La conducción de ATE rechazó la iniciativa del gobierno y advirtió que se viene «un diciembre muy caliente». Fuerte reclamo por la actualización salarial.

29/11/2025 – 13:00hs

El consejo federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso una huelga nacional con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Paralelamente, el sindicato se refirió a la falta de una propuesta salarial en el marco de la paritaria del sector, por lo que el secretario General, Rodolfo Aguiar, advirtió que «tendremos un diciembre muy caliente y remarcó que «si el gobierno no otorga una mejora, estaremos frente a un ajuste sin precedentes para un periodo de 12 meses».

«El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta. Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint», remarcó.

Advierten sobre medidas de fuerza en diciembre

En un Confederal donde participaron los representantes de las 191 seccionales, se le otorgó mandato a la conducción nacional para decidir tanto el paro y la marcha contra el proyecto de reforma laboral como para la aplicación de protestas sorpresivas durante diciembre.

Sin mencionarla, pero apuntando a la gestión de la nueva Confederación General del Trabajo (CGT), Aguiar subrayó: «esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle».

Explicó que «no nos oponemos al debate, en tanto y en cuanto se escuche la voz de los trabajadores e, inclusive, la de los empresarios Pymes, porque el tema de fondo no es la reforma laboral, sino el modelo que expulsa trabajadores como en los casos de Whirlpool, Essen o Ilva Porcelanato, solo por citar algunas empresas de primera línea que cierra y despiden personal».

Sin oferta salarial: «Deterioro del poder adquisitivo»

Por otra parte, ATE fue convocada a la paritaria del personal estatal. Al respecto, Aguiar sostuvo que «convocaron a una negociación virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar».

El sindicato detalló que el recorte salarial se profundizó durante este año: Mientras la suba salarial de enero a octubre fue del 13,6 por ciento, la inflación alcanzó el 24,8 por ciento. «Concurrir a una paritaria sin ofrecimiento es apostar al conflicto. Debe existir un aumento ya», afirmó Aguiar. Asimismo, se informó que la paritaria de la Administración Pública Nacional pasó a un cuarto intermedio.

ATE denunció además la avanzada del gobierno en materia de persecución sindical, con detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales como la recientemente efectuada por Patricia Bullrich contra Aguiar.

Según un relevamiento del gremio, «el nivel de deterioro salarial en el sector público es inédito. Por primera vez, el ingreso promedio cayó por debajo de la línea de pobreza. En la mayoría de los casos, los trabajadores están endeudados con el sistema financiero formal en más de un sueldo y medio. El pluriempleo llegó para quedarse en un Estado que a partir de los ingresos miserables está perdiendo trabajadores altamente calificados».

Los argentinos compraron en octubre dólares por USD 4.669 millones, acumulando así casi USD 20.000 millones netos desde la apertura parcial del cepo cambiario. Y si se suman las compras de billetes por parte de las empresas, el monto total neto escala a más de USD 29.000 millones en lo que va de 2025.

Otro aspecto son los pagos de importaciones por sector a través del mercado cambiario, que sumó USD 6.067 millones, 9% por sobre octubre de 2024, y algo menor a las importaciones FOB que sumaron USD 6.755 millones (la diferencia se explica porque los importadores pueden también pagar vía mercados de cambio alternativos y con Bopreales).

El informe precisa que siete de los ocho sectores de actividad tuvieron aumentos interanuales en sus pagos de importaciones, con la sola excepción del sector “Oleaginosos y Cerealeros”.

El sector que por lejos demandó más dólares para pagar importaciones fue el automotor, con USD 1.479 millones, 2% más que en octubre del año pasado y casi el doble que el segundo sector que más divisas demandó: industria química, cauchos y plásticos, con USD 868 millones, un 6% más en la comparación interanual. El sector que porcentualmente más aumentó su pedido de divisas para cubrir importaciones fue el de “Comercio”, un 28%, a USD 672 millones, en tanto que -como ya se dijo- el de Oleaginosas y Cereales lo redujo un 22%, a USD 383 millones.

