POLITICA
Una empresa de Piccirillo vendió US$250 millones en un año: el “pasa manos” y los secretos del blue
Elías Piccirillo era conocido como “El rey del dólar blue” por la fortuna que operaba a diario. En la City, lo apodaban de una manera menos glamorosa: “El Hombre de Negro (HDN)”. Su popularidad llegó de la mano de Jesica Cirio. Duró muy poco. Una pelea con otro financista lo llevó a la cárcel. Estuvo casi ocho meses en Ezeiza. Desde este viernes cumple con prisión domiciliaria en un departamento de 37 m2, en Banfield. Pero sus problemas están lejos de aclararse. Casi dos años después, el Banco Central lo investiga por la operatoria del dólar blue. Un sumario en curso contra una de sus casas de cambio, Arg Exchange, revela que en 2023, en pleno auge del cepo, vendió US$250 millones a otras entidades que no justificaron el origen de los fondos. En su momento, no levantó ninguna alarma a las autoridades de turno. El expediente expone, además, algunos de los actores principales de ese mercado ilegal.
La investigación del BCRA, en curso desde fines de 2024, se entrecruza con una causa incipiente por presunto lavado de dinero contra Piccirillo y otro financista, Francisco Hauque, en los tribunales de Comodoro Py.
El nombre de Piccirillo y la casa de cambio “Arg Exchange” son parte de un rompecabezas que los investigadores buscan completar. Ante una consulta de , la entidad que preside Santiago Bausili se limitó a decir que “inició una serie de investigaciones de operatorias cambiarias llevadas a cabo durante 2022 y 2023 que involucran a algunas pocas entidades financieras y a un número mayor de casas y agencias de cambio, con acceso a los dólares de las reservas internacionales del BCRA”. En su respuesta, el BCRA también advirtió que “hay indicios para sospechar que muchas de las compras en el MULC (mercado único de libre de cambios) durante el período investigado no están basadas en operaciones genuinas”.
Una de las casas de cambio en la mira es la de Piccirillo. El empresario apareció en Arg Exchange en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritaria era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Martín Migueles.
Los movimientos de Arg Exchange revelan que se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029, según los registros a los que accedió . Esto significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.
Solo en el mes de octubre, en sintonía con la tensión cambiaria previa a las elecciones presidenciales, la sociedad de Piccirillo y Migueles compró más de 80 millones de dólares.
La Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRT concluyó, en junio pasado, que Arg Exchange “realizó una actividad no permitida”. La resolución sostiene que dichas operaciones se habrían realizado “al adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo” y agrega que “no se considera debidamente justificado el origen de los fondos”.
La maniobra sospechosa
¿A quién le compraba los dólares? En los registros del Banco Central se destacan el Banco MasVentas (US$24.200.000) y varias agencias que ahora están suspendidas o con sumarios abiertos: Rosario Cambio, Fast Cambio, Cambio Belgrano, Cambio Dem, Atlántida del Rosario Servicios, y el Banco Sucrédito, de Salta, donde Piccirillo terminó desembarcando, según el mismo declaró ante la Justicia.
“Los dólares siempre salían de una entidad financiera y luego comenzaban a circular por una cadena de casas de cambio. La ultima agencia, la que le vendía a un cliente fuera del mercado, quedaba afuera del ruedo en apenas dos semanas porque no podía justificar los números”, cuenta un financista que conoció el circuito desde adentro y prefiere mantener el anonimato.
Piccirillo, según esa misma fuente, llegó a operar hasta 20 millones de dólares en un solo día.
Las operaciones millonarias que realizaba Arg Exchange encendieron las alarmas del Banco Central recién en 2024, tras el cambio de gobierno. La investigación interna derivó en un sumario que incluye a Piccirillo y Migueles, tal como adelantó .
Migueles recién se notificó de los cargos hace dos semanas: tuvo que ir personalmente al BCRA, donde le entregaron un pen drive con todas las pruebas. “No hay ninguna operativa prohibida. El Banco Central monitoreaba las operaciones de las agencias todos los días, casi en tiempo real, ahora no puede decir que no sabía nada”, dicen sus abogados.
consultó al Banco Central para saber qué funcionarios estaban a cargo de controlar a las agencias durante 2023, pero no obtuvo respuesta.
