La flamante vicepresidenta del Senado, Carolina Moisés, relató este miércoles cómo se gestó su designación al frente de la Cámara alta tras la ruptura del bloque peronista. Además, reveló una conversación privada que mantuvo con Cristina Kirchner en 2025 para conformar una estrategia en Jujuy destinada a enfrentar al radicalismo de Gerardo Morales. “Le propuse una presidencia alternada para el PJ de Jujuy, para sumar a todos los sectores. Pero me dijo que no”, dijo.

Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, la flamante vicepresidenta de la Cámara alta expuso los motivos de su apartamiento y cuestionó duramente el rumbo del peronismo nacional: “Parte del problema es Cristina, pero no es todo el problema, porque el peronismo no es solo Cristina”.

Alineada con el gobernador Gustavo Sáenz, Moisés integra el grupo de tres senadores peronistas que abandonaron el lunes el interbloque Popular, que reúne a las diferentes expresiones del peronismo en la Cámara alta y tiene al frente a José Mayans. La salida de la jujeña, además, tiene un correlato con la intervención del PJ en su provincia, donde fue suspendida —junto a otros 300 dirigentes— por apoyar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases y en el proyecto de Presupuesto 2026, impulsados por Javier Milei en el Senado.

Moisés preside el Club Sociedad de Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy. Es senadora desde 2023; antes fue diputada nacional en dos mandatos y, en su provincia, integró el Concejo Deliberante y se desempeñó como funcionaria durante el gobierno de Eduardo Fellner. También formó parte de la Legislatura local. Si bien está alejada del kirchnerismo, al que adhirió en sus comienzos, fue una de las voces que respaldó a Cristina Kirchner cuando fue condenada en la causa Vialidad.

“Yo hablé con Cristina Kirchner. Cuando ella estaba al frente del partido, fui y le propuse una estrategia no solamente para Jujuy, sino también para las provincias del norte, en febrero de 2025”. Según contó, su iniciativa apuntaba a conformar una mesa amplia para fortalecer al peronismo en el interior y frenar la pérdida de bancas en el Senado.

“Le planteé que armemos estrategias diferenciadas, focalizando en las ocho provincias donde íbamos a renovar senadores. Primero, para fortalecer las provincias donde tenemos gobernadores”, explicó Moisés, quien recalcó que la crisis no se debe a su salida del bloque: “Aclaro: el peronismo tiene el mínimo histórico en el Senado, y no porque nosotros nos hayamos ido. Fue por erróneas estrategias electorales y porque no se pudieron mantener ni siquiera las bancas que se renovaban el año pasado”.

La dirigente jujeña aseguró que la negativa de Cristina Kirchner a su propuesta fue rotunda: “Le terminé proponiendo: ‘Hagamos una presidencia alternada; yo presido un año y la chica de La Cámpora otro año. Pero juntemos a todos’. ¡Y no! ¡Y no!”.

Moisés reveló que la suspensión del PJ jujeño involucró a toda la estructura territorial y consideró que la medida fue un mensaje de disciplinamiento interno: “A mí me suspendieron en enero junto a trescientos compañeros. También quiero aclarar que la suspensión no le aplica solo a esta senadora: echaron al presidente del bloque justicialista, a los ocho diputados provinciales y a los únicos tres intendentes que responden al justicialismo”.

La senadora sostuvo que la decisión tuvo un carácter ejemplificador: “Quisieron poner una cosa disciplinadora: ‘Miren lo que les va a pasar si votan el presupuesto, si votan propuestas del gobierno’. Pero si nos echan a todos porque pensamos distinto, no vamos a dejar de existir ni de ser senadores. Vamos a seguir construyendo poder en el ámbito que corresponda”.

También cuestionó la falta de una estrategia real de poder para hacer oposición en las provincias: “La destrucción total que hicieron del peronismo en Jujuy fue por la falta de construcción de poder para ganarle a Gerardo Morales, que es lo que yo conversé con Cristina la última vez”.

Al cierre, Moisés definió el estado actual del peronismo y explicó su decisión de asumir la vicepresidencia del Senado: “Ese es el diagnóstico. Tomé la decisión de ocupar ese lugar porque creo en un peronismo que ocupe los espacios de poder, en un peronismo opositor fuerte, que defienda a los laburantes y a las pymes, pero que al mismo tiempo construya diálogo para encontrar salidas”.

