ECONOMIA
Las provincias alzan la voz en la Cepal: los reclamos por infraestructura, impuestos y energía en el centro de la agenda
La Jornada de Ministros de Desarrollo Productivo de la Argentina, realizada esta semana en Santiago de Chile y organizada junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), reunió a autoridades nacionales, provinciales y referentes regionales para analizar los desafíos del desarrollo productivo y las condiciones necesarias para impulsar la competitividad. En ese marco, los representantes provinciales expusieron diagnósticos y plantearon una serie de reclamos a la administración central vinculados con infraestructura, energía, impuestos, financiamiento y asimetrías territoriales, con el objetivo de incorporarlos en la hoja de ruta federal que se está diseñando.
Las intervenciones dejaron en evidencia que cada jurisdicción enfrenta realidades diversas, pero comparten preocupaciones sobre logística, competitividad, costos energéticos, presión fiscal y acceso al crédito. También coincidieron en la necesidad de una visión federal que contemple las diferencias estructurales entre regiones.
El ministro de Producción de Córdoba, Pedro Dellarossa, centró su intervención en la competitividad. Señaló que la provincia trabaja sobre cuatro ejes clave: impuestos, reglas laborales, energía e infraestructura. “Necesitamos la apertura comercial al mundo y lo que más nos desvela es la competitividad”, afirmó.
Dellarossa destacó el rol de la industria automotriz cordobesa y adelantó que las inversiones previstas “van a llegar a casi USD 2.000 millones en 2027 y 2028”, lo que permitiría que las exportaciones crezcan “de forma exponencial”. Sin embargo, advirtió que para expandir esa capacidad exportadora es necesario mejorar el transporte: “Para movernos por tren se necesita hacer una inversión de convoy. Hay incluso que modificar la estructura vial que tenemos entre Córdoba y Brasil”.
También reclamó mayor conectividad aérea: “Córdoba necesita que haya un puente aéreo en la ciudad de Santa Fe. Necesitamos también que esa comunicación llegue hasta Concepción del Uruguay, por donde podamos sacar nuestra producción”.
El subsecretario de Desarrollo de Formosa, Horacio Cosenza, planteó las limitaciones en infraestructura vial: “A nosotros nos faltan autovías y rutas”. También se refirió a los tributos provinciales y a los ingresos por regalías: “Vamos a modificar Ingresos Brutos, porque tenemos ingresos más altos en regalías. No hay que hablar de eliminación, pero sí de compensación”.
Cosenza advirtió sobre las dificultades presupuestarias: “Las provincias están bastante desfinanciadas hoy. Si seguimos así, se le va a complicar a todas las provincias”. Además, marcó las diferencias territoriales: “En el norte argentino hay un 10% más de pobreza. Esas son las asimetrías que desde la política se llevaron adelante”. Como prioridad para la hoja de ruta, sostuvo: “Tiene que ser el mejoramiento de la logística”.
El ministro de Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, destacó el rol de las zonas francas y los parques industriales. Explicó que en cada discusión “surge el tema impositivo, que es muy importante para lograr la competitividad”. Pero advirtió sobre la efectividad de los incentivos: “Podemos pensar en eximir de Ingresos Brutos a los inversores, pero no le hace mella a los inversores extranjeros”.
Abud señaló que la minería y el litio funcionan como impulsores de la economía jujeña: “Eso ha hecho que Jujuy pueda crecer en su PBG”. Aun así, describió desafíos internos: “Tenemos problemas en la gobernanza. Vemos también impuestos vs. incentivos fiscales, a ver para dónde podemos buscarle la vuelta para seguir creciendo cuando no controlamos las variables macro a nivel nacional”.
La ministra de Producción de Tierra del Fuego, Carolina Hernández, remarcó la importancia del sector agroalimentario y de la productividad.
“Hoy se habló mucho de la mejora de productividad en el marco de las capacidades técnico-organizativas de las empresas”, dijo. Planteó la necesidad de “fortalecer los lazos público privados” y agregó que los desafíos pasan por “seguir incentivando los procesos de desarrollo”.
La subsecretaria de Industria y PyMEs bonaerense, Mariela Bembi, sostuvo que “la provincia aporta el 40% de la recaudación y solo recibe el 7%”. Ante esto, planteó que, pese a las críticas sobre la administración de los recursos, el financiamiento es un punto central.
