POLITICA
Causas y denuncias copan la agenda política: provocación de CFK, caso Spagnuolo y cruces en el Senado
Cristina Fernández de Kirchner provoca, no solo en la causa, que la condena y la mantiene detenida en el segundo piso de San José 1111, necesitada de sostenerse como referencia opositora y en la interna peronista. También ganó espacio la causa sobre maniobras corruptas en el área de discapacidad, que trasciende los famosos audios de Diego Spagnuolo. Con menos ruido, por el deterioro del protagonista, se anotó un renglón Alberto Fernández. Y otras denuncias sobre oscuridades dominaron el trámite de rigor sobre los pliegos de los nuevos senadores nacionales. En conjunto, temas que copan la agenda pública en estas horas y alimentan la fatiga de arrastre con la política.
CFK acaba de forzar el dictado de restricciones para recibir visitas bajo el régimen de prisión domiciliaria. Fue después de que difundiera fotos con nueve economistas, que pasaron juntos por su departamento para exponer que el kirchnerismo tiene propuesta económica. Pero no se trata de un gesto vinculado solo a la condena por la causa Vialidad. Fue notoria su actitud en el primer zoom por la causa de los cuadernos de las coimas: evitó exponerse frente a la cámara y generó el efecto buscado, incluida una muy medida advertencia de los jueces.
La expresidente amplifica cada uno de esos gestos para descalificar las causas judiciales, que en algunos casos y a pesar de los muy extendidos tiempos, impactan con nuevos pasos. El último fue la decisión de avanzar con el decomiso de bienes en la causa Vialidad. CFK expone malestar, disgusto personal, y objetivo político. Intenta —señal de su situación— mantenerse en lugar destacado como contraparte de Javier Milei, algo que resulta funcional a Olivos, y reafirmar su defensa en la interna, que cruje después de la derrota electoral.
De manera rápida, salió al cruce de las restricciones en materia de visitas. La discusión que planteó formalmente fue acerca de la autorización colectiva para aquella recepción de economistas, algo que el juez rechazó con explicaciones sobre la cantidad y el sentido individual de cada visto bueno. El punto, en materia política, fue otro. En un comunicado, sostuvo que la medida fue impuesta por el “bestiario mediático” y ejecutada por el “bestiario judicial”. Un clásico en su discurso.
Al igual que en otras oportunidades, y al momento de contraponer números económicos, se refirió a la gestión de Alberto Fernández, sin nombrarlo y como si fuera ajena a esa etapa. Le dedicó unas pocas líneas y lo mencionó como “el gobierno peronista más flojo”.
En las mismas horas, Alberto Fernández era noticia, aunque de módico impacto, porque la Cámara Federal acababa de confirmar el procesamiento en la causa de los seguros. No es un tema menor. El caso también expone corrupción sistémica en el aparato del Estado. Esa decisión del tribunal dejó abierto el camino para la instancia de juicio oral.
Por supuesto, el caso que expone de manera más abierta y en niveles más impresionantes los mecanismos de corrupción es el de los cuadernos de las coimas. La Justicia busca dar ahora un mensaje de interés sobre los tiempos de esta “megacausa”, que ya lleva más de ocho años. Las señales se sucedieron apenas iniciado el tramo oral del proceso que involucra a CFK y casi noventa acusados, buena parte de ellos, empresarios. Y los movimientos para acelerar las audiencias expusieron a la vez tensiones judiciales.
El Tribunal Oral Federal quedó en el foco público por la decisión de realizar solo un zoom por semana, algo que provocó malestar en las cámaras pertinentes y hasta en la Corte. Hubo señalamientos públicos o por la vía de los trascendidos. Y el tribunal a cargo de la causa reaccionó destacando que desde hace años vienen reclamando más recursos —para contratar personal y atender otros rubros presupuestarios—, sin éxito. Casación dispuso finalmente medidas para extender a tres las audiencias por semana y confirmó la utilización de un auditorio -que sería habilitado a mediados de diciembre- para sesiones presenciales.
