Javier Milei bajó la orden de negociar con el sindicalismo y cerrar el mejor acuerdo posible en torno a la reforma laboral. El Presidente transmitió que su único objetivo era bajar los costos laborales, y que no hacía falta ir a la guerra contra los gremios. “Las discusiones gorilas me tienen sin cuidado”, fue el mensaje que transmitió el Presidente a los funcionarios y operadores que negociaron el proyecto antes y durante la sesión del miércoles en el Senado, previo a la madrugada en la que el Gobierno se adjudicó la primera victoria legislativa del año al que le siguieron, horas después, la media sanción del nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Un triunfo político clave en medio de luces de alerta en la economía, que sirvió además para maquillar la interna oficial y que exhibió, por primera vez de manera palpable, la ruptura dentro del peronismo.

Milei demostró otra vez que, por fuera del marketing público, está dispuesto a ser un político pragmático siempre y cuando su centralidad no se vea opacada, ayudado por una oposición sin brújula, carente de liderazgos, y un sindicalismo que, en pleno debate por la reforma laboral, a duras penas pudo movilizar a la plaza frente al Congreso. El interlocutor principal de los gremios fue Gerardo Martínez, en los hechos uno de los jefes de la CGT, que negoció a dos puntas con el sector de Santiago Caputo y con “los primos”, como llama a Eduardo y Martín Menem, cada vez más enfrentados a Las Fuerzas del Cielo. Es cierto que la llegada de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete y la instauración de la “mesa política” ordenó parcialmente la interna, pero no es menos cierto que la disputa entre los Menem y Caputo, es decir, entre el consultor y Karina Milei no cejó ni un milímetro. Más bien lo contrario: la hermana del Presidente y el asesor estrella no se hablan de manera franca hace meses, por fuera de los ámbitos institucionalizados como esa mesa en la que se define la estrategia oficial.

Milei pidió tener el proyecto de reforma laboral aprobado antes del domingo 1 de marzo, cuando inaugure por tercera vez las sesiones ordinarias del Congreso. La media sanción de la madrugada del jueves fue el primer paso. Festejó el Presidente en Olivos, el gabinete en pleno y Patricia Bullrich, que publicó un video en sus redes en el que se presenta como la figura excluyente del triunfo, un auténtico spot publicitario. “Esto es campaña permanente”, la justificó un dirigente de su riñón.

En la CGT no hubo festejos airados, pero sobrevoló en la sede de Azopardo una sensación ambivalente frente a la redacción original. Se cocina, de todos modos, un paro general frente al debate en diputados, para mostrar públicamente los dientes. La central obrera elevó a los interlocutores del Ejecutivo un pliego de condiciones a negociar. Se les concedió cerca de la mitad, en particular aquellos ítems vinculados con las cuotas sindicales. El sindicalismo había peticionado elevar el monto que los monotributistas de las escalas más bajas, en torno a los $20.000, aportan para la cobertura del Programa Médico Obligatorio (PMO) que las obras sociales deben cubrir de manera obligada. En la CGT existe una creciente preocupación por el desfinanciamiento de las obras sociales. Ese reclamo no fue concedido, tampoco la derogación de la ultraactividad, uno de los principales pedidos. “Eso se va a judicializar”, aventuran desde la central obrera. Es una posibilidad.

Los gobernadores también recibieron pulgar hacia arriba al reclamo colectivo para quitar del proyecto el capítulo fiscal que reducía aún más la coparticipación por la rebaja en Ganancias para aquellas empresas que contrataran nuevo personal. A Luis Caputo, “Toto”, no le dio para festejarlo públicamente, pero aceptó enseguida retirar ese capítulo por la caída sostenida en la recaudación que elevó los niveles de zozobra en gobernadores e intendentes, a los que les llega cada vez menos coparticipación. Con un agravante: la motosierra permanente.

Un intendente del interior que estuvo en estos días en Buenos Aires, y fatigó despachos oficiales, se volvió a su municipio alarmado por la falta de respuestas. Para colmo, la rebelión policial de Santa Fe, que Maximiliano Pullaro buscó dar por cerrada a fines de esta semana con los últimos aumentos salariales, puso en alerta al resto de los gobernadores. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se monitorea de manera permanente si las consignas que se desparraman en redes sociales no surgen desde adentro de la fuerza, lo cual está prohibido. El recuerdo de la rebelión del 2020, que terminó con la quita de un porcentaje de la coparticipación a la capital, sigue latente. En un tema tan sensible como la seguridad y el monopolio del orden, una demanda que el Gobierno quiere capitalizar con el nuevo régimen penal juvenil que obtuvo media sanción este jueves en la Cámara baja. Lo conoce de cerca la ministra Alejandra Monteoliva, que tuvo que dejar su cargo provincial en el 2013 tras el acuartelamiento policial en Córdoba, que terminó en saqueos. Un dato: los salarios de los policías federales empezaron a quedar rezagados en comparación a las provincias, al revés de la serie histórica.

