La decisión del presidente Javier Milei de reformar la ley de inteligencia por decreto no solo generó rechazo entre dirigentes de la oposición, sino también entre constitucionalistas y organismos de derechos humanos. Denuncian que viola la Carta Magna y otorga demasiada discrecionalidad a la SIDE en lo que refiere a detención de personas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acudirá a la Justicia en los próximos días.

La reforma de la ley de inteligencia se formalizó esta mañana con la publicación del decreto 941/2025 en el Boletín Oficial. Entre otros cambios, la iniciativa establece la creación de la Dirección Nacional de Ciberseguridad bajo la órbita de la jefatura de Gabinete, a cargo de Manuel Adorni, y autoriza a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a detener personas.

Este último punto, activó alarmas entre constitucionalistas. Rechazan también la decisión del Gobierno de eludir el debate parlamentario para acordar las modificaciones a través de un decreto mientras el Congreso permanece en receso.

“Ni necesidad ni urgencia en el DNU que modifica el sistema de inteligencia del país”, cuestionó el abogado constitucionalista Daniel Sabsay a través de su cuenta de X. “Concede facultades extraordinarias al presidente, entre otras aberraciones, un funcionario podrá detener a personas en la vía pública. Espero que la Justicia declare la inconstitucionalidad”, continuó.

Consultado por , el abogado especificó que la medida publicada esta mañana supone una “violación fragante de la división de poderes” en tanto “toda reforma de este tipo debe pasar por el Congreso”. Su par Antonio María Hernández también advirtió sobre la contradicción de la reforma con el marco legal vigente. “El DNU es groseramente inconstitucional, no puede haber DNU en materia penal. Es otra demostración más de nuestra decadencia institucional”, aseguró.

El artículo 99 de la Constitución Nacional establece que el Ejecutivo no puede emitir DNU en materia penal, tributaria, electoral o de régimen de partidos políticos.

Sabsay también indicó que el decreto supone un avance sobre las atribuciones de la Justicia, ya que desacredita la autoridad de los jueces, en quienes recae la responsabilidad de emitir órdenes de detención. “Es absolutamente grave. La detención de personas en la vía pública se puede hacer con orden judicial. Si la hace una persona sin identificación se regresa a los peores momentos de la historia”, expresó a este medio.

En la misma línea se manifestó su par Alejandro Carrió, quien cuestionó la discrecionalidad del apartado referido a la posibilidad de detener ciudadanos. El artículo 19 del decreto establece que el personal de inteligencia podrá aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”. Es justamente ese primer escenario el que le genera reparos.

“Si hay un requerimiento judicial, no habría problemas. Tampoco me causa problema que ocurra ante un delito en flagrancia. Mi preocupación es cómo arranca el párrafo: ‘en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia’. Ahí no hay ninguna descripción de qué es lo que la persona estaría haciendo y que a juicio del agente de inteligencia requiera una detención sin orden judicial”, explicó a : “¿Cómo sabemos los particulares en qué caso podemos ser aprehendidos?. Tal como está planteado el texto me parece muy riesgoso“.

El abogado también objetó que el artículo en cuestión inste a dar aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad y omita solicitar intervención rápida de la Justicia en caso de detenciones.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez es otra de las voces críticas respecto de la reforma de la ley de inteligencia. En diálogo con , rechazó en duros términos los cambios impulsados por el oficialismo. “Es nulo de nulidad constitucionalidad e insanable y recrea las oscuras épocas de la dictadura militar”, sentenció.

El abogado ya había expresado su repudio al decreto en redes sociales, donde apuntó contra el carácter “iliberal” de la iniciativa de Milei y denunció el silencio de parte del arco opositor y la Justicia. Mientras el kirchnerismo, Provincias Unidas y la Coalición Cívica se manifestaron en contra de la medida, Pro adelantó que no emitirá juicio respecto de la iniciativa hasta tanto un equipo especializado termine de analizar la letra chica del texto.

“El DNU 941/2025 no solo es la reafirmación autocrítica e iliberal del gobierno de Javier Milei sino también, el definitivo giro hacia la consolidación neofascista del modelo. Entre otras sucede por la cómplice defección de los otrora partidos políticos republicanos, el silencio atroz de gran parte del derecho público argentino y la inexplicable sumisión de la mayoría de la justicia federal”, escribió en su cuenta de X.

Al respecto, Mariela Puga, abogada constitucional, recordó que diversas organizaciones, entre ellas el CELS, habían judicializado el decreto 614/2024 por el que Javier Milei había renombrado la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) -ahora SIDE- y modificado el sistema de inteligencia nacional en julio de 2024. Según señaló, a más de un año de su publicación en el Boletín Oficial, la Justicia aún no se expidió respecto de la ilegalidad de la norma. “Si no se declaran inconstitucionales estos decretos, estamos en tierra de nadie”, aseguró a .

La abogada también planteó reparos sobre la vaguedad con la que el nuevo decreto refiere a los alcances de las tareas de inteligencia y contrainteligencia. Puntualmente cuestionó la incorporación del artículo 2 ter -que define investigación de inteligencia como procedimientos para “identificar acciones y actores involucrados en actividades de interés para la Inteligencia Nacional”- y el artículo 2 quater, que extiende las tareas de contrainteligencia a, entre otras, las acciones de filtración y fuga de información clasificada.

“Históricamente se definió a las actividades de inteligencia como de interés a la seguridad nacional e interna, pero acá pareciera que es por interés de quienes dirigen la secretaría”, dijo a este medio: “Es peligroso confundir la seguridad nacional con el interés de autoridades constituidas porque la actividad de inteligencia puede alcanzar a la prensa y cualquier actividad política”.

