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Rebelión en el clan Moyano: puja de poder entre hijos, negocios millonarios y un alarmante rojo financiero

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Casi sin diálogo con sus hermanos y enfrentado a su padre, Pablo Moyano espera su momento para desembarcar otra vez en el Sindicato de Camioneros, donde figura en los papeles como número dos, aunque está corrido de las negociaciones con los empresarios y de la administración del gremio y la obra social. No asiste desde hace un año a su despacho del tercer piso de la sede de San José 1781 y está dedicado casi a tiempo completo a su rol de gestor deportivo del Club Camioneros.

A través de un video divulgado por redes, Pablo Moyano reapareció esta semana para denunciar precarización en un centro de logística que distribuye bebidas. Su aparición fue fugaz, pero no resultó casual: su reclamo involucra a trabajadores de la rama Aguas y Gaseosas que el domingo último protagonizaron una batalla campal en la que hubo tiros, cuatro apuñalados y presencia de barrabravas.

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Este enfrentamiento expuso cómo la pelea interna por el control del sindicato se trasladó a las bases, con facciones que responden a Pablo y otras a Hugo, el histórico jefe de 81 años que comprueba por primera vez en décadas que su poder comenzó a erosionarse.

La pelea entre padre e hijo se aceleró el año pasado, cuando Pablo renunció a su silla en el triunvirato de mando de la CGT. “Pablo es así”, salió del paso Hugo Moyano cuando lo consultaron sobre los movimientos de su hijo mayor. Después de sellar una suerte de pacto con “los Gordos” (los grandes gremios de servicios que históricamente fueron sus rivales), Moyano padre conservó su influencia en la CGT a través de Octavio Argüello, un dirigente camionero leal de Tres de Febrero que lo ayudó hace diez años a construir un partido político. Argüello está sentado hoy en la cúpula de la CGT gracias a Hugo Moyano y hasta comparte con su jefe el secretario privado: Jerónimo Moyano, el hijo menor del líder del clan y quien tiene cada vez más influencia en la estructura y negocios del sindicato.

Tras su abrupta salida de la CGT, cuestionada públicamente por su padre, Pablo Moyano se aisló y se dedicó a la gestión deportiva. El equipo profesional de fútbol del gremio ascendió tres categorías en apenas dos años en los torneos de la AFA. Jugará en 2026 en la Primera B Metropolitana, la tercera división. Claudio “Chiqui” Tapia, el exsindicalista camionero que tiene a la AFA en un puño, estuvo casado con Paola Moyano, una de las dos hijas del jefe camionero. Tras una discusión que casi termina a las piñas, Tapia se reconcilió con Pablo Moyano a partir de las gestiones de los hijos de ambos, quienes comparten la pasión por el fútbol. El fútbol como industria y negocio se proyecta como una de las nuevas cajas de los camioneros.

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Poder y un tesoro incalculable

El verdadero poder del gremio, sin embargo, está en su estructura e influencia en el músculo productivo del país. El 93% del transporte de cargas se realiza en camión; el 7% restante, en tren. Son datos de la Secretaría de Transporte. Moyano lidera hoy a una tropa de 190.000 camioneros registrados, quienes aportan el 3,5% de su sueldo en concepto de cuota sindical. El salario básico promedio de un camionero es hoy de $776.000, la rama más baja (recolección de residuos), y por encima del millón de pesos, las más altas (transporte de caudales, combustible y grúas), según las planillas salariales de noviembre exhibidas en el sitio oficial del gremio. Sin embargo, con los adicionales, viáticos, horas extras y otros beneficios, los sueldos oscilarían entre el $1.500.000 y $5.000.0000, según fuentes sindicales.

Bajo su conducción, Moyano expandió la riqueza del sindicato, que cuenta con unas 280 propiedades distribuidas estratégicamente por todo el país, lo que representa un tesoro inmobiliario incalculable.

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Liliana Esther Zulet, la esposa de Hugo Moyano, fue la mentora del holding de empresas que orbitan alrededor de Camioneros y que encadenaron ganancias extraordinarias durante años a pesar de tener a un solo cliente: el gremio. Ese panorama dio ahora un vuelco porque la obra social de los camioneros (Oschoca) se debate entre la convocatoria de acreedores, la quiebra o prolongar su existencia a través de la asistencia de fondos que le destina el sindicato, con todas las complicaciones contables que ello implica.

