El fiscal federal de Chaco Patricio Sabadini quedó bajo la lupa de la Justicia y del otro lado del mostrador. Un contador, detenido y a la espera de juicio oral acusado de haber liderado una megausina de facturas truchas, lo denunció por presunto encubrimiento agravado y omisión de deberes, al sostener que Sabadini habría ocultado pruebas que vinculaban a dos familiares directos suyos con la operatoria bajo sospecha y con maniobras de presunto lavado de activos y evasión tributaria.

El acusador es Walter Antonio Pasko, procesado como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal que facilitó la evasión de cientos de millones de pesos en operaciones que podrían rozar a la gestión del entonces gobernador Jorge Capitanich. Pasko lanzó la grave acusación mientras prestaba declaración indagatoria, en un intento por lograr el apartamiento del fiscal Sabadini de la investigación y, de ser posible, también la nulidad de todas las actuaciones que lo tienen contra las cuerdas.

Sabadini, que consultado por negó todas las acusaciones, ganó notoriedad durante los últimos años por impulsar investigaciones sensibles. Entre otras, contra el presunto testaferro de los Kirchner, Lázaro Báez, contra Emerenciano Sena y Marcela Acuña, y contra exfuncionarios provinciales y empresarios vinculados al poder político local. Entre ellas, la investigación por presunto lavado que involucró a allegados de Capitanich.

La acusación de Pasko provocó la apertura de una causa penal contra Sabadini por los presuntos delitos de encubrimiento agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. La causa, no obstante, no avanza debido a una intrincada secuencia de movimientos procesales: el fiscal recusó al juez que quedó a cargo, Ricardo Mianovich; un fiscal federal de la misma jurisdicción, Luis Benítez, se excusó por considerar que podía ser parcial, y una tercera fiscal, Elena Vázquez, replicó que Benítez debe intervenir igual y envió todo a la Procuración General de la Nación para que dirima el conflicto de competencia.

Pasko concentró su denuncia contra Sabadini en Inversiones Fratina SRL, una sociedad constituida en marzo de 2015. Se formó con un capital inicial de $850.000, dividido en 850 cuotas, y tuvo como socios fundadores a Adriana Paola Sabadini —hermana del fiscal y abogada de profesión— y Bastien Patrick Aubert, según la copia de la escritura de constitución y los balances societarios que cotejó .

El capital social se integró con el aporte de un bien inmueble: un lote en la Villa Centenario de Resistencia, Chaco, cuyo valor en el inventario societario de octubre de 2015 se fijó en $850.000 –entre US$66.000 y US$98.000, según el tipo de cambio paralelo u oficial entonces vigente–. Además, la madre del fiscal, María Laura Graciela Cisterna, figuró desde el inicio como directora gerente de la SRL.

Ambos familiares del fiscal completaron varias transacciones inmobiliarias y financieras con esa sociedad hasta julio de 2021. En esa fecha, la hermana de Sabadini y su entonces pareja firmaron la transferencia de las 850 cuotas sociales de Inversiones Fratina SRL a favor de Walter Antonio Pasko y su esposa, Diana Yael Daniel. El precio total de la cesión de cuotas fue, también, de $850.000.

La investigación sobre la megausina de facturas truchas que involucra a Pasko comenzó, en tanto, en 2022. Y la jueza del caso, Zunilda Niremperger, ordenó en diciembre de 2023 el allanamiento del estudio contable de Pasko a pedido de la Fiscalía. Allí secuestró cajas completas de documentación, incluyendo los libros de Inversiones Fratina SRL.

Días después, la Fiscalía a cargo de Sabadini remitió oficios al Colegio de Escribanos, y el 4 de enero de 2024, la escribana Mariana Ambrogi informó a la Justicia sobre la cesión de cuotas de Inversiones Fratina SRL, con la participación de la hermana y la madre del fiscal.

El 12 de marzo de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, exAFIP) también aportó información clave, identificando la documentación vinculada a esa misma sociedad. Para la abogada de Pasko, Mariela Torres, esta documentación presenta “claros indicios de lavado de activos” durante el “período investigado por el fiscal” sobre el patrimonio del contador. En su denuncia formal, la defensora de Pasko afirmó que “el fiscal decidió encubrir” lo ocurrido dentro de Inversiones Fratina SRL. Entre las irregularidades señaladas figuran la venta de un inmueble por US$130.000 que en los balances societarios figuraba por $850.000, además de “operaciones en efectivo” por US$105.124, presunta evasión tributaria y la configuración de una “sociedad cáscara”.

Tanto ante la prensa como en los tribunales, el fiscal Sabadini rechazó las acusaciones. Sostuvo que no tiene vínculo con su hermana, que el nombre de la empresa no apareció en las actas de allanamiento –medida que él había solicitado- y que solo supo de la existencia de Inversiones Fratina SRL y de la cesión de derechos a Pasko cuando ARCA lo informó en el expediente.

Sabadini sostuvo que en julio pasado se limitó a elevar a juicio oral el tramo que de la pesquisa contra Pasko ya estaba concluido. Afirmó que el informe de ARCA se subió al sistema de inmediato, que se apartó de investigar a Inversiones Fratina SRL en cuanto tomó conocimiento del vínculo familiar -tramo que se convirtió en una investigación independiente que debe ser investigado por otra fiscalía- y decidió seguir con el resto de la investigación sobre la megausina de facturas truchas.

“El señor Pasko plantea que oculté prueba que en realidad está cargada al expediente, lo que se puede cotejar por internet”, indicó Sabadini ante la consulta de . “Además, fui yo quien dio intervención a la exAFIP para que analice toda la documentación, y así fue como me enteré de la presencia de esa sociedad en las cajas que secuestramos durante el allanamiento, y de que allí aparecía mi hermana, con la que estoy peleado hace años”.

En la causa que se abrió tras la denuncia de Pasko en su contra, Sabadini planteó la recusación del juez Mianovich por animadversión o enemistad manifiesta. Su pedido fue rechazado en primera instancia y por la Cámara Federal de Resistencia, que concluyó que la recusación no está acreditada con pruebas objetivas suficientes. Tras ese revés, el fiscal busca llegar ahora a la Casación Federal.