POLITICA
El sueño de un “cambio irreversible” y la nube tóxica que vuelve
El resultado de las elecciones intermedias liberó a Javier Milei de cumplir un ritual que considera despreciable: el consenso con los que piensan distinto. A su juicio, esa práctica garantiza el inmovilismo, a fuerza de concesiones que diluyen cualquier transformación real. El diálogo es síntoma de debilidad y se cura con poder.
En honor a esa premisa, anuncia ahora: “Es el momento de acelerar más fuerte”. La impronta de la etapa que se abrió hace tres domingos es aprobar cuanto antes reformas de profundidad que empiecen a configurar “un cambio irreversible” en el país.
El acuerdo con Estados Unidos es un eslabón clave la cadena de decisiones políticas urgentes con las que aspira a poner a la Argentina en un rumbo que se alinee con sus ilusiones. Le tocó aceptar su lugar en el ecosistema de poder global: ante Donald Trump, firmó sin discutir. Lo que se conoce del pacto en ciernes refleja un desequilibrio claro entre los compromisos que asume una y otra parte. Nada que sorprenda: es la actitud con la que Trump espera a todos los que quieran negociar desde que decidió dinamitar el sistema de comercio global, siete meses atrás. Milei podrá decir en su favor que es la sintonía perfecta entre un liberal aperturista como él y un nacionalista amante del proteccionismo, como su amigo Donald.
Sería llamativo que cuando se conozcan los detalles aparezcan beneficios para la Argentina que no figuran en el comunicado que formalizó el “marco” para el acuerdo comercial y de inversiones. La historia indica que lo bueno aparece siempre en los anuncios y los costos emergen en la letra pequeña.
El Salvador, Guatemala y Ecuador pactaron preceptos similares. Incluso potencias como Japón y Gran Bretaña firmaron compromisos que hubieran sonado humillantes en otros tiempos. Vivimos una nueva era, con un líder global que no finge simetrías inexistentes.
A diferencia de otros presidentes, Milei vivió el acuerdo como una fiesta. El canciller Pablo Quirno viajó a Washington a darle un cierre político a la negociación, que se había empantanado en tecnicismos. Para el gobierno libertario la promesa de una lluvia de inversiones de Estados Unidos puede actuar como un dinamizador de los alineamientos políticos que necesita para desplegar su agenda transformadora.
Milei les aplica a los actores locales la lógica que él acepta con Trump. Con buenos modales, el ministro del Interior, Diego Santilli, corteja a los gobernadores provinciales con una invitación a acompañar las decisiones de Milei. Es una diferencia poco sutil con la promesa de “diálogo” que el Presidente tuvo que hacer en la campaña para las legislativas, cuando temía un resultado magro que lo obligara a ceder para no pasar zozobra.
“Hay que aprovechar que la oposición está aturdida. Tenemos tres meses para aprobar cambios fuertes con poca resistencia. Los que se sumen ahora quedarán comprometidos con el rumbo”, explica uno de los encargados de construir el oficialismo vigorizado que surgió de las urnas.
La estrategia tiene el sello de Karina Milei. Santilli responde a sus directivas. Lo marca de cerca el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que suele poner su despacho para las reuniones con gobernadores.
A los últimos que pasaron por allí les dijeron que desde el jueves la reforma laboral, de seis capítulos “más amplios de lo que se comenta”, y la tributaria se terminan de ajustar en la Secretaría de Legal y Técnica para ser remitidas al Congreso. Les adelantan poco y nada. “El mensaje implícito que te dan es: ‘¿Te vas a sumar o te vas a parar enfrente?’”, resume un jefe provincial del norte del país.
El presupuesto 2026, que se tratará en diciembre, es un tablero de posibilidades. Los gobernadores piden; los ministros anotan sin prometer. Milei abrió la puerta a conceder federalismo en lugar de fondos. Defiende con énfasis la propuesta del mendocino Alfredo Cornejo para modificar la Ley de Glaciares de modo que cada provincia determine las zonas permitidas para la minería y otras actividades económicas.
La posibilidad de una inyección de inversiones norteamericanas, sobre todo en minería y energía, coincide con las primeras señales que envió el embajador Peter Lamelas a su arribo al país. “Es un Noé que reparte tickets para el arca. No va a ser fácil decir que preferís no subirte”, sintetiza un opositor que tiene diálogo con el oficialismo.
