El Congreso de la Nación y Plaza de Mayo serán escenario de una marcha y movilización organizada por agrupaciones de jubilados, a las que se suman piqueteros como el Polo Obrero, partidos de izquierda, trabajadores del Hospital Garrahan, las dos CTA, el gremio ATE, algunos sindicatos como el de neumáticos, el Frente Patriótico por la Justicia Social, la organización Territorios en Lucha y representantes de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Será este miércoles 19 de noviembre desde las 16. La consigna es “contra el imperialismo”. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación advirtieron que, como la semana pasada, se desplegará un operativo de fuerzas federales para aplicar el protocolo antipiquetes. En esa oportunidad, la protesta frente al Palacio Legislativo derivó en fuertes incidentes entre fuerzas federales, como Gendarmería, y un grupo de manifestantes.

“Comienza la resistencia callejera a la reforma laboral y al acuerdo con los Estados Unidos”, anunció el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, y recordó que esa organización sindical declaró un paro de 24 horas para facilitar la movilización de sus afiliados.

“Tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente”, expresó el dirigente. Recordó que ATE participará de las protestas junto a las organizaciones de jubilados y el Frente de Lucha Piquetero, con quienes desde las 16 confluirán en la Plaza de los Dos Congresos para una hora después marchar hacia Plaza de Mayo.

Aguiar también opinó: “La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos”, dijo en una velada crítica a la CGT, que no adhiere a la convocatoria.

Los organizadores aclararon: “La marcha tiene claras banderas contra Donald Trump, contra Javier Milei y contra el Fondo Monetario Internacional”, y que por esa razón se decidió realizarla “veinticuatro horas antes del Día de la Soberanía”.

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación y de la jefatura de gobierno de la Ciudad, dejaron en claro que, como cada miércoles, se impondrá el protocolo antipiquetes, se diagramó un vallado para proteger los edificios públicos como el Congreso de la Nación y la Casa de Gobierno y se evitarán cortes de arterias de manera permanente.

Los movimientos sociales, agrupados en la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), también participarán de la jornada de protesta. Esta vez no lo harán con columnas numerosas, enviarán grupos de representantes en señal de apoyo a los reclamos. Algo similar sucede con las organizaciones que forman parte de Territorios en Lucha, que integran, entre otros, Libres del Sur. El movimiento liderado por Silvia Saravia tampoco lo hará encolumnado. Como la mayoría de los convocados, llegarán desde distintos puntos del AMBA en medios de transporte público.

Desde que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, comenzó a imponer el protocolo antipiquetes, retener a los micros y camionetas mal estacionados y sin la habilitación correspondiente, los piqueteros y organizaciones sindicales de base modificaron la forma de concentración. Ya no se ven columnas que marchan desde Retiro y Constitución e interrumpían el tránsito en arterias claves, como puede ser la Avenida 9 de Julio.

Las políticas sociales de distribución de alimentos y la eliminación de programas sociales como el Potenciar Trabajo, que les daba potestad a los dirigentes sociales sobre los sectores más vulnerables, también hizo menguar la afluencia de asistentes a las marchas y concentraciones.

Esteban “Gringo” Castro, el ex secretario general de la UTEP y referente del Frente Patriótico por la Justicia Social, confirmó su presencia en el acto que finalizará con algunos discursos de representantes de los trabajadores del Hospital Garrahan, docentes universitarios y representantes sindicales, jubilados y piqueteros de izquierda.

“No hay ninguna posibilidad de salir adelante como pueblo si no nos expresamos pacíficamente en las calles de todo el país. Eso va a suceder porque tenemos un pueblo maravilloso que nunca va a dejar de luchar uniendo la fe y la lucha”, opinó ante una consulta de Infobae.

Castro también expresó: “Nuestro pueblo está hambreado. Tenemos que pelear. No solo Milei, Caputo y Pettovello quitaron la comida a los comedores y merenderos comunitarios, con auditorías nunca realizadas, además nuestra conquista más importante, que fue el Salario Social Complementario, está en la mitad de la mitad de un salario mínimo, vital y móvil”. Y finalizó: “Es indigno que se gane 78 mil pesos al mes trabajando 14 o 12 horas todos los días en las distintas actividades de la economía popular”, aseguró el líder social.