De manera llamativa, un registro puntilloso de movimientos y operaciones -otra vez en un cuaderno- podría generar avances significativos en el caso de la administración del área de discapacidad. Fuentes judiciales dicen que hace rato los audios de Spagnuolo dejaron de ser el eje de la causa. La renovada defensa del exfuncionario sostiene que las grabaciones fueron adulteradas o editadas. Como sea, las mayores novedades, en línea con los trascendidos, afirmarían que lo que está en la mira es una red de corrupción para el reparto de contratos con droguerías.
Spagnuolo fue citado a indagatoria por el juez Sebastián Casanello, pero se negó a dar respuestas. Está pendiente un pedido de detención formulado por el fiscal Franco Picardi, que apunta además a otros funcionarios. Y se agregó el capítulo de Ornella Calveti, hija del empresario Miguel Angel Calvete, señalado como una pieza clave del entramado en la ANDIS. Un allanamiento dio con US$ 700 mil.
Fuera del ámbito estrictamente judicial, otras denuncias graves produjeron cruces en el Senado. La Comisión de Asuntos Constitucionales se reunió para revisar los pliegos de los 24 senadores que deben asumir el 10 de diciembre. Y como era de esperar, se produjo una carga opositora sobre la libertaria Lorena Villaverde, expuesta desde los días en que estalló el caso de José Luis Espert y la vinculación de la legisladora rionegrina con Fred Machado. Peronistas, pero también senadores de otros espacios, firmaron el dictamen de rechazo a Villaverde.
En respuesta y sobre la hora, el oficialismo resolvió impulsar sus propias impugnaciones. Apuntaron contra Jorge Capitanich y Martín Soria. Señalan causas o denuncias por sus gestiones, uno como gobernador chaqueño y el otro, como intendente de General Roca. Esa movida fue cuestionada por razones de procedimiento. La ofensiva violeta fue adjudicada a Patricia Bullrich, ya como virtual jefa del oficialismo en el Senado.
La pulseada quedará resuelta el viernes de la semana que viene, en el recinto. Con todo, es probable que la mirada del oficialismo no desatienda el frente judicial.
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POLITICA
La Iglesia volvió a cuestionar el régimen penal juvenil: “Bajar la edad no reduce el delito”
La Iglesia Católica, a través de un comunicado firmado por Cáritas Nacional y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social, volvió a cuestionar el Régimen Penal Juvenil de cara a su tratamiento en el Congreso. “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”, indicaron.
En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, afrimaron: “La reducción de la edad de imputabilidad constituye un retroceso en materia de derechos humanos y, por lo tanto, una medida regresiva e inconstitucional”. A su vez, advierten que esta reforma habilita la intervención penal y la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes que no han alcanzado la edad legal, “tratándolos como punibles, sin garantizar un debido proceso adecuado, bajo supuestos criterios educativos o curativos, e incluso permitiendo internaciones de carácter indefinido”.
“Introduce un alto grado de arbitrariedad al combinar criterios de salud mental con pronósticos criminológicos que no cuentan con sustento científico”, contunió la Iglesia con sus cuestionamientos respecto del proyecto impulsado desde el Gobierno.
En ese sentido, plantearon que tampoco garantiza que haya un descenso en la cifra de criminalidad en menores, puesto que solo “habilita la aplicación de reglas del derecho penal adulto” y “permite el alojamiento en cárceles o dependencias de fuerzas de seguridad”, pero “no asegura defensa técnica especializada”.
La carta denuncia que la iniciativa prevé “penas desproporcionadas para adolescentes, sin una diferenciación razonable respecto de los adultos ni entre delitos leves y graves, ni entre adolescentes de distintas edades”, lo que contradice los principios de proporcionalidad, excepcionalidad y progresividad. Apuntaron que la propuesta no se corresponde con un aumento de los delitos juveniles: “Los datos disponibles muestran que la participación de adolescentes de entre 12 y 17 años en procesos penales es muy baja: apenas el 0,42 %. Además, la mayoría de los delitos cometidos por este grupo etario —alrededor del 80 %— son contra la propiedad, principalmente robos, mientras que los delitos graves, como los homicidios, resultan excepcionales”.
