POLITICA
Javier Milei profundiza la batalla cultural: rechazó un documento que habla de “género” y envió una delegación mínima a la COP30
El presidente Javier Milei intensifica la batalla cultural, que inició el 10 de diciembre de 2023, contra la Agenda 2030 luego de que resolviera enviar una reducida delegación a la 30° edición de la Conferencia de ONU sobre el Cambio Climático (COP30), que se celebró en la ciudad de Belém, y rechazara hablar de género en un documento del Grupo de Trabajo Gubernamental sobre el Empoderamiento de las Mujeres (EWWG), en el marco de la Cumbre del G20, en Sudáfrica.
Si bien el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, cuyo futuro en el Gobierno pende de un hilo, hizo públicas sus intenciones de participar de la conferencia del cambio climático, el Poder Ejecutivo le bajó rápidamente el pulgar. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no aprobó su viaje a Brasil y en su lugar ordenó el envío de una delegación formal con integrantes de Cancillería para cumplimentar con algunas solicitudes formales.
Lo cierto es que la decisión de la administración libertaria es intensificar el discurso del mandatario, quien en más de una oportunidad adoptó posturas negacionistas del cambio climático y se mostró en rechazo de la existencia de la desigualdad de género. Para eso, decidieron evitar una representación mayor en la COP 30, una convención de las Naciones Unidas que aborda el tema, donde se debate la estrategia conjunta de los gobiernos frente al avance de la emergencia climática.
El evento, que inició formalmente el jueves 6 de noviembre y que concluirá este viernes 21 de noviembre, cuenta con una representación mínima del país, encabezada por la titular de la Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Eliana Saissac, y escoltada por Belém Christian Pérez, directora de Impacto Climático, y Lilian Biasoli, asesora de la Dirección de Impacto Climático de la subsecretaría.
Los movimientos de la administración libertaria van en línea con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que resolvió no enviar representación de la administración que lidera. Si bien la Argentina intentó replicar sus pasos, lo hizo con matices. “Como Estado parte de la convención se supone que la Argentina, como el resto de los países participan, asiste como forma de defender sus intereses. No es obligatorio, pero sería absurdo no hacerlo. Incluso, desde una posición de negación del fenómeno del cambio climático, estar posibilita oponerse a cualquier iniciativa o proyecto que signifique asumir nuevos compromisos”, afirmó ante Infobae una fuente diplomática.
En la edición del año 2024, el Gobierno sorprendió al retirar la presentación de la COP29 al segundo día del evento, por orden directa del aquel entonces canciller Gerardo Werthein para “reflexionar sobre la posición” del país sobre el tema. “El calentamiento global es una mentira que creó el socialismo. No hay registro científico de que el mundo se esté calentando. El clima es cíclico”, justificó al respecto un libertario.
En su disputa contra la ideología woke, mandatario supo expresar posturas similares al plantear que «el cambio climático es un ciclo natural”. Sin embargo, casi de espaladas a la política del Ejecutivo, Brom presentó y justificó las metas climáticas en el marco de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC) para cumplir con el Acuerdo de París. “Nuestra NDC muestra que Argentina está haciendo los deberes en política ambiental. Nuestro trabajo es mitigar, adaptar y sobre todo postular para el 2030 y el 2035 objetivos alcanzables y realistas: la ambición debe ser siempre lo posible”, expresó el funcionario.
Lo cierto es que como contó Infobae, su perfil no conforma a la administración por la acumulación de declaraciones públicas contra Javier Milei, luego de que llegase a sostener que en cuanto el Presidente “sepa un poco más de ambiente” tomará “las mejores decisiones”.
La argumentación de la ruptura de consensos
En concordancia con el ausentismo de Milei en la Cumbre del G20 que se desarrollará el 22 y 23 de noviembre en Sudáfrica, la delegación argentina que participó de los intercambios virtuales del Grupo de Trabajo Gubernamental sobre el Empoderamiento de las Mujeres (EWWG), instancia de representación gubernamental del foro, culminó el proceso, el 31 de octubre, con un encuentro presencial en Johannesburgo en el que rechazó el documento de 46 puntos en un claro quiebre de consensos del organismo.
