POLITICA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos evalúa una visita al país por denuncias de ataques a la prensa
La discusión sobre el estado de la libertad de expresión en la Argentina volvió a ocupar un lugar central en el ámbito internacional. En una audiencia temática convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desarrollada en la Universidad de Miami, distintas organizaciones civiles y referentes del periodismo presentaron un informe que alerta sobre un incremento significativo de agresiones, amenazas y obstáculos para el ejercicio de la actividad periodística desde el cambio de gobierno.
Ante este escenario, la organización confirmó estar evaluando una visita formal al país para verificar la situación.
La sesión reunió a representantes del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, sindicatos de prensa y agrupaciones de reporteros gráficos, además de periodistas que declararon ante el organismo.
Todos coincidieron en que el clima para ejercer la profesión se deterioró de forma acelerada durante los últimos meses, con picos de violencia digital, campañas de hostigamiento desde cuentas oficiales y episodios físicos durante coberturas de protestas.
Paula Moreno, presidenta de FOPEA, advirtió que el nivel de ataques registrados en 2024 y 2025 no tiene antecedentes recientes. Según el monitoreo de la organización, los casos de agresiones aumentaron más del 50% respecto al año anterior y ya superaron la marca histórica registrada en 2013.
Para la titular de la comisión, el problema no solo radica en la cantidad de hechos, sino también en la “validación discursiva” que, según afirmó, proviene de autoridades del Ejecutivo y se replica en redes sociales.
Durante la audiencia, el periodista Hugo Alconada Mon relató amenazas, intentos de hackeo, campañas de desprestigio y explicó que los ataques que recibió tras publicar una investigación sobre inteligencia interna buscaban, según expresó, “disciplinar a quienes trabajan temas sensibles”.
Otro punto central fue la preocupación por el uso de la justicia como herramienta intimidatoria. Desde Poder Ciudadano, el abogado Hugo Wortman Jofré sostuvo que las reformas recientes en la Ley de Acceso a la Información Pública debilitan el control ciudadano sobre los actos de gobierno y desalientan investigaciones periodísticas. A esto se sumaron denuncias de la FATPREN, SiPreBA y ARGRA sobre agresiones de fuerzas de seguridad durante manifestaciones, incluida la grave lesión sufrida por un reportero gráfico a raíz del impacto de un proyectil disparado a corta distancia.
Del lado del Estado, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños, rechazó la existencia de una política de hostigamiento a la prensa y relativizó las denuncias. Según el funcionario, los episodios mencionados forman parte de “situaciones aisladas” y no reflejan un deterioro institucional. También cuestionó que algunas organizaciones hayan incluido en la audiencia reclamos que, a su entender, exceden el marco previsto por el organismo.
El subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Julio Baños,
Sin embargo, la respuesta oficial no disipó las inquietudes de la Comisión. La secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, remarcó que los testimonios expuestos no representan hechos aislados, sino una tendencia que requiere atención. El Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, recordó que las declaraciones de funcionarios pueden generar riesgos concretos para periodistas y llamó a evitar discursos que puedan ser interpretados como incitaciones al hostigamiento.
En el cierre, el presidente de la CIDH, José Luis Caballero, expresó su intención de impulsar una visita oficial a la Argentina para evaluar de primera mano la situación. Las organizaciones peticionantes solicitaron, además, que se active un mecanismo permanente de monitoreo, que se elabore un informe de país y que se revise el decreto que modificó la normativa de acceso a la información pública.
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POLITICA
El fiscal pide investigar a Chiqui Tapia y Faroni como parte de una red que habría desviado millones de la AFA
La fiscalía le pidió al juez federal, Marcelo Aguinsky, investigar la existencia de una red internacional de intermediarios que operó entre 2021 y 2025 que habría canalizado más de US$300 millones de ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fuera del circuito bancario argentino.
Los involucrados son el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, la administradora de TourProdEnter LLC, Érica Gillette, vinculada al empresario, Javier Faroni, al jefe del área comercial y marketing de la AFA, Leandro Petersen, al controlante de Global FC LLC, Andrés Scornik, al operador financiero ligado a la AFA, socio de Odeoma Gestión, Marcelo Fabián Ramón Saracco, y al socio español de Odeoma Gestión SL, Melchor Amoedo Merlín.
Leé también: La Justicia citó a declarar a Javier Faroni, el empresario investigado por presuntos desvíos de fondos de la AFA en EE.UU.
