marplatense, es uno de los dirigentes más cercanos a Pablo Moyano. Cuentan en el gremio que ante la profundización del enfrentamiento entre padre e hijo, intervino con una ocurrencia: “Si no pueden ser familia, sean compañeros de laburo”.
POLITICA
La mamá de Jeremías Monzón presenció la sesión por la baja de la edad de imputabilidad: “Era necesario”
El proyecto de baja de la edad de imputabilidad a 14 años logró media sanción en la Cámara de Diputados, tras reunir 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, y cuenta con el respaldo de bloques como PRO, UCR y La Libertad Avanza. Familiares de víctimas, como Romina Monzón y Virginia —madre y tía de Jeremías Monzón—, así como representantes de organizaciones como Madres del Dolor y USINA de Justicia, asistieron a la sesión en el recinto.
Romina, madre de Jeremías, siguió el debate de la reforma desde uno de los palcos del Congreso y también estuvo afuera hablando con la prensa. “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses asesinaron violentamente a mi hijo. De los tres menores de edad, hoy dos están en libertad sin siquiera tener un antecedente penal”, expresó la mujer al ser consultada por un periodista de TN.
“Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando”, aseguró Romina, que impulsaba que el límite del proyecto de ley se fijara en 12 años.
El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14, sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.
Si bien Romina destacó que esta media sanción no cambia nada en el crimen de su hijo “porque la ley no es retroactiva”, hizo énfasis en que “era necesario que esto cambie, porque los liberan como si nada».
“Hablan muchísimo de la reinserción social de gente que decidió asesinar, que decidió matar, que decidió salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”, concluyó la madre de Jeremías.
El crimen de Jeremías Monzón
Hace dos meses, el adolescente de 15 años fue emboscado y sometido a torturas antes de recibir la estocada mortal. El grado de ensañamiento y la participación activa de los implicados, entre ellos una joven de 16 años y dos adolescentes de 14, provocó una importante repercusión. El caso adquirió notoriedad por la grabación del crimen y la posterior viralización de un video con imágenes explícitas, lo que reavivó el debate sobre la responsabilidad penal de menores en Argentina.
La secuencia de hechos reconstruida a partir de imágenes de cámaras de seguridad, en especial las del estadio del club Colón, permitió a los investigadores establecer los movimientos de la víctima y los implicados. Monzón salió de su casa en Santo Tomé a las 14:30 en bicicleta y cruzó el puente carretero hacia Santa Fe, dirigiéndose al barrio Chalet, donde se encontró con la adolescente señalada como autora intelectual en la casa de la abuela de esta.
Ambos dejaron la bicicleta y caminaron hacia un galpón abandonado frente a la cancha de Colón. A las 15:06, cámaras de seguridad los captaron por la calle Pietranera hacia J. J. Paso, cerca del lugar donde ocurriría el crimen. Minutos antes, los dos menores de 14 años, identificados como cómplices, fueron filmados en el mismo trayecto. Los tres adolescentes cruzaron el túnel que conecta el barrio Chalet y el Fonavi, considerado una zona de riesgo por su peligrosidad.
A las 15:53, las cámaras registraron a los tres adolescentes regresando a la casa de la abuela de la joven, aunque Monzón ya no estaba presente. En esa vivienda, los implicados se higienizaron y descartaron la bicicleta de la víctima. Más tarde, repitieron el trayecto hasta la calle J. J. Paso, acción captada nuevamente por las cámaras de seguridad.
A las 16:55, el grupo se encontró con la madre de la adolescente, le mostró el contenido de una mochila y un video de cuatro minutos en el que se observa la tortura y asesinato de Monzón. Se informó que la madre dio directivas al grupo y les señaló una dirección. Luego, se dirigieron a Parque Sur, donde se deshicieron de la ropa de la víctima. En ese lugar, improvisaron una lápida escribiendo “Jere 18/12/2025” en una baldosa.
La búsqueda de Jeremías Monzón se extendió durante cuatro días, hasta que el 22 de diciembre se halló el cuerpo. La principal acusada fue detenida y enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado. Los dos cómplices, al ser menores de 16 años, fueron declarados inimputables y quedaron en libertad bajo una medida de seguridad.
Por otro lado, la madre de la adolescente fue detenida e imputada por participación secundaria; las pesquisas intentan determinar si fue la ideóloga del hecho.
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Las investigaciones aún intentan esclarecer los motivos del crimen. Existen versiones contradictorias, incluidas las declaraciones de la adolescente y su madre, respecto a un video viralizado de contenido explícito que no fue hallado en el celular de la víctima.
Una de las hipótesis es que los agresores habrían cometido un error al culpar a Monzón de compartir dicho video, acción que no habría realizado. Las fuentes del caso explicaron que resta conocer el contenido de los teléfonos móviles incautados, donde se espera hallar nuevas pruebas y posibles indicios sobre el móvil del crimen.