El acuerdo con Trump es todavía una intención. Pero pone al país ante el desafío de adaptar su legislación, remover barreras burocráticas y disponer una apertura que, de lograrse, será muy difícil de revertir. A Milei le despierta sacudones de optimismo. Volvió a extender el horizonte temporal de sus predicciones. Proyecta a seis años vista y retomó la promesa de que en “20 años Argentina será la primera potencia mundial”. Que no lo oiga Trump.
De a poco también abandona la ñoñería del discurso moderado que adoptó cuando perdió las elecciones bonaerenses y la campaña se le puso peligrosa. Reanudó la costumbre de repudiar a los economistas que plantean objeciones a sus ideas, como Domingo Cavallo, y atacar a la prensa independiente. Esta semana dijo que “todos los medios son enemigos” de su gobierno y acusó a quienes disienten con sus ideas de ser “delincuentes con patente de periodista”.
La hostilidad de Milei hace juego con la estrategia política que trazó su hermana Karina.
El plan es fracturar a la oposición en la mayor cantidad de pedazos posibles. Con las provincias se negocia de a una. Al Pro le siguen mordiendo diputados y senadores. Patricia Bullrich le prometió a la hermana de Milei dejar el bloque amarillo de diputados con menos de 10 y hacer casi desaparecer el de senadores.
La búsqueda más desafiante es partir las bancadas peronistas para reducir el kirchnerismo a la impotencia. Al catamarqueño Raúl Jalil lo tienen casi convencido de armar un bloque propio con sus cuatro diputados. El tucumano Osvaldo Jaldo se mantendrá separado pese al brote antimilei que inundó su campaña reciente. Apuntan también a que el santiagueño Gerardo Zamora descubra las beneficios del liberalismo.
Santilli, Martín Menem y Bullrich se mueven en simultáneo para ofrendarles a los hermanos Milei un gran regalo antes del 10 de diciembre: que La Libertad Avanza tenga la primera minoría en las dos cámaras, a golpe de divisiones opositoras.
Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem vivieron tres semanas de éxtasis después de las elecciones y del triunfo interno sobre su rival Santiago Caputo en el armado del nuevo Gabinete. Pero el viernes una nube tóxica volvió a posarse sobre sus cabezas: el caso de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Los temores que circulaban desde hace días en la Casa Rosada se cristalizaron con el dictamen del fiscal Franco Piccardi con el que pidió la indagatoria de Diego Spagnuolo, exdirector de Andis que se hizo famoso por los audios grabados en forma clandestina en los que habla de coimas, señala a Lule Menem y sugiere que Karina Milei cobraba 3% de retorno por los sobreprecios en la provisión de medicamentos para discapacitados.
Piccardi no acusa ni a la hermana del Presidente ni a los primos Menem. Pero deja rastros de que la investigación puede en algún momento alcanzarlos. Describe una estructura corrupta formada por exfuncionarios, lobbistas del mundo farmacéutico y empresarios que al menos desde 2022 hacían gestiones para conseguir que el gobierno que asumiera tras la salida de Alberto Fernández les entregara el control de la Andis para hacer negocios. El líder parecía ser Pablo Atchabahian, exfuncionario del área de Discapacidad durante el macrismo. “Muchachos se nos viene un 2023 con mucho trabajo y es el trampolín para el 2024 en la gestión todos juntos. Gracias por estar juntos y construir lo que todos queremos. 4 años más de gestión. Después todos a Tenerife”, les escribió Atchabahian a sus socios el día de Año Nuevo de 2023 en un grupo de WhatsApp que compartían.
En dos años de contactos, según el expediente, llegaron a verse con allegados a Facundo Manes y Jorge Macri. Pero finalmente ganó Milei, a quien aparentemente no conocían. Tampoco a Spagnuolo, el abogado al que le dieron la Andis. “Hay que llegar a Karina Milei. Ella es quien define todo”, escribió en el grupo de chat el lobbista Mariano Caballi el 24 de enero de 2024, cuando se enteró que Spagnuolo conduciría el área que tanto añoraban.