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso este medio, a Piccirillo y Migueles se los acusa de “adquirir divisas a valores oficiales destinadas a abastecer el mercado paralelo”. “Arg Exchange efectuó operaciones de venta de divisas a otros operadores de cambio que no justificaron el origen de los fondos transados y que, a su vez, abastecieron a otras entidades...”, detalla el sumario. Por esta razón, el texto habla de una “operatoria de intermediación”.
¿Cómo fueron las ventas? Durante 2023, “Arg Exchange” vendió a otras entidades financieras o cambiarias casi la misma cifra que compró, US$251.961.040. Mas allá del volumen, los investigadores pusieron el foco en los “clientes” de esa casa de cambio. Ahí aparecieron varias agencias vinculadas al “Rey del Blue”.
En el listado de compradores se destaca Intercash, con casi 84 millones de dólares, Cambio Imperial (US$66.835.000), Gis Cambio (US$53.960.400) y Andie SRL (US$13.100.000).
En Gis Cambio aparece, otra vez, Matías Bocca, socio minoritario de Piccirillo. Según reportes del BCRA, era dueño del 30% de las acciones de esa casa de cambio. Estaba de los dos lados del mostrador.
Bocca también es mencionado en otro sumario contra Free Charge. Allí se encuentra conectado con María Fernanda Sena Argis, exsocia del financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La mujer declaró ante el BCRA que le vendió sus acciones de Free Charge a Bocca en 2021.
Arg Exchange cumplía el rol de intermediaria en la cadena que explotaba el negocio del dólar blue: compraba grandes cantidades y vendía casi los mismos montos. Las ventas a clientes eran casi inexistentes. Apenas un 0,002% de las ventas totales registradas en todo 2023.
Algo similar ocurría con las entidades que le compraban los dólares. El Banco Central habla de un “pase de manos”. “Esa situación constituye una alerta que no podía ser ignorada por la entidad, puesto que implicó su participación en un ‘pase de manos’ de pesos y dólares sin justificación económica aparente”, se puede leer en el sumario del BCRA.
Los investigadores distinguieron dos grupos bien diferenciados entre las entidades que le compraban a Arg Exchange. Algunas entidades como Cambio Imperial, Andie, Centenera, Intercash y Eden terminaron suspendidas o revocadas para operar porque había indicios de “un origen y destino ilegal de los fondos utilizados y de las divisas adquiridas”. Y el segundo grupo revendía los dólares a otros operadores que terminaban cometiendo las presuntas irregularidades.
El informe menciona el caso puntual de Gallo Cambios. En mayo de 2023, esa casa de cambio le compró a Arg Exchange y le terminó revendiendo la misma cantidad a Andie. En el mercado, esa dos agencias se la adjudican a Piccirillo.
Al momento de impulsar el sumario contra “Arg Exchange”, que recién fue cerrada en febrero de 2025, la Gerencia de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA pidió tener en cuenta “la responsabilidad de los accionistas de la entidad”. Por eso las intimaciones también fueron contra Migueles (como presidente), Tomás Schulze (vice), Hernán Rodrigo Nion (vice) y Piccirillo (accionista mayoritario).
En el mercado financiero aseguran que toda la operatoria del blue, que dejó millonarias ganancias, funcionó por la falta de controles del Banco Central de ese momento.
En una causa judicial contra Piccirillo hay chats y audios que apuntarían a funcionarios del BCRA. “Escucha tengo que hacer cosas, ponerla a Romina, meterla a Romina en un expediente, meterlo a Jaime en un expediente, meter al boludo (no se escucha), tenés que mandar una manifestación a puerta de la casa de Romina, una manifestación al Banco Central, manifestación en todos lados…”, le dijo Francisco Hauque a Piccirillo en uno de los audios aportados como prueba.
En el entorno de los financistas aseguran que aludían a Romina García, inspectora general de Supervisión de Entidades no Financieras. Esa funcionaria sigue en su cargo. consultó al Banco Central sobre los controles a cargo de esta funcionaria, pero no emitió comentarios.
Otra financiera que cayó por el blue
Gran parte de las entidades que operaban como compradores y vendedores de Arg Exchange se repiten en otros sumarios abiertos por el Central. Es el caso de Mega Latina, una casa de cambio que operó más de 413 millones de dólares en 2023.
Ese expediente del BCRA, al que accedió , revela que casi 328 millones provenían del Banco de Servicio y Transacciones (BST), y que Mega Latina le vendió casi el mismo monto a Gallo Cambios, investigada por el caso de Arg Exchange.
