ECONOMIA
Súper miércoles: qué está en juego en la billonaria subasta de deuda de mañana y por qué es clave para el plan del Gobierno
La jornada de mañana presenta una licitación de deuda por varios billones de pesos que concentra la atención de inversores, bancos y analistas. El volumen de vencimientos en juego y los movimientos recientes del Banco Central (BCRA) establecen un escenario de múltiples aristas, donde cada decisión puede impactar sobre la política monetaria, el mercado de crédito y el equilibrio cambiario.
En esta ocasión, el desafío consiste en administrar una operación por un monto cercano a $14,6 billones, con compromisos especialmente concentrados en instrumentos de corto y mediano plazo. La expectativa de éxito domina el clima en la plaza financiera, pero el contexto demanda un manejo cuidadoso de las herramientas disponibles.
El Tesoro nacional debe sortear una situación que combina exigencia y restricciones. Por un lado, la liquidez disponible en las cuentas oficiales cayó en las últimas semanas y ronda los $4,4 billones, mientras los vencimientos a renovar cuadruplican esa cifra: dicho de otro modo, si el refinanciamiento fuera nulo -algo para nada probable- el fisco no tendría los pesos para pagar los vencimientos. El menú de instrumentos busca captar la mayor cantidad posible de fondos de mercado, con alternativas que abarcan títulos ajustados por inflación (CER), tasa fija, dólar linked y la tasa variable vinculada a la TAMAR.
La cuestión central reside en renovar la mayor proporción posible de compromisos sin sacrificar el objetivo de apuntalar la actividad a través de mayor liquidez. Hasta las jornadas recientes, el BCRA adoptó una postura de alivio monetario que incluyó una reducción en la tasa de interés de las operaciones de simultáneas, que pasó del 22% anual nominal al 20%, y una disminución en la exigencia de encajes para bancos. A partir del 1° de diciembre, la exigencia adicional de 3,5 puntos porcentuales para depósitos a la vista dejará de existir y los bancos podrán integrar parte de sus encajes con títulos públicos. Esta combinación, según estimaciones de los agentes del mercado, liberará cerca de 2 billones de pesos que tenderán a satisfacer el incremento estacional de la demanda de dinero característico de diciembre, asociado al pago de aguinaldos y el alza en el consumo.
El ajuste de los encajes, junto con la menor presión sobre las tasas cortas, actuó como catalizador para una mayor demanda de títulos públicos. En la última semana, los bonos vinculados al dólar subieron 2,1% y los bonos CER avanzaron 0,7%, mientras los instrumentos a tasa fija se movieron de manera más moderada. La curva de rendimientos en pesos refleja un mercado que busca refugio ante el posible impacto de la inflación y otros riesgos financieros.
El menú de instrumentos que el Tesoro pondrá a disposición se caracteriza por su amplitud pero con limitadas opciones de muy corto plazo. En el segmento a tasa fija en pesos se reabrirán varias letras y bonos con vencimientos que van desde el primer trimestre de 2026 hasta abril de 2027. El tramo ajustado por inflación incluirá nuevas emisiones y reaperturas de letras y bonos, así como la reaparición de las LECER (letras ajustadas por CER), una opción esperada después de varios meses. Además, el gobierno ofrecerá instrumentos dollar-linked y atados a la tasa TAMAR.
El Tesoro apunta a captar la mayor cantidad de fondos posible del sector privado y bancario para cubrir los vencimientos y evitar una salida abrupta de dinero de sus reservas disponibles. Según Martín Polo, economista de Cohen, la expectativa es que se logre renovar “todos o casi todos los vencimientos” de esta semana. Polo explica que la baja de encajes decidida recientemente por el BCRA inyectará unos 2 billones de pesos, lo que puede abastecer la mayor demanda estacional de pesos y, a la vez, favorecer la demanda por instrumentos del Tesoro, ya que los bancos encontrarán atractiva la integración de encajes con títulos públicos.
Las mesas del sector financiero extienden este diagnóstico. En One618 también prevén un resultado positivo, ya que la liquidez adicional fortalece el apetito por la deuda en pesos en un contexto donde la baja de tasas impulsó el precio de los bonos y acercó los rendimientos a niveles que equilibran el riesgo de inflación con la necesidad de tasas reales positivas.