Caputo cerró la semana con una noticia agria: tres diputados del peronismo presentaron una denuncia penal en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi para que investigue si se manipularon datos del INDEC y se violó el secreto estadístico tras la salida sorpresiva de Marco Lavagna del organismo después de que Milei se opusiera a convalidar el cambio en la metodología que mide el IPC, un traspié innecesario. En Economía recibieron con satisfacción la baja del riesgo país y un retroceso del dólar, y empezó a acelerarse la compra de reservas, pero persisten luces rojas en el tablero que preocupan a los funcionarios más racionales, en particular por la caída del consumo y la actividad que no repunta. Algo de eso se habló en la reunión de estas horas con la Unión Industrial Argentina (UIA): la capacidad instalada de la industria está apenas por encima del 50%, a niveles de la pandemia de COVID-19. Para colmo, la inflación, que arrojó 2,9% en enero, se incrementó por quinto mes consecutivo. El fantasma de una posible estanflación desvela al Ejecutivo. Fue uno de los puntos destacados de un informe económico muy leído que se distribuyó esta semana en la city.

Interna y PJ resquebrajado. No se sabe quién introdujo la modificación, o al menos hasta ayer nadie se la había atribuido, pero la redacción final de la media sanción del artículo 44 de la sección sobre “accidentes y enfermedades inculpables”, que Federico Sturzenegger ejemplificó desacertadamente con algo tan popular, y tan poco colosal, como jugar a la pelota -“Si te lastimaste jugando al fútbol y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”, indicó el ministro-, dejó un signo de interrogación en la previa de la discusión de la semana entrante en Diputados para una ley que se encaminaba a aprobarse sin mayores sobresaltos. “Este es un caso similar al del capítulo 11 del Presupuesto. ¿Para qué meten ruido innecesario y nos complican las cosas a los que estamos a favor de la modernización laboral?“, se preguntó en las redes el diputado Eduardo Falcone frente a un posteo de Julián Alvez, que recogió la inquietud oficial por los cambios en las licencias por enfermedad que podrían complicar las negociaciones. Falcone integra el MID, un bloque de dos, pero la misma pregunta sobrevuela al resto de los aliados que deberían acompañar al Gobierno para la sanción definitiva de la reforma.

Ese interrogante, que será develado esta semana, es de todos modos incipiente en comparación al nivel de disputa interna que mantiene a La Libertad Avanza en estado de asamblea permanente. Después del momento de mayor ebullición, hacia fines del año pasado, se consignó una tregua. Se especuló entonces con la posibilidad de que Santiago Caputo pasara a integrar formalmente el gabinete, y que dejara su condición de monotributista, pero ese plan naufragó. Tras ese naufragio, las teorías giraron en torno a la opción de que el consultor se desprendiera de algunas posesiones y que, en paralelo, los Menem expandieran su influencia sobre otros casilleros del gabinete. Por ejemplo, en la Jefatura de Gabinete. No pasó. Caputo, en simultáneo, no solo mantuvo la SIDE y la UIF tras el recambio en la cúpula de ambas oficinas, sino que agrandó su influencia en ARCA con el ascenso de Andrés Vázquez y avanzó en los últimos tiempos sobre el rubro nuclear con la incorporación de Federico Ramos Napoli, que le responde, en la Secretaría de Asuntos Nucleares. La entrada de este abogado decretó el principio del fin de Demian Reidel al frente del plan nuclear y de Nucleoeléctrica Argentina, una empresa que el gobierno quiere privatizar.

Reidel fue desvinculado formalmente esta semana, y su salida no fue más escandalosa porque el propio Milei y su hermana Karina se encargaron de que corriera lo más bajo del radar posible. El ex funcionario fue el último en darse cuenta de que tenía los días contados. Las supuestas irregularidades publicadas en la prensa -fuentes dentro de la empresa aseguran que existen antecedentes que contrastan los trascendidos y que hay otros procesos del personal histórico de planta que habría que seguir con atención- fueron solo la excusa para correrlo, una movida que Santiago Caputo promovió incesantemente y que se la explicó al propio presidente. La hermanísima, sin embargo, no hizo nada para que que Reidel siguiera en su puesto. Solo Milei sostenía a su consejero nuclear y amigo, por esa amistad de estos años. En estos meses hubo escenas desopilantes del ex funcionario en Casa Rosada.