POLITICA
Con apoyo de parte del peronismo, Diputados ratificó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea
El oficialismo consiguió este jueves en la Cámara de Diputados la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea con 203 votos positivos, 42 en contra y 4 abstenciones. Ahora el tratado deberá pasar por el Senado para comenzar a ser aplicado.
El acuerdo contó con el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y casi todos los espacios provinciales. Pero el dato destacable fue que el peronismo votó dividido: 47 integrantes de Unión por la Patria se manifestaron a favor.
A diferencia de los proyectos de ley, el tratado entre el Mercosur y la UE no podía sufrir modificaciones. Debía ser aprobado o rechazado en su totalidad, lo que simplificó la discusión para el oficialismo.
Cuando el Poder Ejecutivo sumó su tratamiento al temario de las sesiones extraordinarias, explicaron que el objetivo es que Argentina sea el primer país de la región en ratificar parlamentariamente el tratado para poder aventajar a sus socios regionales.
Esto se debe a que el tratado se divide en una parte política y una económica. La parte política quedó frenada debido a que el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.
Sin embargo, las facultades para avanzar con algunos procesos de integración económica ya fueron delegadas en el Consejo Europeo y este podrá comenzar a negociar con los países que ratifiquen el acuerdo, por ejemplo, para ser los primeros en cubrir cuotas de exportación de carne.
Tanto Brasil como Uruguay enviaron los acuerdos al Congreso. Brasil ya lo dictaminó y lo llevará al recinto después del Carnaval, el 24 de febrero. Mientras que Uruguay se tomará hasta el 27 de febrero para escuchar a todos los sectores productivos involucrados.
Durante el debate, el bullrichista Damián Arabia aseguró el acuerdo “representa el esfuerzo de una gran mayoría de argentinos”. “Cuando un país decide integrarse al mundo, decide crecer. Y cuando decide crecer amplía los horizontes posibles para sus ciudadanos. El desarrollo no es compatible con el aislamiento. Tratándose de un mercado sofisticado, no solo vamos a vender más, sino que vamos a vender mejor”, dijo.
“Este acuerdo también es previsibilidad, reglas claras, alineamiento con los estándares internacionales. En un mundo donde el capital busca un destino seguro, estamos en el lugar correcto”, agregó la diputada Juliana Santillán.
Dentro del peronismo, hubo voces muy críticas del acuerdo. El ex canciller Santiago Cafiero aseguró que la negociación que llevó más de 25 años se cerró en 2019 porque el gobierno argentina “se bajó los pantalones y entregó todo”. “Es un mal acuerdo para la industria porque abre indiscriminadamente y consigue rebajas en el 99% de los aranceles agropecuarios. Pero la rebaja arancelaria no otorga acceso a los mercados, porque por ejemplo existen barreras para-arancelarias y salvaguardas, que le permiten a Europa no cumplir este acuerdo”, señaló. Y agregó: “Estamos dejando que se nos defina como exportadores de materias primas, eso no va a generar empleo”.
En la misma línea, el diputado Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, argumentó que “existen asimetrías entre los países de productividad y de desarrollo tecnológico, pero en este acuerdo no existe cláusulas para compensar estas asimetrías, por lo tanto se van a seguir profundizando”. “No estamos en contra de hacer acuerdo comerciales, pero las negociaciones tienen que defender el interés nacional”, concluyó.
Sin embargo, una parte importante del bloque Unión por la Patria decidió votar a favor del acuerdo. La posición de este sector, donde se destacan Victoria Tolosa Paz, Germán Martínez, Cecilia Moreau y Agustín Rossi, quedó plasmada en un documento que elaboraron y circularon en la previa del debate. Allí señalaron que la posibilidad de acceder a un mercado de veintisiete países, con elevado poder adquisitivo y estándares de calidad exigentes, representa “una oportunidad significativa para ampliar, diversificar y agregar valor a nuestras exportaciones”.
Asimismo, explicaron que el acuerdo constituye una “herramienta estratégica que, gestionada adecuadamente, puede contribuir a ampliar mercados, fortalecer las economías regionales y mejorar la inserción internacional de la República Argentina”.
Sin embargo, reclamaron que el Gobierno adopte inmediatamente “políticas complementarias de desarrollo productivo, fortalecimiento industrial y promoción de exportaciones que permitan maximizar sus beneficios y mitigar sus eventuales impactos adversos”.
“La experiencia internacional demuestra que la apertura comercial sólo resulta sostenible cuando se articula con instrumentos de política industrial, financiamiento estratégico e innovación tecnológica. Argentina dispone de capacidades consolidadas en sectores como energía nuclear, economía del conocimiento, informática y comunicaciones, que deben ser protegidos y potenciados en el marco de una estrategia nacional de desarrollo”, plantearon.
