POLITICA
El empresario que sirve de hilo para unir los negocios en la Andis desde el kirchnerismo a la actualidad
En una página de los cuadernos de Miguel Ángel Calvete que secuestró como prueba el fiscal Franco Picardi en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), figura un nombre que serviría de hilo para unir los negociados en la órbita del Ministerio de Salud desde la gestión de Alberto Fernández a la de Javier Milei. Se trata del empresario Jorge Omar Panelli, accionista de varias compañías, entre ellas, GMS SA, dedicada a la tecnología digital y contratista del Estado.
En agosto de 2020, durante la gestión del Frente de Todos, GMS SA fue favorecida con una contratación directa para proveer el “Servicio de Digitalización de Expedientes Administrativos de Pensiones por Invalidez” para la Andis por $23,3 millones. Fue una suerte de desembarco. Dos meses más tarde, resultó adjudicataria de una contratación del servicio de digitalización de expedientes del sistema de reintegros para la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación (SSS), el organismo que controla a las obras sociales. En 2021, la SSS volvió a contratar a GMS para una “solución integral para la administración y gestión de prestaciones de discapacidad y soporte” por casi $60 millones. Estos dos últimos pasos fueron claves para la trayectoria de Panelli, un hombre conocido en el mundo de la salud que brinda servicios, además, a la Obra Social de Empleados de Comercio (Osecac), la prestadora médica más grande del país que administra el inoxidable sindicalista mercantil Armando Cavalieri.
Panelli se abrió paso en el Ministerio de Salud de la gestión kirchnerista a partir de sus vínculos con Cavalieri, pero, sobre todo, con funcionarios que históricamente rodearon al exministro Ginés González García. Uno de ellos es Daniel Alejandro López, que estuvo a cargo de la SSS a partir de mayo de 2021 en reemplazo de Eugenio Zanarini. López, al igual que Panelli, tiene pasado en la gerencia de Osecac. Hay otras coincidencias, como haber sido gerente de prestaciones del PAMI, organismo al que Panelli también brindaba servicios. Algo más: López es de San Juan, donde Panelli tiene una de las plantas olivícolas más grandes del país. Se llama Olivum y en pandemia sirvió de escenario para que el exministro de Economía Martín Guzmán y el exgobernador Sergio Uñac exhibieran la reactivación productiva tras los meses de aislamiento. Al poco tiempo se reveló en Infobae que Panelli había sido uno de los empresarios que más dinero había aportado a la campaña electoral del Frente de Todos.
El 7 de diciembre de 2023, cuando faltaban tres días para que el Frente de Todos se fuera del poder, Daniel López autorizó un subsidio de $3350 millones en concepto de “apoyo financiero” a Osprera, la obra social de los ruralistas que por entonces administraba José Voytenco. Al poco tiempo, la SSS de la gestión libertaria, controlada desde las sombras por Mario Lugones, quien todavía no había sido nombrado ministro, dispuso por decreto una intervención del Poder Ejecutivo en la obra social al considerar que las prestaciones no se brindaban y que el déficit había pasado de 26.979.000 en septiembre de 2023 a 43.949.000 en marzo de 2024. Por una resolución de Gabriel Oriolo, por entonces titular de la SSS, Osprera quedó intervenido por Marcelo Carlos Petroni, un abogado penalista vinculado a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei.
Después de avanzar con auditorías en Osprera, la SSS libertaria amenazó con la posibilidad de denunciar al expresidente Alberto Fernández y a la exministra de Salud Carla Vizzotti por los $3350 millones destinados a la obra social tres días antes de irse de la gestión pública. Finalmente, la denuncia se hizo un año y medio más tarde, pero no hubo avances ni fue ratificada, según confiaron fuentes sindicales. Dos personas que conocieron de cerca el manejo de la SSS, interpretaron este gesto como una suerte de pasamanos de los negocios en la órbita del organismo y su relación con las obras sociales sindicales intervenidas. Cerca de Lugones dijeron que no existe hoy vínculo entre Panelli y el Ministerio de Salud.