Karina Milei y Caputo suelen tener algunas miradas similares sobre diversos temas, pero existe entre ellos, y en especial entre allegados de ambos, una persistente desconfianza que se buscó maquillar en estos últimos tiempos con el ordenamiento de las negociaciones parlamentarias y la jerarquización de los interlocutores con los aliados y el círculo rojo: Diego Santilli, Adorni y “Lule” Menem con los gobernadores, Bullrich en el Senado -a propósito, el mes pasado hubo ruidos entre la Casa Rosada y la Cámara alta por el senador Enzo Fullone, que reemplazó a Lorena Villaverde, al que le endilgan algunos deslices por su obsesión por posicionarse y tener visibilidad de cara al año próximo en la provincia-, Martín Menem con los diputados, y Karina Milei por encima de todos, con la supervisión final y definitiva junto a su hermano. Ese nuevo esquema, sin embargo, no corrió, en los hechos, a Caputo de las negociaciones, al menos tras bambalinas.

Puertas adentro aseguran que la interna puede tener un nuevo capítulo próximamente, en un área sensible: la Justicia. La hermanísima ya exhibió su decisión de avanzar en ese rubro, aconsejada especialmente por “Lule”, cuando avaló que el diputado Gonzalo Roca, un abogado con nula experiencia en la rosca judicial, se incorporara por Diputados al Consejo de la Magistratura. Adorni, del riñón de Karina Milei, tuvo además un gesto con la Corte Suprema cuando aumentó en un 280% el presupuesto del Poder Judicial para este año. La próxima puja, en ese sentido, será alrededor del ministerio que lidera Mariano Cúneo Libarona.

El ministro le avisó al presidente y a su hermana que daría un paso al costado para dedicarse a asuntos personales. El mes pasado, por caso, estuvo de licencia, de viaje por Alemania. Por pedido de la hermana presidencial, que vio la posibilidad de planear un desembarco para su sector en esa área, el ministro siguió en el cargo. El mes próximo podría tal vez ser definitivo. Es una de las hipótesis que se maneja puertas adentro.

En ese contexto, circuló en la semana otra vez el nombre de Guillermo Montenegro, un dirigente con experiencia en el rubro, con buena relación con Caputo pero con entidad propia, del sistema, con múltiples relaciones y llegada directa, sin intermediarios, a los tribunales. Cerca del senador bonaerense dicen que no recibió ninguna oferta ni nada parecido, y que volvieron a mencionarlo con el único objetivo de erosionarlo. El ex intendente busca hacer equilibrio, si es que es posible: días atrás se reunió con el presidente de la Cámara baja.

La Justicia es un tema medular, susceptible a sensibilidades, en el que el Presidente nunca se interesó y que puede tener un rol central en este 2026 por la posibilidad, todavía verde, de completar la integración de la Corte y hasta designar a un nuevo Procurador. El resultado de la media sanción de la reforma laboral, con 42 votos positivos, dejó al Gobierno a seis adhesiones de los dos tercios.

Es un antecedente amargo para el peronismo, que atraviesa horas de penurias. El jueves, en Diputados, el bloque de Unión por la Patria exhibió por primera vez un quiebre ostensible en la votación del acuerdo del Mercosur y la Unión Europea: 47 legisladores colaboraron con la media sanción -solo 38 en contra-, en línea con el Gobierno y contrario a la decisión de Cristina Kirchner, que bajó la orden de votar en contra al igual que en la discusión del nuevo régimen penal juvenil. La ex presidenta llamó en persona a algunos diputados. Entre esos 47 estuvieron Germán Martínez -jefe de bloque-, Agustín Rossi, Luis Basterra -ex ministro K-, Kelly Olmos, Guillermo Michel y Victoria Tolosa Paz, y legisladores identificados con Sergio Massa como Cecilia Moureau o Sebastián Galmarini. La ex presidenta se comunicó con algunos gobernadores, pero no tuvo respuestas positivas.

Cristina Kirchner cerró la semana con novedades poco auspiciosas. En el plano judicial, la sala IV de la cámara de Casación rechazó sus planteos para prescindir de la tobillera electrónica, suavizar el régimen de visitas a San José 1111 y ampliar el horario para utilizar la terraza. En lo político, La Cámpora y el kirchnerismo duro quedaron en minoría dentro del bloque en la Cámara baja, y esta semana podría haber noticias desalentadoras en el Senado.

