El Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido como aguinaldo, está garantizado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) como un derecho fundamental para los empleados registrados bajo relación de dependencia. La importancia de esta prestación reside en su obligatoriedad y en su alcance amplio, que incluye tanto al sector privado como al ámbito público.

Según la LCT, el aguinaldo se abona en dos pagos semestrales: el primer desembolso corresponde a la última jornada laboral de junio, mientras que el segundo debe efectivizarse en la última jornada laboral de diciembre. Este régimen de pago se oficializó con el artículo 122 de la ley, reformulado por la normativa N° 27.073.

La legislación establece que cada cuota equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante el respectivo semestre. El método de cálculo obliga al empleador a identificar cuál fue el salario más alto entre enero y junio para la primera cuota, y entre julio y diciembre para la segunda. El criterio para determinar la “mayor remuneración” abarca todos los conceptos de carácter remunerativo: sueldo básico, horas extras, comisiones y cualquier adicional salarial regulado por convenio.

En cuanto a los plazos, la ley fija fechas precisas: el 30 de junio y el 18 de diciembre marcan los días de vencimiento para la primera y la segunda cuota, respectivamente. La legislación prevé un margen de hasta cuatro días hábiles posteriores a estos plazos para la cancelación efectiva del aguinaldo, sin que ese diferimiento implique incumplimiento. Para el segundo semestre de 2025, el pago podrá realizarse hasta el 24 de diciembre sin considerar demora.

La obligación de pago del aguinaldo recae sobre todos aquellos empleadores que tengan personal bajo contratos por tiempo indeterminado, plazo fijo, eventuales o de temporada. También incluye tanto a empleados con jornada completa como a quienes trabajan jornada parcial, así como al personal del Régimen de Casas Particulares y los trabajadores agrarios. El carácter irrenunciable del aguinaldo se extiende a todos los trabajadores, sin distinción por tipo de vínculo contractual ni modalidad horaria.

La normativa contempla situaciones en que el empleado no trabaja la totalidad del semestre: quienes inician el vínculo laboral durante el semestre o ven extinguido su contrato antes del cierre del periodo cobran un proporcional del aguinaldo, en función de los meses trabajados. El principio de proporcionalidad asegura que nadie quede excluido del beneficio, aun cuando haya empezado a desempeñarse o se desvincule durante ese lapso.

Para calcular el proporcional del aguinaldo, se utiliza una fórmula práctica: se divide la mejor remuneración mensual del semestre por 12 y se multiplica el resultado por la cantidad de meses efectivamente trabajados en ese semestre. Por ejemplo, si un trabajador comenzó a desempeñarse en marzo y su salario más alto entre marzo y junio fue de $2.500, el primer medio aguinaldo en junio surge de multiplicar (2.500/12) por 4, lo que da $833. Si alguien trabajó seis meses con un mejor sueldo de $7.000, el medio aguinaldo alcanzará los $3.500.

La Ley de Contrato de Trabajo también contiene pautas específicas para situaciones donde, al momento de liquidar la segunda cuota en diciembre, todavía no se pagó el salario correspondiente a dicho mes. En estos casos, el empleador puede estimar el monto del sueldo de diciembre y, de haber diferencias una vez oficializado el cobro regular, ajustar la liquidación conjuntamente con el último pago del año. Esta práctica busca garantizar que el trabajador no resulte afectado por cuestiones administrativas o retrasos en la definición del salario mensual.

El Suplemento Anual Complementario también se les abona a los jubilados y pensionados vinculados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Así, el sistema protege tanto a quienes mantienen una relación laboral activa como a quienes ya finalizaron su etapa activa, asegurando una lógica de extensión de derechos sobre la jubilación.

Otro aspecto relevante radica en la composición de la base salarial sobre la que se calcula el aguinaldo. Según la información oficial del Gobierno Nacional, el concepto de “mayor remuneración mensual” debe considerar la totalidad de los rubros con carácter remunerativo, lo cual incluye horas extras, adicionales y comisiones. Este criterio impide que se excluyan ítems del cálculo que tengan impacto directo en el ingreso real del trabajador. Por ese motivo, incluso si un empleado recibe habitualmente su sueldo básico y, en un mes concreto, obtiene un monto relevante por horas extra, ese pago se sumará para definir la mayor remuneración del semestre.