La obra social del gremio fue la viga maestra de los negocios de su imperio camionero desde hace por lo menos dos décadas. El fondo de comercio lo tiene Iarai SA, una de las empresas de servicios médicos que ideó Zulet y en cuyo directorio están Valeria Salerno y Juan Noriega Zulet, dos hijos que tiene de otros matrimonios antes de casarse con el jefe camionero.

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El último auxilio a Oschoca se lo dieron los empresarios, que aceptaron otorgar un aporte mensual de $20.000 por trabajador que va directamente a la prestadora médica. Empezó como un pago extraordinario y ahora es un ítem salarial adicional que se añade a los aportes convenidos por ley. Este aporte extraordinario fue autorizado por la Secretaría de Trabajo a pesar del intento del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de eliminar este tipo de compensaciones.

La deuda de Oschoca solo en las 23 seccionales del interior del país alcanza casi los $26.617 millones, según las planillas a las que accedió . Ese déficit no contempla Buenos Aires, donde está hoy el 50% de los 190.000 afiliados. Es decir, si se tiene en cuenta la deuda con base en la cantidad de afiliados, el rojo financiero podría rondar los $50.000 millones de pesos, según fuentes sindicales. En un despacho cerca del de Moyano reconocieron que Oschoca perdió miles afiliados a medida que se agudizó su crisis.

El derrumbe de la obra social como negocio, sumado a la falta de atención y recursos, que se dificulta aún más por el aumento de los costos, abrió un debate interno en el clan Moyano. Ya no les cierra seguir solventado a la prestadora médica con dinero ni propiedades del sindicato. No solo les dejó de redituar económicamente, sino que se complica el argumento contable, ya que son entidades con cuits diferentes, por lo que cualquier operación podría quedar bajo sospecha ante una mera inspección de la AFIP o de la Superintendencia de Servicios de la Salud, el organismo que supervisa a las obras sociales.

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Los millonarios vínculos comerciales entre el gremio y la familia política (Zulet y sus hijos de otro matrimonio) fueron en su momento la viga maestra que sostuvo los negocios del clan. Hubo en 2010 un expediente judicial que se activó a partir de una denuncia de Graciela Ocaña. Nunca hubo avances en los tribunales: lo tuvo frenado primero Claudio Bonadio y ahora está en la oficina de Julián Ercolini. Ocaña promete volver a la carga para que se investiguen los aportes estatales que recibió Moyano durante la pandemia.

El líder camionero puede jactarse de tener hoteles en todo el país, una constructora (Aconra SA), un taller de ropa (Dixey SA), una prestadora médica (Iarai SA) y una aseguradora de riesgos del trabajo (Caminos Protegidos). Tal vez haya más. En los directorios de las empresas Zulet tiene desplegados a sus hijos, incluso a Jerónimo, el que tuvo en su matrimonio con Moyano. Jerónimo se proyecta como el heredero elegido, a pesar de su juventud. Es hoy el secretario privado de su padre. Le maneja su agenda, el teléfono y es su sombra. Además, está contratado a sueldo en la empresa Express Beer SA, una compañía dedicada al transporte de bebidas cuyo dueño es Juan Aguilar, una de las máximas autoridades de la cámara empresaria con la que Moyano negocia salarios y condiciones laborales.

Pablo Moyano fue el primero en advertir sobre las eventuales consecuencias del avance de Zulet, a quien su padre conoció en los 90 durante una audiencia de mediación por una deuda de medio millón de dólares que el gremio tenía con una de sus empresas, según se describe en El hombre del camión, el libro sobre Hugo Moyano que escribieron los periodistas Emilia Delfino y Mariano Martín.

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Rebelión

Los coletazos de la crisis en la obra social comenzaron a tener impacto en otras estructuras y en los escalafones de mando de un gremio que siempre hizo culto de la figura de su líder.