Dentro del bloque en diputados hay un gran debate sobre cómo seguir hacia adelante. “El peronismo del interior rompió el dique del kirchnerismo y La Cámpora”, explicó un legislador del interior. El jueves existió, en tanto, una particularidad: la ex presidenta y el gobernador Axel Kicillof, enfrentados en duros términos, quedaron en la misma vereda cuando ordenaron votar en contra del acuerdo con la Unión Europea. “¿Cómo pretende Axel conducir al peronismo con una visión del mundo que atrasa 20 años?“, se preguntó otro diputado.

En la Cámara alta, la conformación reciente de comisiones puede allanarle el camino al Gobierno. Más aún con la casi segura segregación de los bloques peronistas: hubo en los últimos días contactos exitosos con gobernadores como Raúl Jalil u Osvaldo Jaldo, y con legisladores como María Carolina Moises que podrían empezar a colaborar con el Gobierno casi como si estuvieran dentro del bloque de LLA.

Si esos movimientos resultan satisfactorios para el Ejecutivo, la hipótesis de completar la integración de la Corte Suprema con los aliados estaría algo más cerca. El karinismo se aseguró en ese sentido a Juan Carlos Pagotto, cercano a Martín Menem, al frente de la estratégica comisión de Justicia y Asuntos Penales.

Es un proceso tortuoso, en términos políticos y judiciales, para Cristina Kirchner, que, de todos modos, sigue firme en su tesis en torno a las consecuencias negativas del actual programa económico. “Hubiera apoyado a Ariel y no tendría este problema”, dijo en estas horas un dirigente del peronismo con terminales en la Justicia. Ariel es Lijo.

Gerardo Martínez,Infobae en Vivo

La ley que limita las reelecciones indefinidas volvió a convertirse en una pieza central del tablero político bonaerense. Si la normativa vigente no se modifica antes de 2027, 82 de los 135 intendentes de la provincia de Buenos Aires estarán impedidos de competir por un nuevo mandato. El impacto es transversal, pero no simétrico: 53 son peronistas, 17 radicales, siete del PRO, cuatro vecinalistas y uno de La Libertad Avanza.

El primer dato que explica la tensión es político y territorial. De los 84 municipios gobernados por el peronismo, 53 quedarían sin la posibilidad de retener el poder en manos del intendente actual, lo que representa el 63%. Dentro de ese universo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que impulsa Axel Kicillof reúne 44 jefes comunales, de los cuales 28 están alcanzados por la prohibición, esto es, más de la mitad. En el conurbano, la relación es todavía más delicada: 13 de los 20 del PJ no podrían presentarse otra vez, es decir, el 65%.

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El alcance del problema explica por qué la discusión se volvió estratégica. Para el gobernador, la continuidad territorial es una condición clave para sostener poder político en la provincia y proyectar un armado nacional. Para otros actores del propio oficialismo, en cambio, la limitación abre una oportunidad de recambio. La oposición, con menos nombres afectados, mira el debate con distancia y reparos.

La ley 14.836, sancionada en 2016, fijó el tope de dos mandatos consecutivos y la modificación de 2021 habilitó atajos para esquivar la restricción. Desde entonces, cada ciclo electoral vuelve a poner el tema en agenda. Esta vez, con números que convierten la discusión en una pulseada decisiva para 2027.

El peronismo, el espacio que más arriesga

El peronismo es el bloque más comprometido. 53 de sus intendentes no pueden reelegir si la ley no se modifica. La mayoría gobierna distritos de peso electoral y muchos integran el MDF que responde a Kicillof.

En la Primera Sección, entre los 15 que no pueden reelegir se encuentran nombres de peso como Ariel Sujarchuk (Escobar), Mario Ishii (José C. Paz), Mariel Fernández (Moreno), Lucas Ghi (Morón), Julio Zamora (Tigre), entre otros; los camporistas Mauro García (General Rodríguez), Leonardo Boto (Luján) y Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes), y los massistas Javier Osuna (General Las Heras) y Juan Andreotti (San Fernando).

La Tercera Sección -corazón electoral del conurbano y del peronismo y la segunda en cantidad de electores- la lista de 12 concentra nombres centrales: Mariano Cascallares (Almirante Brown), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Fernando Espinoza (La Matanza), entre otrros; los camporistas Mayra Mendoza (Quilmes) y Nicolás Mantegazza (San Vicente), y la massista Blanca Cantero (Presidente Perón). Al igual que en el resto de las secciones, allí se superponen intendentes con posiciones enfrentadas sobre la reforma.