Sobre las ventas de Mega Latina, el sumario del BCRA destacó que ocurrieron “especialmente entre junio y agosto” de 2023. De hecho, en ese período la casa de cambio retiró “en efectivo por caja” los casi US$328 millones que le compró al BST.
Las autoridades del Central describieron que ese dinero fue vendido “en efectivo a otros operadores de cambio”. Luego, el documento explica que dichas contrapartes (algunos de los que le compraron dólares a Mega Latina) “recibieron transferencias en pesos en sus cuentas sin haber registrado operaciones a su nombre”. Con esto, la entidad monetaria reforzó su hipótesis sobre posibles operaciones blue, además de reiterar la falta de documentación que acredite el origen lícito de los fondos.
La defensa de Mega Latina rechazó la acusación en su contra: sostuvo que “las operaciones cursadas no se encontraban prohibidas y que la exigencia de la que se responsabiliza a la entidad surge de la interpretación antojadiza de un supuesto exceso en el negocio autorizado”. El mismo argumento que plantean las defensas de Migueles y Piccirillo.
El sumario de Mega Latina acaba de finalizar con sanciones millonarias, aunque todavía se pueden apelar. Según una resolución firmada por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curutchet, la firma deberá pagar una multa de $34.588.463.033.
Solo las operaciones de Arg Exchange y Mega Latina superan los 700 millones dólares. Es solo el comienzo. El “pase de manos” del blue tuvo decenas de beneficiarios. Y muchos más responsables.
una causa incipiente por presunto lavado de dinero,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Dólar blue,Conforme a,Dólar blue,,Últimos registros. A cuánto cotiza el dólar oficial y el blue este sábado 15 de noviembre,,Las acciones del agro subieron hasta 26%. La reacción del mercado tras el acuerdo entre la Argentina y Estados Unidos,,Minuto a minuto. A cuánto cotizó el dólar este viernes 14 de noviembre
POLITICA
El Gobierno acelera la privatización del Belgrano Cargas y abre una pulseada con los gremios ferroviarios
La Casa Rosada entró en la recta final de uno de los movimientos más relevantes de su plan económico: la privatización del Belgrano Cargas y Logística. Según confirmaron fuentes oficiales, el pliego con las condiciones de participación será publicado en diciembre y definirá el destino de más de 7.600 kilómetros de vías férreas que atraviesan 17 provincias.
La estrategia, considerada clave por el Ejecutivo, pretende atraer inversiones privadas para modernizar el transporte ferroviario de cargas y mejorar la competitividad logística del país.
Altos funcionarios del Gobierno aseguran que el documento técnico “ya está prácticamente terminado” y que todas las áreas involucradas trabajan para que la licitación se active antes de fin de año. En paralelo, equipos especializados ultimaron en los últimos días la valuación de los activos, una tarea compleja por la diversidad del material disponible: desde locomotoras y vagones hasta talleres, inmuebles y corredores estratégicos.
A diferencia de las privatizaciones realizadas en los años 90, el esquema que proyecta el Ejecutivo se basa en una desintegración vertical de la empresa estatal. La estructura actual será dividida en bloques, con procesos de adjudicación independientes.
Por un lado, el material rodante será subastado mediante remates públicos; por otro, las vías y los terrenos serán concesionados por décadas bajo el régimen de obra pública. Los talleres ferroviarios también quedarán bajo concesión, con la obligación de permitir el acceso a distintos operadores.
La propuesta contempla un modelo de infraestructura de acceso abierto, donde el adjudicatario de cada tramo deberá garantizar la circulación de cualquier empresa habilitada para transportar cargas. El Estado, en tanto, mantendrá la propiedad de las tierras y de todas las trazas ferroviarias involucradas. Con el dinero obtenido por la venta del material rodante, se conformará un fideicomiso destinado a financiar obras de modernización.
El interés empresario ya comenzó a tomar forma. Tres grandes grupos se preparan para competir por los segmentos más estratégicos de la Línea Belgrano y del ramal San Martín. El primer conglomerado está encabezado por Aceitera General Deheza (AGD), acompañado por ACA, Bunge, Cargill, COFCO y Louis Dreyfus, que ven en el ferrocarril una vía decisiva para abaratar costos logísticos.