“Panelli fue el Kovalivker de la gestión de Alberto Fernández y lo manejaba Daniel López. Eran ellos los que repartían entre las droguerías”, dijo un exfuncionario de la SSS que fue testigo de los desmanejos. Con el sistema informático a cargo de su empresa, Panelli tuvo acceso privilegiado a toda la información sobre medicamentos y tratamientos de alto costo. Obtuvo, por ejemplo, un contrato millonario vía adjudicación directa para proveer a las obras sociales sindicales de factor VIII, un medicamento para la hemofilia, según aseguraron fuentes del sector.
De acuerdo a los conocedores de los organigramas internos de Salud, el rol de Panelli, de alguna manera, podría proyectarse hoy en lo que presuntamente hacía hasta hace poco Daniel Garbellini como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis bajo la gestión del libertario Diego Spagnuolo. A Garbellini se lo acusa de trabajar para el médico urólogo Pablo Atchabahian, antiguo jefe suyo, quien, sin cargo ni designación oficial, le impartía órdenes para liberar o destrabar pagos y aceptar cotizaciones de empresas, de acuerdo con las pruebas citadas por Picardi. La Justicia investigan si en la Andis hubo una cartelización de droguerías y tiene en la mira, entre otros, a los hermanos Kovalivker, de vínculos fluidos con los Menem y dueños de la Suizo Argentina.
Antes de poner un pie en el área de Salud, Panelli ya había obtenido otros contratos millonarios con el Estado para GMS. Primero en 2014, con Cristina Kirchner en el poder. Por entonces, el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, le otorgó una adjudicación directa por $226 millones por la “adquisición de insumos para la elaboración documental del pasaporte electrónico nacional argentino para la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas”, y otra por $1,4 millones por la “provisión de la infraestructura criptográfica PKI para el Renaper”, un contrato que se renovó en 2018, con el gobierno de Cambiemos.
Una curiosidad: Randazzo asumió en 2020 como director de GMS, la empresa de Panelli que fue beneficiada con contrataciones directas desde la gestión de Mauricio Macri a la actualidad. “Se hizo todo por licitación y yo no era el director de la empresa cuando se le dio lo de los pasaportes. Panelli tiene un montón de empresas y por unos años trabajé con él. Ya no soy más el director”, admitió Randazzo. El exministro, hoy diputado nacional a punto de terminar su mandato, no ve una falta ética en haber trabajado para el empresario, al que tiempo antes el ministerio a su cargo le había concedido el negocio de los pasaportes.
En las anotaciones de Calvete, el nombre de Randazzo figura al lado del de Panelli. “Yo no lo conozco, nunca lo vi”, tomó distancia el exministro de este empresario que operó como lobbista de diferentes laboratorios y que tenía funcionarios dentro de la Andis que le respondían de manera directa. Randazzo sospecha que las alusiones en los cuadernos responden a que durante su paso por GMS la empresa había accedido a un préstamo de $86 millones del Banco Internacional de Desarrollo (BID) que no se concretó. “Querían pasar la gorra”, dijo, sin más precisiones. Si bien aparece en las anotaciones de Calvete, ni Randazzo ni Panelli figuran en el expediente judicial que tienen a su cargo Picardi y Casanello. Están solamente esas alusiones en los escritos que se tomaron como prueba.
Panelli fue consultado por , pero no respondió a los mensajes ni llamados en su celular ni en su oficina de GMS. “Que le pregunten a Calvete”, le habría dicho enfurecido a Randazzo cuando vio que su nombre comenzó a circular por los medios de comunicación.