En el interior también hay históricos: Pablo Zurro (Pehuajó), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Marcos Pisano (Bolívar), entre otros; los camporistas Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Esteban “Tito” Sanzio (Baradero), y los massistas Marcos Pisano (Bolívar), Javier Gastón (Chascomús), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Alfredo Zavatarelli (General Pinto), Alberto Gelené (Las Flores) y Sergio Bordoni (Tornquist).

El reparto interno explica parte del conflicto. La Cámpora tiene siete intendentes alcanzados por la restricción y cree que el recambio puede favorecer su estrategia territorial. Cerca de Máximo Kirchner hay quienes sostienen que tienen más para ganar si no se modifica la ley porque les daría la oportunidad de desplazar a dirigentes históricos del peronismo. El Frente Renovador, con nueve jefes comunales sin reelección posible, mantiene su rechazo a cambiar la iniciativa que impulsó en 2016. El MDF, en cambio, concentra la mayor presión para habilitar las reelecciones indefinidas.

Radicales y PRO con menor impacto

La UCR gobierna 27 municipios y 17 de sus intendentes no podrían volver a competir. El dato es sensible para un partido que sostiene su poder desde el interior.

En la lista aparecen Miguel Lunghi (Tandil) -que acumula más de dos décadas al frente del municipio tandilense-, Maximiliano Suescún (Rauch), Esteban Reino (Balcarce), Osvaldo Dinápoli (General Belgrano), Matías Rappallini (Maipú), Arnaldo Harispe (Lezama),Érica Revilla (General Arenales), Martín Randazzo (General La Madrid), y José Luis Salomón (Saladillo), entre otros.

En el PRO, los alcanzados son siete: Sebastián Abella (Campana), Javier Martínez (Pergamino), Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Jorge Etcheverry (Lobos), Pablo Petrecca (Junín), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) y Lisandro Matzkin (Coronel Pringles). Algunos ya activaron planes de transición o saltos a cargos legislativos.

Para el PRO, el costo político existe, pero es menor en términos porcentuales. Esa diferencia explica la mayor predisposición a rechazar un cambio de reglas que hoy beneficia fundamentalmente al peronismo, además de haber sido durante el gobierno de la macrista María Eugenia Vidal que se sancionó la ley.

Libertarios y vecinalistas, con impacto puntual

La Libertad Avanza tiene un solo nombre afectado: Diego Valenzuela (Tres de Febrero), electo en 2015, reelecto en 2019 y 2023 en de Juntos por el Cambio, hoy con destino a encabezar la Agencia de Seguridad Migratoria. El caso tiene peso simbólico, pero no altera el mapa libertario.

Entre los vecinalistas, cuatro intendentes quedarían fuera de carrera: Jaime Méndez (San Miguel), Guillermo Britos (Chivilcoy), Arturo Rojas (Necochea) y Carlos Bevilacqua (Villarino). Son distritos con dinámicas locales fuertes, pero con menor incidencia en la discusión provincial.

Estrategias, negociación y un debate amplio

La modificación de la ley requiere acuerdos legislativos complejos. Sin los votos del Frente Renovador, el oficialismo necesita sumar voluntades externas que hoy aparecen difíciles de garantizar. La izquierda y otros bloques minoritarios ya expresaron reparos, mientras la oposición plantea que cualquier reforma debería discutirse dentro de un paquete político más amplio, que incluya el fin de las PASO y la Boleta Única de Papel.

Algunos intendentes apelaron a licencias o cargos ejecutivos o legislativos provinciales o nacionales para eludir la restricción. La reforma que se sancionó en 2021 dejó abierta la posibilidad de ir por un tercer mandato consecutivo a los que no ejercieron durante más de dos años (continuos o alternados) en su segundo mandato. Hoy, una decena de jefes comunales está de licencia.

Más allá de esos atajos, hay una salida y es política: cambiar la ley. Para Kicillof, el tema es central. El MDF nuclea a 44 intendentes, muchos de ellos sin posibilidad de reelección. Sin esa red territorial, el peronismo bonaerense podría enfrentar un escenario de alta fragmentación en 2027. Por eso, la discusión se concentra en el equilibrio de poder dentro del oficialismo y el futuro del armado provincial.

A pesar de ese diagnóstico, el Frente Renovador mantiene distancia de cualquier intento de cambiar la normativa. “No estamos de acuerdo con modificar la ley que pone límite a las reelecciones indefinidas. Fuimos los autores, y lo seguimos sosteniendo: la alternancia en los cargos es constitutiva de la democracia”, ratificó en X Sebastián Galmarini, dirigente del espacio que lidera Sergio Massa.