¿Llegaron a ella? El dictamen no profundiza en esa pista. Lo cierto es que uno de los conjurados, Daniel Garbellini, fue designado director nacional de Acceso a los Servicios de Salud el 3 de junio de 2024. “Se alinearon seis planetas en el espacio”, posteó uno de los miembros del grupo de WhatsApp el día que se confirmó la noticia. En los famosos audios conocidos en agosto, disparador de la causa, Spagnuolo mencionaba a un subalterno que respondía a Lule Menem como quien organizaba los negocios espurios y el reparto de dinero negro. Aludía, admiten en su entorno, a Garbellini, que fue echado del Gobierno el mismo día que él.
Mientras Garbellini estuvo en funciones, Atchabhian parecía controlar Andis como si fuera el jefe. En los chats citados hablan de gestiones con políticos importantes del Pro, como si los conocieran, y desprecian a Spagnuolo. El exabogado de Milei queda complicado en la investigación al aparecer pruebas de que cobró dinero negro de uno de los empresarios que digitaba las compras de Andis, Miguel Ángel Calvete.
Piccardi sospecha que este hombre, que fue concejal en La Matanza como aliado de Cambiemos, se encargaba de lavar parte del dinero extraído de la Andis a través de Sergio Mastropietro y Alan Pocoví. El primero es un empresario del mundo aéreo cuyo nombre cobró estado público cuando se supo que fue uno de los nexos entre José Luis Espert y el acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. Pocoví es hijo de Marcelo Pocoví, que fue pareja de Zulemita Menem (tuvieron un hijo juntos, Malek Pocoví).
El apellido Menem no aparece en el escrito. Pero los investigadores buscan saber si existe algo más que un lejano nexo familiar entre Pocoví y los primos Lule y Martín Menem.
En las escuchas telefónicas dispuestas por la Justicia, Calvete hace mención “al 3% de Karina Milei”, pero todo indica que es una ironía ya que la charla en cuestión ocurrió en octubre pasado después de que se conocieran los audios de Spagnuolo.
La reaparición de Spagnuolo, ahora nítidamente contra las cuerdas, altera el clima de euforia libertario. ¿Qué está dispuesto a contar este abogado que supo representar al propio Milei? Es un recuerdo molesto justo cuando las imágenes de la decadencia argentina las aportaban Cristina Kirchner en el juicio por los cuadernos de las coimas y Julio De Vido, camino a la prisión después de ser condenado por la tragedia de Once.
El declive del kirchnerismo le permite a Milei exhibir la contracara deseada a su revolución liberal. El “riesgo kuka” es como un seguro que se activa en caso de complicaciones.
El ministro Luis Caputo volvió a probarlo cuando esta semana defendió el esquema de bandas cambiarias: “No podemos darnos el lujo de que el dólar flote libremente. Es muy difícil con esta volatilidad política cuando la alternativa es el comunismo, muchachos”.
Se impone así el nuevo macartismo ficcional al que adhiere Trump, que imagina un Muro de Berlín entre él y sus opositores.
Caputo y Milei se sacan de encima las presiones del FMI para que acumulen reservas. Los burócratas del organismo perdieron autoridad para reclamar desde que el Tesoro de Estados Unidos demostró que está dispuesto a rescatar a la Argentina si faltan dólares. Mientras no sea Scott Bessent quien pida cambiar de política, no habrá riesgos para el gobierno libertario.
Milei considera innecesario comprar reservas ahora. Sostiene que podrá hacerlo cuando baje el riesgo país y pueda volver a emitir deuda en los mercados. Por eso pisa el acelerador de las reformas y promete un cambio irreversible en un país de vértigo, desafiado por la recesión y con una inflación que se resiste a perforar el 2% mensual. Hasta tanto se seguirá balanceando en la soga que sostienen Trump y Bessent.
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POLITICA
El Gobierno respaldó la denuncia en Estados Unidos por el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA
La Justicia de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro investigan una denuncia por presuntos desmanejos financieros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que preside Claudio “Chiqui” Tapia. El expediente describe un esquema de cobro, desvío y ocultamiento de fondos millonarios generados por la explotación comercial de la Selección argentina. La presentación, a la que accedió Infobae de fuentes con acceso a la causa, fue realizada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la responsabilidad del fiscal federal Jason A. Reding Quiñones. Y tuvo un aporte que recién ahora se conoce: el Gobierno argentino se presentó para apoyar la investigación y prometió colaboración.