La actividad contra las políticas económicas y sociales de La Libertad Avanza se difundió a través de una conferencia de prensa el lunes 17, en la cual se aclaró: “Se marcha en todo el país con la consigna ‘Contra el ajuste y la entrega. Abajo el pacto de Javier Milei con Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional’” y en “reclamo de una huelga general para impedir las reformas laboral, previsional, impositiva y penal”.

Desde la organización se difundió un comunicado en el cual se afirma: “Esta marcha se realiza en momentos en que el imperialismo en forma directa interviene en Argentina. Trump y el FMI deciden sobre las elecciones, sobre lo que se resuelve en el Congreso, sobre la economía, sobre la represión, sobre los trabajadores, jubilados, desocupados, sobre el agua y sobre todas las riquezas del suelo y la tierra”.

Antes de marchar a Plaza de Mayo, las organizaciones de jubilados tienen previsto realizar, a las 16 horas, una “radio abierta” sobre Avenida Rivadavia, entre Callao y Combate de los Pozos, y se mostrarán las firmas recogidas que se manifiestan “contra el pacto Milei-Trump-FMI”.

Durante casi 40 años estuvo suelto y tranquilo en la Argentina. Vivió en Miramar, en el barrio de Belgrano y en la Zona Norte del Gran Buenos Aires. Se casó, fue ejecutivo de una gran empresa, tuvo sus negocios y una peculiar asociación para el cuidado de animales que instalaba cámaras de gas para matar perritos. Se hacía llamar Pedro Olmo, pero tenía un inconfundible acento germánico, duro y trabado. Nadie jamás pudo confundirlo con un español. Desde 1967 las autoridades argentinas tuvieron noticias ciertas, datos fehacientes, de su presencia en el país. Nadie hizo nada, ni siquiera simularon buscarlo, no amagaron a perseguirlo. Adquirió más fama en 1975 cuando alguien lo delató solo por un peso. Salió en las revistas más vendidas del país con su nombre real y su domicilio y, aun así, su vida no se vio demasiado alterada. Tan evidente era su identidad que cuando unos periodistas lo fue a buscar en 1982, después de Malvinas y con los militares en salida, los vecinos les dijeron: “¿El nazi? Ah sí, vive dos cuadras más allá”.

Recién en 1985, con el regreso de la democracia y con la decisión política del gobierno de Alfonsín de no permitir su impunidad, fue arrestado por Interpol.

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Walter Kutschmann fue un terrible criminal de guerra nazi. Miembro de las SS, se desempeñó en territorios polacos. Allí fue responsable de varias matanzas. Se le atribuyen más de 2000 muertes de judíos polacos. En otro episodio ordenó fusilar a decenas de profesores universitarios y sus familiares por oponerse al régimen. En 1944 fue trasladado a Francia. En París siguió con sus masacres. Juntó a su jefe participó de la Operación Modellhut, una maniobra en la que los nazis se valieron de Coco Chanel para intentar llegar a un acuerdo con las fuerzas inglesas (los historiadores todavía discuten el papel de la modista francesa: mediadora, pacifista, colaboracionista o nazi rampante). Al final de la guerra escapó.

1975. El dato era bueno. Tanto es así que Editorial Atlántida, la más poderosa del momento, mandó de inmediato a la ciudad balnearia a su mejor dupla de periodista y fotógrafo. Luego sería cuestión de oficio, paciencia y, como siempre, algo de suerte. Tenían que buscar un Mercedez Benz añoso y gris. Menos de dos horas después, lo vieron pasar y detenerse frente a su puesto de guardia. Ricardo Alfieri (h), el fotógrafo, gatilló su máquina varias veces. Primero la patente del auto. Luego, la figura de ese hombre canoso con camisa a cuadros que caminaba con decisión y gesto agrio. Alfredo Serra, el periodista, se le acercó a pocos metros y gritó (acá también se podría utilizar: “gatilló”): ¡Kutschmann!

El sesentón se dio vuelta abruptamente. Su cara se agrietó, fue como si una sombra, una nube negra lo envolviera. Supo que lo habían descubierto. “Olmo, Pedro Olmo me llamo”, dijo impostando firmeza. Serra replicó: “No mienta, usted es Kutschmann, el nazi”. El hombre se apresuró a entrar al lugar.

