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Movimientos sociales y sindicales marcharán a la Secretaría de Trabajo por un “salario mínimo digno”

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La escalada de protestas y movilizaciones que se extenderá hasta fin de año por parte de organizaciones sociales, gremiales y piqueteras continuará este miércoles 26 de noviembre. Ese día, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, Territorios en Lucha y el Frente Barrial, entre otros movimientos opositores al gobierno de Javier Milei, convocaron a una marcha frente a la Secretaría de Trabajo de la Nación. La principal demanda es que el Salario Mínimo Vital y Móvil alcance el valor de la Canasta Básica Total (CBT), para garantizar que “los trabajadores populares puedan vivir con dignidad”.

La protesta es concomitante a la reunión convocada por el Gobierno para actualizar el Salario Mínimo, Vital y Móvil, según la Resolución 6/2025 publicada en el Boletín Oficial. El cónclave abordará la determinación del nuevo monto, así como los valores de la prestación por desempleo.

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Actualmente, el salario mínimo es de 322.200 pesos mensuales, monto que permanece congelado desde agosto. Para los trabajadores jornalizados, el valor mínimo es de 1610 pesos por hora.

En diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, el salario era de 156.000 pesos. Desde entonces, se actualizó en 107 por ciento, mientras que la inflación en igual período fue superior al 170 por ciento, Una pérdida de poder adquisitivo del 25 por ciento.

La convocatoria oficial se desarrollará en un contexto de deterioro sostenido del poder adquisitivo y de reclamos de los sectores sindicales y sociales, como la UTEP, para recomponer los ingresos.

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La comisión deberá evaluar los distintos planteos y definir un nuevo monto que actualice el salario mínimo, vital y móvil, junto con los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo.

Julio Cordero, secretario de Trabajo

A este reclamo las organizaciones populares suman otros pedidos: un bono de fin de año, actualización de programas sociales, y reconocimiento real del trabajo socio-comunitario.

El salario

“Nuestro trabajo vale”, es una de las consignas fuerza de la protesta del miércoles, prevista para las 11 de la mañana en Leandro N Alem 650 se inscribe en una escalada creciente de movilizaciones: la UTEP —que agrupa a feriantes, cooperativistas, quienes trabajan en comedores, merenderos y espacios de cuidado— junto a organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Barrios de Pie, exige un salario mínimo que no solo sea legal, sino suficiente para sostener una familia.

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La marcha del miércoles es una prolongación de la concentración del 19 N y las que se anticipan para diciembre

Los líderes sociales y gremiales que organizan las protesta exigen que el SMVyM iguale la canasta básica total para una familia. Esa demanda se basa en datos recientes del INDEC, que estiman la CBT por encima de $1.200.000, lo que evidencia una brecha enorme con el salario mínimo vigente.

Las dos CTA ya advirtieron que el salario básico “no cubre las necesidades de las familias” y exigieron definir una canasta básica “objetiva” que sirva como parámetro. El pedido fue dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, mediante una carta documento firmada por Hugo Yasky (CTA-T) y Hugo “Cachorro” Godoy (CTA-A).

En la presentación, las centrales de trabajadores recordaron que la convocatoria al Consejo es una obligación legal del Poder Ejecutivo y que debe realizarse de manera periódica para garantizar actualizaciones acordes a la evolución de los precios.

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Esteban “Gringo” Castro, ex secretario general de la UTEP y referente de Frente Patriótico por la Justicia Social, le expresó a Infobae: “Está muy bien, es correcto, el planteo del salario mínimo de la CTA y por supuesto que acompañamos ese reclamo, pero no deben olvidar los compañeros de las centrales sindicales a los excluidos de la economía popular que pelean por el aumento del salario social complementario, que debería el gobierno de Milei ponerlo a la mitad de ese salario mínimo y no la miseria de 78 mil pesos cono está desde que asumió la presidencia”.

A través de la marcha del miércoles los organizadores también le solicitan a La Libertad Avanza actualizar la Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares. También el rechazo al artículo 73 del Presupuesto 2026, que prevé derogar partes de la Ley 27.160, la normativa sancionada en 2015 que establece la movilidad automática de la AUH y otras asignaciones.