En una carta enviada por el Ministerio de Seguridad dirigida al fiscal Reding Quiñones, que Infobae pudo conocer, se transmtió “El pleno respaldo del Gobierno argentino a la investigación en curso originada a partir de la denuncia presentada por el abogado Gilberto M. Garcia, en la cual se describen una serie de presuntas irregularidades financieras que involucran a altos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”. En el centro de la trama está la empresa TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette.
“De acuerdo con la documentación presentada ante su oficina, existirían 19 millones de dólares estadounidenses que debieron haber sido depositados en la Argentina, pero que en cambio fueron enviados a los Estados Unidos a partir de contratos celebrados entre la AFA y diversas entidades internacionales”, continúa la misiva que apunta contra la conducción de la entidad madre del fútbol, que preside “Chiqui” Tapia, y está fechada el 2 de septiembre.
Y destaca un aspecto fundamental, que confirma la posición de la Casa Rosada: “Entendemos que este asunto no refleja meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, así como conductas financieras incompatibles con la normativa estadounidense en materia de prevención del lavado de dinero”.
“Solicitamos respetuosamente a su oficina que preste especial atención a estas acusaciones y que inicie o continúe las investigaciones que pudieran encontrarse en curso. Nuestra oficina permanece a disposición para brindar la asistencia que resulte pertinente, incluida la coordinación intergubernamental, el aporte de documentación o la formulación de declaraciones que sean necesarias para facilitar una revisión exhaustiva”, prosigue.
La carta del Ministerio de Seguridad concluyó con una frase de enorme importancia: “La Argentina valora su asociación con los Estados Unidos en materia de aplicación de la ley y regulación, en particular en lo referido a la conducta financiera internacional y la gobernanza del deporte”.
Se trata de una novedad que confirma el respaldo de la gestión de Javier Milei a la investigación de las oscuras maniobras en torno a la gestión de los millonarios fondos de la entidad que preside Chiqui Tapia.
Un escándalo con derivaciones insospechadas
El caso se sustenta en una denuncia acompañada por contratos, anexos bancarios, resoluciones internas y comunicaciones formales, presentada por el abogado estadounidense Gilberto M. Garcia, patrocinante del empresario argentino Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven. Tofoni aportó la documentación y solicitó acogerse al régimen de protección de denunciantes.
Aunque la acusación identifica transferencias por al menos USD 19 millones, los propios textos presentados ante las autoridades estadounidenses advierten que ese monto representa solo un caso testigo dentro de una operatoria mucho más amplia. De acuerdo con los contratos y negocios relevados, los ingresos generados por partidos amistosos, patrocinios y derechos comerciales de la Selección argentina en los últimos años podrían alcanzar hasta USD 300 millones.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida y FinCEN, dependiente del Departamento del Tesoro. El fiscal Jason A. Reding Quiñones tiene a su cargo la evaluación inicial y la eventual apertura de una investigación penal.
El escrito fue elaborado y presentado por Gilberto M. Garcia, abogado con matrícula en Estados Unidos, en representación de Guillermo Tofoni. En la denuncia se solicita la protección del denunciante, según la legislación estadounidense que ampara a quienes aportan información sobre presuntos delitos financieros y lavado de dinero.
Guillermo Tofoni es un empresario argentino vinculado al fútbol internacional y titular de la empresa World Eleven. Según el expediente, aportó contratos, comprobantes de transferencias y otra documentación que permitió reconstruir el circuito financiero bajo sospecha.
Tofoni sostiene que los fondos generados por la AFA en el exterior debían ingresar a la Argentina, ser declarados ante las autoridades fiscales y distribuirse conforme al estatuto de la Asociación. Sin embargo, habrían sido desviados a Estados Unidos a través de una estructura sin justificación económica real.
El corazón de la denuncia: texto y anexos
La denuncia presentada ante FinCEN y la Fiscalía Federal supera las veinte páginas y está acompañada por anexos numerados que documentan los negocios investigados. No se trata de una acusación genérica: el escrito detalla fechas, montos, contratos, cuentas bancarias y entidades intervinientes.