¿Cómo había llegado hasta Miramar un criminal de guerra nazi? ¿Cómo había hecho para que no lo descubrieran durante tres décadas?

Cuando el derrumbe alemán en la Segunda Guerra Mundial fue inevitable, Kutschmann no regresó a su tierra. Supuso que en Alemania todo sería peor para él. Desde Francia huyó hacia España. Dentro de las escasas posibilidades que tenía a mano, esa se le presentaba como la más viable; descontaba la colaboración (cobertura) de Franco. Y manejaba los rudimentos del idioma; había combatido junto a los franquistas en 1937. En España tuvo una estadía fugaz en un campo de refugiados.

Fugado o ayudado a escapar de ahí, tomó una nueva identidad que lo acompañaría hasta su captura final. A partir de ese momento sería Pedro Ricardo Olmo, un sacerdote español que se desplazaba con sotana y todo. Justificaba su pronunciación errática y metálica con una historia inventada de décadas misionando en la campiña suiza. Tomó la identidad y los documentos de un sacerdote republicano asesinado tiempo antes. Con eso se asegura algo de tranquilidad. Documentos reales y la cobertura del hábito ¿Quién se animaría a molestar a un cura? No se sabe bien cuál fue su actividad en territorio español en esos años. No hay demasiadas huellas de sus pasos. La presión internacional provocó que Franco no pudiera proteger más a los criminales nazis fugados. La organización Odessa sacó a muchos de sus miembros a través del puerto de Vigo, una de las vías de escape principales (aunque a veces menospreciada por la historiografía) de la Ruta de las Ratas. Kutschmann asumió su papel a la perfección. A lo largo del viaje en el barco Monte Ambotto, desempolvó la sotana y fue. de nuevo, el Padre Olmo.

El 16 de enero de 1948 llegó a Argentina. Su rastro se pierde brevemente hasta que aparece trabajando en la empresa Osram. Algunos dicen que trabajó de taxista. En Osram, ya habiendo colgado los falsos hábitos, fue un oficinista adusto, poco comunicativo, que ascendió hasta convertirse en ejecutivo de la firma alemana. Llegó a ocupar el puesto de jefe de compras.

Desde 1967, Simon Wiesenthal denunció ante tribunales alemanes la presencia de Kutschmann en Argentina. Lo localizó con datos fehacientes. Pero la historia fue la de siempre. Al no haber tratado de extradición entre los países, todas las actuaciones judiciales y los movimientos diplomáticos oficiales se perdían en la desidia de las autoridades argentinas. Nadie tenía interés en que la búsqueda prosperara. Kutschmann se intranquilizó pero confiaba en su red de protección.

Durante ese lapso, junto a Geralda Baeumler de Olmo fundaron la Asociación Amigas de los Animales (la sugestiva sigla era AAA, la triple A). Decían estar preocupados por el cuidado de los animales, en especial de los perros. Su aporte fueron dos decenas de cámaras de gas en distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires para practicar la eutanasia a perros moribundos, enfermos o que debían ser asesinados por causa de fuerza mayor.

Desde la década del 50, la pareja también vivió en el barrio de Belgrano donde tenía un cómodo departamento en el edificio de Sucre 2907. Esto se supo cuando hace unos años una chica compró la unidad funcional y encontró el nombre de Geralda y Pedro Olmo en la escritura. Puestos a buscar, en el libro de actas del consorcio, encontraron actividad (por lo general quejas) de Pedro Olmo en las asambleas del consorcio hasta 1984.

En 1975, Wiesenthal volvió a la carga. Tuvo nuevos datos e identificó con claridad que Olmo, el ejecutivo de Osram era Walter Kutschmann, el criminal de guerra nazi. Como la vía judicial y diplomática estaba estancada, utilizó a la prensa. Difundió sus hallazgos en los medios con el fin de poner en movimiento al gobierno democrático argentino.