A pesar de las medidas de alivio, el margen del Tesoro para desafectar fondos propios sin comprometer su política macroeconómica es acotado. El saldo en las cuentas oficiales en el BCRA no alcanza para cubrir la totalidad de los compromisos, lo que obliga a maximizar el rollover, es decir, la renovación de los títulos por parte de quienes ya los poseen. La información disponible sobre la liquidez en bancos comerciales presenta falta de transparencia y cierta dispersión de estimaciones, que oscilan entre 10 y 15 billones de pesos según fuentes del mercado, aunque se reconoce que parte de esos recursos solo cubren necesidades operativas y no necesariamente están disponibles para participar en la subasta.
El respaldo que ofrecen las recientes flexibilizaciones resulta relevante, pero los analistas advierten que el espacio para continuar relajando es limitado. Un informe de PPI resalta que el proceso de reducción de tasas y remonetización ya se acercó a un punto de agotamiento: la liquidez abundante y mejores perspectivas impulsaron los precios de los bonos y desplomaron las tasas, pero el margen para seguir en este sendero podría verse presionado por una demanda de dinero estacional creciente y el limitado stock de fondos del Tesoro.
Por otro lado, la base monetaria ampliada producto de la baja de encajes requiere una administración atenta para evitar desbordes que puedan volcarse sobre el mercado cambiario. Desde que se realizó la última elección en octubre, el tipo de cambio paralelo mantuvo cierta estabilidad, aunque permanece cerca del techo de la banda, lo que implica que cualquier movimiento excesivo por la vía de la emisión puede alterar la calma relativa alcanzada en los últimos meses.
Juan Manuel Truffa, economista de Outlier, remarca que “el Tesoro tiene que hacer frente en diciembre a pago de aguinaldos; es un momento en el cual esencialmente tiende a ser deficitario”. Truffa señala que, si bien la baja de encajes puede tener un impacto menor al proyectado originalmente, el punto crítico radica en lograr un buen nivel de renovación de deuda sin liberar una cantidad de pesos que provoque tensiones en el mercado cambiario: “En la licitación hay que tratar de rollear todo para que no queden pesos sueltos, que te puedan armar problemas en el tipo de cambio”.
La estrategia se concentra, entonces, en buscar un balance adecuado: ofrecer tasas lo suficientemente atractivas para lograr altos niveles de rollover, sin endurecer en exceso las condiciones monetarias y sin liberar liquidez que no encuentre contrapartida en la demanda real de dinero. La ventana de oportunidad que brinda el aumento estacional del apetito por pesos en diciembre debe aprovecharse, aunque persiste el reto de evitar que la mayor circulación derive en presiones sobre el dólar.
En el diseño de la oferta oficial, la inclusión de títulos ajustados por inflación, dolarizados y a tasa variable busca atraer tanto a inversores que privilegian la cobertura frente a la inflación como a quienes buscan posicionarse en moneda local por motivos transaccionales o de cartera.
Pese al cúmulo de condicionantes y a lo desafiante del monto, el clima entre los operadores es mayormente optimista. Tanto en Cohen como en One618 y en otras consultoras la expectativa gira en torno a una renovación casi total de los vencimientos. Este consenso se apoya en la combinación de liquidez adicional por la baja de encajes, menú variado de activos y tasas suficientemente atractivas para compensar riesgos.
Al mismo tiempo, las expectativas sobre la inflación implícita en las curvas de bonos, que se ubican en torno al 1,7% mensual, marcan un nivel considerado bajo por algunas mesas de dinero, pero muestran que el mercado sostiene una confianza renovada en la capacidad del Tesoro para sostener el rollover y evitar un salto abrupto en el precio del dólar.
El resultado de la licitación servirá como termómetro de la capacidad oficial para administrar las tensiones entre emitir, generar crédito y mantener controlado el frente cambiario. El día después ofrecerá, además, nuevas pistas sobre hasta dónde llegan los márgenes del actual esquema de política monetaria y fiscal.