En tanto la cuenta “Servicios” registró un déficit de USD 1008 millones. El Banco Central estimó que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) fueron de USD 831 millones, explicados por gastos por tarjetas de USD 592 millones, otros USD 131 millones asociados a servicios de transporte y USD 108 millones a giros al exterior de operadores turísticos. Por su parte, los argentinos pagaron USD 169 millones en servicios digitales por medio de tarjetas. Y la entidad monetaria estimó que 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera.

En una entrevista radial este sábado Martín Redrado, expresidente del BCRA, vinculó el déficit cambiario a la incertidumbre del período preelectoral que -afirmó- “marcó el mayor grado de dolarización de los argentinos en un período preelectoral”. Al respecto, señaló que entre septiembre y octubre el 40% de los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista que tenían los argentinos se pasó de pesos y dólares. Ese proceso, aseguró, “sin duda se va a revertir a partir de noviembre, pero la clave es lograr previsibilidad en materia cambiaria y de política monetaria, en que ha habido muchos vaivenes”.

Sobre la decisión del gobierno de que el Banco Central no compre reservas a menos que haya un aumento de la “demanda de pesos”, Redrado señaló la importancia de acumular reservas al menos con el superávit fiscal del Tesoro. “Hoy el BCRA tiene reservas netas negativas por USD 16.000 millones”.

La Argentina, resaltó, tiene reservas brutas equivalentes a apenas 6,5% del PBI contra un promedio del 14% de los países de América Latina y de 30% en el caso del Perú, modelo que algunos economistas ponderan por su estabilidad en el marco de un sistema “bimonetario”.

Entrevistado en radio Mitre, Redrado explicó que comprar reservas “es inflacionario si no hay demanda de pesos” y que la situación se puede revertir “si se da un horizonte de tranquilidad a los sectores productivos”.

“Hoy el dólar está cerca del techo de la banda. Tenemos el apoyo del Tesoro de EEUU pero la intervención del Tesoro de EEUU se dio en período de tensión y no va a continuar hacia adelante”, afirmó, y dijo que su aseveración era “en parte análisis y en parte información”.

“No veo al Tesoro de EEUU interviniendo nuevamente”, insistió.

Sobre el panorama inmediato en materia de demanda de divisas el extitular del Central distinguió dos períodos. Uno inicial, de aumento de la demanda de pesos por parte de las empresas para el pago de sueldos y aguinaldo. “Pero desde el 15 de enero el proceso eso se revierte -alertó- la gente sale al exterior y eso coincide con el pago a acreedores privados de USD 4.500 millones. Hay que clarificar cómo se va a pagar y cuánto el BCRA va a comprar de reservas, qué política monetaria va a tener”, concluyó.

El Ministerio de Economía abrió un procedimiento de consulta pública para revisar la estructura de subsidios a la luz, el gas y las garrafas, así como los precios mayoristas que se trasladan a las tarifas de los usuarios residenciales. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 484/2025 y constituye un paso clave en la transición hacia un esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a regir el 1° de enero de 2026 en todo el país.

Según el Gobierno, el objetivo es otorgar la asistencia «solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan«, en línea con la estrategia de focalización del gasto público y la continuidad del ajuste fiscal previsto para el año próximo. La redefinición de la política tarifaria implicará, para un amplio sector de usuarios, un aumento en las boletas de luz y gas a partir del Año Nuevo.

Un proceso obligatorio de participación ciudadana

La consulta pública se apoya en principios constitucionales y en leyes como la 19.549, 27.275 y 27.742, que garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y a participar en decisiones que afectan servicios regulados. Además, la Corte Suprema, en el fallo CEPIS, estableció que modificaciones sustanciales en las tarifas deben pasar por instancias de deliberación.

En consecuencia, los cambios sobre los subsidios y sobre los valores del gas natural, el gas propano indiluido y el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) serán sometidos a consulta pública online en los próximos días, antes de la implementación definitiva.