Bembi indicó que el capítulo energético es clave porque Buenos Aires refina la mayor parte del petróleo del país y concentra “el 50% del valor agregado industrial”. También mencionó la caída del empleo: “Desde que asumió Milei se perdieron 40.000 puestos de trabajo en el sector industrial”. En ese marco, pidió priorizar la industria nacional y señaló que buscan “una línea de trabajo” específica en energía.
El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, expuso dificultades en la distribución eléctrica: “Tenemos más restricciones en lo que tiene que ver con la distribución y la probabilidad de la energía”.
Por otro lado, Bernaudo señaló que la provincia está “en la mitad de la tabla” en costos energéticos y que la generación renovable “tiene bastantes restricciones”.
La ministra de Producción de Santa Cruz, Nadia Ricci, reclamó una política energética federal: “Santa Cruz hace un pedido para esta hoja de ruta, que tiene que ver con que las políticas energéticas sean pensadas en un plan federal”. Subrayó el potencial local: “Tenemos tres puertos de aguas profundas, dos zonas francas y todo para salir adelante”. Y pidió contemplar los costos de distancia: “Necesitamos que en este plan estratégico se le ponga costo a la distancia de las provincias que estamos más australes”.
El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, defendió el rol del bioetanol: “Somos el primer productor del país. Es una energía más limpia, más barata, no paga impuestos y aumenta el octanaje. Aún así no se le da relevancia”.
Abad llamó a una acción conjunta: “Esto hay que pelearlo en conjunto porque a todos nos compete”.
La ministra de Economía de Catamarca, Alejandra Nazareno, planteó como prioridad “un financiamiento estable, visible y escalable” y criticó la concentración de recursos “Argentina tiene una estructura de federalismo fiscal donde los recursos y las decisiones se concentran a nivel nacional”, comentó.
También recordó que la provincia tiene un fondo de garantía público y pidió “mayor apalancamiento, más estabilidad y medidas contracíclicas”.
El subsecretario de Planificación de Misiones, Leonardo Amarilla, pidió que el financiamiento se enfoque en pequeños productores y primeras etapas de la cadena. “Deben tener la posibilidad de acceder al crédito para darle valor agregado”, dijo.
Asimismo, hizo hincapié en las dificultades energéticas: “Pagamos hasta siete u ocho veces la energía, versus la Capital Federal”. En ese contexto afirmó: “Hay que romper las asimetrías con cambios estructurales”.
El ministro de Desarrollo Productivo de San Luis, Federico Trombotto, informó que la provincia trabaja en “tres planes maestros: el hídrico, el de energía y el de desarrollo de la cadena de valor”.
Durante su exposición, Trombotto destacó la importancia de la previsión para evitar problemas futuros.
El ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, afirmó que la provincia continúa con el plan plurianual de baja de impuestos. “Si tenemos un Estado inmenso y subsidiador jamás tendremos superávit fiscal”, sostuvo. También criticó las distorsiones cambiarias: “Hemos llegado a tener 15 o 17 tipos de cambio”.
Vargas Arizu reclamó que se sigue pagando impuesto a las exportaciones. Además, expresó que el acuerdo firmado con Estados Unidos “le pone un cepo a la actividad” porque exige modificaciones en legislación laboral e impositiva.
La tensión en el sector aeronáutico argentino se intensificó tras veinte días de medidas de fuerza en la terminal de cargas de Ezeiza, y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) advirtió que las próximas acciones sindicales afectarán a los vuelos de pasajeros.
“Comenzamos el paro por la terminal de cargas pensando en no perjudicar a los pasajeros. Creímos que sería suficiente llamado de atención para el gobierno, pero nos equivocamos”, expresó Juan Pablo Schinello, secretario de Organización de Atepsa, al diario Página/12.
El impacto de la protesta se siente en el sistema logístico, ya que la terminal de cargas nocturna de Ezeiza opera con cerca de diez vuelos por turno, y la medida sindical ha generado retrasos significativos en la entrada de mercaderías al país. Schinello explicó que “se afectó a las aeronaves en tierra, no a las que estaban en vuelo”,.