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En ese sentido, recordó que “ya se cumplió el límite para muchos intendentes, legisladores y concejales y consejeros escolares que no pudieron continuar en sus cargos y debieron continuar militando en otros espacios”, y planteó que “es momento de discutir y resolver otros aspectos del sistema político y electoral, que afectan la representación y el funcionamiento” de los gobiernos.

Con estos números sobre la mesa, la discusión por las reelecciones pasó a ser una ecuación de poder. Lo que defina la Legislatura no solo ordenará candidaturas locales, sino que también delineará el mapa político bonaerense, y fundamentalmente del peronismo, rumbo a 2027.

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Eran las 16 y Patricia Bullrich salió raudamente del recinto. Caminó haciendo señas a su bloque para convocarlos al salón rosado. Allí se sumaron senadores del PRO y Luis Juez, mientras entraba y salía el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi. La jefa de los libertarios tenía que dar explicaciones y prefirió hacerlo de una sola vez y con todos. Para entonces, ya estaba circulando la última versión del proyecto de reforma laboral que dejaba consagrada la ya famosa cuota solidaria, uno de los ejes del reclamo gremial. Los radicales y lo que queda del macrismo resistieron el pacto sindical libertario, pero ya estaba sellado. El Gobierno cedió, se aseguró una media sanción por amplia mayoría, al borde de conseguir los dos tercios, y dejó desarticulada por completo a la oposición. La pureza de los aliados deberá esperar.

El estreno del nuevo escenario político derivado del resultado electoral de octubre puso a Javier Milei en un rol negociador. Fue Bullrich la que destrabó el diálogo el viernes de la semana pasada, una vez que la CGT anunció que sólo se movilizaría a la plaza del Congreso el día del tratamiento, sin decretar un paro nacional. Ese gesto fue leído rápidamente por “la muchacha”, como la renombró un dirigente sindical al que le tocó ser parte de la negociación. Patricia dejó de ser “la piba” de los ’90 por algo. “Es la única que hace política en este Gobierno”, elogió su madurez un hombre de la mesa chica sindical, que tejió vía ex militantes del peronismo porteño que hoy rodean a la senadora una relación que habilitó, al menos, una primera negociación.

Ella se cuidó de no recargar los ánimos frente a un pacto endeble, que incluyó cruces de llamadas más allá de las 3 de la madrugada. En su discurso de cierre, cuando ya tenía asegurada una holgada votación a su favor, celebró a los sindicatos que usan el fondo de cese laboral y hasta se congració con Andrés Rodriguez. “Siempre gana el gremio más razonable. ¿Qué pasa en el Estado argentino? Hay varios gremios, está ATE, UPCN, y quién gana, el gremio más razonable. Por eso UPCN tiene más afiliados que ATE, porque es más razonable, porque tiene más lógica, porque no te lleva al conflicto permanente”, lo celebró. Sus peleas, que las tuvo, las encaró con el trío de Mariano Recalde, Juliana Di Tullio o José Mayans. Para que no quedaran dudas del pacto cegetista, Bullrich les recordó que les dejaban la cuota solidaria: “No la vamos a sacar eternamente, la van a tener, pero en un máximo para que realmente no sea una lógica contraria al interés del trabajador”.

La CGT respiró. No sólo consiguió mantener ese ingreso compulsivo con limitación del 2%, sino que mantuvo el porcentaje de aportes a las obras sociales sindicales, otra de las líneas rojas que habían trazado los gremios en la previa al debate. Más allá de estas pocas concesiones, el sindicalismo no tiene nada más para celebrar. El margen de negociación se los sacó el propio Milei cuando aceptó levantar del capítulo fiscal la baja del impuesto a las Ganancias a las empresas que afectaba los ingresos provinciales. Eso sucedió el lunes y fue el quiebre para una dirigencia carente de recursos para presionar. Habían apostado todo a los gobernadores. Sin ese anzuelo, quedaron con las manos vacías. El único camino era el pacto. O radicalizarse. Eligieron lo primero.