En el plano ético y social, la Iglesia sostuvo: “En un mundo atravesado por el avance de la cultura del descarte, sostenemos que los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza; protagonistas indispensables de una transformación profunda”. Por esto mismo, expresaron su dolor por la “creciente tendencia a perseguir y hostigar a quienes son más frágiles y vulnerables” y afirmaron que la propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal “instala en el imaginario colectivo la idea de que niños y adolescentes son peligrosos”. Mientras tanto, plantearon que los verdaderos peligros para las zonas más vulnerables, como el avance del narcotráfico y la criminalidad “continúan funcionando con altos niveles de impunidad”.
De esta manera, evocaron al Papa Francisco al decir: “Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a políticas de inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la vida y por los derechos de los demás”.
De igual forma, aclararon que, como la mayoría de los argentinos, están “convencidos de que es necesario avanzar en una reforma del Régimen Penal Juvenil” y reconocieron que “existe un vacío legal que perjudica a muchos niños y adolescentes”.
Sin embargo, aclararon que “la baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema: lo desplaza, lo endurece y lo profundiza”. «La realidad nos coloca ante una disyuntiva decisiva: o profundizamos la cultura del descarte, o asumimos el desafío de construir un entramado social que cuide, incluya y repare”, dijeron en su mensaje.
Como alternativa, la Iglesia y las organizaciones que la acompañan proponen un enfoque preventivo. Así, propuesieron: “La intervención penal debe ser la última respuesta para promover la protección integral de la niñez”. Para los menores de dieciséis años, sugirieron un “abordaje en manos de los Juzgados de Familia y de todo el Sistema de Protección y Promoción de Derechos y no del sistema penal” y recomendaron políticas públicas direccionadas a tratar cuestiones de salud mental y adicciones, al tiempo de reforzar el acompañamiento familiar y comunitario. Mientras tanto, para los adolescentes mayores de dieciséis años que cometan delitos graves, la aplicación de justicia restaurativa, que “ha demostrado reducir la reincidencia a niveles cercanos al 0 %”.
Las palabras de la Iglesia se dan luego de que el Gobierno haya incluido los cambios en el Régimen Penal Juvenil en el temario de las sesiones extraordinarias. De hecho, hace tan solo una semana, la Conferencia Espiscopal Argentina expresó sus dudas respecto al proyecto.
El documento, titulado “Más oportunidades que penas”, cita interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma Conferencia, entre ellos: “¿Dónde van a recluir a los menores si se concreta la baja de la edad de imputabilidad?” y “¿Qué alternativas reales existen para educarlos y reinsertarlos socialmente?” Asimismo, se pregunta por las condiciones y los dispositivos disponibles en las provincias para alojar a adolescentes y jóvenes que delinquen, así como por la efectividad de las instituciones penitenciarias para abordar el problema.
La Conferencia Episcopal reafirmó la convicción de que es “imprescindible un régimen penal juvenil y adolescente que tenga una mirada humana, integral y abierta a la esperanza”.
POLITICA
El descargo de la presentadora de la Fiesta Nacional del Mate que leyó un insulto contra Javier Milei
Una vez más la política volvió a colarse en un tradicional festival, esta vez en la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, Entre Ríos. Durante el evento la conductora, Sonia Fernández, leyó carteles de los asistentes a la festividad y entre ellos, uno con insultos al presidente Javier Milei.
Inicialmente la conductora dijo: “Allá estoy mirando uno, pero por Dios no sé si lo leo o no lo leo”. Luego les dijo a los asistentes: “¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables”.
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Su colega le dijo: “Sos comunicadora, Sonia”. Luego Fernández leyó el polémico mensaje del cartel: “Milei, la c… de tu m…”. Luego la conductora dijo: “Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir”.