Desde hace tres meses, avanza una causa judicial en Mar del Plata por un presunto desvío de $13.000 millones de un hotel del gremio. Están bajo la lupa cheques en blanco y sobreprecios que derivaron en una purga en el consejo directivo, con salidas de hombres de extrema confianza del jefe camionero. La ventilación del caso, que se investiga como un posible fraude, reavivó la puja interna y hubo cruces de acusaciones entre los dos sectores: los de Hugo y los de Pablo. Hasta un dirigente denunció que el frente de su casa fue baleado de madrugada.

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El otro frente en el que se libra la batalla por el poder es en la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que reúne a todos los gremios del sector de todo el país y en el que habrá recambio de autoridades. Surgen por primera vez en décadas focos insurgentes que ponen a prueba el liderazgo de Moyano, el jefe de la federación desde 1992. El fallo de la Corte Suprema que avaló la desafiliación del gremio de Santa Fe, que lidera el opositor Sergio Aladio, marcó un fuerte precedente. También la escisión en Córdoba de los recolectores de residuos, que crearon su propio gremio de la mano de Mauricio Saillen.

Pablo Moyano, enfrentado con el líder camionero

El descontento con los Moyano también se expandió insólitamente a Buenos Aires, la seccional más poderosa y donde Pablo conserva todavía su injerencia. Un grupo de delegados de la rama de la recolección de residuos se levantó contra sus jefes. El malestar de los recolectores es porque no cobrarán la indemnización por la denominada “ley Moyano”, una norma no escrita por la cual cada vez que una empresa cambie de accionistas debe despedir al personal, indemnizarlo y volverlo a contratar. Se trata de un pacto que selló hace 26 años Hugo Moyano con Franco y Mauricio Macri.

La insurgencia de los recolectores de residuos obligó a Marcelo Aparicio, número tres del gremio, a dar explicaciones. Aparicio reconoció en un video que la denominada “ley Moyano” es “un privilegio que no existe en la ley de contrato del trabajo”. Intentó así poner paños fríos sobre una rama rebelde que estuvo bajo su órbita. Aparicio, a quien se intentó involucrar con la presunta estafa en el hotel marplatense, es uno de los dirigentes más cercanos a Pablo Moyano. Cuentan en el gremio que ante la profundización del enfrentamiento entre padre e hijo, intervino con una ocurrencia: “Si no pueden ser familia, sean compañeros de laburo”.

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Incendio en Ezeiza: el Gobierno sospecha del origen de la explosión y busca determinar responsabilidades

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El Gobierno sospecha del origen de la explosión que provocó el incendio en el parque industrial de Ezeiza y busca determinar responsabilidades. El Ejecutivo desplegó fuerzas federales sobre el territorio y pone la mira sobre el alcance que tuvo el depósito de la empresa Iron Mountain, que protagonizó en 2014 un incendio intencional en Barracas, según determinó la Justicia.

Tenemos que ver primero qué es lo que pasó para definir cómo avanzar”, expresan en Nación. El Ministerio de Seguridad -que encabeza Patricia Bullrich- le dio curso a la Agencia Federal de Emergencias para que colabore en el operativo junto con el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Ya están sobre el perímetro Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina.

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Leé también: Milei traspasará el Renaper y Deportes a Interior y creará un área para que Santilli coordine con el Congreso

La Casa Rosada está a la espera de la determinación de la Justicia sobre el proceso de investigación y asegura que colaborará con “todo lo que pidan” en términos de pericias técnicas sobre la explosión. Las primeras hipótesis apuntan a un depósito de agroquímicos como el lugar donde se originó el incendio. “No se descarta ninguna hipótesis”, agregan.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó este viernes por la noche que uno de los depósitos afectados por el incendio en el Polo Industrial Spegazzini pertenece a la empresa Iron Mountain. El fuego también afectó a una empresa de neumáticos y una fábrica de envases plásticos, entre otros.

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Explosión e incendio en el parque industrial de Ezeiza: hay al menos 15 heridos (Foto: TN).

Mientras que Gendarmería se encargó de asegurar los accesos al parque industrial, la Policía Federal desplegó dos unidades contra incendios, una brigada de riesgos químicos y una cisterna de apoyo. También se activó un dispositivo sanitario federal con ambulancias, un helicóptero en apresto y personal emergentólogo.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 15 pacientes derivados a la Clínica de Monte Grande, tres trasladados al Hospital de Ezeiza y un esquema de derivación coordinado con la Provincia para casos críticos. El Hospital Bicentenario preparó 9 camas UTI, reforzó enfermería y activó el protocolo de descontaminación. El Hospital Cuenca Alta se mantuvo en alerta por el ingreso de un paciente quemado grave, y el Hospital Posadas puso a disposición camas UTI y su shock room.