Quiénes perderán y quiénes mantendrán los subsidios

El nuevo esquema modificará de manera directa la situación de millones de hogares. De acuerdo con estimaciones oficiales, 7.500.000 familias dejarán de recibir subsidios desde enero de 2026, lo que representa alrededor del 45% de la población. Los restantes 9.100.000 hogares continuarán recibiendo asistencia, aunque con cambios en los bloques de consumo subsidiables.

El Gobierno espera que esta reconfiguración permita reducir el gasto en subsidios energéticos del equivalente al 0,65% del PBI en 2025 al 0,5% en 2026, lo que significaría un ahorro cercano a 1.000 millones de dólares.

Uno de los cambios más relevantes es el desmonte del sistema de segmentación de tarifas vigente desde fines de 2022. Desaparecerán las tres categorías actuales según nivel de ingresos (N1, N2 y N3), y se pasará a un esquema binario compuesto por hogares sin subsidios y hogares con subsidios.

Hogares sin subsidios

Quedarán excluidos quienes cumplan alguna de estas condiciones:

• Ingresos familiares superiores a tres canastas básicas totales (aproximadamente $3.641.397 mensuales).

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• Poseer tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años.

• Tener tres o más inmuebles.

• Contar con una embarcación o aeronave de lujo.

Hogares con subsidios

Serán el resto de los usuarios que no cumplan simultáneamente los criterios de exclusión. En el caso de la electricidad, esto equivale a aproximadamente 9,1 millones de hogares que conservarán asistencia estatal.

Hasta ahora, estos grupos pagaban un porcentaje distinto del costo real de la energía:

• Los de ingresos altos abonaban el 89% del costo de la luz y el 76% del gas.

• Los de ingresos medios, el 44% y el 25% respectivamente.

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• Los de ingresos bajos, el 30% y el 20%.

Con el nuevo esquema, esa diferenciación será reemplazada por la divisoria entre hogares con y sin subsidios, eliminando las categorías intermedias.

Luz: nuevos bloques de consumo subsidiados

La segunda innovación importante es el cambio en la cantidad de energía subsidiable:

Los hogares que mantengan asistencia pagarán esos bloques al 50% del costo real, aunque habrá una bonificación adicional del 25% en enero de 2026, que se irá reduciendo durante el año hasta quedar eliminada en diciembre. En la práctica, los usuarios comenzarán el año pagando esos bloques con un 75% de descuento, que descenderá gradualmente.

El costo promedio del sistema eléctrico es actualmente de 75 dólares por megavatio-hora, monto que abonarán íntegramente los hogares sin subsidios.

Gas: precios mayoristas unificados todo el año

En el gas natural, el Gobierno aplicará un precio mayorista uniforme de 3,80 dólares por millón de BTU durante todo el año. Hoy el precio trasladado a tarifa es de US$ 2,90 en verano y US$ 4,50 en invierno. La unificación implicará un aumento en los meses de mayor temperatura, aunque con menor impacto debido a la baja estacional en el consumo.

Para los usuarios con subsidios, el Estado cubrirá el 50% del costo entre abril y septiembre, manteniendo un alivio en los meses de mayor demanda.

No será necesario reinscribirse: cómo quedarían las facturas en 2026

Las familias no deberán volver a registrarse en ningún padrón. La Secretaría de Energía utilizará las bases de datos existentes, aunque recordó que los usuarios podrán actualizar su información si lo consideran necesario.

El Gobierno difundió estimaciones preliminares sobre el impacto en las tarifas:

• En electricidad, el 66% de los hogares pagará menos de $44.000 mensuales en verano, y el 81%, menos de $67.000.

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• En gas, durante el invierno, el 56% abonará menos de $14.000, mientras que el 75% pagará menos de $56.000.

Con la combinación de consulta pública, fin de la segmentación tradicional y nuevos bloques subsidiables, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo en el que los subsidios estén más calibrados con la capacidad económica de cada hogar. Al mismo tiempo, procura reducir el peso fiscal de la asistencia energética, una de las variables centrales del programa económico.

La resolución y la consulta pública marcan, así, el inicio de una reestructuración integral de los subsidios que definirá el mapa tarifario de 2026.