Según revelaron fuentes involucradas a Infobae, la discrepancia que encarnó la primera secretaria de Política y Cooperación de la Embajada Argentina en Sudáfrica, Bárbara Aubert Casas, se sitúa en la interpretación del concepto de “género” y particularmente en la oposición al punto 11 que expone que el desarrollo del trabajo doméstico y los cuidados no remunerados “genera barreras estructurales” para el acceso al desarrollo de las mujeres, lo que da lugar a una profundización de “las brechas de género”.
La Casa Rosada se ampara en el párrafo 3 del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional para sostener que el término género “se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el contexto de la sociedad”. Asimismo, aclara: “El término no tendrá más acepción que la que antecede”.
Otro de los puntos que resistió el Gobierno fue el 17, relativo a la necesidad de “incrementar inversiones en educación y cuidado infantil, protección social y servicios de salud y cuidados, incluyendo salud sexual y reproductiva, y mejorar las condiciones laborales en los sectores de salud y cuidados”. “No estamos en condiciones de incrementar las erogaciones presupuestarias en ese punto”, confesaron ante Infobae.
A través de su cuenta de X, el sherpa para el G20, Federico Pinedo, se expidió sobre el tema ante las acusaciones: “El Gobierno no bloqueó ninguna posición sino que se negó a avalar que en un documento sobre mujeres no se las mencionara como tales sino como género. Tampoco se acordó en la afirmación de que el cuidado de familiares implique una postergación al desarrollo femenino o masculino, por considerar que el amor no es un límite al desarrollo personal”.
La declaración del EWWG inicia marcando la salvedad de la Argentina: “La Presidencia sudafricana de la Reunión Ministerial de Empoderamiento de las Mujeres del G20 señala que todos los Miembros presentes, excepto Argentina, acordaron el contenido del siguiente texto», reza en la previa a la enumeración de los resuelto en la instancia de debate.
“Antes de rechazar el articulado final planteamos modificaciones al texto que ignoraron. No tomaron ninguna de las propuestas y cuando evitamos firmar, especificaron que la Argentina no acordó como ‘único miembro presente’. Tampoco lo hizo Estados Unidos que decidió no participar de las instancias”, sostuvo una importante fuente diplomática a Infobae.
La pelea contra el lenguaje inclusivo y la perspectiva de género de la administración libertaria no es novedad. En febrero de 2027, Manuel Adorni, en traje de vocero presidencial anunció la prohibición del lenguaje y “todo lo referente a la perspectiva de género” en la administración pública, meses después del cierre y el desmantelamiento del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades.
“En sus versiones más extremas, la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos”, enfatizó el Presidente el 23 de enero durante su disertación en el Foro de Davos, en Suiza. Sus palabras despertaron el repudio del colectivo el LGBT que se volcó a las calles de forma masiva para cuestionar los dichos del libertario, meses más tarde, en Balcarce 50 detectaban el episodio como uno de los primeros grandes traspiés de la administración en este 2025.
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POLITICA
El Gobierno no designó a ningún juez en dos años, 83 renunciaron y crece el agujero de vacantes
Desde que Javier Milei asumió la presidencia en 2023, renunciaron un total de 83 magistrados nacionales y federales, entre jueces, fiscales y defensores. La crisis por la falta de magistrados se agrava con el paso del tiempo.
En contraposición con la cantidad de renuncias, las designaciones durante los últimos dos años suman cero. No hubo ninguna.
Los únicos nombramientos, por decreto, fueron los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para al Corte Suprema, pero el primero nunca asumió porque no obtuvo acuerdo del Senado y el segundo renunció por las mismas razones.
Los otros dos decretos designando jueces en rigor corresponden a dos magistrados que cumplieron 75 años y el Senado les dio un nuevo acuerdo: Roberto Hornos en la Cámara en lo Penal Económico y Jorge Morán en la Cámara Contencioso Administrativo Federal.