La conducción de ATE rechazó la iniciativa del gobierno y advirtió que se viene «un diciembre muy caliente». Fuerte reclamo por la actualización salarial.
29/11/2025 – 13:00hs
El consejo federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso una huelga nacional con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Paralelamente, el sindicato se refirió a la falta de una propuesta salarial en el marco de la paritaria del sector, por lo que el secretario General, Rodolfo Aguiar, advirtió que «tendremos un diciembre muy caliente y remarcó que «si el gobierno no otorga una mejora, estaremos frente a un ajuste sin precedentes para un periodo de 12 meses».
«El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta. Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint», remarcó.
Advierten sobre medidas de fuerza en diciembre
En un Confederal donde participaron los representantes de las 191 seccionales, se le otorgó mandato a la conducción nacional para decidir tanto el paro y la marcha contra el proyecto de reforma laboral como para la aplicación de protestas sorpresivas durante diciembre.
Sin mencionarla, pero apuntando a la gestión de la nueva Confederación General del Trabajo (CGT), Aguiar subrayó: «esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle».
Explicó que «no nos oponemos al debate, en tanto y en cuanto se escuche la voz de los trabajadores e, inclusive, la de los empresarios Pymes, porque el tema de fondo no es la reforma laboral, sino el modelo que expulsa trabajadores como en los casos de Whirlpool, Essen o Ilva Porcelanato, solo por citar algunas empresas de primera línea que cierra y despiden personal».
Sin oferta salarial: «Deterioro del poder adquisitivo»
Por otra parte, ATE fue convocada a la paritaria del personal estatal. Al respecto, Aguiar sostuvo que «convocaron a una negociación virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar».
El sindicato detalló que el recorte salarial se profundizó durante este año: Mientras la suba salarial de enero a octubre fue del 13,6 por ciento, la inflación alcanzó el 24,8 por ciento. «Concurrir a una paritaria sin ofrecimiento es apostar al conflicto. Debe existir un aumento ya», afirmó Aguiar. Asimismo, se informó que la paritaria de la Administración Pública Nacional pasó a un cuarto intermedio.
ATE denunció además la avanzada del gobierno en materia de persecución sindical, con detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales como la recientemente efectuada por Patricia Bullrich contra Aguiar.
Según un relevamiento del gremio, «el nivel de deterioro salarial en el sector público es inédito. Por primera vez, el ingreso promedio cayó por debajo de la línea de pobreza. En la mayoría de los casos, los trabajadores están endeudados con el sistema financiero formal en más de un sueldo y medio. El pluriempleo llegó para quedarse en un Estado que a partir de los ingresos miserables está perdiendo trabajadores altamente calificados».
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Los argentinos compraron en octubre dólares por USD 4.669 millones, acumulando así casi USD 20.000 millones netos desde la apertura parcial del cepo cambiario. Y si se suman las compras de billetes por parte de las empresas, el monto total neto escala a más de USD 29.000 millones en lo que va de 2025.
Otro aspecto son los pagos de importaciones por sector a través del mercado cambiario, que sumó USD 6.067 millones, 9% por sobre octubre de 2024, y algo menor a las importaciones FOB que sumaron USD 6.755 millones (la diferencia se explica porque los importadores pueden también pagar vía mercados de cambio alternativos y con Bopreales).
El informe precisa que siete de los ocho sectores de actividad tuvieron aumentos interanuales en sus pagos de importaciones, con la sola excepción del sector “Oleaginosos y Cerealeros”.
El sector que por lejos demandó más dólares para pagar importaciones fue el automotor, con USD 1.479 millones, 2% más que en octubre del año pasado y casi el doble que el segundo sector que más divisas demandó: industria química, cauchos y plásticos, con USD 868 millones, un 6% más en la comparación interanual. El sector que porcentualmente más aumentó su pedido de divisas para cubrir importaciones fue el de “Comercio”, un 28%, a USD 672 millones, en tanto que -como ya se dijo- el de Oleaginosas y Cereales lo redujo un 22%, a USD 383 millones.