El avance de la causa judicial Andis alteró la meseta en la que había ingresado la agenda política después del triunfo electoral de Milei. Si bien desde el Gobierno se buscó relativizar su impacto, el caso genera silencio e incomodidad, teniendo en cuenta la confianza que supo tener Spagnuolo con los hermanos Milei, los chats que involucran a Karina y la cercanía de los Kovalivker con los Menem. La onda expansiva del escándalo recién empieza.
la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad,obra social de los ruralistas,Nicolás Balinotti,Corrupción en la Argentina,Javier Milei,Ministerio de Salud,Conforme a,,Un personaje clave en el caso Andis. Los días en el Hospital de Ezeiza de Calvete, una pieza clave en la maniobra que se investiga,,Tensión en Mendoza. Cornejo le vació un acto a Petri y escala una interna que preocupa a los Milei,Corrupción en la Argentina,,Análisis. La euforia libertaria y el peligro de enamorarse de la victoria electoral,,Vialidad. Confirman el procesamiento de 14 funcionarios santacruceños y les embargan bienes por $8000 millones,,No solo ser, también parecer
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La Casa Rosada prepara un nuevo viaje de Javier Milei a Europa y ajusta la agenda internacional de febrero
La Casa Rosada prepara un nuevo viaje de Javier Milei a Europa para fines de febrero y ajusta la agenda internacional de marzo. En el entorno presidencial describen la planificación como “en instancia de avance” y remarcan que la definición dependerá de la superposición con otros compromisos ya previstos.
Según fuentes oficiales, en esta etapa quedaron descartados, al menos por el momento, destinos como Italia, Alemania, el Reino Unido y Francia. En Balcarce 50 señalan que esos países siguen en el radar para más adelante, pero que no forma parte del próximo tramo europeo que se evalúa para las últimas semanas de febrero.
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Se da en el marco de las tensiones con el Parlamento Europeo por frenar la ratificación del acuerdo con el Mercosur y derivarlo a la Justicia comunitaria, mientras que el primer mandatario impulsa su sanción en el Congreso. Apunta a que la Argentina sea el primer país en ratificarlo para que se active la cláusula que habilita a activar el texto de forma previsional.
El jefe de Estado tenía programado un viaje a los Estados Unidos para participar el 10 de febrero de un evento en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. Sin embargo, este sábado se informó que Milei suspendió dicho traslado para concentrarse en la agenda local. En el Gobierno vinculaban esa escala con la estrategia de profundizar el vínculo político con el entorno republicano y sostienen que el viaje se inscribe en la agenda de alineamiento con Washington.
La agenda internacional continuará entre el 8 y el 10 de marzo con la visita del primer mandatario a Nueva York para participar de la Argentina Week, un evento orientado a la promoción del país ante fondos de inversión, bancos y empresarios. En el oficialismo explican que esa visita apunta a reforzar el frente financiero, con reuniones técnicas y presentaciones ante inversores institucionales.
En el Gobierno sostienen que Milei planea viajar a Chile el 11 de marzo para asistir a la asunción de José Antonio Kast. En Nación remarcan hay interés en profundizar la agenda comercial junto con alianzas en los sectores de Seguridad y Defensa con el nuevo mandatario chileno.
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Antes de retomar la agenda internacional, el jefe de Estado tiene previsto visitar la provincia de Mendoza antes de las elecciones municipales en seis distritos. Forma parte del “Tour de la Gratitud”, que contempla viajar a dos provincias por mes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En la Casa Rosada insisten con que el primer mandatario viajará al Reino Unido en el primer trimestre de 2026 junto con Israel, que es una opción para fines de abril. En Nación aclaran que ambas escalas dependen de definiciones diplomáticas y de la evolución del calendario presidencial.
Casa Rosada, Javier Milei, Europa
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Inflación, marcha de la CGT y sesión en el Congreso: el Gobierno enfrenta una semana de definiciones clave
El Gobierno de Javier Milei empieza este lunes una semana cargada de definiciones. En pocos días confluirán tres frentes sensibles para la administración libertaria: la difusión del dato de inflación de enero, una movilización de la CGT contra la reforma laboral y el primer debate de peso del año en el Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año, en medio de la tensión que dejó la renuncia de Marco Lavagna y la decisión oficial de postergar la aplicación de una nueva metodología de medición. Al mismo tiempo, el miércoles, la CGT volverá a la calle frente al Congreso para rechazar el proyecto de modernización laboral.
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Ese mismo día comenzará una de las discusiones legislativas más relevantes del verano político. El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción de la reforma laboral en la Cámara Alta y avanzar, en paralelo, con la baja de la edad de imputabilidad en Diputados.