Entre los documentos centrales figura el contrato de organización de un partido amistoso internacional en Beijing, celebrado entre la AFA y China Rainbow International Investment Co. Ltd. El acuerdo establece una compensación económica de USD 5 millones por la participación de la Selección argentina, derechos de imagen y derechos comerciales. El contrato fija que el beneficiario es la AFA y que el pago debe realizarse a una cuenta indicada por la Asociación. Sin embargo, el dinero no fue depositado en la Argentina.
Otro anexo clave es el contrato de patrocinio internacional con Binance Investments Co. Ltd., que contemplaba un pago de USD 12 millones a favor de la AFA. El acuerdo señalaba que los fondos debían destinarse al desarrollo institucional y deportivo del fútbol argentino. A pesar de ello, el pago fue transferido desde Binance Suisse a una cuenta bancaria en Estados Unidos, sin constancia de su ingreso al sistema financiero argentino.
A estos documentos se suman comprobantes de transferencias bancarias de Synovus Bank, con sede en Alabama, donde figura como beneficiaria TourProdEnter LLC, empresa de Erica Gillette y su esposo, el empresario teatral y ex funcionario de Alberto Fernández, Javier Faroni. También, notificaciones del propio banco solicitando explicaciones sobre el origen y el destino de los fondos conforme a las normas de prevención de lavado de dinero. Según los anexos, no consta respuesta documentada a esos requerimientos.
TourProdEnter LLC y el mecanismo de cobro
La denuncia dedica un capítulo específico a TourProdEnter LLC, una sociedad registrada en Florida. Según la documentación incorporada al expediente, la empresa no tiene empleados, infraestructura ni actividad económica comprobable que justifique la recepción de montos millonarios.
Existe una resolución interna de la AFA que la designa como agente comercial para actividades en el exterior. Sin embargo, los denunciantes subrayan que no hay autorización expresa para que perciba la totalidad de los fondos derivados de contratos internacionales, sino, en todo caso, una compensación por servicios. No hay pruebas de que TourProdEnter LLC haya organizado partidos, negociado patrocinios o prestado servicios equivalentes al volumen de dinero recibido.
Para la denuncia, este punto es central: la utilización de una sociedad sin actividad real como receptora de fondos aparece como un indicador típico de maniobras de ocultamiento y posible lavado de activos.
Claudio “Chiqui” Tapia, en el centro del esquema
El texto de la denuncia coloca en el centro de la operatoria al presidente de la AFA, Claudio Tapia. En varios pasajes se sostiene que, dada la estructura de gobierno de la Asociación, resulta imposible que transferencias de esta magnitud se hayan realizado sin su conocimiento y autorización.
La presentación remarca que Tapia concentra las decisiones financieras y contractuales de la AFA, firma los acuerdos internacionales y ejerce control sobre los flujos de dinero. Desde esa perspectiva, se lo señala como responsable de permitir o disponer que fondos pertenecientes a la AFA fueran desviados al exterior sin rendición de cuentas.
Cuando resulta inevitable mencionar a otros niveles de decisión, el escrito alude a la cúpula de la AFA, describiendo una estructura de poder concentrada, sin controles internos robustos ni auditorías independientes.
De los USD 19 millones al universo de USD 300 millones
El expediente identifica transferencias por USD 19 millones, aunque la denuncia aclara que ese monto corresponde solo a dos contratos específicos. El texto detalla que la AFA habría percibido, a través del mismo circuito, decenas de millones adicionales por otros partidos amistosos y acuerdos comerciales celebrados en 2023 y 2024.
Según la estimación incluida, si se consideran el valor de mercado de los amistosos internacionales de la Selección campeona del mundo, los contratos en Asia, Estados Unidos y Medio Oriente, y los patrocinios globales, el volumen total de fondos bajo análisis podría alcanzar los USD 300 millones. La denuncia sostiene que una parte sustancial de esos ingresos no habría sido declarada ni ingresada al sistema financiero argentino.
La intervención de FinCEN responde al uso del sistema bancario estadounidense para canalizar los fondos. Las normas de la Bank Secrecy Act obligan a los bancos a reportar operaciones inusuales y a implementar controles estrictos de debida diligencia.