La organización sindical, que dice agrupar a 2.000 afiliados —de los cuales unos 400 trabajan en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini—, sostiene que el 98 por ciento de la carga aérea nacional pasa por esa terminal, con un predominio actual de importaciones sobre exportaciones. Y que el transporte aéreo, más costoso y rápido que el marítimo o fluvial, se utiliza principalmente para productos perecederos y frágiles, como frutas, verduras, órganos para trasplante y herramientas de precisión.
El conflicto tiene dos ejes principales, según la organización gremial: la cuestión salarial y la seguridad operativa. “Si hubiéramos tenido voluntad de hacer daño, hubiéramos empezado por afectar el transporte de pasajeros, desde el día uno. O podríamos afectarlos justo ahora, para el fin de semana largo, que va a haber mayor actividad”, remarcó Schinello, subrayando la decisión de no perjudicar, en principio, a los usuarios. El dirigente también señaló que los trabajadores ingresantes perciben 800.000 pesos mensuales pese a la alta calificación requerida para el puesto.
En ese contexto, la agrupación de los controladores aéreos tomó la decisión de anunciar un cronograma de paros que comenzó los días 3, 6, 9 y 14 de noviembre, y que continuará el 24, 27 y 30 del mismo mes. Las medidas de fuerza se articulan en torno a tres demandas: apertura de paritarias, diálogo real y la defensa de la seguridad, que, según afirman, “no se negocia”.
La dirigencia de Atepsa considera que la situación de los aeropuertos es comparable a la del sistema ferroviario, donde recientemente se produjo el tercer descarrilamiento en poco tiempo, atribuido a la desinversión y la desidia, aunque sin víctimas fatales. El sindicato advirtió que si no recibe las respuestas que espera las medidas de fuerza se incrementarán y comenzarán a afectar primero los vuelos de cabotaje y luego los internacionales.
Fuentes oficiales explicaron a Infobae que existe un acuerdo paritario que se encuentra en ejecución, por lo que se consideran “ilegítimas” todas las medidas de fuerza que lleva adelante Atepsa.
“EANA no está incumpliendo ningún acuerdo. Se llevan realizadas 25 mesas de diálogo en lo que va del año, solo que el gremio no acepta el resultado de las mismas”, señalaron las fuentes, las que descartaron que Atepsa tenga 2.000 afiliados. “Tiene 1300 y cada mes que pasa son menos. El salario mensual promedio de un Controlador de Tránsito Aéreo es de $3,29 millones, el gremio quiere tomar de rehenes a los argentinos”, agregaron.
En agosto pasado, tras medidas de fuerza que dejaron sin volar a más de 15.000 pasajeros, EANA y el sindicato sellaron un entendimiento paritario. Según un comunicado de EANA, “tras las negociaciones, se alcanzó un acuerdo salarial dentro de la pauta oficial”.
El incremento salarial, que se distribuirá en tramos sobre las remuneraciones habituales, normales y permanentes vigentes al 31 de mayo de 2025, se implementó un cronograma de aumentos que tendrá su última etapa en diciembre.
Desde la administración de Javier Milei afirmaron: “El gremio aceptó la oferta original del Gobierno. No negociamos ni cedemos ante paros extorsivos”.
El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, subrayó tras el alcance del acuerdo que “las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando así la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”. Además, destacaron la voluntad de diálogo y la responsabilidad para alcanzar una solución que preserve la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico.
ECONOMIA
El Tesoro de EE.UU. confirmó que le vendió DEGs a Argentina por u$s872 millones para pagarle al FMI
El Tesoro de Estados Unidos informó oficialmente este viernes que el mes pasado concretó una operación de venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina por u$s872 millones, destinados a cubrir obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En la plaza financiera señalan que esos dólares terminaron contabilizados como parte del swap con Washington que comenzó a utilizarse tras las elecciones.
El dato coincide con el pago del 7 de noviembre, cuando el Gobierno desembolsó u$s796 millones al FMI. En ese momento, el Banco Central (BCRA) apenas contaba con u$s148 millones, lo que alimentó las versiones de que el giro había salido del salvataje estadounidense o de remanentes previos del Fondo.
Los reportes recientes del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) -herramienta clave para el respaldo de la administración de Donald Trump a Javier Milei- muestran que el 15 de octubre hubo un incremento de 640,8 millones en los DEGs en manos de la Argentina, mientras que EE.UU. redujo su posición en el mismo monto. Hoy, cada DEG equivale a u$s1,4.