El ex ministro de Defensa y ex jefe de Gabinete, Agustín Rossi dijo que “es un acuerdo que fortalece el Mercosur, lo consolida como actor económico comercial y lo referencia desde el punto de vista internacional”. También destacó que muchos “compañeros diputados del interior han expresado lo que significa para sus economías regionales”. “En mi Santa Fe la faena de la carne genera 12 mil puestos de trabajo”, concluyó.
¿Qué implica el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea?
El acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea abarca dimensiones comerciales, políticas y de cooperación, y que origina uno de los espacios económicos integrados más relevantes, con cerca de 700 millones de personas y alrededor del 25% del PIB mundial.
El tratado propone la eliminación progresiva de más del 90% de los aranceles bilaterales, la reducción de barreras no arancelarias y la unificación de regulaciones en áreas como inversiones, propiedad intelectual y estándares sanitarios y técnicos.
Según el Gobierno, el acuerdo permitiría al Mercosur acceder de manera preferencial a uno de los mercados de mayor poder adquisitivo del mundo, lo que beneficiaría sobre todo a su sector agroindustrial y a la exportación de minerales, alimentos procesados y manufacturas agropecuarias. Para la Unión Europea, el acuerdo fortalecería su presencia en América del Sur y diversificaría sus proveedores estratégicos, especialmente en un contexto de competencia global creciente. Además, las empresas europeas podrían lograr un ahorro anual estimado en hasta 4.000 millones de euros por la reducción de derechos aduaneros, mientras que los flujos de inversión extranjera directa desde Europa hacia el Mercosur podrían duplicarse.
Para el caso argentino, Cancillería prevé que las exportaciones argentinas a la UE crezcan un 76% en los primeros cinco años de vigencia y hasta un 122% en un horizonte de diez años. En particular, destacan que habrá fuerte dinamismo de sectores como la energía y la minería, en particular los proyectos vinculados al litio, el cobre y los hidrocarburos.
Sin embargo, desde la oposición advirtieron sobre las asimetrías en la relación. Las manufacturas del Mercosur, como textiles, calzado y metalmecánica, enfrentarán mayor competencia europea. Como contracara, la agricultura europea teme el impacto de la entrada de productos sudamericanos. De ahí las protestas, especialmente en Francia.
Para la Unión Europea, el tratado servirá para reducir la dependencia de Asia y reforzar su influencia en América del Sur. En tanto, el Mercosur podrá diversificar alianzas, reducir la dependencia de China y reposicionarse como actor relevante en el comercio global.
Business,International Relations,Corporate Events,Diplomacy / Foreign Policy,South America / Central America
MIAMI.- El 1 de abril de 2024, a las 10:49 de la mañana, la mujer de Javier Faroni, Erica Gillette, autorizó una transferencia de US$15.000 a la empresa Delker Inc, supuestamente dedicada gestionar trámites para la industria textil. Lo hizo desde la cuenta del City Bank de TourProdEnter, la empresa que recaudaba el dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior. Dos minutos después, a las 10:51, desde la misma cuenta, Gillette autorizó un pago de US$50.000 a la empresa Seriva Inc. La secuencia, se repitió el 2, 3 y 4 de abril de ese año. Nada era casualidad. Eran dos empresas creadas el mismo día, por la misma persona, y en la misma dirección. En total, según los registros bancarios a los que tuvo acceso , esas dos firmas “gemelas” recibieron casi US$5 millones.
La maniobra arrancó el 8 de mayo de 2023. Las dos empresas se crearon ese día y declararon como domicilio un complejo de oficinas, de seis pisos, ubicado en la ciudad de Doral, en una zona muy coqueta de Miami.
visitó ese lugar, en 8333 NW 53 Street, y comprobó que las dos firmas gemelas apenas habían contratado el servicio de “oficina virtual”, que le permite a los clientes recibir correspondencia.
En el hall central del edificio se anuncian empresas de medicina, de real estate, estudios de abogados, y hasta firmas de seguros. También aparece una firma vinculada a las exportaciones y otra del rubro textil, el mismo al que supuestamente pertenecían Delker y Seriva.
El complejo de Doral tiene seis pisos. En cada uno, hay decenas de oficinas disponibles. Sin embargo, en los pasillos casi no hay movimiento.
Las oficinas se pueden alquilar por hora o por temporada. Los precios arrancan desde US$569 por mes. “Con su cafetería, su salón de negocios y sus modernas instalaciones para videoconferencias, cubrimos todas sus necesidades laborales. Y si le gusta el golf, juegue en el lujoso resort y spa de cuatro estrellas de Trump, a menos de un kilómetro y medio”, se promociona en la web.