La denuncia cuestiona si Synovus Bank presentó los correspondientes Reportes de Actividad Sospechosa y si cumplió con todas las obligaciones regulatorias frente a transferencias de gran volumen destinadas a una sociedad sin actividad comprobable.
El dato político: el respaldo formal del Gobierno argentino
El elemento más novedoso del expediente es la intervención directa del Gobierno argentino. El 2 de septiembre de 2025, el Ministerio de Seguridad envió una carta formal al fiscal Jason A. Reding Quiñones en la que expresó su pleno respaldo a la investigación originada en la denuncia presentada por Gilberto M. Garcia en representación de Guillermo Tofoni.
En ese documento, el Gobierno sostuvo que los hechos denunciados no constituyen meras irregularidades administrativas, sino posibles violaciones graves a la legislación tributaria y anticorrupción argentina, además de conductas incompatibles con la normativa estadounidense de prevención del lavado de dinero. La carta también dejó constancia de la disposición oficial a colaborar activamente con la Fiscalía y con el Departamento del Tesoro.
Ese apoyo formal incorporó a la causa un peso institucional decisivo: la denuncia pasó a contar con el aval explícito del Estado argentino ante la Justicia de Estados Unidos.
Una causa abierta con impacto institucional
La investigación continúa en etapa de análisis en Estados Unidos. Los documentos, los anexos contractuales y las transferencias bancarias describen una maniobra compleja, con un volumen de dinero potencialmente millonario y una estructura de decisiones concentrada en la conducción de la AFA.
Mientras el fiscal Jason A. Reding Quiñones y FinCEN avanzan en el examen de la documentación aportada por el abogado Gilberto M. Garcia y el empresario Guillermo Tofoni, las preguntas centrales siguen abiertas: cuánto dinero se cobró realmente, por qué no ingresó a la Argentina y quiénes decidieron ese circuito financiero. Las respuestas, ahora, quedaron en manos de la Justicia de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro.
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POLITICA
La nueva trama de lavado de dinero que involucra a los hermanos Calvete con el narcotráfico en Paraguay
La historia empresarial de Miguel Ángel Calvete es una caja de sorpresas. También de escándalos. En 2015, mientras era concejal de Cambiemos en La Matanza, montó junto a su hermano Alejandro una red de sociedades en Paraguay que sirvieron como fachada para que el ciudadano argentino-español Jorge Haron Hougham blanqueara millones de dólares provenientes del narcotráfico. Así surge de las pruebas descubiertas por una investigación judicial abierta en Asunción.
Es otro capítulo delictivo, hasta ahora desconocido, que se suma a la saga expuesta desde que el apellido Calvete quedó asociado a la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) como el cerebro de las compras amañadas durante la gestión de Diego Spagnuolo.
Su contraparte en este negocio es hijo de Raúl Ricardo Hougham, alias “El Rey del Plástico”, un estafador argentino que se ganó fama mundial con la clonación de tarjetas de crédito en Europa durante los 90, cuando los controles eran más laxos en la era pre Internet. Jorge Haron Hougham aparece incluso en algunos artículos periodísticos de esa época como parte de la organización que terminó con su padre cumpliendo condena en una cárcel de Barcelona.
Desde Madrid pusieron en aviso a las autoridades paraguayas del desembarco de Hougham en ese país. Lo conocían bien: había sido detenido en julio de 2001 en el pequeño pueblo de Derio, en las afueras de Bilbao, cuando estaba cargando paquetes de cocaína en un Seat León. El relato de la fiscal paraguaya María Estefanía González detalla, además, que Hougham había sido el artífice de una operación que trasladó la droga en un velero. La Policía Nacional de España decomisó 650 kilos de cocaína.
Las autoridades españolas advirtieron casi 15 años después que Hougham podría haberse mudado a Paraguay para blanquear el botín de supuestas operaciones narco. Efectivamente, Hougham se puso en contacto allí con la contadora paraguaya Gloria Ramírez Peralta que, a su vez, estableció contacto con Miguel Ángel y Alejandro Calvete. Los hermanos argentinos crearon tres sociedades que fueron clave para canalizar ese dinero a través de operaciones de compra-venta de propiedades y otras maniobras de lavado, reconstruyó la fiscal González.
