(Desde San Pablo) La semana pasada, Braskem, la multinacional brasileña del sector petroquímico, cuyos principales accionistas son Odebrecht (hoy Novonor) y Petrobras, anunció que había llegado a un acuerdo con el estado de Alagoas, en el noreste de Brasil, para pagar 1.200 millones de reales (226 millones de dólares) en indemnizaciones a los ciudadanos afectados por el colapso geológico provocado por la extracción de sal gema en Maceió, la capital alagoana. Las actividades mineras, llevadas a cabo desde 1975 a orillas de la laguna de Mundaú, provocaron el hundimiento progresivo del terreno y el derrumbe de viviendas, edificios y negocios, que culminó a finales de 2023 con el derrumbe parcial de la mina 18. La zona ya estaba en alerta y cinco barrios, los de Bebedouro, Bom Parto, Pinheiro, Mutange y Farol, habían sido evacuados de urgencia, lo que obligó a 5.000 familias, unas 60.000 personas, a abandonar definitivamente sus hogares. Según la empresa, ya se han pagado 139 millones de reales (26 millones de dólares), mientras que el resto se abonará en un plazo de diez años, con cuotas anuales variables a partir de 2030, en función de la capacidad financiera de la empresa. El acuerdo, que incluye la “reparación íntegra de todos los daños patrimoniales y extrapatrimoniales”, significa que se cierra el proceso judicial comenzado por el gobierno estatal, pero aún debe ser aprobado por la justicia.

El recuerdo de aquellos días dramáticos sigue vivo en la memoria de quienes se encontraron de repente sin nada, empezando por su casa. “Vimos cómo se iban nuestros amigos, vimos cómo demolían nuestra escuela y nuestra iglesia. El tren que conectaba nuestros barrios dejó de funcionar. Perdimos lo más importante: nuestras casas”, cuenta a Infobae Paulo Rodrigo, un joven líder comunitario de La Quebrada, una comunidad cercana a los barrios afectados por la catástrofe. “Ahora queremos justicia y preservar la memoria del desastre, la memoria de los que murieron, y ayudar a la comunidad a sanar, a promover un sentido de catarsis y a recordar la historia, nuestra historia”, dice una de las habitantes de la zona, Dilma de Carvalho. La mujer es una de las personas comprometidas con el proyecto de reparación denominado “Nuestro Suelo, Nuestra Historia”, una iniciativa de cuatro años de duración y con un presupuesto de 30 millones de dólares, puesta en marcha y gestionada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

“El programa, implementado por UNOPS, tiene como objetivo principal contribuir a la reparación de los daños morales colectivos causados por el desastre de la minería en Maceió. Lo hace a través de iniciativas que fortalecen el tejido social, la organización comunitaria y el desarrollo sostenible en las comunidades afectadas. Son daños difíciles de medir, pero que afectan mucho la calidad de vida de las personas que se vieron obligadas a desplazarse, a menudo, de lugares donde vivieron durante décadas”, explica a Infobae Bernardo Bahia, Gerente de Proyecto UNOPS. Según el experto, “los proyectos actualmente se organizan en líneas temáticas: fomento y fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil, salud mental comunitaria, generación de ingresos y emprendimiento, diagnóstico e investigación, educación ambiental y bienestar animal”.

Entre las actividades ya realizadas se encuentran el proyecto Sankofa, que ha formado a agentes de apoyo psicosocial comunitario para contribuir a la reparación de los daños morales colectivos, y el proyecto Marias da Lagoa, que promueve la emancipación y la autonomía financiera de las mujeres que trabajan en la recolección de mariscos, a través de actividades de formación en emprendimiento. Las líneas temáticas de los proyectos son definidas por el Comité de Gestión de Daños Extrapatrimoniales, y todo se desarrolla a través de un proceso constante de escucha de la población afectada y de evaluación del impacto de las iniciativas realizadas. “Cuando las cosas se rompen, no se pueden reparar. Pero se pueden construir procesos que reconfortan, mitigan los daños, mitigan las consecuencias y se abren caminos para la reconstrucción de los lazos sociales”, dice Bahia. “Desde UNOPS, hemos traído la experiencia de implementación de proyectos a esta iniciativa y estamos aquí para plantar esta semilla de reparación para que este proceso pueda perdurar en el futuro”, concluye Bahia.

El programa se implementa con recursos provenientes de una acción civil pública representada por el Ministerio Público Federal de Alagoas. Además de una compensación por los daños en la infraestructura y por los daños ambientales, la empresa Braskem fue condenada a asumir la responsabilidad por las pérdidas no materiales. “Ya habíamos logrado una reparación individual para aquellos que debieron dejar sus casas, pero se requería una reparación de daños morales colectivos y para eso convocamos a las personas para poder darle forma a un programa que respondiera a sus necesidades y bajo una pluralidad de pensamiento, para reparar aquello que es intangible, todo ese sufrimiento”, explica Roberta Bomfim, de la Procuraduría de la República a cargo del caso. Según Bomfim, “este desastre no tiene antecedentes en el mundo, pues involucra un área que era habitada y es un desastre que aún no ha terminado; el proceso de hundimiento de los barrios continúa ocurriendo”.