“Parte del problema es Cristina, pero no es todo el problema. Si el peronismo no reacciona, va a seguir siendo irrelevante. Ocupar la vicepresidencia es el desafío de empezar a construir el peronismo del futuro”, enfatizó.

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Carlos Mahiques, el juez que quedó en el ojo de la tormenta por la mansión de Pilar atribuida a la AFA, ahora enfrenta otra decisión que promete polémica: hoy debe definir si Elías Piccirillo vuelve o no a la cárcel.

Las causas son paralelas, pero hay un trasfondo que toca a Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, el financista cercano a “Chiqui” Tapia, y al rol en el city de Piccirillo, conocido como El rey del blue.

Este miércoles a las 10, Mahiques resolverá si el ex de Jésica Cirio vuelve a la cárcel. Piccirillo cayó detenido en marzo de 2025, acusado por un ex socio, Francisco Hauque, de armarle una “cama”.

Hauque denunció que Piccirillo le armó un operativo con policías de la Ciudad y que le plantó droga y un arma. Todo para no pagarle una deuda de 6 millones de dólares.

Mahiques es el juez que acaba de renunciar a la subrogancia de la Cámara Federal de Casación que debe resolver si la investigación de la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA, vuelve al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky y o sigue bajo instrucción del juez federal de Campana Adrián González Charvay, como pretende la AFA.

De hecho, la insistencia de “Chiqui” Tapia para fijar el domicilio de la Asociación del Fútbol Argentina en Pilar apunta a “elegir” como jurisdicción el departamento Judicial de Zárate Campana. Creen que es “chiquifriendly”.

“Vamos a presentar un memorial”, dijo a TN Carlos Pouso, el abogado de Hauque. En el entorno del empresario hay dudas por el accionar de Mahiques.

“Es una causa con una pena en expectativa de más de 8 años y lo mandan a la casa”, criticó Pouso sobre la decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones que le otorgó en noviembre último la prisión domiciliaria a Piccirillo.

“Estamos cuestionando que la Cámara, para darle el arresto domiciliario, solo dio como fundamento que ya se contaba con todas las pruebas necesarias para elevar a juicio a Picirillo y a los policías. O sea… estando todo listo y para elevarse a juicio; en vez de apurar el juicio», advirtió el abogado de Hauque.

Mahiques quedó envuelto en la polémica después de que Hugo Alconada Mon, en La Nación, revelara que el juez había festejado su 75 años en la mansión de Pilar, unos días antes de que la Justicia allanara el domicilio valuado en US$ 20,8 millones. El juez negó la fiesta, pero le dijo al periodista: “Y si fuera cierto, ¿cuál sería el inconveniente?“.

Al día siguiente, renunció a la subrogancia de la sala que debe actuar en el expediente. Adujo: “La creciente cantidad de tareas jurisdiccionales muestra a la fecha un total de 332 procesos en trámite, de los cuales 135 están radicados en Sala; 185 en las tres vocalías que la integran; y 61 impugnaciones y 14 recursos extraordinarios en la vocalía Nro. 7. A ello se suma la carga de trabajo que importa la gestión de dirección, control y administración en la Sala”. Continuará en la Sala III de la Casación, donde es titular, y renunció a la Sala I, donde era subrogante.

Mahiques cumplió la edad para jubilarse, pero pidió extender cinco años y Milei envió el pliego al Senado.

Carlos Sebastián Smith, conocido como “El Lobo”, es un expolicía de la Federal que trabajaba para Piccirillo y cayó por “la cama” que el ex de Cirio le hizo a Hauque. Relató a la Justicia los negociados del dólar blue y dio nombres. ¿Podría haber más arrepentidos?

Hauque le pidió al fiscal Franco Picardi que lo ponga en conocimiento de si existe una investigación derivada de alguna declaración de los arrepentidos para poder presentarse, ponerse a derecho o designar abogado defensor y esgrimir los elementos de prueba que considere necesarios y útiles. “El fiscal no puede llevar adelante una investigación de manera solapada en un legajo reservado por cuestiones que son totalmente ajenas al objeto de la causa. Si de la declaración de Smith se desprendía algún hecho nuevo, él tenía que mandarle a la Cámara que se sorteara y se designara un nuevo juez, un nuevo fiscal, como se hizo cuando se quiso investigar la ruta del dinero y se inició la causa de lavado en manos de la jueza (María Eugenia) Capuchetti“, dicen cerca del empresario.