La información que presentó el Tesoro de Estados Unidos
El ESF está integrado por dólares, divisas extranjeras y DEGs, la unidad de cuenta del FMI que combina dólares, euros, libras, yenes y yuanes.
La activación del swap y críticas por la falta de información oficial
Para algunos analistas, la confirmación desde Washington deja en evidencia el silencio del Banco Central. «La información que se confirma es por la publicación oficial del Tesoro estadounidense. En el BCRA, la falta de transparencia sigue gozando de buena salud», sostuvo el economista Christian Buteler.
La consultora Outlier coincidió en su reporte diario: «Se confirmó que se activó el swap de monedas con Estados Unidos. En una primera instancia, fue para permitir la salida de las posiciones en pesos del Tesoro estadounidense, lo que en la práctica funcionó como un adelanto del swap, y luego para el pago al FMI. Nuestros cálculos estiman la activación en u$s2700 millones, pero son aproximaciones, porque no hay información oficial disponible. Mucho menos sobre las condiciones».
El informe también recordó que, cuando se anunció el acuerdo, se había prometido transparencia progresiva sobre cada tramo activado. «No se entiende por qué seguimos operando con estos niveles de opacidad», remarcaron.
Días atrás, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, justificó la ausencia de información pública sobre el nuevo mecanismo con Estados Unidos. Aseguró que no se comunicó para «respetar las cláusulas de confidencialidad» y que revelar esos movimientos «te arbitra el mercado. Es prudencial».
Además, relativizó la posibilidad de activar más desembolsos del swap y dio por terminada esa etapa: «Me parece que esa situación ya quedó atrás». También destacó la mejora del clima financiero, la recuperación de oferta en el mercado cambiario y las colocaciones privadas de deuda que permitieron a compañías locales captar más de US$3500 millones este mes.
El swap con EE.UU. fue fundamental para evitar que, antes de las elecciones, el dólar perforara la parte superior de la banda de flotación. El Banco Central aportó divisas al mercado para frenar la escalada y desacelerar la pérdida de reservas, en un momento todavía crítico para su balance.
El salvataje de Estados Unidos: qué operaciones hubo hasta ahora
El respaldo de Washington a la gestión de Milei, impulsado por Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent, incluyó también compras de pesos por alrededor de u$s2.000 millones. Esos fondos fueron invertidos en letras del BCRA y, tras las elecciones legislativas, liquidados. Esa salida quedó registrada como la activación parcial del swap previamente anunciado.
La consultora Fernando Marull & Asociados había explicado semanas atrás: «El Gobierno ya habría activado cerca de u$s2.700 millones del swap con EE.UU.; u$s2.000 millones se habrían devuelto al tesoro de EE.UU. (luego de sus intervenciones en el MLC antes de las elecciones) y los restantes u$s700 millones se habrían usado para el pago de intereses al FMI».
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ECONOMIA
El Tesoro de Estados Unidos confirmó que transfirió USD 872 millones a la Argentina para pagarle al FMI
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos oficializó que, a mediados de octubre, transfirió Derechos Especiales de Giro (DEGs) por USD 872 millones a Argentina, monto que se utilizó a principios de noviembre para cumplir con el último vencimiento anual ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta decisión reflejó un nuevo respaldo financiero de la administración de Donald Trump a la gestión de Javier Milei, ante la persistente escasez de reservas.
El movimiento fue reportado en la sección de transacciones de DEGs del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF, por sus siglas en inglés) estadounidense, y confirmó la operación ya registrada en la página oficial del FMI. Durante octubre, la tenencia de DEGs de Argentina aumentó en 640,8 millones, al pasar de 29,6 millones a 670,4 millones, una variación que coincidió exactamente con la reducción de las reservas de Estados Unidos: de 127.451,3 millones a 126.810,5 millones.
La correlación directa sugiere una transferencia de DEGs entre ambos países. En el sitio web del Tesoro estadounidense figuró una “venta” de estas monedas a Argentina por USD 872 millones.
El DEG fue ideado como un “activo de reserva internacional” para complementar las tenencias oficiales de los países miembros. Su valor deriva de una canasta compuesta por el dólar estadounidense, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.