Según la investigación hubo desvíos de fondos a empresas offshore y actividades privadas, entre ellos un giro de TourProdEnter por US$11.587 a Carbello SRL, dedicada a compra de caballos de salto, y giros de Faroni a Horses Services (transporte de caballos) y Equestrian (compra y venta de caballos).
La fiscalía pidió determinar la relación de las personas denunciadas con las sociedades nacionales e internacionales involucradas y habló de un “denominador común”, mientras que el juez considera que núcleo de la investigación es la AFA.
Los detalles de la ampliación de la denuncia por irregularidades con fondos de la AFA que involucra a Claudio “Chiqui” Tapia
Como anticipó TN la Coalición Cívica, que había hecho denuncias sobre la mansión de Pilar, volvió a presentarse en tribunales para pedir la ampliación de la investigación sobre “una red internacional de intermediarios financieros que operó entre 2021 y 2025, canalizando fuera del circuito bancario argentino más de US$ 300 millones de ingresos de la AFA, bajo el pretexto del ‘cepo cambiario’ y mediante mecanismos irregularmente onerosos (comisiones del 30% sobre los montos manejados)”.
Los denunciantes son Juan Facundo Del Gaiso y Matías Yofe, de la Coalición Cívica, liderada por Elisa Carrió. Los dirigentes piden investigar los posibles delitos de lavado y administración fraudulenta.
Según la denuncia “la AFA recurrió al menos a seis empresas intermediarias o agentes comerciales en el exterior, a través de las cuales recaudó más de US$300 millones provenientes de patrocinadores y otras fuentes, para luego distribuir dichos fondos fuera del circuito legal”.
De acuerdo a la presentación de la CC “este mecanismo se habría implementado bajo la conducción del presidente de la AFA, Claudio Tapia, con la intervención directa de altos dirigentes de su entorno: el entonces director Comercial y de Marketing, Leandro Petersen, el tesorero Pablo Ariel Toviggino y su lugarteniente Juan Pablo Beacon –quien ocupó la dirección ejecutiva de la AFA–, aparecen señalados como organizadores que interactuaban con las empresas intermediarias y las firmas auspiciantes, manteniendo a estas últimas sin contacto directo con los intermediarios”.
AFA, Claudio Tapia, Javier Faroni
La Cámara Federal de Casación Penal desestimó el último recurso de la defensa y clausuró la posibilidad de modificar las condiciones de detención de Cristina Kirchner durante el receso de enero. Los jueces ratificaron que el planteo sobre la modalidad de arresto en el domicilio de Constitución carece de la urgencia necesaria para justificar la habilitación de la feria judicial.
La Sala de Feria de la Casación fundamentó su negativa en el incumplimiento de los requisitos exigidos para un tratamiento excepcional en enero. Los magistrados evaluaron que la defensa no aportó elementos objetivos que demostraran la urgencia del caso.
El voto de la mayoría, conformado por Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, resultó breve y contundente. El texto de la resolución sostiene: “Por no tratarse de un tema de feria conforme la Acordada Nº 07/09 (punto 6) de esta Cámara Federal de Casación Penal, en tanto la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto allí previsto ni el impugnante ha aportado argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento, devuélvanse las presentes actuaciones vía pase digital a la Secretaría General de esta Cámara para ser remitidas a la Sala que corresponda una vez finalizada la Feria Judicial. Sirva la presente de atenta nota de envío”.
Cristina Kirchner intentó un recurso de reposición para que el mismo tribunal revisara su fallo anterior. Ledesma y Yacobucci rechazaron la presentación in limine, sin dar lugar a trámite alguno.
La solicitud de la exmandataria apuntó a flexibilizar las reglas de su prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad. Fuentes judiciales indicaron que la defensa pidió el retiro de la tobillera electrónica de monitoreo.
El reclamo incluyó la solicitud de que ciertos visitantes frecuentes, como el ministro de Justicia bonaerense Juan Martín Mena, ingresen sin necesidad de autorización judicial previa para cada encuentro. La defensa exigió también la eliminación de los cupos de visitas y el número de personas permitidas en cada reunión. Otro punto del pedido refirió al levantamiento de la restricción horaria impuesta para su permanencia en la terraza del inmueble.
La resolución original de la semana pasada contó con dos votos contra uno. La Sala de Feria se compuso en ese momento por Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Mariano Borinsky. Los dos primeros se opusieron a habilitar la feria, mientras que Borinsky votó en disidencia a favor de tratar el planteo.