Delker y Seriva aparecían en los registros vinculadas a la oficina 450, en el cuarto piso. Pero nunca estuvieron en ese lugar. “No podemos dar información de nuestros clientes. Solo le puedo decir que contrataban el servicio de virtual office”, respondió una empleada que recibe a los clientes en el cuarto piso ante una consulta de este cronista.
Ambas firmas fueron creadas por una empresa registradora de la ciudad de Wilmington denominada American Incorporators Ltd. Y como director fue inscripto Sandro Maximo Salas Sevilla. intentó contactarlo en los últimos días y no obtuvo respuestas.
Transferencias millonarias y páginas clonadas
Desde su creación, Delker Inc recibió transferencias desde las cuentas de TourProdEnter abiertas en el City, JP Morgan, y Bank of America. En total almacenó US$3.705.300 en pocos meses.
Solo desde Bank of America fueron diez transferencias, casi todas en 2024, que quedaron asentados como pago de “servicios”. ¿Qué servicios prestaba la empresa para justificar las transferencias con el dinero de la AFA? En su sitio web, que todavía sigue online, solo se habla de la industrial textil.
“Nos dedicamos a ayudar a los proveedores de la industria textil con soluciones de adquisición edificantes. Como consultor estratégico, simplificaciones el proceso, gestionados los pagos de facturas y garantizamos un seguimiento continuo de las transacciones”, se puede leer en la web.
Exactamente la misma presentación aparece en el sitio web de Seriva Inc. No solo eso. Se utilizaron las mismas fotos, el mismo diseño y hasta el mismo teléfono. Dos páginas clonadas.
Además de las diez transferencias del Bank of America, Delker también recibió una transferencia de US$202.000 desde la cuenta del JP Morgan, el 5 de julio de 2024, y los pagos sucesivos del 1, 2, 3 y 4 de abril de ese año por un total de US$560.000. En total recaudó US$3.705.300. Todo con la aprobación de Erica Gillette, una maestra jardinera que terminó administrando al menos US$260 millones.
Hay más coincidencias. Las transferencias a las empresas “gemelas” coinciden, en muchos casos, con las cuatro sociedades fantasma creadas en Miami que permitieron desviar al menos US$42 millones: Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC. Hay varios ejemplos.
El 3 de abril de 2024, además de Delker y Seriva recibieron dinero Marmasch (US$255.000) y Velpasalt (US$350.000). Al día siguiente, además de las firmas “gemelas” también hubo una transferencia a Soagu por US$365.000.
Otra fecha en la que se cruzan los pagos es el 6 de junio de 2024. Ese día la empresa Delker recibió US$310.000 desde la cuenta del Bank of America. Unos minutos después, Gillette autorizó transferencias a Marmasch -creada por la argentina Mariela Marisa Schmalz (“Mar” por Mariela, “Ma” por Marisa y “Sch” por Schmalz)- y a Soagu Services, creada por Alejandro Ojeda Jara, pareja de Schmalz y empleado de una farmacia en la ciudad de Bariloche. Ninguno de los dos volvió a trabajar luego del escándalo.
Las coincidencias se repiten, en distintos bancos. ¿Es solo una casualidad o revela una vinculación entre las empresas “gemelas” y las cuatro LLC que nacieron en Bariloche? Deberá investigarlo la Justicia.
El empresario y su mujer ya se presentaron en la causa que investiga el juez federal Luis Armella y en el expediente que se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y que tiene todos los registros bancarios obtenidos a través de dos discoveries en la Justicia de Estados Unidos.
Entre otras cosas, esos documentos también revelaron los pagos a la empresa W Trading LLC, del argentino Matías Fernández, y las transferencias por casi US$17 millones para aviones, yates, autos, caballos y hasta en peluquería.
La causa con todas las pruebas que llegaron desde Estados Unidos seguirá en el fuero penal ordinario tras una decisión, esta semana, del camarista Ignacio Rodríguez Varela. Fue un duro revés para la estrategia de Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, que apostaban a concentrar todas las causas en Campana, donde se investiga la mansión de Pilar.
La hermana “gemela” de Delker, Seriva Inc, acumuló otros US$998.000, en apenas unos meses, siempre con el dinero que depositaban los auspiciantes de la Selección argentina y otras empresas en las cuentas de TourProdEnter. Desde el Bank of America hubo un solo pago de US$295.000. En los registros de esa entidad, la transferencia aparece justificada como “pago proveedores”.
A eso se suman otros US$703.000 enviados desde el City Bank los primeros cuatro días de abril de 2024.
La maniobra terminó como había empezado, de manera coordinada. El 9 de enero del año pasado, las dos empresas “gemelas” se disolvieron, al menos en Miami. “En febrero de 2025, Delker se abrió en el estado de California. Duró solo hasta julio”, contó un abogado que litiga en Miami y viene siguiendo el minuto a minuto de la trama.
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(Con la colaboración de Ignacio Grimaldi)
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