Un grupo de residentes en Argentina integrado por sobrevivientes del Holocausto enviaron telegramas urgentes a la Cancillería, al Ministerio del Interior y a la presidenta Isabel Martínez de Perón denunciando que Kutschmann, buscado por sus crímenes, estaba en Miramar. Ninguna autoridad, ningún funcionario, acusó recibo ni respondió.

Cercado por el nuevo impulso de las denuncias y por la mención a su nombre en algunos diarios, Kutschmann volvió a escapar. No fue más a su trabajo. Las autoridades de Osram se mostraron sorprendidas y pretendían haber sido estafados en su buena fe. Simulaban. Luego por declaraciones del mismo Kutschmann se supo que la empresa lo indemnizó por sus años de trabajo apenas apareció la noticia en los diarios. Los vecinos contaban lo mismo que en otra decena de casos de criminales nazis integrados a la vida argentina. Que tanto él como la esposa eran buena gente, algo parcos, que no se metían con nadie, que eran poco comunicativos. Cuando parecía que su hora había llegado, que estaba cercado, Kutschmann se esfumó.

Unas semanas después un hombre trajeado, serio, se acercó a la redacción de la revista Gente un viernes por la tarde. Pidió hablar con Alfredo Serra. Ofreció información a cambio de dinero. Serra le dijo que no estaba autorizado por los directores a ninguna erogación. “Un peso; ese es el valor”, dijo el hombre, solicitando nada más lo que valía un viaje en colectivo. Exigió, eso sí, un recibo oficial. Ahí le habló de Miramar y del Mercedes Benz gris con un cuarto de siglo de antigüedad, el único que había en la zona.

Que fuera Serra el elegido no era casualidad. Era uno de los mejores periodistas del momento y una de sus especialidades era la de perseguir y encontrar nazis. Unos años antes, por ejemplo, lo había hecho con Klaus Barbie en Bolivia. La revista en la que trabajaba, Gente, era la más vendida del momento: cientos de miles de ejemplares semanales. Era un tiempo en que era verosímil que un periodista hallara a un criminal nazi que la policía había perdido y hasta lograra extraerle alguna declaración.

En Miramar, luego de la guardia breve y del encuentro, Kutschmann habló con Serra:

–Usted, usted es el hombre que destruyó mi vida con las dos notas que publicó…

–Perdón. No destruí su vida. Escribí una historia, igual que otros periodistas.

–Sí. Pero usted usó las palabras de un modo… especial.

–No. En todo caso, las palabras fueron dictadas por Simón Wiesenthal, y por usted mismo.

–¡Claro! Ustedes publican todo lo que dice ese señor. Todas sus mentiras. Todos los ardides que usa para conseguir dinero.

–Kutschmann, pasé seis meses de mi vida buscándolo, y ahora le pido una entrevista. Le doy una chance. Si no es un criminal de guerra, defiéndase.

–No puedo hablar. Recién en marzo estaré en condiciones de asumir mi defensa.

–Para mí, marzo es la eternidad.

–Todavía me faltan pruebas, y mis asesores legales no quieren que haga declaraciones hasta que las tenga.

–Entonces tendré que usar otra vez la versión de Wiesenthal, pero reforzada, porque ahora tengo sus fotos, su dirección, y la chapa de su auto.

–Haga lo que quiera. Pero si publica algo, me entrega a mis asesinos.

–¿Usted cree que sus asesinos, si existen, ignoran su paradero? No sea ingenuo. Si lo encontré yo, un periodista, más fácil les será a los que quieren matarlo.

–De cualquier manera, soy un hombre muerto. Cada día que pasa espero a mis asesinos.

El diálogo siguió unos minutos más en el mismo tono. Kutschmann acusando al periodista por haberle hecho perder su trabajo, pidiéndole que pensara en sus hijos. Hasta intervino, Geralda, su esposa. Kutschmann no negó sus crímenes, sólo justificó su conducta bajo el rótulo de acciones de guerra.

La nota con sus respectivas fotos en las que se veía al hombre de 61 años con nitidez, con su pelo blanco, el bigote espeso, los anteojos de armazón pesado y su camisa a cuadros se publicó en el siguiente número de la revista y provocó un gran impacto. Pero nada pasó. Las autoridades argentinas adujeron que el acusado era muy lábil, un escapista virtuoso que burlaba sus esfuerzos. Lo que pudieron un periodista, un fotógrafo y un remisse, no lo consiguieron las autoridades nacionales. El gobierno de Isabel Perón no emitió comunicados oficiales al respecto.