Esto representa un déficit de 79 jueces, entre los renunciados y los nombrados. Milei no fue el presidente que enfrentó más renuncias, pero sí el que tuvo menos designaciones y mayor déficit de vacantes.
Por ejemplo, en el caso de Mauricio Macri renunciaron 67 jueces en promedio, por año de su mandato y se designaron la misma cantidad.
Así surge de un análisis que realizó por Data sobre la base de datos públicos del sitio oficial datos.jus.gob.ar, de donde surgen las visualizaciones que ilustran esta nota.
El análisis concluye además que al finalizar el año las vacantes totales entre jueces, fiscales y defensores nacionales llega al 37 por ciento, un récord.
Los candidatos a cubrir estas vacantes ya fueron, en su mayoría, elegidos por el Consejo de la Magistratura, que envió un pliego con tres candidatos para cada cargo, que está en el Poder Ejecutivo Nacional.
Ahora, el presidente Javier Milei debe enviar una propuesta al Senado para que, por mayoría, otorgue los votos que den acuerdo a cada juez.
Como se trata de una negociación política, las designaciones estuvieron paralizadas en estos dos años, donde el gobierno no tenía suficiente poder de fuego en el Congreso.
Ahora fuentes oficiales señalan que enviarán los pliegos al Senado, en marzo de 2026, cuando se reanuden las sesiones ordinarias. La mayoría de los pliegos, el 80 %, estaba negociado con el peronismo, según dijeron las fuentes.
A este escenario se suma que el Gobierno no logró nombrar en dos años al Procurador General de la Nación, que sigue ejerciendo desde 2017 Eduardo Casal en forma interina.
Mauricio Macri y Alberto Fernández también fracasaron en esa tarea, que requiere acuerdos políticos, ya que el candidato debe obtener los votos de los dos tercios del Senado.
Y se agrega que, en febrero de 2026, cumplirá 75 años la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, que deberá dejar el cargo, si es que el Senado no le da un nuevo acuerdo por cinco años más.
En lo que va de 2025 hubo en total 54 renuncias de jueces, fiscales, o defensores oficiales, y 29 en 2024.
El 2025 es el año en que más se produjeron las renuncias de jueces, fiscales y defensores desde 2020. Los meses de abril y septiembre son aquellos donde hubo más renuncias.
Las renuncias de jueces, tanto en 2020 como ahora se relacionan con los cambios en el sistema jubilatorio de los magistrados que cobran por un régimen especial.
En el Gobierno de Alberto Fernández hubo una fuerte embestida y se cambió el mecanismo. Los principales cambios fueron el aumento de la edad jubilatoria para hombres, nuevos requisitos de aportes y de años de servicio, cambio en la fórmula para calcular el haber inicial, y un mayor aporte de los jueces activos. Hubo reclamos judiciales que llegaron hasta la Corte.
Ahora hay temor entre los magistrados de que se produzca un nuevo cambio, cuando se discuta la anunciada reforma previsional, en el Congreso, por eso, algunos magistrados que están en condiciones de jubilarse plantearon sus renuncia para acogerse al beneficio previsional con la ley actual, según contaron fuentes de la Asociación de Magistrados.
En 2025 fue la primera vez en la historia que hubo más renuncias de magistrados femeninos que masculinos, con 29 contra 25. A su vez, no hubo ningún año en el que se hayan designado más jueces femeninos que masculinos.
El 37% de los cargos en la justicia federal y nacional se encuentran vacantes. Son en total 609 cargos. De los que están ocupados, el 71% está en manos de magistrados masculinos.
Los años 2024 y 2025 fueron los años con menos designaciones de jueces desde la vuelta a la democracia, junto con 1999 y el 2000.
La edad promedio de los magistrados en labor es de 56 años, mientras que el promedio de edad de aquellos que renuncian es de 66 años.
El promedio de edad de aquellos que renuncian bajó con el correr de los años. Este año tuvo las renuncias, en promedio, más jóvenes desde que hay registro, motivadas por el temor a que haya cambios en el régimen jubilatorio.