También reclaman que programas como Volver al Trabajo y Acompañamiento Social (ex Potenciar Trabajo) “se reactiven, que se actualicen, y que se otorgue un bono de fin de año”. Denuncian que estos programas están “congelados” y que no acompañan la inflación acumulada.

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Johana Duarte, secretaria gremial de la UTEP opinó ante una consulta de Infobae: “Hay un deterioro extremo del tejido social, en los territorios la crisis avanza a paso agigantados al igual que el narco tráfico, consecuencias de las políticas de Javier Milei”.

También interpretó: “Nuestro sector trabajador es el más golpeado, porque lo que alguna vez fue el Salario Social Complementario está totalmente pulverizado desde que asumió este gobierno”.

La dirigente social también adelantó: “Nuestra agenda de lucha de cara a fin de año, será un diciembre con mucho conflicto en todo el país ya estamos desarrollando asambleas para construir una gran movilización porque la situación es insostenible”.

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Movimientos sociales, organizaciones de jubilados, sindicales y piqueteros se unieron para motorizar marchas durante diciembre  (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP)

En paralelo, la CTA Autónoma presentará dos documentos técnicos como contrapropuesta a la reforma laboral impulsada por el Gobierno: plantea fortalecer la protección social, ampliar derechos y mejorar la distribución del ingreso. La movilización del miércoles será un espacio clave para poner en la escena pública estas demandas combinadas.

Como adelantó este medio, la Casa Rosada anticipa un “fin de año conflictivo” ya que para la UTEP y aliados, esta jornada es apenas la continuidad de la movilización del pasado 19 de noviembre frente al Congreso que demostró mostró que la conflictividad social ya escaló con la fusión de organizaciones de jubilados, piqueteros de izquierda, trabajadoras populares, sectores sindicales distanciados de la CGT y la UTEP que se unieron para mostrar un frente amplio “contra el ajuste y la precariedad del gobierno de Javier Milei”, tal como difundieron en un comunicado conjunto a través del cual se advertía sobre “una ofensiva de movilización” que se extenderá en todo el mes de diciembre, con asambleas en todo el país.

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Cuadernos | Yerba, trajes y ropa de natación: las explicaciones de dos exfuncionarios kirchneristas para negar que los bolsos transportaran coimas

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Los exfuncionarios Oscar Thomas y Walter Fagyas ampliaron hoy la corta lista de imputados que declararon y también contestaron preguntas de las partes en el juicio oral por los Cuadernos de las coimas, que se desarrolla en los tribunales federales de Comodoro Py.

Ambos, acusados de cohecho, rechazaron los cargos y ofrecieron sus versiones sobre los bolsos y paquetes que, según el chofer Oscar Centeno, trasladaban durante sus viajes en auto con Roberto Baratta o Nelson Lazarte, señalados como recaudadores en la maniobra de pago de sobornos.

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Thomas y Fagyas dijeron que llevaban yerba de la provincia de Misiones, trajes, ropa de natación o papeles de trabajo, y negaron haber trasladado dinero o haber formado parte de un circuito de recaudación ilegal.

Según la fiscalía, Thomas integraba el “primer círculo” de recaudación. Entre bolsos, cajas y paquetes recibidos o entregados, habría intervenido en el circuito al menos en 17 oportunidades, en contacto con Baratta o Lazarte. Algunas de esas entregas se habrían realizado en Juncal 1740, el departamento que alquilaba en Recoleta.

“Niego las 17 veces que se me nombró en los Cuadernos. Rotundamente. No recibí dinero de nadie, no di dinero a nadie, no fui apretado por nadie”, afirmó Thomas, que fue director de la Entidad Binacional Yacyretá entre 2003 y 2015, que es todo el periodo bajo estudio.

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Antes de que comenzara el juicio, Thomas había sostenido como parte de su defensa que el organismo publicaba libros sobre la historia de Yacyretá, los cuales solían entregarse en bolsas a visitantes o enviarse a distintos organismos. No volvió sobre ese argumento hoy en su indagatoria, pero ofreció uno similar.

