POLITICA
A la espera de que el Gobierno presente las reformas, la oposición adelanta sus proyectos tributarios en el Congreso para intentar marcarle la cancha

Los bloques de la oposición en ambas cámaras legislativas presentan sus propuestas tributarias en el Congreso a la espera del llamado a sesiones extraordinarias, que serán desde el próximo 10 de diciembre. La convocatoria sería en dos etapas: una hasta el final del 2025, y la otra después del 15 de enero de 2026.
En este período solo se podrán tratar los temas que habilite el Poder Ejecutivo. No solo los proyectos que envíe, sino también los que hayan presentado los legisladores y estén relacionados con los temas habilitados. Es por ello por lo que, desde el Senado y Diputados, varios sectores ya anticipan sus posturas con iniciativas vinculadas con las futuras reformas. Una de ellas, la tributaria.
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Desde el Senado, los integrantes de Convicción Federal —un bloque que se debate si permanece dentro de Unión por la Patria (UxP), o se independiza y construiría mayorías circunstanciales con la oposición o con el oficialismo, según los temas a debatir— presentó una modificación al funcionamiento del ente de recaudación ARCA.
La propuesta actualiza el régimen de financiamiento y funcionamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), “con el fin de modernizar su estructura, mejorar sus capacidades institucionales y asegurar una administración más eficiente y transparente de los recursos públicos”, señalaron los senadores Fernando Salino, Carolina Moisés, Fernando Rejal y Guillermo Andrada.
“Este proyecto busca fortalecer a nuestro organismo recaudador sin empujarlo al mundo de la especulación financiera al que pretende llevarlo la actual conducción económica, de la mano de Luis Caputo (ministro de Economía) en el gobierno (del Presidente) Javier Milei. Apostamos a un Estado eficiente, transparente y con foco en la economía real del país”, argumentaron los senadores peronistas.
La iniciativa establece en su artículo primero que ARCA contará con un fondeo equivalente al 1,90% de la recaudación neta total de los gravámenes y recursos aduaneros a su cargo, garantizando así una base estable de financiamiento para optimizar su tarea de recaudación y control.
Los detalles del proyecto para fortalecer a ARCA
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un mecanismo que impide la acumulación de fondos ociosos. Busca asegurar así que los recursos excedentes sean distribuidos automáticamente entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según los criterios establecidos en la Ley de Coparticipación.
Para los legisladores que resaltan el peronismo federal, “se garantiza que los recursos vuelvan de manera ágil a las jurisdicciones que les corresponden por derecho, evitando retenciones indebidas y fortaleciendo las finanzas provinciales”.
El texto también introduce mejoras en la “Cuenta de Jerarquización” del organismo, fijando por ley un piso del 0,75% y un máximo del 1% de la recaudación neta para incentivar el rendimiento y la eficiencia del personal, mediante criterios objetivos de evaluación y distribución.
Reintegro del IVA: la propuesta de Natalia de la Sota desde Diputados
Desde la Provincia de Córdoba, la reelecta diputada Natalia de la Sota, ahora en su monobloque “Defendamos Córdoba”, presentó un proyecto para la devolución del cobro del IVA, creando a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un régimen de reintegros, para consumidores finales, del 100% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas nacionales, asignaciones universales por hijo para protección social y asignaciones por embarazo para protección social, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos.
La propuesta también incluye a quienes perciban remuneración por servicios prestados en relación de dependencia, en la actividad privada o pública, siempre que el ingreso mensual no supere la suma de seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil y al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
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El monto mensual reintegrado no podrá superar la suma de 200.000 pesos por beneficiario y se actualizará periódicamente, siguiendo los aumentos por movilidad para jubilaciones, pensiones y asignaciones que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Estableciendo que las entidades financieras serán las encargadas de acreditar en la cuenta bancaria, el monto correspondiente al reintegro.
En los fundamentos, la diputada Natalia de la Sota entiende que, “el modelo económico que implementa el gobierno nacional viene impactando severamente en la capacidad de compra de la clase media trabajadora, de los jubilados y de las familias con menores ingresos. Desde que gobierna Javier Milei, los gastos fijos de los hogares, medidos en términos reales, han crecido hasta 148% más que los ingresos de las familias”.
Agregó que la finalidad de la iniciativa es, “con el fin de morigerar los efectos sociales del modelo vigente se propone implementar un sistema de devolución (o reintegros) del 21% a consumidores finales en sus compras minoristas”, señaló.
La Reforma Tributaria que enviará el Poder Ejecutivo al Congreso y que estudia el Consejo de Mayo, se presentará en el período de sesiones ordinarias que el presidente habilitaría a partir del 10 de diciembre próximos.
Reforma Tributaria, Diputados, Senadores
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La Casa Rosada prepara un nuevo viaje de Javier Milei a Europa y ajusta la agenda internacional de febrero