Kutschmann, una vez más, se había esfumado. Se conocía su imagen, donde residía, sus pasos anteriores, la integración de su familia y hasta había sido localizado por un periodista; pero para los investigadores oficiales era un prófugo de una habilidad extraordinaria, habilidad que parece compartía con otros criminales nazis.

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En el último verano del Proceso, con los militares tratando de manejar la transición democrática para que sus crímenes quedaran impunes, unos periodistas del flamante diario Tiempo Argentino destinados a cubrir la temporada veraniega, ante nuevos rumores de la presencia de Kutschmann en la Costa Atlántica dedicaron un par de días a rastrearlo. Otra vez, lo encontraron en pocas horas. Vecinos, garagistas y empleados de rotiserías conocían al matrimonio y sabían de sus crímenes pendientes. “¿El nazi? Vive en aquel edificio”, señalaban con naturalidad. Solo tuvieron que montar una guardia discreta. De ese momento es la extraordinaria fotografía en la que se lo ve a Kutschmann, asomando su cara, detrás de una entornada y sólida puerta de madera de su departamento. Tiempo Argentino no publicó la nota de los periodistas Bec y Tonnelier, pero ellos lograron difundirla junto a las fotos a través de una agencia de noticias. Al día siguiente la imagen fue tapa de muchos de los matutinos nacionales. Otra vez, Kutschmann se le escurrió a la laxa justicia nacional.

Pero el largo escape del criminal de guerra terminó el 15 de noviembre de 1985 hace 40 años. Cuatro agentes de Interpol rodearon al hombre de 71 años en la localidad de Florida en la Provincia de Buenos Aires. Los pocos vecinos que vieron la escena se sorprendieron cuando los hombres armados se abalanzaron sobre el anciano que paseaba su perro.

“Soy Pedro Olmo. Ustedes están confundidos”, dijo. Menos de un minuto después comprendió que esta vez sí se había terminado su fuga. “Soy quien buscan. No me voy a resistir. Ahora sí terminó todo”, dicen que dijo.

Y no fue una cuestión de suerte. El azar no tuvo nada que ver. El regreso democrático también terminó con la impunidad de estos criminales de guerra que utilizaron durante décadas -con gobiernos de distinta legitimidad y diferente signo político- a Argentina como apacible guarida. En pocas horas y tras negociaciones entre Alemania, el Centro Simon Wiesenthal y el gobierno argentino, el presidente Alfonsín firmó la orden de captura internacional y la extradición. Medio día después, los agentes de Interpol lo detuvieron.

La voluntad política de los mandatarios argentinos por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra Mundial era la de poner a disposición de las jurisdicciones pertinentes a los criminales de guerra. Un cambio de rumbo contundente.

Después fue el tiempo de los trámites, de las presentaciones judiciales, los recursos de apelación que le sirvieron a la defensa para demorar el traslado. Mientras se preparaba la extradición, Walter Kutschmann fue internado por un problema coronario.

Murió en el Hospital Fernández, el 30 de agosto de 1986. No llegó a ser extraditado.

Nazismo, Extradicion

A diferencia de Diego Spagnuolo, un habitué, Miguel Ángel Calvete apenas pisó una sola vez la Casa Rosada durante la gestión libertaria. Fue el 16 de enero de este año, una visita al despacho de Eduardo Serenellini -por entonces secretario de Prensa de la Presidencia- en su rol de presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM), un cargo que utilizó en estos últimos tiempos como pantalla para protagonizar, de manera subterránea, una trama delictiva desenmascarada por la Justicia federal en torno a la causa ANDIS por la que se canalizaron en poco más de un año más de $30.000 millones en contratos de medicamentos. La auditoría interna que se llevó a cabo puertas adentro en el ámbito del Ministerio de Salud arribó a conclusiones igual o más escandalosas que las de la Justicia.