Durante 2025, los fueros donde hay más renuncias registradas son el del Trabajo, con diez magistrados, el Criminal y Correccional de Capital Federal con seis, y el fueron comercial con cinco.
En cuanto a los cargos, la mayoría de las renuncias corresponden a jueces, con 43 casos, seguido por los fiscales, con ocho casos y los defensores con tres casos.
Hubo 27 renuncias en la Justicia Nacional, a la que se le suman 26 en la Justicia Federal y una en la Corte Suprema de Justicia, correspondiente a García-Mansilla.
El presidente con peor relación designaciones/renuncias de magistrados de los últimos cinco mandatarios fue Javier Milei; quién, en promedio, por año, tuvo 44 renuncias de jueces, fiscales y defensores y solo 2 designaciones: un saldo negativo de 42 magistrados.
Por el contrario, quién tuvo el mayor saldo en relación a las designaciones y renuncias en los últimos veinte años fue Cristina Fernández, con un promedio anual de 46 renuncias y 74 designaciones: un saldo positivo de 28 jueces.
Ahora, si solo se considera a la categoría jueces (sin fiscales y defensores) en lo que va de 2025 renunciaron un total de 43 jueces. La mayoría de estos son nacionales (24), contra 18 federales y un miembro de la Corte.
La gestión Milei lleva acumulados un total de 64 renuncias de solo jueces, contra las cuatro designaciones mencionadas (Lijo, García Mansilla y Morán).
En cuanto a la composición actual, el 35% de los cargos para jueces se encuentran vacantes.
AL día de hoy hay 80 concursos en trámite para jueces en el Consejo de la Magistratura, hay 162 vacantes en trámite en el Consejo de la Magistratura y hay 191 vacantes cuyos pliegos están en manos del Poder Ejecutivo.
El 6 de noviembre de 2024, el vocero presidencial Manuel Adorni y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se pararon en la sala de conferencias de prensa diarias en la Casa Rosada ante los periodistas para afirmar: “El gobierno nacional enviará 150 pliegos (al Senado de la Nación) para nombrar jueces, fiscales y defensores”.
Adorni sostuvo: “Los jueces son los que meten presos a los delincuentes, a los narcos y a los políticos corruptos, los que protegen el derecho de propiedad, los que median en un conflicto laboral, los que emiten sentencia sobre el embargo una empresa, los que deciden si un niño huérfano va a encontrar una familia”.
“Por eso es tan importante esta medida, que además es inédita porque supera la cantidad que se envió durante el primer año de los mandatos de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri”, dijo.
“Este gobierno recibió una Justicia con una vacancia del 30% en jueces, y casi 50% de vacancias de fiscales. Es decir, que 1 de cada 3 juzgados no tiene juez y 1 de cada 2 fiscalías no tiene un fiscal. Además, hay tribunales donde se juzgan delitos ordinarios, como robos, hurtos y violaciones, y están sin juez desde el año 2018”, agregó Amerio.
Pero en estos dos años de Gobierno no se envió ningún pliego al Senado para cubrir las vacantes.
Hernán Cappiello,Bautista Otero,Conforme a
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El Gobierno no pedirá prorrogar las emergencias para desregular normas y apuesta al nuevo Congreso
«Parecía que estaba teniendo sexo, gemía», aseguró el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre una reunión que mantuvo con el presidente Javier Milei antes del balotaje presidencial de noviembre de 2023 cuando le explicaba el paquete desregulador que había preparado para una posible presidencia de Patricia Bullrich y que ahora le ofrecía al libertario.
Uno de los pilares de la administración libertaria fue la eliminación de normas y artículos que entienden que son perjudicales para la economía. La totalidad de estas medidas se tomaron al amparo del Decreto 70/2023, que establecía emergencias que habilitaban al Ejecutivo a tomar medidas vía decreto y que caducan el 31 de diciembre.
En ese esquema, el ministro Sturzenegger hizo colocar en su despacho un cartel con un contador de días que tiene como fecha de finalización el próximo 31 de diciembre.