En tanto la cuenta “Servicios” registró un déficit de USD 1008 millones. El Banco Central estimó que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) fueron de USD 831 millones, explicados por gastos por tarjetas de USD 592 millones, otros USD 131 millones asociados a servicios de transporte y USD 108 millones a giros al exterior de operadores turísticos. Por su parte, los argentinos pagaron USD 169 millones en servicios digitales por medio de tarjetas. Y la entidad monetaria estimó que 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera.
En una entrevista radial este sábado Martín Redrado, expresidente del BCRA, vinculó el déficit cambiario a la incertidumbre del período preelectoral que -afirmó- “marcó el mayor grado de dolarización de los argentinos en un período preelectoral”. Al respecto, señaló que entre septiembre y octubre el 40% de los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista que tenían los argentinos se pasó de pesos y dólares. Ese proceso, aseguró, “sin duda se va a revertir a partir de noviembre, pero la clave es lograr previsibilidad en materia cambiaria y de política monetaria, en que ha habido muchos vaivenes”.
Sobre la decisión del gobierno de que el Banco Central no compre reservas a menos que haya un aumento de la “demanda de pesos”, Redrado señaló la importancia de acumular reservas al menos con el superávit fiscal del Tesoro. “Hoy el BCRA tiene reservas netas negativas por USD 16.000 millones”.
La Argentina, resaltó, tiene reservas brutas equivalentes a apenas 6,5% del PBI contra un promedio del 14% de los países de América Latina y de 30% en el caso del Perú, modelo que algunos economistas ponderan por su estabilidad en el marco de un sistema “bimonetario”.
Entrevistado en radio Mitre, Redrado explicó que comprar reservas “es inflacionario si no hay demanda de pesos” y que la situación se puede revertir “si se da un horizonte de tranquilidad a los sectores productivos”.
“Hoy el dólar está cerca del techo de la banda. Tenemos el apoyo del Tesoro de EEUU pero la intervención del Tesoro de EEUU se dio en período de tensión y no va a continuar hacia adelante”, afirmó, y dijo que su aseveración era “en parte análisis y en parte información”.
“No veo al Tesoro de EEUU interviniendo nuevamente”, insistió.
Sobre el panorama inmediato en materia de demanda de divisas el extitular del Central distinguió dos períodos. Uno inicial, de aumento de la demanda de pesos por parte de las empresas para el pago de sueldos y aguinaldo. “Pero desde el 15 de enero el proceso eso se revierte -alertó- la gente sale al exterior y eso coincide con el pago a acreedores privados de USD 4.500 millones. Hay que clarificar cómo se va a pagar y cuánto el BCRA va a comprar de reservas, qué política monetaria va a tener”, concluyó.
ECONOMIA
Tarifas: el Gobierno implementará un nuevo régimen de subsidios y subirán los precios para luz y gas
El Ministerio de Economía abrió un procedimiento de consulta pública para revisar la estructura de subsidios a la luz, el gas y las garrafas, así como los precios mayoristas que se trasladan a las tarifas de los usuarios residenciales. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 484/2025 y constituye un paso clave en la transición hacia un esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que comenzará a regir el 1° de enero de 2026 en todo el país.
Según el Gobierno, el objetivo es otorgar la asistencia «solamente a quienes la necesitan, cuando la necesitan«, en línea con la estrategia de focalización del gasto público y la continuidad del ajuste fiscal previsto para el año próximo. La redefinición de la política tarifaria implicará, para un amplio sector de usuarios, un aumento en las boletas de luz y gas a partir del Año Nuevo.
Un proceso obligatorio de participación ciudadana
La consulta pública se apoya en principios constitucionales y en leyes como la 19.549, 27.275 y 27.742, que garantizan el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública y a participar en decisiones que afectan servicios regulados. Además, la Corte Suprema, en el fallo CEPIS, estableció que modificaciones sustanciales en las tarifas deben pasar por instancias de deliberación.
En consecuencia, los cambios sobre los subsidios y sobre los valores del gas natural, el gas propano indiluido y el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) serán sometidos a consulta pública online en los próximos días, antes de la implementación definitiva.