Junto a Pablo Atchabahian -preso en Mendoza-, un eslabón clave en el negocio de los laboratorios, las droguerías y el Estado, que se perfeccionó durante la administración de Cambiemos, Calvete sirvió a los jefes de la Superintendencia de Servicios de Salud y se transformó en un personaje central detrás en la investigación del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello que desmenuzaron una serie de adjudicatarios y proveedores alrededor de la Agencia de Discapacidad que desarrollaron un sistema ilícito de recaudación en el que sorprendió la participación de MED Latinoamérica S.R.L., la filial regional de MED-EL, una empresa fundada en Austria a fines de los ‘70, reconocida internacionalmente por su tecnología, que opera en más de 130 países a través de subsidiarias y distribuidoras oficiales. “Acá rompieron el mercado”, aseguraron fuentes del sector. En los intercambios de WhatsApp detectados por la Justicia entre Calvete y el propietario local, debaten cómo “sacar entre 1.600 y 1.700 palos”.

El expediente ANDIS revolucionó al sector, también al Gobierno, que en un primer momento, cuando estalló el escándalo, amenazó con desatar un vendaval de derivaciones en el entorno de Javier Milei, en particular en torno a la familia Menem. “Conocido el escándalo, Javier se encargó de proteger a su hermana”, explicaron fuentes oficiales. Desde ese momento, la secretaria General no paró de acumular poder, cuando se pensaba que, por el contrario, ella debía empezar a ceder posiciones. El contundente triunfo electoral de octubre colaboró para esa protección, en desmedro del sector contrario, referenciado en Santiago Caputo, que cuenta con un puñado de colaboradores y amigos, además del ministro Mario Lugones, fuertemente vinculados con el rubro de la salud. Trascendió, por ejemplo, que en plena etapa de instrucción del caso del fentanilo adulterado, que se cobró decenas de vidas -más de 170-, fue un colaborador del consultor el que ofició de nexo con el juez de la causa, Ernesto Kreplak.

El caso ANDIS, o Spagnuolo, obligó además a tomar mayores recaudos a otras administraciones. Es el caso de la ciudad de Buenos Aires, cuyo ministro de Salud, Fernán Quirós, es considerado un duro a la hora de negociar. La capital ya resolvió dos licitaciones este año del sector, está en proceso la de insumos hospitalarios y resta la de los medicamentos de alto costo. En este proceso mostró un creciente interés en los últimos años la familia Kovalivker, cuyo principal lobista, Jonathan, desarrolló excelentes vínculos con la cúpula macrista. Aún así, siempre fue resistido por las autoridades, una variable más a considerar en la fría relación entre Mauricio y Jorge Macri, que se mantiene inalterable, principalmente por desacuerdos políticos.

Existe, además, en la órbita de la ciudad de Buenos Aires otro expediente que es seguido con especial atención por parte del círculo rojo, por las obras de remodelación del histórico estadio Luna Park, que quedaron a cargo de DF Entertainment en sociedad con Live Nation. La semana pasada, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó un amparo y una medida cautelar en el fuero contencioso y administrativo local para frenar los trabajos por la presunta inconstitucionalidad de una resolución de la administración porteña que amplió la capacidad del estadio. Fuentes al tanto de los secretos detrás de esas obras dan cuenta de que, en las negociaciones de estos meses, se habrían incluido otros proyectos en la Costanera. Para conformar a todos los oferentes.

¡Justicia! ¡Justicia! Conformar a todos los sectores se convirtió, en estos tiempos, en una tarea titánica para el sistema. No solo por las negociaciones, en su mayoría truncas, entre oficialismo y oposición -no solo a nivel nacional, también en territorio bonaerense y, en mucha menor medida, en la capital, como caja de resonancia del sistema político-, si no también por la disputa interna en el seno de La Libertad Avanza, en el que ahora se libró una puja sórdida por el control y la relación con el Poder Judicial, un rubro en el que Mauricio Macri intentó inmiscuirse, sin éxito, en los albores de la gestión actual, y que quedó entonces a cargo de Santiago Caputo y sus colaboradores.