El Decreto 70/2023 que dio inicio al gobierno de Javier Milei estableció como fecha final de la emergencia pública el 31 de diciembre de 2025. Una vez que llegue ese día, ya sin facultades delegadas, al Ejecutivo solo le quedan desde este próximo lunes un total de 29 días hábiles para que Sturzenegger aplique su motosierra en los diferentes sectores. Una vez concluido ese plazo deberá ir al Congreso de la Nación cada vez que quiera eliminar una norma. Y es la apuesta del mundo libertario.
En el proyecto de Presupuesto 2026 el oficialismo no pide la aprobación de la emergencia pública, así como tampoco solicita facultades delegadas. En este esquema, la administración libertaria deberá encarar los cambios normativos con el acompañamiento de los diputados y los senadores.
Esa es la apuesta del Gobierno, por lo menos para el próximo año. Pero de todas formas no planean abandonar la principal herramienta de generación de políticas públicas que esgrimió durante los primeros dos años de mandato.
“Tenemos los decretos si hacen falta”, explicó un funcionario nacional. Con el traspaso de los tres diputados de La Liga del Interior -los radicales con peluca- el bloque de LLA quedará conformado con 91 diputados más los socios que mostró hasta ahora -el PRO y la UCR- número más que suficiente para bloquear en la Cámara de Diputados cualquier insistencia frente a un rechazo de un decreto de parte de la oposición.
“Con este número no hace falta entrar en la disputa de las emergencias. Lo que no podamos conseguir con el apoyo del PRO, la UCR y los gobernadores lo podemos hacer vía decreto y defenderlo en el recinto”, explicó un diputado de LLA que no necesitó de las clases “particulares” sobre el funcionamiento del parlamento que le brindaron a sus colegas.
Desde diciembre de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2025, el ministerio que comanda Sturzenegger modificó o eliminó un total de 1.384 normas, aunque 78 de ellas fueron restituidas por el Congreso. En lo que se refiere al articulado de diferentes normas, la cartera modificó o eliminó 10.038 artículos durante el mismo período. De este total, 426 fueron restituidos por el Congreso de la Nación.
Desde el entorno del ministro señalaron que no habrá un pedido de continuidad de la emergencia. Tampoco figura en el texto del proyecto oficial de presupuesto. De todas formas, fuentes de la Casa Rosada señalaron que una eventual prórroga o pedido “podría evaluarse según la evolución de la situación económica y social”. En el caso de que la administración de Milei decida volver a pedirle al Congreso la declaración de una emergencia, requeriría una nueva norma o declaración específica.
El mundo libertario se siente confiado en que contará con el apoyo legislativo por lo menos durante los primeros meses del 2026, en donde planea aprobar el nuevo paquete de reformas -laboral, penal, impositiva y la educativa que se conoció en las últimas jornadas.
POLITICA
El gobierno de Milei ya vendió 10 inmuebles en subastas públicas por más de USD 200 millones
Desde que desembarcó en la Casa Rosada, y en línea con su política de achique del Estado, Javier Milei ya vendió 10 inmuebles que estaban en poder de organismos públicos y recaudó USD 214,7 millones.
Estos remates forman parte del plan de desinversión en activos inmobiliarios impulsado por la administración libertaria, que busca reducir el patrimonio del Estado. Muchos de estos inmuebles estarán destinados a desarrollos inmobiliarios privados y proyectos urbanos a gran escala, en zonas cotizadas en la ciudad de Buenos Aires. Por el decreto 575/2025, el dinero por la venta de tierras ingresa al Tesoro Nacional.
El dato surge de un relevamiento hecho por Infobae de los bienes a subastar en el sitio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el portal oficial Compr.AR donde se publican las adjudicaciones, desde el 11 de diciembre de 2023 al 18 de noviembre último.
De esa decena de inmuebles, 7 ya fueron adjudicados y 3 lo serán en breve, ya que el proceso está en su trámite final. Nueve están en la Ciudad de Buenos Aires, y uno en la ciudad de Mendoza.
El monto conseguido en las subastas (sumadas alcanzaron USD 214.745.956) casi duplicó el precio base de las 10 propiedades, que totalizaba USD 140.360.928.