El descargo de la conductora de la Fiesta Nacional del Mate que leyó un insulto contra Javier Milei: “No debí hacerlo”
Frente a la fuerte polémica por haber leído un insulto contra el Presidente en la Fiesta Nacional del Mate, Fernández publicó un extenso descargo en su cuenta de Instagram, titulado “Aclaración y disculpas” por su accionar: “Ante lo ocurrido anoche en la Fiesta Nacional del Mate, quiero expresar una postura y un sentimiento”.
La periodista mencionó: “Durante una verdadera y multitudinaria Fiesta popular, leí un cartel que estaba entre el público, en contra del Presidente. El cartel expresaba un insulto a Javier Milei. No debí leerlo. Más allá de que cientos de personas me pedían hacerlo. No estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa. Y una profesional con fuertes convicciones que las he dejado claras durante 40 años de profesión».
Fernández reiteró su pedido de disculpas: “Por lo expresado y reflexionado durante el día, pido públicas disculpas a la Investidura Presidencial (independientemente si se lo merece o no) y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, que me dieron junto a una colega, la responsabilidad de conducir un Festival oficial”.
La conductora dijo: “Gracias a las miles de personas que me han apoyado. (Estoy en todas las redes sociales y en los principales medios nacionales por algo tan poco feliz). No me gusta esa exposición. Gracias también a aquellas que, conociendo mi conciencia crítica, también me expresaron su postura”.
Fernández aclaró: “No es retroceder en mi pensamiento. Está claro que ese pensamiento está y estará siempre en apoyo de lo nacional y popular y en defensa de la cultura. Sin embargo, me hubiera gustado hacerme viral por otras ideas y convicciones fuertes que expresé durante el Festival y no por la lectura de un cartel que insultaba al primer mandatario”.
La periodista dijo: “Aclaro: No es temor. No es autocensura. Es coherencia con mis ideas. Así como soy profundamente crítica a los insultos del Presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo. Dicho esto, doy por terminado el tema y sus efectos. Gracias por todo, nuevamente”.
Javier Milei, insulto, Entre Ríos
El asfalto se interrumpe, los pozos se multiplican y el agua servida corre por los zanjones. Las casas de ladrillo a la vista se intercalan con otras más precarias de chapas; un olor a carne podrida invade las fosas nasales. Nada parece en escuadra ni bien terminado. Unas columnas de una obra pública abandonada emergen desde un matorral, y las luces mortecinas hacen parecer que la noche se abate aquí con más furia. En villas como esta nace y crece el 40% de los jóvenes del Conurbano bonaerense. Contra toda meritocracia, nacer y crecer en estos lugares condiciona el porvenir; achica horizontes temporales y espaciales.
“Futuro ya no tengo… mi futuro fue”, responde Matías, de apenas 19 años, cuando se le pregunta por sus expectativas. Y si bien lo natural sería contradecirlo y explicarle que tiene toda la vida por delante, cuando narra su historia, impone silencio. Lo que relata es un derrotero de abandono e imposibilidad de acumular recursos vitales, que deja al descubierto la dificultad para un camino de integración social.
Como la mayoría de los jóvenes de estos barrios, Matías comenzó a trabajar en edad escolar; cartoneaba para ayudar a su madre a mantener a sus hermanos. Su padre, que los golpeaba, los abandonó cuando él tenía 7 años. A los 12, a la vuelta del cartoneo, se quedaba primero a tomar unas cervezas con los pibes del barrio, pero con el tiempo pasó a consumir drogas. A los 14 ya vivía en la calle y había abandonado la escuela, donde lo trataban, según su relato, “de faloperito”. La esquina”, con “la mala junta”, se convirtieron en su mundo. A los 18 cayó preso por robo a mano armada y ahora solo piensa en “rescatarse”, pero dice que “es difícil cuando tu mamá te abandonó en la calle de tan chico”. “Yo viví cosas que ningún chico debiera vivir”, dice. No es sorprendente que, con esta historia de vida, Matías no pueda proyectar un futuro más allá de la esquina. Como él mismo lo dice, “me dejaron solo”.