En cuanto a la eventualidad de un incumplimiento en los pagos del aguinaldo, la normativa otorga mecanismos claros de reclamo y protección para el trabajador. El primer paso ante la falta de depósito del aguinaldo dentro de los plazos consiste en intimar formalmente al empleador mediante una notificación escrita, en la que se exija la regularización inmediata de la situación. Si esa instancia no resuelve el conflicto, el siguiente recurso implica presentar una denuncia ante la Secretaría de Trabajo, ya sea en forma individual o colectiva.

En casos de gravedad o persistencia del incumplimiento, el trabajador puede optar por considerarse despedido, invocando la figura de “injuria grave” contemplada en el artículo 242 de la LCT. La determinación judicial de si la falta de pago del aguinaldo justifica esa medida queda en manos del fuero laboral, que evaluará la magnitud del perjuicio y las condiciones específicas. En caso de un fallo favorable al trabajador, la empresa está obligada a asumir las indemnizaciones y sanciones que correspondan.

La legislación no solamente reconoce la posibilidad de acciones individuales. En situaciones de incumplimiento generalizado, los trabajadores pueden impulsarlas de manera colectiva. Las vías administrativas y judiciales buscan garantizar el respeto al derecho irrenunciable al cobro del aguinaldo, uno de los pilares del sistema de protección social argentino.

Respecto a los beneficiarios, la normativa no impone restricciones motivadas por la carga horaria, sector de actividad, modalidad contractual ni antigüedad. Trabajadores del sector público, privado, agrario y quienes prestan tareas en casas particulares reciben el aguinaldo bajo condiciones similares, adaptadas únicamente al tiempo efectivamente trabajado y al monto máximo de su remuneración regular.

La información oficial del Gobierno Nacional destaca que la fecha precisa de cobro del medio aguinaldo de diciembre varía según el año, y que siempre se respeta el margen adicional de cuatro días hábiles para facilitar los trámites bancarios y la disponibilidad de fondos. En 2025, la fecha límite para acreditar el segundo pago será el 24 de diciembre.

Frente a cualquier controversia vinculada con la liquidación del aguinaldo, el camino formal requiere que el trabajador intime primero al empleador y luego recurra a la Secretaría de Trabajo si persiste el incumplimiento. Solo en circunstancias extremas y debidamente probadas ante la Justicia laboral corresponde que la desvinculación por causa de falta de pago sea reconocida como despido con derecho a indemnización.

La aplicación cabal de estas reglas evita conflictos y promueve transparencia en la relación laboral. El aguinaldo cumple una función relevante como instrumento de protección para los trabajadores, al tiempo que representa una obligación ineludible para el empleador bajo la legislación vigente en el país.

El futuro tratamiento de la nueva Ley de Reforma Laboral en el Congreso de la Nación sigue generando mucha polémica.

Lo concreto es que más allá de todos los papers que circulan en estudios de abogados laboralistas y en empresas y bancos, lo único que se sabe es que el mismo se basará en la lo que está dentro de la Ley Bases aprobada a través del DNU 70/24 a la que se le harían algunos cambios. Hay que destacar que una gran parte de la Reforma Laboral que está dentro de la Ley Bases está frenada por la justicia laboral.

El Gobierno buscará aprobar la nueva ley luego 10 de diciembre, con la conformación de la nueva conformación de la Cámara de Diputados donde podría contar con unos 90 legisladores propios, en tanto que en el Senado llegaría con la nueva composición podría tener unos 20 legisladores propios.

Por ahora, por lo que pudo saber iProfesional, el Proyecto de Ley Laboral está guardado bajo 7 llaves en el ministerio de Capital Humano a cargo de la ministra Sandra Pettovello quien junto al secretario de Trabajo Julio Cordero y sus equipos técnicos pulen los últimos detalles.