La Casa Rosada prepara un nuevo viaje de Javier Milei a Europa para fines de febrero y ajusta la agenda internacional de marzo. En el entorno presidencial describen la planificación como “en instancia de avance” y remarcan que la definición dependerá de la superposición con otros compromisos ya previstos.
Según fuentes oficiales, en esta etapa quedaron descartados, al menos por el momento, destinos como Italia, Alemania, el Reino Unido y Francia. En Balcarce 50 señalan que esos países siguen en el radar para más adelante, pero que no forma parte del próximo tramo europeo que se evalúa para las últimas semanas de febrero.
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Se da en el marco de las tensiones con el Parlamento Europeo por frenar la ratificación del acuerdo con el Mercosur y derivarlo a la Justicia comunitaria, mientras que el primer mandatario impulsa su sanción en el Congreso. Apunta a que la Argentina sea el primer país en ratificarlo para que se active la cláusula que habilita a activar el texto de forma previsional.
El jefe de Estado tenía programado un viaje a los Estados Unidos para participar el 10 de febrero de un evento en la residencia de Donald Trump en Mar-a-Lago. Sin embargo, este sábado se informó que Milei suspendió dicho traslado para concentrarse en la agenda local. En el Gobierno vinculaban esa escala con la estrategia de profundizar el vínculo político con el entorno republicano y sostienen que el viaje se inscribe en la agenda de alineamiento con Washington.
La agenda internacional continuará entre el 8 y el 10 de marzo con la visita del primer mandatario a Nueva York para participar de la Argentina Week, un evento orientado a la promoción del país ante fondos de inversión, bancos y empresarios. En el oficialismo explican que esa visita apunta a reforzar el frente financiero, con reuniones técnicas y presentaciones ante inversores institucionales.
En el Gobierno sostienen que Milei planea viajar a Chile el 11 de marzo para asistir a la asunción de José Antonio Kast. En Nación remarcan hay interés en profundizar la agenda comercial junto con alianzas en los sectores de Seguridad y Defensa con el nuevo mandatario chileno.
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Antes de retomar la agenda internacional, el jefe de Estado tiene previsto visitar la provincia de Mendoza antes de las elecciones municipales en seis distritos. Forma parte del “Tour de la Gratitud”, que contempla viajar a dos provincias por mes con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
En la Casa Rosada insisten con que el primer mandatario viajará al Reino Unido en el primer trimestre de 2026 junto con Israel, que es una opción para fines de abril. En Nación aclaran que ambas escalas dependen de definiciones diplomáticas y de la evolución del calendario presidencial.
Casa Rosada, Javier Milei, Europa
POLITICA
Inflación, marcha de la CGT y sesión en el Congreso: el Gobierno enfrenta una semana de definiciones clave