El juez Borinsky argumentó en soledad que el caso ameritaba la intervención del tribunal durante el receso. Su voto expresó: “Se configura en el caso la previsión de la Acordada Nº7/09 de CFCP, en cuanto dispone que ‘se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, sólo se procederá su habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. En el fallo de este miércoles, que ratificó la negativa ante el recurso de reposición, solo firmaron Ledesma y Yacobucci.
Los recursos de la expresidenta se resolverán tras la finalización de la feria judicial en febrero y la Sala de Feria dejará de intervenir en el caso. El expediente pasará a la Sala IV, encargada habitual de los planteos de la exmandataria, e integrado por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos. Fuentes judiciales recordaron que Barroetaveña y Hornos votaron en contra de solicitudes similares en instancias anteriores.
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POLITICA
El Gobierno redefine su agenda en el Congreso y analiza correr la reforma del Código Penal para priorizar la laboral
Con el calendario legislativo comenzando a tomar ritmo tras el receso de verano, el Gobierno nacional afina su estrategia parlamentaria y reordena prioridades.
En ese marco, dentro del oficialismo gana fuerza la idea de postergar el tratamiento de la reforma del Código Penal y enfocar todos los esfuerzos políticos en la sanción de la reforma laboral durante las sesiones extraordinarias previstas para febrero.
Según admiten fuentes del entorno presidencial, la decisión aún no está cerrada y la última palabra la tendrá Javier Milei.
Sin embargo, en las filas libertarias consideran que avanzar en paralelo con dos iniciativas de gran volumen y alto impacto político podría diluir las chances de éxito. Por ese motivo, el análisis predominante apunta a enviar el nuevo código recién para el período de sesiones ordinarias, que comenzará el 1° de marzo.
Reforma laboral: los gobernadores endurecen su postura y ponen condiciones para acompañar a Javier Milei
El razonamiento interno se apoya en antecedentes recientes. A fines del año pasado, el Ejecutivo resolvió postergar la discusión de la reforma laboral para concentrarse en cerrar acuerdos que permitieran la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
Esa estrategia, sostienen en Balcarce 50 en diálogo con Infobae, resultó efectiva y ahora buscan replicarla en un contexto político todavía frágil en el Congreso.
La reforma laboral aparece como uno de los pilares centrales de la denominada “segunda etapa” del gobierno de Milei.
El proyecto apunta a modificar aspectos estructurales del régimen de trabajo, con el objetivo declarado de fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad y flexibilizar ciertas regulaciones que, según el oficialismo, desalientan la contratación.
Para lograr su aprobación, el Ejecutivo necesita construir consensos con bloques dialoguistas y gobernadores, una tarea que demandará tiempo y dedicación exclusiva.
En ese escenario, el debate del Código Penal quedaría en pausa. Se trata de una iniciativa de enorme complejidad técnica y política, con más de 900 artículos, que propone un endurecimiento de penas para delitos considerados graves y una reorganización integral del sistema penal.
En el Gobierno reconocen que un proyecto de semejante magnitud requiere un tratamiento “más profundo y ordenado”, algo difícil de garantizar en un temario ya cargado durante las extraordinarias.
Reunion plenaria de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nacion. (Fotos: Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)
El texto del nuevo Código Penal fue elaborado por una mesa técnica integrada por funcionarios del área judicial y asesores presidenciales, con participación del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Seguridad.
Aunque su redacción se encuentra en una etapa avanzada, el proyecto todavía no fue enviado al Congreso, lo que refuerza la hipótesis de que su discusión quedará para más adelante.
Mientras tanto, la mesa política del oficialismo retomará esta semana las reuniones formales tras el receso estival. Allí se terminarán de definir los detalles de la estrategia legislativa y el esquema de negociaciones con aliados clave.
El objetivo es claro: sumar voluntades suficientes para llevar la reforma laboral al recinto y convertirla en ley durante febrero.
De concretarse este plan, el decreto que oficialice la continuidad de las sesiones extraordinarias no incluiría el tratamiento del Código Penal dentro del temario.
“No se puede discutir todo al mismo tiempo”, repiten cerca del Presidente, convencidos de que la hoja de ruta legislativa debe adaptarse a las correlaciones de fuerza actuales en el Congreso.
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Reforma del Código Penal,Reforma Laboral,Senado,Sesiones extraordinarias
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