Reforma laboral: los cambios decisivos que Javier Milei considera innegociables

Los cambios laborales, que el Gobierno de Milei considera innegociables, están siendo discutidos también por los participantes del Consejo de Mayo, que tiene representantes del Gobierno, del sector empresario y del sindicalismo (aunque este último casi ni participa y ya manifestó su pleno rechazo al proyecto).

En los últimos días, quien comenzó a lanzar algunas ideas de lo que contendría el proyecto fue el ministro de Desregulación y Transformación Federico Sturzenegger pero de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional la decisión final corre a cargo del ministerio de Capital Humano.

De acuerdo a uno de los borradores que circulan y al que accedió iProfesional, habría modificaciones destinadas a transformar distintos aspectos de la Ley de Contratos de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales.

El texto incluiría definiciones que afectarían a principios generales, criterios de registración la organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, las indemnizaciones y la regulación de actividades que son consideradas como esenciales.

También se incorporaría un capítulo para la economía de plataformas y otro para el ejercicio profesional sin exigencia de matrícula obligatoria.

Cambios en la Ley de Contratos de Trabajo

Se buscaría reorganizar el alcance de la LCT a través de cambios en el artículo 2. Allí se establecería que la ley no alcanza al empleo público, el trabajo agrario, el régimen de casas particulares, los vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial y a los servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas tecnológicas.

En el borrador se fija que en el artículo 9 se mantiene el principio de norma más favorable, aunque su aplicación quedó restringida a situaciones en las que persista una duda insuperable luego de un análisis completo.

En tanto que en el artículo 12 se reafirmaría la irrenunciabilidad y en el 15 se definiría que los acuerdos conciliatorios, transaccionales, o liberatorios transaccionales dependerían de la homologación judicial o administrativa.

Por otra parte, el artículo 18, expresaría que los años de antigüedad se computarían sumando períodos sucesivos e incorporando lapsos previo a un reingreso cuando el retorno se concrete antes de dos años desde la desvinculación.

En cambio, en lo que se refiere a contrataciones de terceros, en el artículo 30 se modificaría la responsabilidad del principal, que pasa a ser subsidiaria y no solidaria, salvo incumplimientos sobre registración, pago de aportes y cobertura de seguros.

En relación las modificaciones en registración laboral, el borrador contendría un punto clave que es la creación de un sistema unificado de registración mediante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y los artículos 52 y 55 dispondrían que la inscripción del vínculo laboral se realizaría exclusivamente a través de ese organismo y que la falta de constancia generaría presunciones a favor del trabajador.

Reforma laboral: qué cambiaría con respecto a las vacaciones

Con respecto al capítulo referido a la organización del trabajo, formación y vacaciones, se permitiría que el empleador modifique formas y modalidades de la prestación siempre que no cause perjuicio material o moral. El nuevo texto incorporaría un capítulo sobre formación profesional y calificaría a la capacitación como derecho básico del trabajador y esa obligación se vincularía con las necesidades del puesto y con las exigencias de la empresa.

En el capítulo sobre vacaciones habría cambios relevantes, como la fijación del período se otorgaría entre el 1° de octubre y el 30 de abril, y habilitaría el fraccionamiento en lapsos no menores a siete días y además contendría la reprogramación de días interrumpidos por enfermedad.

Por su parte, el artículo 155 estructuraría los mecanismos de cálculo de remuneración vacacional y contemplaría salarios mensuales, valores diarios, sistemas variables, comisiones y trabajo a destajo.

Otro capítulo clave es el que se refiere a Beneficios, remuneraciones y conceptos excluidos en el que se ampliaría la lista de beneficios sociales no remunerativos y entre ellos se agregarían prestaciones de salud, reintegros de guardería, ropa de trabajo, útiles escolares, suscripciones a gimnasios, gastos de sepelio y provisión de herramientas tecnológicas y ninguno de esos rubros integraría la base remunerativa ni generaría nuevos aportes o contribuciones.

La crítica de los gremios y la reacción del Gobierno

La semana pasada el ministro de Desregulación y Transformación Federico Sturzenegger, cuestionó la marcha convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y además sostuvo que la protesta se llevó a cabo sin conocer el contenido del proyecto, que según aclaró no incluirá a los empleados del estado.