A estos 10 inmuebles se suman otros 12 próximos a ser rematados por otros USD 44,6 millones. En total, el Estado planea vender otras 150 propiedades en subastas futuras, que aún no tienen precio base, según la información publicada en el sitio de la AABE.
La subasta pública de bienes inmuebles del Estado la lleva adelante esa Agencia – cuyo titular es Nicolás Pakgojz – mediante un procedimiento electrónico, y se concreta a través de una licitación o concurso público o privado o contratación directa. Se adjudica al que ofrezca el valor más alto o a la oferta económica más ventajosa, luego de efectuada la compulsa electrónica de precios.
Qué inmuebles ya vendió el Estado
El inmueble de mayor valor está ubicado en una de las zonas más cotizadas de Palermo, en la Av Cerviño 4.820, esquina Bullrich, frente a la Mezquita de Palermo, en la Ciudad de CABA.
Fue adjudicado el 6 de octubre pasado a la empresa Consultatio SA, la desarrolladora de torres y urbanizaciones de Eduardo Costantini. Ofreció USD 127 millones, el monto más alto. La cifra representó un 55% más que el precio base (USD 81,8 millones), lo que fue un récord en subastas de bienes públicos para desarrollos inmobiliarios a gran escala.
La propiedad tiene casi 42.000 m2 estratégicamente ubicados, y en el lugar actualmente opera el complejo comercial Portal Palermo, que alberga al hipermercado Jumbo, la tienda Easy y un shopping con decenas de locales comerciales, que es explotado actualmente por el grupo chileno Cencosud, y cerrará sus puertas el mes próximo.
Según le dijo Costantini a Infobae, poco después del anuncio público “fue una disputa muy reñida” y este nuevo desarrollo demandará una inversión que superará los USD 350 millones, y buscará ser un nuevo polo urbano porteño inspirado en el Design District de Miami. Incluirá viviendas, locales gastronómicos y de diseño, espacios públicos y destinados al arte.
No fue el único predio con el que se quedó Costantini, creador de desarrollos inmobiliarios como Nordelta y Puerto. Consultatio SA también fue adjudicada el 5 de mayo pasado con un terreno de más de 3.400 m2 en la calle Soldado de la Independencia Nº 615, en el barrio de Palermo, entre las calles Ortega y Gasset y Pasaje San Benito de Palermo, en una de las zonas más codiciadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a metros del Campo Argentino de Polo y del tradicional barrio Las Cañitas.
La parcela tiene 70 metros de frente por 50 metros de profundidad, y se utilizaba hasta el momento como estacionamiento, con 163 cocheras descubiertas y 12 semicubiertas.
Costantini ofertó USD 21,2 millones, unos USD 7 millones más que el precio base (USD 15,3 millones) y le ganó la disputa a otros tres oferentes.
Entre los inmuebles de mayor valor de venta disponibles para adjudicar, figura otro ubicado en calle Juncal 724, entre Basavilbaso y Esmeralda, en el barrio de Retiro, a metros de la estación de trenes, en una zona estratégica de la Capital. Quedó en manos de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por USD 8,8 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta, si bien inicialmente, en mayo de este año, había sido publicado en USD 13 millones.
Se trata de un predio de casi 2.090 m2 en la zona de Plaza San Martín que cuenta con varias propiedades, donde funcionan estacionamientos y depósitos, y está rodeado de edificios emblemáticos y elegantes de la Ciudad como el Kavanagh, el Palacio Paz del Círculo Militar, el Palacio Anchorena que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el Edificio Plaza San Martín.
También está listo para adjudicar el inmueble de Av. Rivadavia N° 1665/75/79, entre Rodriguez Peña y Montevideo, con un total de 1.818 m2. Pasará a manos de Inversora Mataldi SA, que es parte del Grupo IEB, dedicado a las inversiones financieras y cuyo dueño es Juan Ignacio Abuchdid, por USD $3,3 millones, el mismo valor que el precio base con el que salió a subasta.