Según había adelantado Infobae, los fondos se descontaron de una parte del swap recientemente pactado entre los dos países. En ese contexto, se realizó una intervención de USD 1.900 millones en el mercado cambiario, conducida por Scott Bessent, quien buscó contener el valor del dólar antes de las elecciones legislativas, según fuentes consultadas por el medio.
En octubre, Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, anticipó que la asistencia estadounidense hacia Argentina incluiría transferencias de DEGs. Un antecedente similar se registró con Qatar en agosto de 2023, cuando se otorgaron USD 775 millones en DEGs que permitieron a Argentina cubrir pagos al Fondo antes de las elecciones primarias, en las que Milei superó al entonces ministro de Economía, Sergio Massa.
De acuerdo con información del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la consultora 1816 calculó: “Estados Unidos ganó alrededor de USD 53 millones con su inversión en pesos, sin incluir el rendimiento por tasas de interés. Sumando el carry trade, esa ganancia rondó USD 70 millones”.
“El puente económico argentino genera ganancias para el pueblo estadounidense”, señaló Bessent dos semanas atrás, tras confirmar la activación del swap entre la autoridad monetaria argentina y el Tesoro estadounidense.
Hasta el mes pasado, según la consultora 1816, los swaps registrados por el BCRA solo correspondían al acuerdo con China, cuyo monto total es de 130.000 millones de yuanes (aproximadamente USD 18.291 millones). El registro de un incremento de USD 2.500 millones en la línea de swaps, sin detalles públicos sobre condiciones más allá de un vencimiento mensual, fue interpretado como confirmación de la activación del swap con Estados Unidos, aunque no existen datos oficiales sobre eventuales renovaciones.
El análisis de operaciones oficiales permite reconstruir la secuencia: entre el 9 y el 25 de octubre, el Tesoro estadounidense adquirió pesos argentinos por unos USD 2.000 millones, con el objetivo de frenar presiones cambiarias y mejorar la posición del gobierno de Milei antes de las elecciones de medio término, lo que culminó en una victoria oficialista a nivel nacional.
En un principio, esos pesos se mantuvieron fuera del circuito financiero, depositados en el BCRA. Posteriormente, y según balances semanales del Central, esos fondos se invirtieron en Letras del BCRA hasta el 29 de octubre. A partir del 30 de octubre, el stock dejó de figurar en Letras, lo que llevó a 1816 a concluir que Estados Unidos finalizó su exposición al peso argentino y, en vez de repatriar la inversión, activó el swap. De esa forma, la deuda del BCRA con el Tesoro estadounidense pasó de estar nominada en pesos a estar denominada en dólares.
La consultora lo resumió así: “El BCRA pasó de deberle pesos a Estados Unidos a deberle dólares a Estados Unidos”.
Según los cálculos de 1816, “el Tesoro estadounidense obtuvo una ganancia de aproximadamente USD 53 millones por la inversión en pesos, comprando cerca de ARS 3 billones a un tipo de cambio promedio de $1.471 y vendiendo a $1.433,7 el 30 de octubre. Si se suma el rendimiento por tasas de interés, la ganancia se acercó a USD 70 millones”.
La activación del swap impactó en las reservas internacionales del país. El BCRA sumó un nuevo pasivo en dólares por USD 2.500 millones y los pases en moneda extranjera aumentaron en USD 1.000 millones en octubre. Así, las reservas netas descendieron en USD 3.500 millones respecto al balance anterior. El informe destacó que, valuadas a valor de mercado, las reservas netas del BCRA ascienden a USD 275 millones y ese monto resulta negativo si se consideran los pagos de Bopreal a 12 meses.
La metodología del FMI para medir reservas netas —base para analizar el desempeño en el programa firmado en abril— contempla ajustes por valuación de oro, yuanes y DEGs, junto al cálculo de pasivos dolarizados del BCRA. Con este criterio, Argentina se ubica a USD 13.000 millones de la meta prevista para diciembre de 2025. El informe advierte: “Nos dirigimos a negociar un nuevo waiver y metas con el organismo”.
USD 872 millones, reservas netas negativas y una ganancia de USD 70 millones para Estados Unidos: esos son los números centrales del nuevo capítulo de la relación financiera bilateral.
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