El segundo actor es la minera británica Río Tinto, que apunta a reforzar su presencia en las provincias del NOA y Cuyo, donde el sistema ferroviario es clave para el traslado de minerales críticos. El tercero en juego es el gigante Grupo México Transportes (GMXT), que desembarcará en el país con planes de invertir alrededor de USD 3.000 millones.
En este contexto, la mira también está puesta en Vaca Muerta. Los técnicos del Ejecutivo consideran que la privatización puede ser el puntapié inicial para avanzar, más adelante, en obras que conecten la formación neuquina con trazas ferroviarias aptas para trasladar insumos críticos, como la arena de fractura, que hoy depende casi por completo del transporte vial. Esa limitación es vista como un cuello de botella para el crecimiento energético.
La operatoria estará a cargo de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), liderada por Diego Chaher, en coordinación con el Ministerio de Economía. ATEP también será la responsable de responder consultas y elaborar la letra chica del proceso junto con la conducción del Belgrano Cargas, encabezada por Alejandro Núñez.
Actualmente, la empresa estatal emplea a 4.233 personas y recibe alrededor de 4.000 millones de pesos mensuales en inversión de capital. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las transferencias del Estado crecieron 8,8% en términos reales respecto del año pasado, un indicador de la centralidad que mantiene el servicio incluso en plena transición.
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Belgrano Cargas,Javier Milei,privatización ferroviaria,Transporte de cargas
POLITICA
El PJ Nacional activa reuniones para unificar una postura frente al Presupuesto y las reformas de Milei
Entre tantas internas, el peronismo nacional comenzó a moverse para estructurar una postura de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y la discusión sobre las reformas de fondo que impulsa el gobierno de Javier Milei luego del rotundo triunfo electoral conseguido el 26 de octubre en todo el país.
Es por eso que desde el PJ Nacional se activó una serie de reuniones para empezar a acercar posiciones entre las diferentes terminales partidarias y de Fuerza Patria, con el objetivo de tener una postura común para el momento que llegue el tratamiento de los proyectos en las dos cámaras del Congreso.
Además del Presupuesto, el Gobierno pretende tratar la reforma laboral, impositiva y tributaria. Temas muy sensibles que van a generar un debate abierto y, al mismo tiempo, pantanoso, debido a los múltiples intereses que están en juego desde los sectores empresariales, los sindicatos, las pymes y la política.
El partido funciona en la cabeza de José Mayans y Germán Martínez, como los dos vicepresidentes con más influencia y capacidad de coordinación. Ambos, que también son presidentes de los bloques de legisladores de Fuerza Patria en el Congreso, se mantienen en línea con el arco dirigencial del peronismo, desde los intendentes y los legisladores, hasta los gobernadores y Cristina Kirchner.
La ex presidenta, que mantiene su lugar al frente de la presidencia del PJ pese a estar cumpliendo la condena de la causa Vialidad en el departamento de San José 1111, está encima de los temas, de las posturas que se plantean en las reuniones que se realizan en Matheu 130, y de los consensos que se buscan entre las tribus que le reportan directamente y las que no están alineadas al cristinismo, pero se mantienen bajo la órbita del partido a nivel nacional.
La semana pasada los cinco vicepresidentes del PJ (José Mayans, Germán Martínez, Mariel Fernández, Ricardo Pignanelli y Lucía Corpacci) se reunieron con las autoridades de los bloques legislativos y algunos referentes de Fuerza Patria en el Congreso, para empezar a discutir el posicionamiento respecto a la agenda de temas que el Gobierno ya avisó que tiene intenciones de tratar en los próximos meses.
Fue un primer paso para comenzar a delinear una estrategia partidaria. El martes que viene habrá una nueva reunión de los vicepresidentes, pero esta vez será con los secretarios del partido vinculados a los temas a tratar. El miércoles habrá una reunión de Mayans con los senadores de Fuerza Patria que se realizará en el partido. Martínez ya tuvo una reunión con los diputados el miércoles de la semana pasada.
En la agenda de las autoridades partidarias también está convocar a los gobernadores del PJ para que brinden su posición e influyan en la construcción de la postura partidaria y legislativa. El partido tiene seis gobernadores, pero solo cuatro tienen posibilidades de asistir: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), están distanciados del partido nacional, pero siguen en sintonía con los PJ provinciales. La distancia tiene una explicación que lleva nombre y apellido: Cristina Kirchner. Ambos mandatarios decidieron tomar distancia del kirchnerismo y no participan de la vida partidaria.