Consumada la victoria de octubre, la hermana del presidente y los Menem, Martín y Eduardo, “Lule”, procuraron avanzar sobre esa área. Esa decisión motivó que la propia Karina Milei, y su hermano, le pidieran a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el cargo, para obturar un posible ascenso de Sebastián Amerio o la promoción de un dirigente vinculado con Caputo. Por ejemplo, el intendente Guillermo Montenegro, que ya se mentalizó que deberá asumir en el Senado bonaerense a partir de diciembre. “Nunca hubo ni siquiera un tanteo”, deslizaron cerca del intendente. Y completaron: “No lo veo a Santiago con el poder de mover fichas como antes de la elección”. La permanencia de Cúneo Libarona llamó la atención incluso puertas adentro porque el ministro ya se tomó una licencia y planea tomarse otra, algo extensa, durante el verano, por un viaje programado a Europa.

Una situación similar se registró en las últimas semanas en la SIDE, en particular por versiones muy insistentes sobre su titular, Sergio Neiffert, y una vinculación pendular entre Karina Milei y Caputo, que lo propuso entonces para ese lugar a pesar de su escasa pericia. Neiffert nunca le tomó el pulso a la gestión, plagada de funcionarios que llegaron a esa secretaria empujados por el consultor. En las últimas semanas, la agencia acumuló escenas tragicómicas. ¿“El Jefe” le pidió, como a Cúneo Libarona, que resista al frente de la secretaría? Es una pregunta que circula con fuerza en el edificio de la calle 25 de mayo.

Lo cierto es que los desacuerdos en esas dos oficinas, Justicia y la ex AFI, son un botón de muestra de la disputa no saldada entre los dos polos de poder del Gobierno, que se agravó tras las elecciones. Desde ese momento, Caputo se preservó, para resguardar su cuota de poder interna -y externa-, que lo mantiene, por su magnitud, bien vigente. También sus principales asesores, que se refugiaron en un premeditado silencio y bajaron ostensiblemente el perfil. En medio de ese hermetismo, circuló la versión de que desde el Gobierno se había puesto sobre la mesa de negociaciones con el kirchnerismo la posibilidad de acordar al camarista Mariano Llorens y a la senadora Anabel Fernández Sagasti para integrar la Corte Suprema. El Presidente mandó a desmentir esas eventuales tratativas. En la Cámara alta, Bullrich les dijo a algunos senadores que no estaba al tanto. Trascendió, además, que había otro camarista de los tribunales federales de Comodoro Py interesado en llegar a la Corte.

Según fuentes de gobierno, existiría, en principio, una definición interna en torno a esas probables negociaciones: desactivar cualquier tipo de acuerdo mientras se debata en el Congreso el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación propiciadas por la Casa Rosada. “A lo sumo se puede allanar el camino para completar algunas de las decenas de vacantes judiciales que quedaron pendientes en estos casi dos años”, sugirieron desde el Ejecutivo.

Estrategias. En ese contexto, LLA en su versión parlamentaria está orientada en engrosar su bloque -el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni, de la fundación Libertad, medita sus próximos pasos, mientras Silvia Lospennato resiste las presiones de Macri, que la quiere en el Congreso hasta el 2027-, para convertirse, de ser posible, en la primera minoría y pelear la conducción de la mayor cantidad posible de comisiones. Se trata de una sangría que preocupa no solo al jefe del PRO, sino también a Cristina Kirchner, consciente de existe un grupo de legisladores, que no necesariamente responden a gobernadores del peronismo, que meditan la posibilidad de abandonar la bancada mayoritaria.

En el caso de los gobernadores, deseosos por ser aliados permanentes del oficialismo, empieza a brotar cierta impaciencia por falta de respuestas concretas. Las famosas efectividades conducentes. Hasta ahora, Diego Santilli hizo malabares en su raid de reuniones. Algunos gestos concretos, unilaterales, obtenidos por Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Ignacio Torres o Alfredo Cornejo, mientras el ministro terminar de diagramar su estructura administrativa, mucho más magra que la heredada. “A Diego lo hicieron ministro, no le dieron un ministerio”, lo graficó esta semana un dirigente amigo de “El Colorado”. El empoderamiento de Manuel Adorni -los ojos de Karina Milei en el Gabinete, su comisario político en los encuentros de Santilli con los jefes provinciales- y los idas y vueltas en el organigrama evidenciaron el encierro de los hermanos Milei en ellos mismos tras el resultado electoral.