Sturzenegger, que de acuerdo a lo que pudo saber iProfesional estaría colaborando en Pettovello en detalles solo referidos a los aspectos desrregulatorios, explicó que la reforma, a la que llamó modernización laboral, se organizará en tres líneas centrales.

La primera apunta a modificar la industria del juicio y la registración laboral, con la intención de reducir la incertidumbre legal que enfrentan los empleadores al contratar a los trabajadores.

El segundo eje se enfoca en los convenios colectivos de trabajo, que según indicó deberían volver a negociarse, ya que algunos datan de la década de antes de 1975. No obstante, aclaró que si las partes (empresas, gremios y trabajadores) prefieren mantener los convenios actuales, podrán hacerlo.

El tercer punto se vincula con la prelación o determinación de qué convenio colectivo prevalece. Sturzenegger señaló que en la Argentina se negocia por sector a nivel nacional, con una estructura centralizada en Buenos Aires, pese a las diferentes realidades productivas del país y la propuesta apunta a permitir que los convenios puedan dividirse por región, provincia, actividad e incluso por empresa.

En relación con los sistemas de afiliación de los trabajadores, Sturzenegger reconoció la importancia de los sindicatos en la negociación colectiva, pero planteó reparos frente a las cuotas, contribuciones y débitos obligatorios que se aplican a los trabajadores y consideró que, con un nuevo esquema de prelación, debería generarse mayor flexibilidad en toda la cadena.

El diálogo con los gobernadores, clave para lo que viene en el Congreso

Luego del contundente triunfo la electoral del 26 de octubre de La Libertad Avanza (LLA) y los reaconodamientos políticos que dejaron al Presidente Javier Milei, a la secretaria General Karina Milei y al Jefe de Gabinete Manuel Adorni y al titular de la Cámara de Diputados Martín Menem como los grandes triunfadores, el Gobierno inició una nueva política de diálogo con los gobernadores, quienes son una parte fundamental para el Gobierno consiga los números para las aprobaciones de las futuras leyes que necesita el Gobierno tanto en Diputados como el Senado.

Luego del nombramiento de Diego Santilli como ministro del Interior, Karina Milei y Manuel Adorni armaron una estrategia que consiste en una ronda de conversaciones con cada uno de los gobernadores para evaluar cuáles eran sus demandas y, así, llevarlas luego al ministro de Economía Luis Caputo para que se seleccionaran cuáles de las demandas podían satisfacerse. El Gobierno busca no perder credibilidad con los asuntos que promete, algo que ocurrió en el pasado.

Los reclamos de los gobernadores son muchos, pero hay aspectos que se repiten en la mayoría de ellos que son las demandas de fondos concretos vinculados a la obra pública y al transporte, mayores transferencias de los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), y una solución a las deudas (como la previsional) que Nación tiene con sus cajas y que el Ejecutivo apruebe de manera más rápida los endeudamientos provinciales.

En este aspecto es importante destacar la colocación de deuda por unos 600 millones de dólares a una tasa del 7,15% anual que colocó ayer el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) que provocó una felicitación de Milei al Jefe de Gobierno, Jorge Macri, a través de su cuenta de X.

La intención del Gobierno sería aprobar la Ley Bases 2 en las sesiones extraordinarias que comenzarían en febrero, luego de buscar la aprobación del Presupuesto 2026 en las extraordinarias que comenzarían después del 10 de diciembre próximo.

Entre marzo de 2024 y septiembre de este año, una tendencia al alza en el poder adquisitivo del salario promedio modificó la ecuación para los consumidores argentinos. Hoy, los consumidores pueden acceder a más litros de leche, más kilos de asado y más litros de aceite, entre otros productos, que hace un año y medio atrás, según precisó el informe publicado por la entidad rural Coninagro titulado “Del sueldo al Plato: ¿Cuánto rinde el salario?”.

El documento examinó el rendimiento efectivo de los ingresos de los trabajadores frente a una selección de productos esenciales de la canasta básica como el aceite de girasol, yerba mate, leche, asado, huevo y pan, siempre a partir de los datos del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) procesados por el Ministerio de Capital Humano.