Leé también: El Gobierno prevé mantener dos medidas del cepo al dólar que restauró antes de las elecciones

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Noticia que está siendo actualizada.-

Incendio, Ezeiza, Gobierno

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El Gobierno cree que aprobará el Presupuesto: qué piden las provincias y la posible fractura en el Congreso

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A dos semanas del inicio de las sesiones extraordinarias, el Gobierno confía en que va a tener los apoyos para aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026 y para eso se muestra abierto a negociar con las provincias, que coinciden en la importancia de que se sancione esta ley, pero reclaman a cambio ayuda para acceder a créditos internacionales y mayores fondos por parte de la Nación.

Estos fueron algunos de los puntos que los mandatarios locales le fueron transmitiendo al flamante ministro del Interior, Diego Santilli, en las reuniones que viene teniendo incluso desde antes de asumir.

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A pesar de la victoria en las últimas elecciones, La Libertad Avanza necesitará del respaldo de otros bloques para sancionar esta norma, como así también el resto de las iniciativas que impulsará el Poder Ejecutivo.

La Casa Rosada está dispuesta a consensuar con la oposición “dialoguista” algunas modificaciones en el texto original del presupuesto para el año que viene, excepto los puntos que tienen que ver con la asistencia social, la seguridad, la defensa y la reducción del tamaño del Estado.

El Gobierno convocará a sesiones extraordinarias (Jaime Olivos)

Así lo reconoció el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, principal encargado de controlar el gasto público, durante un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

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Preservando esos tres ejes de política, cualquier otra discusión está abierta. Hemos tenido reuniones sistemáticas con todos los gobernadores, sin distinción de partido político», remarcó.

En este sentido, el funcionario señaló que “fue un desafío enorme encontrar cómo llevar adelante esa relación” con las provincias, aunque se mostró confiado de alcanzar consensos con la mayoría.

“Hemos tenido acuerdos y desacuerdos, pero funcionó de buena manera y el diálogo está bien para llegar a tener antes de fin de año una ley de Presupuesto aprobada, respetando el equilibrio fiscal como condición sine qua non“, afirmó.

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En las reuniones con Santilli y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, varios gobernadores le plantearon al ministro el pedido de que se entreguen los avales correspondientes para que puedan acceder a créditos internacionales, algo que no tendría ningún costo para el Estado Nacional.

Adorni y Santilli recibieron a varios gobernadores

Es una cuestión que salió en muchas de las conversaciones que se tuvieron hasta el momento, pero es algo que tiene que ver Economía primero”, detalló a Infobae una fuente al tanto de las negociaciones.

Muchos distritos proponen que los cupos que otros territorios tienen para endeudarse, pero que no están siendo utilizados, se traspasen a los que sí requieren financiamiento de manera más urgente.

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De hecho, este es uno de los puntos que Rolando Figueroa va a mencionar este sábado cuando reciba al “Colo” en Neuquén, además de insistir con la deuda que tienen con la provincia patagónica.

Otra de las monedas de cambio será la inclusión en el temario de extraordinarias de la Ley de Glaciares, que viene exigiendo más de un mandatario para poder tener autonomía a la hora de decidir qué zonas se pueden explotar y cuáles no.

“Una de las normas que estaremos enviando está vinculada a los periglaciares. La misma busca devolverle a las provincias la potestad de determinar su propia zona periglaciar, fortaleciendo el federalismo. Esto permitirá destrabar proyectos y generar una fuerte ola de inversiones”, confirmó Milei el jueves pasado, en su discurso en la Fundación Club de la Libertad, en Corrientes.

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Asimismo, también piden que se vuelvan a tratar algunas iniciativas que no prosperaron en el pasado, como es la coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos.

En junio, luego de que fracasaran las tratativas con la Casa Rosada, los representantes de las 24 jurisdicciones del país enviaron un proyecto para modificar la forma en la que se distribuyen los ingresos por este gravamen.