Reproches cruzados

Dividida en al menos cinco ventanillas de negociación, la Casa Rosada apuró los acuerdos, consciente de que no podía permitirse un traspié. Dicen los gremios que la interna del Gobierno colaboró para llevarse las últimas modificaciones. “Santiago se borró dos días antes”, se quejaba un jefe sindical sobre el rol del asesor presidencial, que supo ser la única vía de acercamiento en estos años con Balcarce 50. Estuvo, pero no definió, según relatan los protagonistas. El rol central se lo llevó Bullrich, y en segundo escalón, Martín y Eduardo Lule Menem, que desde diciembre emprendieron los contactos subterráneos, línea a la que se sumaba Diego Santilli, más volcado a monitorear a los gobernadores. Siempre con desconfianzas, los gremios repiten que estos últimos fueron los que los llevaron al fracaso. “Nos cagaron (Alejandra) Vigo, (Flavia) Royón y (Carlos Espínola) Camau”, se quejaban de madrugada, cuando la votación estaba terminada. La paradoja es que Alejandra Vigo, una de las apuntadas, surgió a la vida política desde lo gremial, como presidenta del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) en Córdoba.

El sindicalismo quedó apuntado frente a la magra cosecha que consiguió. “Priorizamos las organizaciones sindicales, sí. Estratégicamente había que mantener la estructura gremial primero para después ir por el resto”, se defendió uno de ellos. “Teníamos la presión encima, la votación estaba perdida”, recuerdan para justificarse. “Les afanamos lo importante, tenían todo para matarnos”, fue otra de las explicaciones.

En la negociación se involucró hasta el propio Milei. Fue infranqueable con el artículo que habilita los convenios por empresas frente a los de rama de actividad. Lo llamaban “el artículo Milei”. En rigor son dos: el 130 y el 131, que quedaron tal cual estaban en su versión original de diciembre pasado.

En el medio, la Casa Rosada aprovechó la ¿distracción? gremial y coló las nuevas reglas para las licencias por enfermedad, que establecen el pago del 75% o 50% del salario en caso de enfermedad. “Alguien hizo una de más”, se lamenta un libertario. Federico Sturzenegger, la otra pata que vetaba o dejaba pasar, levantó la mano tras el escándalo y fue el primero en defender el cambio. Es extraño. Muchos de los involucrados en las decisiones fingen no conocer el artículo, o argumentan que se incorporó a último momento. No fue así. Estaba en la versión final del día martes. Tuvieron más de 24 horas para darse cuenta qué votaban.

¿Cambios en Diputados?

Con ese agregado el Gobierno se abrió ahora un escenario incierto en la Cámara de Diputados, donde la oposición hace números para bloquear ese artículo y mandar de nuevo el proyecto al Senado. Desarticulados, el peronismo y los gremios ven una hendija por donde hacerle algo de ruido a Milei. “El Gobierno ya cedió todo lo que estaba dispuesto, más no va ceder”, reflexionan en Unión por la Patria sobre las bajas chances de lograr el rechazo general a la reforma.

Hay dos gobernadores que podrían ser árbitros: Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, pero ambos demostraron, al cancelar una reunión con la CGT, que no están dispuestos a darle un golpe a Milei. En el Senado se alinearon a los intereses libertarios. El poroteo opositor incluye justamente a parte del bloque de Provincias Unidas (PU), algún radical sin tierra y robarle apoyos de los siempre aliados de Innovación Federal. En principio, los 6 diputados de Córdoba y los 3 del PRO que integran PU votarían por la aprobación en general y podrían oponerse al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el otro punto de la polémica. También tienen un proyecto propio para modificar el régimen de incentivo para las medianas empresas (RIMI), que usarán como prenda de negociación. Si el tema licencias cala fuerte en el debate público, podrían hacer caer el artículo.

Un llamado de atención para la Casa Rosada fue el voto en el Senado de los integrantes de Convicción Federal, que se alinearon con el peronismo, sobre todo los representantes de Catamarca y Tucumán. Si se repite en Diputados, el escenario sería más complejo. Se abre otra negociación.

Para apurar los tiempos, el oficialismo dictaminará el miércoles próximo. Ya convocó al plenario de comisiones, pero no tiene quórum propio y necesita de los aliados. Ahí empezará a despejarse el panorama. Una opción es llevarlo al recinto al otro día, para que en caso de que le impongan cambios, el Senado pueda ratificar el proyecto original y todo quede listo para el 1 de marzo. El feriado de carnaval complica a todos. Ya circula entre los diputados la promesa oficial de modificar el artículo con el recorte de derechos en las licencias en la reglamentación posterior.