Esta misma sociedad se quedó con la mansión de Av. Melián N.º 2157/59 entre Mendoza y Juramento, rematado a finales de la AABE en de CABA. La mansión perteneció a Carlos Salvatore, un capo narco condenado a 21 años de cárcel por contrabando de una tonelada de cocaína a Portugal y España en la causa conocida como Carbón Blanco, fallecido en 2019.
Si bien el inmueble, en su momento, fue valuado en US$2,3 millones, salió a subasta con un precio de base de USD 690.000, Inversora Mataldi SA lo compró por poco más de USD 1 millón. La casona tiene dos plantas, ascensor, piscina y jardín y está ubicada en la zona residencial de Belgrano R.
En cuanto a los ya rematados y adjudicados por la AABE, el que cotizó más alto fue el inmueble ubicado en Av de los Italianos Nº 365 al 375, que se vendió en diciembre pasado por USD 34 millones al Fideicomiso Inmobiliario Madero 6. Su precio base había sido de USD 23,2 millones y se presentaron 6 oferentes.
Se trata de un predio del Ministerio de Defensa en el barrio de Puerto Madero, a pocos metros de la Reserva Ecológica Costanera Sur, con una superficie de 5.234 m2, que albergó dependencias de la Subsecretaría de Ciberseguridad.
Ya había salido a subasta en 2017 – sin interesados – con una valuación estimada, en ese momento, de USD 35 millones. Nuevamente el Estado intentó rematar el predio con el edificio en 2019, con una tasación base inferior de USD 28 millones, pero la subasta fue declarada desierta en septiembre de 2021.
Otro de los inmuebles es el edificio del INTA ubicado en Ortiz de Ocampo y Cerviño, cuya venta dispuesta por el Gobierno generó polémica y reclamo de sus trabajadores. El terreno donde está el edificio tiene 919 m2, aunque la edificabilidad total del inmueble ascendería a los 10.126 m2 de superficie.
Se subastó a USD 18,5 millones, casi tres veces su valor de base, USD 6,3 millones. Se presentaron 17 interesados, y lo compró Julián Álvarez 1986 SRL. Se trata de una empresa que se dedica a la construcción y reparación de edificios residenciales, cuyos socios son Martín Prubner y Lucila Jazmín Zang, hija del vicepresidente de IRSA, Saúl Zang.
Otro de los inmuebles que salió a remate perteneció a Daniel Muñoz, quien fuera el secretario privado de Néstor Kirchner, y fue decomisado en la causa en la que se lo investigó por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Muñoz fue el receptor primario de los bolsos repletos de dinero provenientes de las coimas que pagaron empresarios para quedarse con obras públicas y contratos con el Estado.
Se trata de un departamento de 74 m2 ubicado en el 1er piso del edificio de Andonaegui N° 2966, en Villa Urquiza. Lo compró un particular, Lorenzo Gaspar Huaranca, en USD 168.000, unos USD 20.000 más que su precio base de remate (USD 146.290.
Producto también del decomiso de otra causa de narcotráfico y lavado, fue vendido un dúplex ubicado en Bacacay al 3591, en el barrio de Floresta. Lo compró otra particular, Carolina Soledad Luizaga, quien pagó USD 150.500, casi el mismo valor que el precio base (USD 150.415).
El décimo inmueble en poder del Estado vendido en lo que va de la gestión de Milei está en la Ciudad de Mendoza, en la calle Necochea Nº 230, en pleno microcentro- Tiene 1.172 m2 y cuenta con autorización para construir hasta 48 metros de altura, lo que habilitaría un edificio de unos 16 pisos.
Tras años de abandono e intentos fallidos de proyectos oficiales, fue adjudicado, a principios de este año, al contador Luis Facundo Alba, quien pagó USD 466.500, apenas por encima del precio base.
Ubicado a metros de Plaza San Martín, el edificio había comenzado a construirse en los años ‘80 como futura sede de la Caja Nacional de Ahorro y Seguros, pero quedó inconcluso tras la privatización del organismo en 1994. Desde entonces, conocido como edificio “Buci”, se convirtió en un símbolo de deterioro urbano.