Inflación bajo la lupa y ruido por el Indec
El primer dato fuerte de la semana llegará desde el frente económico. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, los analistas estimaron que la inflación de enero se ubicará en torno del 2,4%, con proyecciones privadas que oscilaron entre el 2,4% y el 2,8%. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Radio Mitre que el IPC de enero “seguramente esté en torno del 2,5%” y sostuvo que la inflación “va a tender a bajar”.
De ser como proyectan el Gobierno y las consultoras privadas, enero se convertiría en el quinto mes consecutivo por encima del 2% y sería una cifra incluso mayor al mismo mes de 2025, cuando alcanzó el 2,2%.
El índice se difundirá con la metodología vigente, luego de que el Gobierno decidiera frenar la actualización de la canasta del IPC tras la salida de Lavagna del organismo estadístico. Según economistas que analizaron ambos esquemas, las diferencias entre el índice actual y el que estaba previsto aplicar eran acotadas: en 2025, la inflación oficial fue de 31,5% y con la nueva metodología hubiera sido de 32,4%, de acuerdo con estimaciones privadas.
La discusión técnica se cruza con un escenario de presión en alimentos. Consultoras privadas detectaron una aceleración en los precios en la primera semana de febrero, con subas fuertes en carnes, verduras, bebidas y panificados. Ese comportamiento introduce ruido en las expectativas de corto plazo y vuelve a poner el foco sobre uno de los rubros más sensibles para el Gobierno en términos políticos y sociales.
La CGT vuelve a la calle sin paro general
En paralelo al frente económico, el Gobierno enfrentará esta semana una nueva demostración de fuerza sindical. La CGT resolvió movilizarse el miércoles frente al Congreso, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, en el que no hubo consenso para avanzar con un paro general.
La definición expuso las tensiones internas dentro de la CGT. El sector mayoritario, integrado por los dialoguistas, priorizó una movilización sin medida de fuerza unificada para no romper los canales de diálogo político, según pudo saber TN. Aunque la conducción cegetista doce rechaza “íntegramente” la reforma laboral, el objetivo del ala moderada es lograr introducir cambios al proyecto del oficialismo y frenar los artículos más sensibles para los gremios, en particular los vinculados al financiamiento de las obras sociales.
En cambio, los sindicatos más combativos, en especial los del transporte, presionaron para avanzar con un paro de 12 o incluso 48 horas, una postura que no logró respaldo suficiente para ser aprobada por el Consejo.
En ese contexto de disputa interna, la conducción de la CGT apela a los senadores y gobernadores, a los que les reclama que “cumplan con los compromisos con las provincias y los ciudadanos”.
Tras varios intentos, la dirección de la central obrera no logró volver a reunirse con los mandatarios provinciales dialoguistas y teme que, con el apoyo de esos gobernadores, el Gobierno logre conseguir los votos necesarios para darle media sanción a la reforma laboral. En Balcarce 50 están convencidos de que tienen los números.
El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que, si no son escuchados los reclamos sindicales, “puede escalar la conflictividad”. La amenaza de paro general está latente, aunque con poca fuerza.
En tanto, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto propio de reforma laboral, que contempla la reducción de la jornada de trabajo, una legislación para los trabajadores de plataformas digitales y simplifica la puesta en marcha de los acuerdos colectivos de trabajo. La iniciativa la elaboró la exministra y actual diputada Kelly Olmos y cuenta con el respaldo de varios sectores sindicales.
Otra de las alternativas que la oposición tiene en carpeta es la judicialización de la ley si se aprueba. El exdiputado Claudio Lozano advirtió que la reforma laboral “es también reforma tributaria”, por lo que debe ingresar por la Cámara de Diputados. “El Senado, al tratar este proyecto, que es una reforma tributaria, viola la Constitución Nacional”, alertó.
El Congreso, la primera prueba del año para el Gobierno
El tercer frente que se activará con fuerza esta semana es el legislativo. El Congreso transita el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente hasta el 27 de febrero, con una agenda acotada y bajo control del Ejecutivo. La reforma laboral es el eje central del temario y también el proyecto que concentra mayores resistencias políticas.