Jugaban a varias bandas. En aquel año, Miguel Ángel había sido elegido concejal de La Matanza por Cambiemos y hacía campaña pegado a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, Patricia Bullrich y otras figuras del nuevo poder. A la vez, alquilaba una serie de departamentos que, cuatro años después, la Justicia calificó como sedes para el ejercicio de la prostitución. Los dos hermanos serían condenados a cuatro años de prisión por proxenetismo a raíz de esa actividad, aunque Alejandro fue absuelto en segunda instancia.
En Paraguay, los Calvete registraron las sociedades Flashlight SA, Forum SA y Gapa SA, todas con domicilio en Lambaré, un municipio del conurbano de Asunción. Las compañías compartían dirección, teléfono y escribana con otra empresa que había sido constituida por el propio Hougham el mismo día que ellos, indica el escrito al que accedió .
La fiscal consideró que las empresas de los Calvete eran apenas una pantalla para el blanqueo. “Starflash registra actividades ilegales, indistintamente, mimetizadas en otras legales, por lo que se adscribe a una empresa fachada”.
Forum SA, cuyo contacto oficial era Alejandro Calvete, fue habilitada en el rubro de construcción de viviendas y contaba con permiso de importación y exportación de productos. Sin embargo, tanto esta sociedad como las demás prácticamente no tuvieron movimientos comerciales entre 2015 y 2017. Las empresas habían extendido poderes en favor de Ramírez Peralta, quien fue señalada como “el cerebro financiero” de la organización, para establecer contacto con oficinas públicas, bancos y otras instituciones.
Los Calvete tuvieron éxito con Starflash SA: ganaron una licitación pública para proveer “un generador de energía” a la municipalidad de Lambaré por 200 millones de guaraníes (unos 30.000 dólares). Los concursos públicos han sido una de las especialidades de los Calvete, como lo evidencia la causa sobre irregularidades en la Andis. El fiscal Franco Picardi investiga la manipulación de licitaciones públicas en dicho organismo, que habría sido pergeñada por Miguel Ángel Calvete. Pidió su detención. Aunque no lo logró, el exconcejal está preso en Ezeiza desde octubre en cumplimiento de su condena por proxenetismo.
Las empresas de los hermanos argentinos también aparecen involucradas en al menos seis operaciones de compra-venta de propiedades y otras tantas de vehículos. Por ejemplo, la venta de un BMW modelo 335D coupé daba cuenta de que Alejandro Calvete contaba con un permiso de conducción sobre ese auto. La fiscal también detalló que las sociedades habían registrado una alta cantidad de operaciones de cambio de divisas, muchas eran la conversión de pesos argentinos a guaraníes, con el supuesto objetivo de ingresar ese dinero en el mercado paraguayo.
A pesar de las pruebas incluidas por la fiscal, los Calvete no estuvieron oficialmente acusados en el expediente paraguayo, según la documentación revisada por este medio. “Esta organización no está conformada solo por los dos acusados (Hougham y su contadora), sino que también abarca a otras personas respecto de las cuales continúan en curso las pesquisas de la fiscalía”, indica el escrito al que accedió .
“Los acusados se sirvieron de las empresas Gapa, Forum y Starflash (propiedad de los Calvete) con las que realizaron actividades económicas, principalmente la construcción y compra-venta de propiedades, mimetizados con transacciones legales, en el intento de dificultar su detección”. Forman parte, así, de la primera etapa denominada del blanqueo que las autoridades calificaron como “ocultación”.
La causa judicial contra Hougham y su contadora paraguaya todavía atraviesa un largo derrotero en los tribunales de Asunción, ya que su defensa logró que un tribunal declarara nula la acusación, ya que −entendieron− había una recusación contra la fiscal que estaba pendiente de resolverse al momento de firmar la acusación. El caso todavía continúa entre apelaciones y ahora tendrá que resolverlo la Corte Suprema.
Miguel Ángel y Alejandro Calvete fueron socios en Argentina en empresas como Finefox SRL y Energy Nature Free SA, que fueron registradas en 2017, después de su colaboración con Hougham. Con esta última sociedad fueron investigados en Buenos Aires por un proyecto fallido para construir una sucursal del Mercado Central en Colegiales.