El Gobierno de Javier Milei empieza este lunes una semana cargada de definiciones. En pocos días confluirán tres frentes sensibles para la administración libertaria: la difusión del dato de inflación de enero, una movilización de la CGT contra la reforma laboral y el primer debate de peso del año en el Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias.
Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el Índice de Precios al Consumidor del primer mes del año, en medio de la tensión que dejó la renuncia de Marco Lavagna y la decisión oficial de postergar la aplicación de una nueva metodología de medición. Al mismo tiempo, el miércoles, la CGT volverá a la calle frente al Congreso para rechazar el proyecto de modernización laboral.
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Ese mismo día comenzará una de las discusiones legislativas más relevantes del verano político. El oficialismo apuesta a conseguir la media sanción de la reforma laboral en la Cámara Alta y avanzar, en paralelo, con la baja de la edad de imputabilidad en Diputados.
Inflación bajo la lupa y ruido por el Indec
El primer dato fuerte de la semana llegará desde el frente económico. De acuerdo con el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, los analistas estimaron que la inflación de enero se ubicará en torno del 2,4%, con proyecciones privadas que oscilaron entre el 2,4% y el 2,8%. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en Radio Mitre que el IPC de enero “seguramente esté en torno del 2,5%” y sostuvo que la inflación “va a tender a bajar”.
De ser como proyectan el Gobierno y las consultoras privadas, enero se convertiría en el quinto mes consecutivo por encima del 2% y sería una cifra incluso mayor al mismo mes de 2025, cuando alcanzó el 2,2%.
El índice se difundirá con la metodología vigente, luego de que el Gobierno decidiera frenar la actualización de la canasta del IPC tras la salida de Lavagna del organismo estadístico. Según economistas que analizaron ambos esquemas, las diferencias entre el índice actual y el que estaba previsto aplicar eran acotadas: en 2025, la inflación oficial fue de 31,5% y con la nueva metodología hubiera sido de 32,4%, de acuerdo con estimaciones privadas.
La discusión técnica se cruza con un escenario de presión en alimentos. Consultoras privadas detectaron una aceleración en los precios en la primera semana de febrero, con subas fuertes en carnes, verduras, bebidas y panificados. Ese comportamiento introduce ruido en las expectativas de corto plazo y vuelve a poner el foco sobre uno de los rubros más sensibles para el Gobierno en términos políticos y sociales.
La CGT vuelve a la calle sin paro general
En paralelo al frente económico, el Gobierno enfrentará esta semana una nueva demostración de fuerza sindical. La CGT resolvió movilizarse el miércoles frente al Congreso, desde el mediodía, en coincidencia con el inicio del debate de la reforma laboral en el Senado. La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo de la central obrera, en el que no hubo consenso para avanzar con un paro general.
La definición expuso las tensiones internas dentro de la CGT. El sector mayoritario, integrado por los dialoguistas, priorizó una movilización sin medida de fuerza unificada para no romper los canales de diálogo político, según pudo saber TN. Aunque la conducción cegetista doce rechaza “íntegramente” la reforma laboral, el objetivo del ala moderada es lograr introducir cambios al proyecto del oficialismo y frenar los artículos más sensibles para los gremios, en particular los vinculados al financiamiento de las obras sociales.
En cambio, los sindicatos más combativos, en especial los del transporte, presionaron para avanzar con un paro de 12 o incluso 48 horas, una postura que no logró respaldo suficiente para ser aprobada por el Consejo.
En ese contexto de disputa interna, la conducción de la CGT apela a los senadores y gobernadores, a los que les reclama que “cumplan con los compromisos con las provincias y los ciudadanos”.
Tras varios intentos, la dirección de la central obrera no logró volver a reunirse con los mandatarios provinciales dialoguistas y teme que, con el apoyo de esos gobernadores, el Gobierno logre conseguir los votos necesarios para darle media sanción a la reforma laboral. En Balcarce 50 están convencidos de que tienen los números.
El cotitular de la CGT, Cristian Jerónimo, advirtió que, si no son escuchados los reclamos sindicales, “puede escalar la conflictividad”. La amenaza de paro general está latente, aunque con poca fuerza.
En tanto, el bloque de Unión por la Patria presentó un proyecto propio de reforma laboral, que contempla la reducción de la jornada de trabajo, una legislación para los trabajadores de plataformas digitales y simplifica la puesta en marcha de los acuerdos colectivos de trabajo. La iniciativa la elaboró la exministra y actual diputada Kelly Olmos y cuenta con el respaldo de varios sectores sindicales.
Otra de las alternativas que la oposición tiene en carpeta es la judicialización de la ley si se aprueba. El exdiputado Claudio Lozano advirtió que la reforma laboral “es también reforma tributaria”, por lo que debe ingresar por la Cámara de Diputados. “El Senado, al tratar este proyecto, que es una reforma tributaria, viola la Constitución Nacional”, alertó.
El Congreso, la primera prueba del año para el Gobierno
El tercer frente que se activará con fuerza esta semana es el legislativo. El Congreso transita el período de sesiones extraordinarias convocado por el Presidente hasta el 27 de febrero, con una agenda acotada y bajo control del Ejecutivo. La reforma laboral es el eje central del temario y también el proyecto que concentra mayores resistencias políticas.
La Casa Rosada busca aprobar este miércoles la iniciativa en el Senado. La Libertad Avanza cuenta con los votos para abrir la sesión y avanzar en la votación en general, pero las negociaciones se tensan en el tratamiento en particular, especialmente por el capítulo fiscal.