La Casa Rosada busca aprobar este miércoles la iniciativa en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con los votos para abrir la sesión y avanzar en la votación en general, pero las negociaciones se tensan en el tratamiento en particular, especialmente por el capítulo fiscal.
El principal foco de conflicto con los gobernadores está en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en los recursos coparticipables. Según varias estimaciones, la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en la recaudación total durante 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.
Según pudo saber TN, el Gobierno evalúa mecanismos de compensación para las provincias a partir de 2027 si la ley se sanciona. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, anticipó que todos esos puntos se debatirán en el recinto y no antes.
En paralelo al debate en el Senado, la Cámara de Diputados se prepara para una semana de actividad clave. El oficialismo prevé avanzar este jueves con el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, con respaldo del PRO, la UCR y sectores del massismo. Además, el Gobierno buscará sumar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al temario de la sesión.
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El proyecto será discutido en un plenario de comisiones y el Gobierno anticipa un debate extenso, con la posibilidad de que la iniciativa no se convierta en ley durante las extraordinarias y continúe su tratamiento en las sesiones ordinarias a partir de marzo. La propuesta original del Ejecutivo planteaba una baja a 13 años, pero en la Casa Rosada admitieron que el consenso político hoy se ordena en torno de los 14.
Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos para aplicar la reforma, mientras que el peronismo anunció que dará pelea en el recinto para frenar la iniciativa. El tema volvió a ganar centralidad política luego de casos recientes de delitos cometidos por menores, que el oficialismo utiliza como argumento para acelerar el debate.
Javier Milei, Congreso de la Nación, Senado, Diputados, Inflación, reforma laboral, imputabilidad
El Gobierno designó oficialmente a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo estatal que tendrá la responsabilidad de proteger los sistemas digitales y la información crítica de todo el país.
Esta decisión, publicada en el Decreto 92/2026, marca la puesta en marcha de un ente clave que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su principal meta será resguardar los activos digitales estratégicos, desde datos estatales hasta servicios públicos esenciales.
De acuerdo con al estructura del CNC, el organismo tendrá un Director Ejecutivo, con rango de subsecretario, y un Subdirector Ejecutivo, equiparado en jerarquía a director nacional.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, Waissbein será quien esté al frente del organismo y Gutesman lo secundará como subdirector. Ambos cuentan con aval del área de Innovación.
Entre las funciones del centro, se incluyen la protección de “infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.
El proceso formal de designación comenzó después de la creación del CNC en diciembre de 2025, mediante el decreto 941. El área de Innovación propuso dos nombres para estos cargos y, a partir del asesoramiento legal correspondiente, la Casa Rosada procedió a este nombramiento.
Con estas designaciones, el Gobierno busca dar respuestas ante el avance de los delitos electrónicos y los riesgos de ataques a la información oficial. El decreto detalla que el CNC será un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
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Quién es Ariel Waissbein, el titular del Centro Nacional de Ciberseguridad
El nombramiento de Ariel Waissbein como primer director del Centro Nacional de Ciberseguridad marca un hito en la estrategia frente a los crecientes ataques informáticos. La designación de Waissbein, quien cuenta con un sólido historial académico y profesional en criptografía y ciberseguridad, responde a la urgente necesidad de conceptualizar y fortalecer la defensa de infraestructura crítica.
A principio de año, el Gobierno introdujo una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y suma una larga experiencia en criptografía, con múltiples patentes registradas en Estados Unidos.
Su carrera se consolidó inicialmente en Core Security Technologies, empresa pionera en seguridad ofensiva y creadora de prácticas como el “red teaming” o “pentest”, conceptos que más tarde se expandirían por el mundo. Su trabajo en CoreLabs, la división de investigación de la compañía fundada en 1996 por Gerardo Richarte, Emiliano Kargieman e Iván Arce, integró los avances más innovadores en la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de herramientas para la industria. La influencia global de Core fue tal, que figuras internacionales viajaban a Argentina para aprender e intentar replicar su modelo.
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