A pesar del acuerdo anunciado la semana pasada por Braskem, la crisis medioambiental y social continúa. La Defensoría Pública de Alagoas y el Movimiento Unificado de Víctimas de Braskem (MUVB) han interpuesto una nueva acción civil pública solicitando el cierre y la evacuación inmediata de las comunidades de Flexal de Cima y Flexal de Baixo, que quedaron aisladas tras el hundimiento de los barrios circundantes. La demanda incluye que Braskem financie el traslado de 3.169 viviendas y pague 1.700 millones de reales (321 millones de dólares) adicionales en concepto de indemnización por daños materiales y morales. La petición se basa en un informe técnico internacional de 2025, elaborado por especialistas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), la Universidad Federal de Espírito Santo (UFES), la Universidad Federal de Alagoas (UFAL) y la Universidad Leibniz de Hannover, Alemania. El estudio señala que el terreno de Flexal está sufriendo movimientos verticales y horizontales superiores a 10 mm al año, el doble del límite de seguridad adoptado por Protección Civil de Maceió. Estos desplazamientos multidireccionales no serían fenómenos naturales, sino el resultado directo de la extracción de sal gema por parte de Braskem. El informe define esta relación como “inequívoca”. Además, los expertos critican la metodología utilizada por el Ayuntamiento para definir las zonas de riesgo, considerada científicamente incorrecta porque no tiene en cuenta los desplazamientos acumulativos. La Defensoría ha acusado a la administración municipal de mantener un mapa de riesgo “obsoleto y arbitrario”, en violación de la Política Nacional de Protección Civil, y de exponer a una población vulnerable a un peligro potencialmente catastrófico. Por ello, en la nueva denuncia se invoca el principio de precaución y se habla de una posible “tragedia anunciada” si no se toman medidas urgentes.

No es casualidad que la UNOPS haya ampliado sus proyectos a la región de Flexal. “Además de un proyecto orientado a promover grupos de convivencia y apoyo psicosocial comunitario mediante actividades socioculturales, deportivas y recreativas, Flexal también ha recibido proyectos de reparación del Programa en las áreas de educación ambiental, bienestar animal y apoyo psicosocial comunitario”, explica Bahia a Infobae.

Braskem, que en 2024 ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Senado reconoció su responsabilidad en el hundimiento del terreno, sostiene que todas las medidas adoptadas, definidas en colaboración con las autoridades, siguen criterios técnicos rigurosos. La empresa enumera entre las medidas ya adoptadas el cese definitivo de la extracción en 2019, el realojamiento preventivo de unas 40.000 personas, la evacuación total de la zona de riesgo antes de 2020 y la presentación de 19.000 propuestas de indemnización, aceptadas en el 99% de los casos. Sin embargo, la acción judicial emprendida ahora por la Defensoría Pública solicita que todos los habitantes de Flexal sean incluidos automáticamente en el programa de compensación de Braskem y que la matriz de daños adoptada en el desastre de Mariana se utilice como referencia para el cálculo de las indemnizaciones, con el fin de garantizar una reparación completa, que incluya los daños materiales, humanos, ambientales y simbólicos.

El pasado viernes, BHP, empresa minera y accionista de Samarco, fue declarada culpable por los tribunales ingleses por la tragedia de Mariana, en el estado de Minas Gerais. El colapso de la presa de Fundão el 5 de noviembre de 2015, considerado la mayor catástrofe medioambiental de la historia de Brasil, sepultó la aldea de Bento Rodrigues, causando 19 muertos y graves daños medioambientales y sociales a miles de personas. Según el bufete de abogados británico Pogust Goodhead, que representa a las partes interesadas, se estima que en los próximos años se obtendrá una indemnización total de unos 36.000 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 250.000 millones de reales al tipo de cambio actual. PG ha calificado la decisión de “histórica”. En Brasil, las empresas accionistas de Samarco fueron absueltas de los procesos penales en noviembre del año pasado y las víctimas esperan una indemnización. Brasil no es un caso aislado en lo que respecta a los desastres medioambientales. Según el último Informe de Evaluación del Riesgo de Desastres en América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), América Latina es la segunda región del mundo más expuesta a los desastres. Entre 2000 y 2022, alrededor de 190 millones de personas se vieron afectadas por 1.534 eventos, con repercusiones especialmente graves para las poblaciones más vulnerables.