Resta, en ese sentido, conocer cómo se terminará de completar el resto del gabinete, cuando se complete el recambio legislativo y deban llenarse varios casilleros. Puede haber movimientos próximamente, antes del viaje que tiene previsto el Presidente a Estados Unidos, para volver a encontrarse con Donald Trump. Por eso el gobierno apuró ayer los reemplazos de Patricia Bullrich y de Luis Petri, que le dejará Defensa por primera vez a un militar desde el regreso de la democracia. Milei prevé, además, viajar otra vez a Manhattan, para participar de la “Argentina Week”, un evento empresario que anunció el embajador Alec Oxenford para la segunda semana de marzo del año próximo.

Pero hay, en preparación, otra gira del establishment norteamericano que podría aterrizar en nuestro país después de ese evento, en abril, y que estaría integrada por unos cien empresarios estadounidenses y el gobernador de La Florida. Una visita de tres o cuatro días que está bajo preparación del lobista Carlos Trujillo, ex embajador ante la OEA y muy cercano a Trump. Trujillo tiene su agencia en Washington y hace algunos días sentó en el Salón Oval, frente al presidente republicano, al socio de José Luis Manzano del fondo suizo Mercuria Energy, en la petrolera Phoenix Global Resources (PGR).

En el organigrama oficial hay lugares sensibles aún pendientes de resolución como Migraciones, que quedó bajo la órbita de Seguridad, oficialmente en manos de Alejandra Monteoliva: a Bullrich, el jefe de Estado le cumplió la promesa. También resta saber, por ejemplo, quién estará por debajo de la nueva ministra. Había, en las últimas semanas, varios postulados.

La ministra quiere un perfil vinculado con la seguridad al frente de Migraciones. Mala noticia para Daniel Seoane, su actual director nacional, con ganas de permanecer en el cargo. Hasta le preguntó a Sergio Massa por su futuro. Mala noticia también para Diego Valenzuela, que espera por alguna señal para tratar de entrar al gabinete.

Santilli no levantó demasiado la voz: el ministro está compenetrado en sacar el Presupuesto, colgarse esa medalla y avanzar en su proyecto bonaerense 2027, para el que ya empezaron a reunirse algunos colaboradores que trabajan desde hace tiempo detrás de ese objetivo. En sintonía, ahora, con Cristian Ritondo, con el que volvió a trabajar como una sociedad política, como en los viejos tiempos. Un tándem revitalizado.

La provincia de Buenos Aires se encamina a una semana decisiva: Axel Kicillof sabrá, entre el martes y el miércoles, si podrá tener su propio Presupuesto, la ley fiscal impositiva y, en particular, el endeudamiento, que necesita de dos tercios y con los que, hasta este fin de semana, no contaba. El martes habrá una nueva reunión a las 19. A la mesa de negociaciones se sientan Carlos Bianco, “Carli”, y Mariano Cascallares, por parte de Kicillof; Alexis Guerrera, que representa a Massa; Facundo Tignanelli, de La Cámpora, y Juan Pablo de Jesús, el delegado de Martín Insaurralde, que desapareció públicamente tras pasearse en yate por la costa del sol española pero que mantiene plena vigencia en el sistema político bonaerense.

Por fuera de la guerra interna en el PJ, la oposición espera con un dictamen entre manos como prenda de negociación con el gobierno provincial. El PRO, la UCR y la CC están dispuestos a concederle a Kicillof un “rollover” de la deuda en torno a los USD1.900 millones. El gobernador pretende unos USD1.500 más de nueva deuda. La oposición quiere, en paralelo, un fondo de $600.000 millones para los intendentes.

En el medio se coló, en tanto, otra negociación por las cuatro vacantes en la Corte Suprema provincial, que cuenta, como en el tribunal nacional, con solo tres miembros: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, con muy buenos vínculos con el PRO. Después de las elecciones estaba previsto que volvieran a conversar sobre el tema Kicillof y su ministro Juan Martín Mena, uno de los principales consejeros legales de Cristina Kirchner, pero el resultado de octubre alteró la hoja de ruta. Nadie tiene esperanzas de poder avanzar en lo que resta del año. Tampoco durante el verano.