“Yo siempre le traía yerba a todo el personal de él, que siempre me atendía bien. Entonces yo traía yerba de Misiones o mi secretaria se la mandaba con mi chofer. A veces le llevaba la bolsa o él pasó alguna vez por mi casa a retirar eso”, explicó Thomas, que se alejaba del micrófono mientras hablaba. “Le pido que acerque la voz al micrófono”, le indicó el juez Enrique Méndez Signori.

La querella de la UIF, representada por Mariano Galpern, le preguntó a Thomas por Lazarte, otro presunto recaudador en la maniobra: “¿A él también le llevaba yerba?”, consultó Galpern. “No”, respondió el exfuncionario. “No tenía trato con él”. Thomas hizo una defensa técnica de su gestión, al igual que Fagyas, que declaró a continuación.

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Fagyas, que trabajó como asesor de energía bajo las órdenes directas de Roberto Baratta entre 2004 y 2013, sostuvo que el bolso mencionado en los cuadernos por Centeno no era más que un porta-traje y que en su mochila nunca llevó dinero, sino papeles de trabajo y su ropa de natación.

“Me cuesta mucho imaginarme cómo podía imaginar eso”, dijo, en referencia a los registros de Centeno.

Fagyas llevó al juicio un porta-traje

También declararon el exfuncionario Camilo Gómez, que negó los tres hechos que se le atribuyen, pero no respondió preguntas; Ezequiel García Ramón, exfuncionario de Energía; y Germán Nivello, vinculado a José López -el hombre de los bolsos en el convento-, entre otros.

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La Policía de Seguridad Aeroportuaria busca los contratos de Marcelo Grandio en la TV Pública tras la polémica por los viajes de Manuel Adorni

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Durante la tarde del jueves, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llegó a los estudios de la TV Pública para llevarse los contratos que el periodista Marcelo Grandio tiene con la señal. Lo que busca determinar la Justicia es si hay alguna irregularidad en la contratación o presunta dádiva, considerando que Grandio fue quien pagó los vuelos de Manuel Adorni a Punta del Este.

Más temprano declaró ante Ariel Lijo, el juez que lleva la causa, el piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este.

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Se trata de Agustín Issin, de 46 años con amplia experiencia en aviación comercial y privada, que dio detalles en la causa, en una presentación que comenzó a las 11.30 en los tribunales federales de Comodoro Py.

Todo el proceso duró casi cuatro horas y, según trascendió, aseguró que todo el viaje fue pagado por Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del jefe de Gabinete. Es por eso que ahora, las miradas se posaron en él y en su vínculo con Adorni que tiene bajo su órbita a la TV Pública.

Noticia que está siendo actualizada

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Manuel Adorni

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POLITICA

Dólar blue: allanaron a un empresario cercano a Rodrigo De Paul y se amplía el alcance de la maniobra

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Alejandro Omar Calian es conocido en el mundo del fútbol por su llegada directa a un grupo reducido de la Selección argentina. “El Turco” es un empresario difícil de encasillar, que prefiere vivir en las sombras. Su nombre salió a la luz en diciembre del año pasado, cuando acompañó a su amigo Rodrigo De Paul, a Lionel Messi y a otros jugadores en un viaje de promoción por la India. Esta vez, su protagonismo es más incómodo. Calián fue allanado el viernes pasado en una causa que investiga la supuesta connivencia de exfuncionarios del Banco Central con financistas como Elías Piccirillo o Francisco Hauque para la compra del dólar oficial en tiempos de cepo cambiario.

El amigo de De Paul, así lo conocen todos en el mundo del fútbol, integra una lista de casi veinte personas y empresas allanadas por el juez Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Franco Picardi, pudo saber de fuentes con acceso a la causa. Calián no estaba en su domicilio cuando llegó la Policía Federal. Algo similar ocurrió con otra de las personas apuntadas, Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”.

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La causa investiga la relación entre funcionarios del Banco Central y un grupo de financistas entre los que estaban Piccirillo, Hauque, Martín Migueles y Ariel Vallejo (el dueño de Sur Finanzas). Ese vínculo quedó expuesto en una serie de audios grabados por Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio. En una de esas grabaciones, una funcionaria del BCRA, Romina García, aseguraba que había“gente de arriba entongada”. Se refería a las autoridades del Central durante la gestión de Miguel Ángel Pesce.