Actualmente, ese dinero se divide de la siguiente manera: un 10,40% va para el Tesoro Nacional; el 15,07% le corresponde al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI); el 28,69% se envía al Sistema Único de Seguridad Social; el 4,31% queda en el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica; el 28,58% se entrega al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte y el 2,55% se traslada a la Compensación Transporte Público.

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Los gobernadores piden volver a discutir la distribución del impuesto a los combustibles líquidos

De esta manera, solamente el 10,40% restante se reparte entre las provincias, lo que representa un monto minoritario de los más de 2.500 millones de pesos que recibió la Nación en concepto de este gravamen, según fuentes oficiales.

Esa iniciativa fracasó en la Cámara de Diputados pocas semanas más tarde, gracias a la ausencia de legisladores que responden a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Alberto Weretilnek (Río Negro).

En los últimos días, los dos primeros se acercaron al oficialismo y comenzaron a dialogar entre ellos para armar un bloque propio junto a Raúl Jalil (Catamarca) y el propio Figueroa, lo que cambiaría el mapa en el recinto.

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Si este movimiento se termina dando, los cuatro diputados catamarqueños de Fuerza Patria abandonarían esa bancada y se sumarían a una nueva que, aunque no es oficialista, aparece como una oposición más blanda.

“Yo no soy ni aliado ni oposición y así me quiero mostrar. Creo que a Milei le tiene que ir bien, considero que tiene que haber un Presupuesto con equilibrio fiscal, pero también necesitamos que nos paguen lo que nos deben y que se empiecen a reactivar algunas obras”, remarcó uno de los mandatarios provinciales involucrados.

De todas formas, estos traspasos todavía se están analizando y se producirían -si es que ocurren- recién después del 10 de diciembre, con el cambio legislativo.

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Esta semana, Milei recibió en la Casa Rosada a los diputados y senadores electos de La Libertad Avanza para transmitirles los objetivos que pretende que se cumplan durante el periodo de sesiones extraordinarias.

De ese acto participaron también Martín Menem y Patricia Bullrich, que serán los encargados de llevar adelante las instrucciones en la Cámara baja y en la alta, respectivamente.

“Todas las provincias están de acuerdo en que el Presidente tenga el Presupuesto, es más, necesitan que lo tenga, porque esto de seguir prorrogando el mismo del 2023 es un parche que no va más. Hay un cierto consenso en eso y en que se tiene que respetar el déficit cero, eso es un concepto que ya se instaló y al que ahora es muy difícil que alguien se oponga”, confió una fuente de Balcarce 50.

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Santilli quiere la firma de Luis Caputo para cerrar acuerdos: señal a la interna y a los gobernadores

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Diego Santilli suma reuniones con gobernadores en su nuevo despacho. También acumula kilómetros, porque visita algunas provincias. Y avisa, además, que es necesario que Luis Caputo ocupe una silla frente a la mesa de negociaciones. El Presupuesto 2026 asoma como primer objetivo: sería la base para avanzar con las anunciadas “reformas estructurales”, conocidas hasta ahora por los títulos y, cada tanto, por trascendidos que sugieren tanteos o ensayos. El ministro del Interior se tiene que mover en velocidad porque Olivos apuesta a un éxito legislativo antes de las fiestas de fin de año. Precisa entonces afirmarse en el juego interno y dar seguridad en las tratativas con los jefes provinciales. Es casi lo mismo.

El ministro había comenzado con los contactos informales antes de asumir y para este sábado tiene anotada la décima reunión con gobernadores. En otras palabras: la mitad de los jefes de distrito que fueron invitados, en clima de celebración violeta, para la foto poselectoral con Javier Milei. Aquella imagen resultó también la última postal aportada por Guillermo Francos, horas antes de su forzada salida del gabinete. Un dato con varias lecturas.

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Al menos una de esas lecturas fue generalizada entre socios y dialoguistas, incluidos los referentes provinciales. La caída del jefe de Gabinete fue lamentada entonces como un gesto negativo, porque se alejaba el funcionario de mayor recorrido político y, de inmediato, era designado Manuel Adorni. El reemplazo en el ministerio del Interior reactivó expectativas sobre la voluntad negociadora de Olivos, en sintonía con el reclamo de consenso que llegó y es sostenido desde Washington.