Los próximos inmuebles a subastar
La AABE tiene previsto subastar en próximas fechas otros 12 inmuebles. Nueve de ellos están en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la ciudad de La Plata, y otro en Pinamar, provincia de Buenos Aires.
En pleno Bajo Belgrano, la AABE rematará una manzana entera delimitada por las calles Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, que tiene una superficie de 12.518 m2.
El inmueble es propiedad de la Policía Federal y allí funcionaba una repartición de la Superintendencia de Investigaciones.
Tenía un permiso de uso precario otorgado por el Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad el 9 de diciembre de 2019, el último día del gobierno de Macri. Pero fue revocado en 2021 en la gestión de Alberto Fernández. El playón interno se utiliza para el guardado de vehículos de la Policía y camión de bomberos. Saldrá con un precio base de USD 21.369.863 y se subastará el 9 de diciembre próximo.
En el barrio de Retiro, la AABE rematará otro predio de 15.720 m2 en una zona neurálgica, sobre la Av. Antártida Argentina al 1160, esquina Gendarmería Nacional y esquina Carlos Perette.
Actualmente funciona un hipermercado COTO. Su precio base es de USD 11.907.59
En Palermo, saldrá a subasta otro terreno baldío en Fray Justo Santa María de Oro 2245/2251, entre Paraguay y Charcas, de 1.038 m2. A una cuadra del corredor paralelo a las vías del Ferrocarril San Martín que da hacia la calle Godoy Cruz, está ubicado en una de las zonas más atractivas y con locales gastronómicos de este barrio. Su precio base es de USD 2.923.344
Otras de las propiedades que saldrán a subasta es un edificio de tres plantas que la Armada tenía en desuso, en el barrio de Caballito, en Av Rivadavia 4615/19, entre Río de Janeiro y Acevedo. Hace varios años, ahí había funcionado el servicio de odontología de la Obra Social del Personal Naval.
En marzo de 2023, por pedido del ex ministro de Justicia Martín Soria, la AABE se lo cedió al Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. Con una superficie cubierta de 1.022 m2, sobre un terreno que llega hasta la mitad de la manzana, actualmente está sin uso. Saldrá a remate con un precio base de USD 1.006.545.
En el barrio del Abasto saldrá a remate una casa en Valentin Gómez 2960/64, de 468 m2. Su precio base es de USD 673.475
En Almagro, la AABE rematará un terreno vacío de 230 m2 en Acuña de Figueroa al 981, esquina Rocamora, destinado a un desarrollo inmobiliario. Un grupo de vecinos y especialistas habían conformado hace algunos años un equipo multidisciplinario llamado Relieve que impulsaba que en ese inmueble se estableciera una suerte de reserva ecológica. Su precio base es de USD 472.982.
En San Nicolás, la Agencia rematará un inmueble destinado a oficinas en avenida Córdoba 948/58, con una superficie total de 99,61 m2 y un precio base de US$138.408,30.
También, el Estado nacional rematará dos oficinas en Florida 524, casi esquina Lavalle, en pleno microcentro porteño, una de 62 m2 y la otra de 30 m2.
La más grande saldrá con un precio base de USD 66.192 y la otra, de USD 35.070.
A su vez, saldrán a remate dos inmuebles en La Plata. Uno sobre la Calle 45 S/N y Calle 2 S/N, de casi 2.000 m2, cuyo precio base es de USD 2.445.283.
El otro, sobre la Calle 39 S/Nº, entre 29 y 30, de 1.200 m2, con un valor base de USD 238.992.
La AABE también subastará un terreno de más de 7200 m2 en el partido bonaerense de Pinamar. El lote está ubicado en una zona estratégica sobre las avenidas Del Mar, De los Tritones y Av Eolo, frente a la costa.
Su ubicación lo vuelve especialmente atractivo para inversores que buscan desarrollar proyectos turísticos o residenciales en una de las localidades más exclusivas de la costa atlántica argentina. El precio base fue fijado en USD 3.474.217.
Visualización de datos: Daniela Czibener.
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