Quiénes perderán y quiénes mantendrán los subsidios
El nuevo esquema modificará de manera directa la situación de millones de hogares. De acuerdo con estimaciones oficiales, 7.500.000 familias dejarán de recibir subsidios desde enero de 2026, lo que representa alrededor del 45% de la población. Los restantes 9.100.000 hogares continuarán recibiendo asistencia, aunque con cambios en los bloques de consumo subsidiables.
El Gobierno espera que esta reconfiguración permita reducir el gasto en subsidios energéticos del equivalente al 0,65% del PBI en 2025 al 0,5% en 2026, lo que significaría un ahorro cercano a 1.000 millones de dólares.
Uno de los cambios más relevantes es el desmonte del sistema de segmentación de tarifas vigente desde fines de 2022. Desaparecerán las tres categorías actuales según nivel de ingresos (N1, N2 y N3), y se pasará a un esquema binario compuesto por hogares sin subsidios y hogares con subsidios.
Hogares sin subsidios
Quedarán excluidos quienes cumplan alguna de estas condiciones:
-
Ingresos familiares superiores a tres canastas básicas totales (aproximadamente $3.641.397 mensuales).
-
Poseer tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años.
-
Tener tres o más inmuebles.
-
Contar con una embarcación o aeronave de lujo.
Hogares con subsidios
Serán el resto de los usuarios que no cumplan simultáneamente los criterios de exclusión. En el caso de la electricidad, esto equivale a aproximadamente 9,1 millones de hogares que conservarán asistencia estatal.
Hasta ahora, estos grupos pagaban un porcentaje distinto del costo real de la energía:
-
Los de ingresos altos abonaban el 89% del costo de la luz y el 76% del gas.
-
Los de ingresos medios, el 44% y el 25% respectivamente.
-
Los de ingresos bajos, el 30% y el 20%.
Con el nuevo esquema, esa diferenciación será reemplazada por la divisoria entre hogares con y sin subsidios, eliminando las categorías intermedias.
Luz: nuevos bloques de consumo subsidiados
La segunda innovación importante es el cambio en la cantidad de energía subsidiable:
Los hogares que mantengan asistencia pagarán esos bloques al 50% del costo real, aunque habrá una bonificación adicional del 25% en enero de 2026, que se irá reduciendo durante el año hasta quedar eliminada en diciembre. En la práctica, los usuarios comenzarán el año pagando esos bloques con un 75% de descuento, que descenderá gradualmente.
El costo promedio del sistema eléctrico es actualmente de 75 dólares por megavatio-hora, monto que abonarán íntegramente los hogares sin subsidios.
Gas: precios mayoristas unificados todo el año
En el gas natural, el Gobierno aplicará un precio mayorista uniforme de 3,80 dólares por millón de BTU durante todo el año. Hoy el precio trasladado a tarifa es de US$ 2,90 en verano y US$ 4,50 en invierno. La unificación implicará un aumento en los meses de mayor temperatura, aunque con menor impacto debido a la baja estacional en el consumo.
Para los usuarios con subsidios, el Estado cubrirá el 50% del costo entre abril y septiembre, manteniendo un alivio en los meses de mayor demanda.
No será necesario reinscribirse: cómo quedarían las facturas en 2026
Las familias no deberán volver a registrarse en ningún padrón. La Secretaría de Energía utilizará las bases de datos existentes, aunque recordó que los usuarios podrán actualizar su información si lo consideran necesario.
El Gobierno difundió estimaciones preliminares sobre el impacto en las tarifas:
-
En electricidad, el 66% de los hogares pagará menos de $44.000 mensuales en verano, y el 81%, menos de $67.000.
-
En gas, durante el invierno, el 56% abonará menos de $14.000, mientras que el 75% pagará menos de $56.000.
Con la combinación de consulta pública, fin de la segmentación tradicional y nuevos bloques subsidiables, el Gobierno busca avanzar hacia un modelo en el que los subsidios estén más calibrados con la capacidad económica de cada hogar. Al mismo tiempo, procura reducir el peso fiscal de la asistencia energética, una de las variables centrales del programa económico.
La resolución y la consulta pública marcan, así, el inicio de una reestructuración integral de los subsidios que definirá el mapa tarifario de 2026.
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