Matías es el reflejo de un Estado y una sociedad que fallan, en múltiples instancias, en brindarles condiciones de crianza a estos niños y jóvenes. En un estudio realizado por el CIAS y Fundar, más de la mitad de los jóvenes de barrios populares expresaron no tener perspectivas de integrarse a la sociedad a través del estudio y el trabajo. La integración social no solo requiere un entramado de oportunidades, sino que también presupone ámbitos donde se adquieren los recursos que permitan vincular esas oportunidades con las aspiraciones personales. El deterioro de esos ámbitos de acumulación hace que estos jóvenes no crean, como ellos mismos lo expresan, que puedan “ser alguien en la vida”. No les damos los recursos para que proyecten un futuro mejor.
“Ser alguien” supone una trayectoria que enlaza lo recibido con un proyecto a futuro. Sin embargo, dadas sus experiencias de socialización —donde el hogar, la escuela y el barrio ocupan un lugar central—, esa trayectoria se hace inverosímil. Las expectativas de muchos se recortan casi exclusivamente sobre el presente y “la esquina”. Cuando hay alguna expectativa, en general, esta no va más allá del objetivo de “rescatarse”; es decir, de dejar la vida de consumo y delito.
A los jóvenes que repiten ese círculo vicioso de consumo y crimen, si milagrosamente no se “rescatan”, los espera el confinamiento o la muerte temprana. La dificultad para imaginar algo distinto arranca en hogares en los que no se cubren las necesidades alimenticias básicas. De una encuesta del CIAS a 600 jóvenes en villas de AMBA, se puede inferir que casi el 50% de los menores de 18 años en villas trabaja para aportar ingresos al hogar, normalmente cartonean. Abundan las historias familiares traumáticas caracterizadas por la violencia, el abandono o la expulsión del hogar. Es común que niños de entre 14 y 18 años caigan en situación de calle y el Estado no reaccione.
Las escuelas tampoco logran contener a estos jóvenes. Son escuelas desbordadas por las situaciones de consumo y violencia que atraviesan estos barrios. Según la encuesta mencionada, el 42% de los jóvenes entre 19 y 24 de barrios populares abandonó la escuela y más de la mitad la ve como un lugar vacío o violento. Una vez más, un joven deja el secundario y en la sociedad no se prende ninguna luz roja; el Estado solo atina a descontarle el 20% de la AUH.
Estos jóvenes crecen en barrios segregados: aproximadamente el 50% de los jóvenes no tiene amigos por fuera del barrio y no participa en ningún espacio de sociabilidad como iglesias o clubes. Estos barrios segregados no solo están afectados por la deficiencia de servicios públicos, sino que, además, el espacio público –calles y plazas— aparece a menudo controlado por transas y narcos. Ellos imponen el ritmo de vida del barrio; determinan por dónde y a qué hora se puede circular o reunirse.
Mientras tanto, en Argentina vuelve la idea de bajar la edad de imputabilidad como solución al problema. Muchos hogares aparecen estallados, muchas escuelas desbordadas y muchos barrios ocupados por los transas y, en lugar de recuperar y cuidar estos lugares, se elige atacar sus resultados. Se quiere atender a los jóvenes cuando “el futuro ya fue”— y se pretende corregir con barrotes o intercambio de balas, lo que se fue originando durante años en el hogar, la escuela, y el barrio.
La mirada indulgente de cierto progresismo es un error que se paga caro. Los niños y jóvenes que cometen crímenes causan pérdidas materiales y humanas graves. Hay delito, culpa y damnificados, que no dejan lugar a romantización alguna. Pero querer resolver el problema en sus consecuencias y no en sus causas, es un error más grave. La prioridad debiera estar en las condiciones bajo las cuales se gestan el consumo y la criminalidad. Limitarse a bajar la edad de imputabilidad es querer corregir un renglón torcido destruyendo la hoja. Una sociedad que no ofrece otro futuro a sus jóvenes que la cárcel está, en verdad, renunciando al suyo.
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El autor, politólogo y sacerdote, es rector Centro de Investigación y Acción Social (CIAS)
Rodrigo Zarazaga,Conforme a
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