El principal foco de conflicto con los gobernadores está en la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades, que impacta en los recursos coparticipables. Según varias estimaciones, la baja de alícuotas implicaría una merma de $3,1 billones en la recaudación total durante 2026, de los cuales $1,7 billones corresponderían a las provincias.
Según pudo saber TN, el Gobierno evalúa mecanismos de compensación para las provincias a partir de 2027 si la ley se sanciona. Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, anticipó que todos esos puntos se debatirán en el recinto y no antes.
En paralelo al debate en el Senado, la Cámara de Diputados se prepara para una semana de actividad clave. El oficialismo prevé avanzar este jueves con el debate del nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los actuales 16 años a 14, con respaldo del PRO, la UCR y sectores del massismo. Además, el Gobierno buscará sumar el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur al temario de la sesión.
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El proyecto será discutido en un plenario de comisiones y el Gobierno anticipa un debate extenso, con la posibilidad de que la iniciativa no se convierta en ley durante las extraordinarias y continúe su tratamiento en las sesiones ordinarias a partir de marzo. La propuesta original del Ejecutivo planteaba una baja a 13 años, pero en la Casa Rosada admitieron que el consenso político hoy se ordena en torno de los 14.
Desde los bloques dialoguistas surgieron advertencias sobre la falta de infraestructura y recursos para aplicar la reforma, mientras que el peronismo anunció que dará pelea en el recinto para frenar la iniciativa. El tema volvió a ganar centralidad política luego de casos recientes de delitos cometidos por menores, que el oficialismo utiliza como argumento para acelerar el debate.
Javier Milei, Congreso de la Nación, Senado, Diputados, Inflación, reforma laboral, imputabilidad
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Designaron a las autoridades que estarán al frente del Centro Nacional de Ciberseguridad

El Gobierno designó oficialmente a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman al frente del flamante Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), el organismo estatal que tendrá la responsabilidad de proteger los sistemas digitales y la información crítica de todo el país.
Esta decisión, publicada en el Decreto 92/2026, marca la puesta en marcha de un ente clave que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Su principal meta será resguardar los activos digitales estratégicos, desde datos estatales hasta servicios públicos esenciales.
De acuerdo con al estructura del CNC, el organismo tendrá un Director Ejecutivo, con rango de subsecretario, y un Subdirector Ejecutivo, equiparado en jerarquía a director nacional.
Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, Waissbein será quien esté al frente del organismo y Gutesman lo secundará como subdirector. Ambos cuentan con aval del área de Innovación.
Entre las funciones del centro, se incluyen la protección de “infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos del Estado Nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales”.

El proceso formal de designación comenzó después de la creación del CNC en diciembre de 2025, mediante el decreto 941. El área de Innovación propuso dos nombres para estos cargos y, a partir del asesoramiento legal correspondiente, la Casa Rosada procedió a este nombramiento.
Con estas designaciones, el Gobierno busca dar respuestas ante el avance de los delitos electrónicos y los riesgos de ataques a la información oficial. El decreto detalla que el CNC será un “organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete de Ministros”.
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Quién es Ariel Waissbein, el titular del Centro Nacional de Ciberseguridad
El nombramiento de Ariel Waissbein como primer director del Centro Nacional de Ciberseguridad marca un hito en la estrategia frente a los crecientes ataques informáticos. La designación de Waissbein, quien cuenta con un sólido historial académico y profesional en criptografía y ciberseguridad, responde a la urgente necesidad de conceptualizar y fortalecer la defensa de infraestructura crítica.

A principio de año, el Gobierno introdujo una diferenciación entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que funcionará como autoridad nacional en la materia bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete. Por otro lado, la Agencia Federal de Ciberseguridad pasó a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con funciones específicas vinculadas a la obtención de inteligencia en el ciberespacio, bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
Waissbein es doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires y suma una larga experiencia en criptografía, con múltiples patentes registradas en Estados Unidos.
Su carrera se consolidó inicialmente en Core Security Technologies, empresa pionera en seguridad ofensiva y creadora de prácticas como el “red teaming” o “pentest”, conceptos que más tarde se expandirían por el mundo. Su trabajo en CoreLabs, la división de investigación de la compañía fundada en 1996 por Gerardo Richarte, Emiliano Kargieman e Iván Arce, integró los avances más innovadores en la detección de vulnerabilidades y el desarrollo de herramientas para la industria. La influencia global de Core fue tal, que figuras internacionales viajaban a Argentina para aprender e intentar replicar su modelo.
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