Los hermanos fueron condenados en 2019 por alquilar departamentos para el ejercicio de la prostitución. Pero sus negocios no se detuvieron. Alejandro volvió a España, donde vivió gran parte de su vida. Como reveló , constituyó en 2020 una red de laboratorios de cannabis medicinal que fue usada para justificar la operatoria de un clan de narcotraficantes mexicanos. Logró salir de España en 2022 antes de que la Policía Nacional de ese país detuviera a todos los involucrados en la trama. Sobre él pesa una orden de busqueda y captura por lavado y tenencia ilegal de armas.
El último paradero de Alejandro Calvete lo vuelve a localizar en Paraguay, donde registró este año la sociedad Power Capital Energy SA. intentó localizarlo en Lambaré, pero no lo encontró en el domicilio. “Estuvo aquí la semana pasada”, dijeron desde la oficina. Fuentes que lo conocen sostienen que salió hacia un nuevo destino: algunas lo ubican en la Argentina; otras en Brasil.
Con la colaboración de Gabriela González Escalada
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POLITICA
El Gobierno anunció que la ANDIS dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud
El Gobierno anuncio que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejará de funcionar y se convertirá en una secretaría absorbida por el Ministerio de Salud que preside Mario Lugones.
El nuevo secretario de la Agencia de Discapacidad será Alejandro Vilches, actual interventor del ente. En tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que esta decisión no implica que habrá una baja de pensiones. “La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, sentenció en la habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Asimismo, el funcionario planteó que la agencia se creó en 2017 como un organismo descentralizado que tenía como objetivo “coordinar las políticas públicas en discapacidad”, pero aclaró que “fruto de la autonomía administrativa que gozaba” acumuló lo que definió como “toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente”. “Esto provocó irregularidades, como personas fallecidas cuyos familiares seguían cobrando la pensión, pensiones otorgadas sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios, como la Fundación METAS, que decía brindar clases de apoyo escolar, pero en sus instalaciones solo había una vivienda precaria, sin agua, electricidad, inmobiliario; solo se encontró suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”, enumeró.
“Al formar parte del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se van a administrar de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”, anticipó Adorni, y sumó: “Se va a garantizar la trazabilidad en expedientes, habrá auditorías permanentes y criterios sanitarios en todas las decisiones. Además, se van a eliminar 16 cargos políticos, lo que implica una reducción del 45,7% en la estructura jerárquica”.
Pese a la disolución, Adorni aclaró que las modificaciones no implican recortes en pensiones ni en prestaciones. “En virtud de evitar que alguien cometa algún error contando la información alejada de la realidad o de lo que realmente es, repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”, remarcó.
Según supo este medio, la idea apuesta a “ordenar el sistema”, garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, fortalecer a los equipos y la atención brindada a los usuarios y sus familias. “Esta transformación no implica una reducción de derechos ni un recorte de prestaciones”, insisten importantes fuentes de la cartera que lidera Lugones.
La modificación implica la unificación de criterios sanitarios y presupuestarios, la eliminación de superposiciones en funciones y competencias, y la reducción del 45,7% su estructura jerárquica. Se trata de una decisión que el Ejecutivo maduraba desde hace meses, como contó este medio.
Hasta entonces, la agencia se creó bajo la administración nacional de Mauricio Macri bajo el Decreto 698/2017. Se determinó que fuera un organismo descentralizado, que son el tipo jurídico-administrativo que con más frecuencia impera en la Administración Pública Nacional.
Con la ebullición de las irregularidades registradas luego de los audios de Spagnuolo, el Gobierno impulsó una auditoría interna en ANDIS. Como anticipó Infobae, los primeros resultados de la investigación, que aún se adeudan, detectó 178 mil usuarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) están fallecidos, pero figuran activos en la percepción de la asistencia. El hallazgo fue validado con las bases de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que depende del Ministerio del Interior.
Tras la detección, Vilches inició un proceso de revisión y autorizó las bajas de los certificados observados. Además, analizan la posibilidad de avanzar en la judicialización tanto a los que hacían uso de los beneficios del CUD como a los prestadores involucrados. “Es lisa y llanamente una estafa al Estado”, precisó una importante voz al tanto.
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