Ceder para tener más poder

El Gobierno logró dos contundentes triunfos políticos en 24 horas. De la media sanción de la reforma laboral saltó a la media sanción del nuevo régimen penal juvenil. Ahí también hizo concesiones. Retiró su propio proyecto en la previa de la sesión y aceptó dejar en 14 años la edad de punibilidad de los menores. Lejos del slogan oficial de “delito de adulto pena de adulto”, aceptó bajar a 15 años la pena máxima para casos graves y estableció una escala progresiva, y que sólo se pueda alojar a los menores en instituciones especializadas. Aunque exiguo, también incorporó $23.000 millones para su funcionamiento, algo que no contemplaba el proyecto original. La gobernabilidad exigida tras el triunfo electoral obligó a Milei a pactar. Ese pacto le ofrendó amplias mayorías, una foto que extendida, le podría facilitar en el Senado el nombramiento de jueces de la Corte.

Pero ¿por qué cedió si la aprobación estaba garantizada? En el Gobierno sostienen que quieren quitar frentes de conflicto y que lo importante era que la ley saliera. “Salir con esos números del Senado da la sensación de partido liquidado en Diputados”, apuntan como explicación. En la CGT creen que el próximo paso de Milei será ir por la ley de asociaciones sindicales.

Tras el triunfo electoral de octubre, la Casa Rosada fue desactivando conflictos. Avanzó con la actualización, aunque escasa, del nomenclador que exigía la ley de emergencia en discapacidad y la tuvo que reglamentar, y aceptó aumentos para los trabajadores del Garrahan. Ahora negocia con las universidades una nueva ley de financiamiento. El acuerdo aún no está cerrado. Incluye un reconocimiento de un 13,5% de pérdida salarial del año 2025, a pagar en tres cuotas, $80.000 millones para hospitales universitarios, la apertura de la paritaria y una actualización de la partida para mantenimiento, en espejo con lo que se acuerde en la negociación salarial. Lo que no reconocen es la pérdida del poder adquisitivo de 2024. El Gobierno tenía previsto sumar el tema en extraordinarias en los próximos días.

Avance en lo político, parate en lo económico

El avance político contrastó esta semana con el parate económico. El dato de inflación de enero, con una suba de 2,9% y un fuerte impacto en alimentos, enciende luces de alerta. La economía no reacciona. Los datos del uso de la capacidad instalada de la industria marcaron un alarmante 53,8%, el nivel más bajo en casi dos años, y las estadísticas del Indec sobre salarios registrados dejaron una foto notable en el bolsillo: cerraron el 2025 casi 3,3 puntos abajo de la inflación. El conflicto policial en Santa Fe marcó un punto de quiebre. El gobernador tuvo que aceptar una suba de haberes arriba del 40% y aclararle al resto de la administración pública que semejante cifra no se replicará. El impacto lo empezó a sentir también Axel Kicillof, con amenaza de paro de algunos gremios docentes por primera vez en toda su gestión.

El derrotero de empresas en crisis y la conflictividad laboral también está pegando de lleno en el inicio del año que el Gobierno planteó como el de la recuperación. Desde enero de 2024 hasta el 5 de febrero de este año se registraron al menos 717 conflictos en todo el país, según el último relevamiento del CEPA. El sector que encabeza el ranking es la Industria, con el 62,1% de los conflictos. Las ramas más afectadas fueron la textil, de alimentos y la metalurgia y siderurgia con despidos en un 63,6% de los casos en un contexto de pérdida de puestos de trabajo de 272.607 trabajadores registrados desde noviembre de 2023. Hay un dato llamativo: antes de la elección de octubre se registraron 21 conflictos por día; pos elección se disparó a 42 por día. Eso da cuenta de que los empresarios esperaban el resultado electoral para ajustar. Una vez aprobada la reforma laboral podría incrementarse aún más ese número.

Debate público

La inflación va ganando la conversación pública. Un informe de la consultora Ad Hoc mostró un salto en febrero, motivado por el escándalo en el Indec, con más de 206 mil menciones, la más alta en dos años, y que incluye una mirada negativa hacia el Gobierno tras la renuncia de Marco Lavagna y la suba de precios. A eso se suma la conversación digital sobre la reforma laboral. “La negatividad hacia Milei subió 3,6 puntos con respecto a su promedio de este mes. Escaló a 52,5%. La comunidad libertaria se activó para resaltar a los manifestantes violentos y validar tanto el accionar policial como la posición política oficial. No se observa una defensa positiva de la reforma, sino que la actividad de los usuarios digitales afines al Gobierno se dirigió sobre todo a deslegitimar la protesta o confrontar con dirigentes opositores”, destacan en el informe.

La efectividad política del Gobierno se choca con la economía diaria que no despega. El Gobierno aprovechará el envión para enviar una reforma electoral, una nueva Ley Bases y un listado de empresas a privatizar, en el menú para un Congreso que hoy muestra un alto disciplinamiento libertario.

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