Con todo, el paso de Francos no dejó sólo esas señales. Es llamativo el intento que se registra en pliegues del oficialismo para facturarle ahora problemas de gestión que lo trascendieron. Entre esos costos, el primero tiene que ver con las internas. Fue esmerilado por Santiago Caputo, ahora más bien relegado, y terminó también en la mira de Karina Milei como reacción a sus puntos de vista críticos sobre el armado violeta en cada provincia.

Al margen de esa tendencia a las internas en continuado -que tampoco es original-, desde las filas de los gobernadores se anotaba malestar a pesar de las consideraciones referidas. Y el principal motivo se resumía en el cuestionamiento a su peso real como interlocutor. Pesaban el efecto de las vías paralelas de negociaciones y las operaciones cruzadas en sus provincias, de modo tal que se apuntaba directamente al “triángulo de hierro”. En otras palabras: resultaba desacreditado por las gestiones informales y por la imposibilidad de generar acuerdos de respeto recíproco entre el Gobierno y los gobernadores.

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No sólo ese registro hace a las prevenciones de estas horas. El punto quizás central fue que varios acuerdos con provincias “amigas” fueron quedando en vía muerta al no lograr el aval de Economía. El tema de los compromisos incumplidos habría aparecido en las conversaciones de Santilli con algunos gobernadores.

Manuel Adorni junto a Diego Santilli, con el gobernador Gustavo Sáenz

La nueva negociación encarada por Jorge Macri con Luis Caputo, después de meses de frío en las relaciones de la Casa Rosada y la Ciudad de Buenos Aires, expuso al menos dos elementos a considerar políticamente: el primero, que cada distrito tiene sus reclamos específicos -además de los planteos generales, como ATN y freno de la obra pública- y el segundo, que la llave la tiene Economía. Eso, por supuesto, es un camino de negociación a recorrer si hay voluntad política.

Un dato práctico más: las garantías de los acuerdos tendrían que proyectarse sobre el texto del Presupuesto. Eso, como se verá en el recorrido imaginado por el Gobierno para la vuelta a la actividad legislativa, está a la vista en esta etapa. Lo expuso la negociación entre la Ciudad y Economía, y lo sugieren contactos con las provincias.

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Santilli necesita entonces afirmarse como principal interlocutor político con las provincias y eso remite en primer lugar al plano doméstico. Por supuesto, gravitarán sus propias condiciones personales. Pareció un ejercicio pragmático, realista, su declaración expresa sobre el papel del ministro de Economía en esta negociación. Dijo que debe sumarse a las tratativas con los gobernadores.

Visto así, el resultado no dependería sólo de su muñeca, sino de la actitud real de Olivos. Paz interna, al menos en lo que lo involucra personalmente, y compromiso efectivo con las jefes provinciales. De manera llamativa, el frente interno produjo otras novedades, que se podrían suponer inesperadas o al menos lejanas al foco sobre el poder fortalecido de Karina Miley y, por carácter transitivo, sus interlocutores. La tensión tuvo como protagonista a Patricia Bullrich.

La ministro y senadora electa se viene moviendo en todos los planos con lógica de poder y a mediano plazo. La pulseada con el ministerio del Interior por el Renaper expuso un foco de tensión nuevo en el equipo presidencial, esta vez en la franja de origen amarillo. Y el juego de compensaciones aparentes o efectivas en el Gobierno añadió otro ingrediente: el manejo de la relación con el Congreso, además del canal con los jefes provinciales.

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El cuadro que asoma en el Congreso es complejo, con bloques violetas más nutridos, pero con ineludibles negociaciones para coronar mayorías, además de contener internas viejas y nuevas. El impacto del resultado electoral es visible. En Diputados, oxigenó a Martín Menem, de estrecha relación con Karina Milei y ratificado públicamente por el Presidente. Y en el Senado, ya se muestra Patricia Bullrich con manejos de jefa política.

El Gobierno se ha impuesto la necesidad de acelerar la negociación sobre el Presupuesto. Está claro que deberá contar con un acuerdo político sólido si realmente busca aprobar el proyecto entre el 10 de diciembre y la Navidad. Pesa el correr de los días para todos, no sólo para Santilli.

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