A la convocatoria podría sumarse Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que no es parte del PJ, pero es un aliado estratégico permanente que tiene el peronismo. No hay fecha ni hora, pero sí existe la idea de que esa convocatoria se concrete en las próximas semanas.
“Si hiciese falta, vamos a convocar al consejo nacional del partido y al congreso”, explicaron a Infobae desde Matheu 130. Se trata de los dos organismos deliberativos más importantes que tiene el partido. Esa sería una forma de movilizar la estructura partidaria vinculándola a un tema de gestión legislativa.
También está en carpeta tomar contacto con la nueva CGT. El triunvirato que integran Christian Jerónimo (Empleados del vidrio), Jorge Sola (Seguro) y Octavio Argüello (Camioneros) aún no tuvo un encuentro con las autoridades partidarias para evaluar una postura respecto a la reforma laboral, aunque ya saben que el proyecto que se conoció, tal como fue filtrado, no tiene posibilidades de recibir el apoyo sindical.
Lo cierto también es que nadie sabe con exactitud si el Gobierno va a poner en debate el proyecto presentado por la diputada libertaria por Santa Fe Romina Diez que tiene, entre algunos artículos polémicos, extender la jornada laboral, la reglamentación del derecho de huelga en numerosas actividades y la incorporación del concepto de salarios dinámicos o variables, vinculados al mérito individual, la productividad o la situación económica de la empresa, tal como adelantó este medio.
La nueva CGT no tiene acuerdos políticos con ninguno de los sectores más fuertes del peronismo. Ni con Cristina Kirchner ni con Axel Kicillof. El recambio de autoridades influyó en esa nueva identidad, ya que el triunvirato presidido por Héctor Daer tenía una mayor cercanía a la gobernación bonaerense. “Vamos a aportar desde nuestro lugar para construir una alternativa peronista en el 2027″, se limitaron a plantear en la cúpula de la central obrera.
El peronismo trata de buscar la forma de llegar a acuerdos para tener una postura cohesionada cuando llegue el momento del debate parlamentario. Un objetivo político de alta complejidad en los convulsionados tiempos que vive la histórica fuerza política.
POLITICA
Spagnuolo lo visitó. Un socio de Fred Machado es apuntado como quien lavaba el dinero de las maniobras de corrupción
La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expuso un entramado donde la gestión irregular de fondos públicos convivía con un sistema paralelo de direccionamiento de compras, adjudicaciones a medida y pagos revertidos.
En este esquema, aparece como un eslabón clave Sergio Daniel Mastropietro, un empresario de la aviación y socio de Fred Machado, el controvertido financista de la campaña de José Luis Espert que será juzgado en EE.UU. por narcotráfico.
Su papel, según el dictamen del fiscal Franco Picardi, se concentró en el movimiento, administración y posible legitimación de las sumas obtenidas por el grupo comandado por Miguel Ángel Calvete, señalado como operador paraestatal dentro del organismo, con vínculos con funcionarios y con el propio Spagnuolo.
El extitular de Andis era cercano a José Luis Espert y visitó a Mastropietro en varias ocasiones.
La evidencia más concreta sobre la participación financiera de Mastropietro surgió de su vínculo con Baires Fly S.A., una empresa de aviación privada.
El 10 de septiembre de 2025, Calvete le envió a Mastropietro cinco archivos con transferencias bancarias que totalizaban cientos de millones de pesos hacia la cuenta de esa firma.
Los fondos provenían de droguerías favorecidas por la mecánica de adjudicaciones del área de Discapacidad: Profarma S.A., Prolite Orthopedics S.R.L. y Probock S.R.L..
Tras recibir los movimientos, Mastropietro envió facturas emitidas por Baires Fly S.A. a las mismas droguerías por montos idénticos.
El concepto utilizado era uniforme: “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”. La descripción fue considerada funcional a operaciones destinadas a disimular origen y destino del dinero.
Para la fiscalía, esta estructura encajaba en un patrón compatible con posibles maniobras de lavado de activos.
Un detalle: el dueño de la empresa Baires Fly es Luis Grande, expiloto de la gobernación de la provincia de Río Negro. Sugestivo, ya que tanto Fred Machado, como la diputada Lorena Villaverde -sindicada con vínculos con el posible narcotraficante-, tienen fuerte arraigo o son de Río Negro.