El seguimiento elaborado por Coninagro señala que entre agosto de 2024 y agosto de 2025 los salarios registraron un aumento interanual del 46%, muy por encima de la inflación medible en ese mismo período, que se ubicó en 31,8%. Este desfasaje positivo representó un avance real de 14% y una recuperación acumulada del 25,6% respecto de los valores mínimos que se observaron en marzo de 2024. Según el informe, esta mejora se tradujo en una capacidad de compra ampliada, con impactos notables en la cantidad de alimentos que pueden adquirirse con el ingreso medio.

Desde la perspectiva de los consumidores, estas variaciones implicaron una transformación concreta en el acceso a los productos de mayor consumo. El informe detalla que en septiembre de 2025, la inflación mensual llegó al 2,1%, mientras el RIPTE subió un 1,4%, manteniéndose apenas por debajo del ritmo general de los precios. De acuerdo con la información presentada, el salario promedio pasó de $1.236.416 en marzo de 2024 a $1.551.832 en agosto de 2025, aportando evidencia a la tendencia de fortalecimiento del poder de compra.

El estudio de Coninagro pone especial énfasis en la comparación de la cantidad de unidades que puede adquirir un trabajador promedio con su sueldo. Entre los casos destacados figura la yerba mate, un producto con fuerte arraigo cultural y protagonismo en el consumo nacional. Según el documento, en septiembre de 2025 el salario habilitaba la compra de 659 paquetes de medio kilo, frente a los 356 que permitía en marzo de 2024. El salto representó un incremento del 85% en la capacidad de compra del trabajador respecto de este producto.

El informe también subraya el desempeño positivo de la leche. Para ese mismo período, el ingreso promedio alcanzaba la adquisición de 982 sachets de un litro, mientras que en marzo de 2024 el salario permitía acceder solo a 583. Se trató de una expansión del 68,5% en el acceso a este insumo esencial de la mesa familiar.

El poder de compra frente al aceite de girasol también mostró una evolución relevante. El salario permitió sumar 93 botellas más, equivalente a un aumento del 39,5% en términos reales. De este modo, los hogares experimentaron una mayor facilidad para cubrir la demanda interna de este bien habitual en la cocina argentina.

En el caso del asado, el documento señaló un avance real del 27%. Se sumaron 28 kilos adicionales respecto del nivel que se calculó en marzo de 2024, lo que modificó la cantidad de reuniones familiares o encuentros donde este producto puede estar presente en relación a años anteriores.

Otro rubro relevante es el huevo, donde el salario promedio amplió en un 33% la posibilidad de compra respecto del dato base. En términos concretos, la cantidad pasó de 293 docenas en marzo de 2024 a 389 docenas en septiembre de 2025, esto es, 96 docenas más.

La evolución positiva también incluyó al pan, que arrojó una mejora del 27% en la cantidad de kilos accesibles: los trabajadores pasaron de 319 kilos a 405 kilos en el periodo considerado.

El informe de Coninagro expone además que, mientras la recuperación del salario real y el menor ajuste de los precios alimentarios favorecieron a los consumidores, algunos productores enfrentaron una situación adversa. El rezago relativo en los valores percibidos por los alimentos sobre los costos de producción complicó la rentabilidad, especialmente en aquellos bienes donde la relación entre costos y precios sufrió un mayor desequilibrio.

Considerando el impacto sectorial, los productos más afectados incluyen arroz, vino y yerba mate, donde el incremento de los costos operativos superó los ajustes en los precios de venta. Este fenómeno afectó no sólo a los productores directos, sino también a otras ramas de las economías regionales que abastecen el mercado interno argentino.

Un ejemplo concreto citado en el informe indica que la papa perdió el 40,5% de su valor real en el último año, mientras que la cebolla se depreció un 29% y el arroz retrocedió 25% en la relación precio-costo. Estos datos revelan la complejidad de la recuperación del mercado interno, que queda sometida no solo al desempeño salarial sino a la estructura de formación de precios a lo largo de toda la cadena.