Hauque quiere que Piccirillo vuelva a la cárcel. Su entorno duda: “No creo que quien ahora tiene que decidir se haya olvidado tan rápido de las cenas en Roldán”.

Elías Piccirillo, Banco Central

“No hay impacto ambiental más negativo que la pobreza”. Con esa definición, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, defendió el proyecto de Ley de Glaciares que el Senado tiene previsto tratar este jueves y que busca promover la actividad minera bajo nuevos parámetros regulatorios.

En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario provincial sostuvo que el debate sobre el impacto ambiental de la minería debe analizarse junto con la realidad social y productiva de las provincias cordilleranas. “Si hoy no tuviéramos minería, tendríamos 7.000 empleos menos”, afirmó. Además, indicó que cada emprendimiento debe evaluarse según el “balance” entre su impacto ambiental y su contribución a la economía local.

Jalil precisó: “Todo proyecto —hacer una casa, un hotel o una explotación minera— tiene su impacto ambiental. Lo que debe evaluarse es el balance que dicho emprendimiento tiene en la economía y en la política ambiental de la provincia”. Así respondió a las críticas de sectores que advierten sobre posibles daños a los ecosistemas y la salud de la población.

El gobernador remarcó que la actividad minera está sometida a estrictos controles. “No hay ninguna actividad que tenga tanto control, desde audiencias públicas, como la minería”, subrayó. Detalló que para otorgar una Declaración de Impacto Ambiental a una empresa que pretenda explorar o explotar un yacimiento deben cumplirse instancias específicas de evaluación.

“Cuando se genera una declaración de impacto ambiental de una empresa que desea explorar o explotar un yacimiento minero, debe atravesar tres controles”, explicó Jalil. Según describió, el primero es el control ambiental, que calificó como “muy importante” para las provincias y en el que —aseguró— se han registrado avances, incluso en articulación con comunidades locales. El segundo es el control económico, es decir, que el proyecto tenga un impacto positivo en la economía y contribuya a mejorar la calidad de vida de los catamarqueños.

En esa línea, Jalil destacó el destino de los fondos derivados de la actividad. “Todos los recursos de las regalías o fondos extra regalía van a las comunidades”, señaló. Añadió que estos ingresos permiten “cambiar la matriz económica”, fortalecer el turismo, la agroindustria y financiar obras estratégicas en la puna catamarqueña y la región cordillerana.

El mandatario vinculó el debate legislativo con la discusión sobre federalismo y competencias. “Fuimos al Congreso, a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a defender esta ley que le regresa derechos a las provincias”, expresó.

En ese contexto, citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece la obligación de proteger el ambiente sin impedir el desarrollo humano, y el artículo 124, que reconoce que las provincias son originarias de los recursos naturales existentes en su territorio. Para Jalil, el proyecto se enmarca en esa lógica: preservar el ambiente sin clausurar las posibilidades de desarrollo productivo.

El tratamiento del proyecto en el Senado ocurre con el respaldo de los gobernadores de provincias cordilleranas, que consideran la minería un eje central de sus economías regionales. La iniciativa es vista como clave para el desarrollo de distritos como Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, donde la actividad tiene un peso significativo en términos de empleo, inversiones y generación de divisas.

El bloque del presidente Javier Milei busca reunir los votos necesarios, con el acompañamiento de senadores aliados, para aprobar el proyecto en la sesión prevista para mañana. Desde el oficialismo sostienen que la reforma permitirá dar mayor previsibilidad al sector y fortalecer el perfil exportador del país, en un momento en que la minería —en especial el litio— es presentada como uno de los motores potenciales de crecimiento.

Jalil planteó que el debate trasciende la coyuntura política. “Agradezco que esto se trate en el Congreso, porque fue un pedido de los gobernadores al presidente Milei y le agradezco que hoy se esté debatiendo”, afirmó. Su declaración sintetiza la posición de los mandatarios provinciales que impulsaron la discusión en la Cámara alta: una apuesta por consolidar un marco normativo que, según sostienen, combine control ambiental, desarrollo económico y mayor protagonismo de las provincias en la gestión de sus recursos naturales.

Mientras los sectores críticos alertan sobre los riesgos ambientales, los gobernadores del arco cordillerano insisten en que la discusión no puede omitir la dimensión social. Para Jalil, la clave está en evitar que el debate ambiental se convierta en un obstáculo para combatir el problema más urgente: la pobreza.