Información de inteligencia enviada por el Ministerio de Seguridad a Homeland Security, revelada por , apuntó previamente a que Mastropietro y Fred Machado no solo compartieron actividades societarias y vínculos empresariales ligados a la aviación, sino también un mismo domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, ubicado en Juez Tedín 2860. Ese punto en común aparece como un nexo central en la relación entre ambos, que se refleja en la sociedad SO VAIN S.A. y en varios vuelos privados que realizaron juntos, incluidos traslados a Estados Unidos en 2016 y a Perú en 2019 con pasajeros de distintas nacionalidades.
Los registros ubican a Mastropietro en el núcleo operativo de confianza de Calvete.
El vínculo entre ambos se refleja en transferencias reiteradas, menciones constantes en comunicaciones internas y en el hecho de que Mastropietro era uno de los interlocutores a quienes Calvete consultaba sobre disponibilidad de dinero en efectivo.
Su nombre también aparece asociado a Alan Pocoví, considerado un participante en la circulación de los fondos.
La conexión no se limitó a Calvete. Mastropietro mantuvo contacto directo con Spagnuolo. La pesquisa verificó dos visitas al domicilio privado de Spagnuolo, en el barrio Altos de Campo Grande, durante 2025. Ambas coincidieron con ingresos casi simultáneos de Calvete y de su pareja, Guadalupe Ariana Muñoz, administradora de los fondos en efectivo utilizados por la organización.
La coincidencia temporal y el perfil de los participantes situaron a Mastropietro en reuniones donde se tomaban decisiones vinculadas al manejo de las ganancias obtenidas mediante direccionamientos y sobreprecios.
La participación societaria de Mastropietro también llamó la atención de los investigadores. En 2018 creó la firma MEGASTATICA S.A.S. junto a Lorena Di Giorno, funcionaria de la ANDIS. La sede social de esa empresa coincidía con el domicilio de INDECOMM S.R.L., otra sociedad vinculada a Calvete, lo que reforzó la hipótesis de un entramado societario coordinado para canalizar fondos.
El funcionamiento del circuito del dinero se volvió más visible durante los allanamientos del 9 de octubre de 2025. Ese día, Calvete intentó reubicar recursos ilícitos a través de Mastropietro y Pocoví, según consta en los mensajes recuperados. También pidió a otro colaborador que se comunicara con él para realizar una transferencia, aunque luego se informó que Mastropietro no podía concretarla. La secuencia permitió reconstruir la reacción interna del grupo ante la irrupción judicial y el rol asignado a cada integrante.
El origen del dinero que llegó a manos de Mastropietro fue trazado por la fiscalía hasta las maniobras perpetradas en la ANDIS. El esquema se centraba en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) mediante licitaciones direccionadas y con sobreprecios. El proceso se apoyaba en un mecanismo de selección acotada de proveedores, donde un conjunto reducido de droguerías —entre ellas Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.— concentraban la mayoría de las adjudicaciones. En las compulsas acotadas, solo Profarma y Génesis obtuvieron más del 93% de las órdenes de compra relevadas, por montos superiores a los 30.000 millones de pesos.
Ese dinero, proveniente de recursos del programa federal “Incluir Salud”, regresaba luego a los funcionarios responsables de direccionar las contrataciones. Una parte se distribuía en retornos para autoridades del organismo, como Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Eduardo González y Lorena Di Giorno. Otra parte alimentaba un circuito de triangulación y facturación donde intervenían Mastropietro y Pocoví.
La fiscalía consideró que el rol de Mastropietro integraba un comportamiento compatible con maniobras de lavado de activos. La emisión de facturas con conceptos considerados insuficientes, la recepción de transferencias millonarias de empresas adjudicatarias y la cercanía con los responsables políticos y operativos del esquema sostuvieron esa evaluación. Además, su vínculo con una empresa de aviación privada aportó un elemento adicional: la posibilidad de contar con medios que facilitaran movimientos de dinero o eventuales fugas.
Con esos elementos, se solicitó el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro, con el objetivo de secuestrar documentación relevante, dispositivos electrónicos y cualquier registro vinculado a las transacciones detectadas. Para la investigación, su papel consolidó el circuito económico que permitió convertir fondos públicos desviados en activos con apariencia legítima.
Camila Dolabjian,Conforme a
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