El fiscal Picardi, que tiene delega la investigación, tiene en la mira a cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras, encargados de controlar a las casas de cambio. Todos fueron allanados el 30 de diciembre en sus domicilios. Les secuestraron teléfonos y computadoras que ahora están siendo analizadas.

Banco Central de la República Argentina, fachada empleadosSoledad Aznarez

Calian tenía llegada a Piccirillo, aunque la relación terminó muy mal. “Se encargaban de inyectar blanco en las empresas que luego se utilizaban en la maniobra del rulo”, explicó una fuente que conoce la maniobra. Apenas se enteró del allanamiento en su domicilio, el empresario le pidió a un abogado que se presente en Tribunales. No pudo acceder al expediente porque está bajo secreto de sumario.

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El denominado rulo hace referencia a la adquisición de dólares oficiales y su comercialización en el mercado paralelo. Es decir, comprar barato y vender caro. El esquema está compuesto por tres elementos clave: dólares físicos, casas o agencias de cambio, y compradores o personas que demandaran las divisas.

Alejandro calian y Rodrigo de PaulInstagram

El empresario arrastra una condena por contrabando de motos de alta gama. En 2020, el Tribunal Penal Económico 1 lo condenó a tres años de prisión en suspenso por ingresar al país de manera ilegal un total de 51 motos. Otra de las personas condenadas, José Luis Quijano, era defendido por Luis Charro, actual abogado del presidente de la AFA.

Por ese causa, Calian estuvo detenido varios meses.

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En diciembre del año pasado, Calian compartió un viaje a la India junto a De Paul, Messi y Luis Suárez. La gira de promoción arrancó con un escándalo en el estadio Salt Lake de Calcuta: los espectadores, muchos de los cuales habían pagado más de 100 dólares, lanzaron butacas al campo de juego y el jefe del espectáculo terminó detenido.

Después de ese viaje, Calian repartió su tiempo entre Buenos Aires y Miami, donde pasa varios meses del año. En cada una de sus gestiones, invoca el nombre de su amigo De Paul.

Lionel Messi camina por el Salt Lake Stadium de Calcuta; a su lado, Rodrigo De PaulDIBYANGSHU SARKAR – AFP

En los allanamientos del viernes pasado, los investigadores buscaban documentación sobre una veintena de empresas entre las que se destacan Arg Exchange, Xinergia, Gallo Cambios, MegaLatina, Fenus, y Goat SA, entre otras.

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Detrás de Arg Exchange aparecen varios financistas. Piccirillo apareció en 2022, con un 90 por ciento de las acciones. El accionista minoritario en ese momento era Matías Bocca, un nombre que se repite en otras agencias. Y como presidente ya estaba Migueles. La sociedad se activó en 2023. Entre enero y diciembre de ese año, compró más de 250 millones de dólares a distintas entidades y vendió una cantidad similar. La cifra exacta, entre el 26 de enero y 19 de diciembre, fue de US$251.933.029. Eso significa un ritmo de compra diario de 768.000 dólares.

Fenus, muy conocida en la zona sur del Gran Buenos Aires, pertenecía a Ariel Vallejo, el financista cercano a Claudio “Chiqui” Tapia. Esa casa de cambio pasó de operar $425 millones en el segundo semestre de 2022 a $8400 millones en el primer semestre de 2023.

Ariel Vallejo y Claudio Chiqui Tapia

El expediente acumuló en los últimos meses decenas de informes del Banco Central y otras pruebas como entrecruzamiento de teléfonos, según pudo saber .

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Entre las personas investigadas se destaca la contadora Valeria Fabiana Fernández, homónima de una funcionaria del Banco Central allanada en diciembre. Su nombre ya había aparecido en la causa que investigan la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. “Fernández habría suscripto los estados contables de al menos diez casas de cambio individualizadas por la UIF, incluyendo a Mega Latina SA y Stema Cambios SA”, se puede leer en ese expediente.

Esa causa se abrió por una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF), a partir de reportes del BCRA. Se investiga la compra de unos 1500 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, cuando Sergio Massa todavía era ministro de Economía.


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