El comunicado del CELS

Al igual que la mayoría de los abogados consultados, el CELS -una organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos- emitió un comunicado en el que denuncia la inconstitucionalidad del decreto presidencial y cuestiona la discrecionalidad que autoriza para el accionar de la SIDE. Según pudo saber , en los próximos días, la agrupación hará una presentación judicial contra la medida.

“El gobierno presenta esto como unas modificaciones administrativas para clarificar funciones, pero es en verdad una reforma estructural del aparto de seguridad y defensa del Estado, que le otorga a la SIDE el poder de una policía secreta que podrá detener personas y un marco legal para vigilar a toda la ciudadanía bajo el más estricto de los secretos”, plantea el escrito del CELS.

Y agrega: “Esta reforma es inconstitucional y peligrosa: debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política”.

En el comunicado denuncian que la reforma impulsada supone la construcción de un “marco normativo” para la vigilancia política de “anarquistas, comunidades indígenas, prensa y distintos actores que ‘deslegitimen’ al gobierno o a sus políticas”.

El CELS también cuestiona que el texto publicado en el Boletín Oficial habilite la intervención de las Fuerzas Armadas, de seguridad federales y policiales, lo que supone -consideran- “un retroceso histórico respecto de los acuerdos políticos de las últimas décadas dirigidos a fortalecer la conducción civil de las FF.AA y a sostener la separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior, para evitar que los militares vuelvan a intervenir ante hipótesis de conflicto interno”.

El primer escándalo del año para la gestión libertaria se desató tras la publicación por decreto y sin trámite legislativo de una reforma en el sistema de inteligencia, que cosechó una catarata de críticas de parte de la oposición, que no solo cuestiona la modalidad de aplicación sino también el texto, con voces que denuncian que esto devendrá en persecución política a los detractores del Gobierno.

Uno de los puntos que más rechazo genera por estas horas es la parte del articulado que autoriza a agentes de inteligencia a realizar aprehensiones de personas. Entonces, en medio de la polémica, en el Gobierno aseguraron a que la SIDE -comandada por Santiago Caputo a través de Cristian Auguarda– está terminando de confeccionar un protocolo que regule esta cuestión en particular.

El decreto les reconoce a los agentes de inteligencia la posibilidad de aprehender personas “en el marco del desarrollo de actividades de inteligencia, auxilio o requerimiento judicial y/o comisión de delitos en flagrancia”, con la condición de dar “aviso inmediato a las fuerzas policiales y de seguridad competentes”.

Desde la oposición rápidamente denunciaron un “Estado policial” que tendrá como fin la persecución, mientras que distintos partidos políticos, organismos de derechos humanos y constitucionalistas evalúan hacer presentaciones judiciales contra la normativa.

Fuentes de la Casa Rosada que trabajan en la aplicación de esta reforma dicen que se va a delimitar la posibilidad de que los agentes hagan aprehensiones en tres situaciones: en flagrancia; en caso de una operación conjunta con la Justicia en la que el Poder Judicial pida la aprehensión de un supuesto delincuente que puede ocasionar un riesgo; o en el marco de una operación de inteligencia, con posibilidad de aprehender a un civil que no esté sospechado ”con el único objetivo de proteger al personal o la operación».

Ante la consulta de sobre cómo se evitarán los posibles excesos, cuando todavía quedan una serie de puntos grises sobre la nueva normativa, desde el Ejecutivo aseguraron que el texto del protocolo precisará que todas las actividades de inteligencia deberán estar “expresamente aprobadas” por la SIDE y que parte de esa aprobación deberá incluir qué tipo de acción se llevará a cabo y qué personal va a estar afectado, para que solo esos agentes puedan aprehender en esa situación puntual, bajo el control de la nueva Inspectoría General de Inteligencia (IGI), que reemplaza desde la publicación del DNU a la División de Asuntos Internos.

Otro aspecto que encendió las alertas sobre el texto del DNU es que ante la “fuga de información clasificada” se habilite la ejecución de tareas de inteligencia sobre el periodismo. Al respecto, en Casa Rosada alegaron que el texto busca “evitar cualquier sospecha de ese tipo” y que el artículo 4 en su inciso 3 prohíbe “producir inteligencia nacional o contrainteligencia sobre personas por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Por otro lado, fuentes al tanto de la reforma dijeron que la parte que ahora quedará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete que comanda Manuel Adorni, que se llamará Centro Nacional de Ciberseguridad y será un organismo descentralizado de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, no estará dentro del sistema nacional de inteligencia y será un organismo civil. Según el texto del decreto, actuará como autoridad nacional en materia de ciberseguridad.

Como justificativo para redireccionar esta área a Adorni, un ladero de la secretaria general, Karina Milei, fuentes de la Casa Rosada dijeron que pretendieron “aumentar la transparencia”, ya que los activos digitales estratégicos del Estado nacional y los sistemas tecnológicos empleados en la prestación de servicios públicos esenciales y actividades del sector público nacional ahora serán controlados por la Jefatura de Gabinete, que es además la que comanda la actividad diaria de los ministerios, y no por la SIDE.

Por su parte, la oposición del kirchnerismo, la izquierda y el interbloque Unidos -que nuclea a Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal- ya evalúa cómo avanzar a nivel legislativo contra el decreto. Distintos sectores políticos y sindicales coincidieron con que este texto es ilegal. La CGT expresó su rechazo.

“Imaginate un policía que no precisa ir de uniforme y que puede aprehender personas por presumir que atentan contra el orden constitucional. El riesgo es el espionaje interior, la persecución política de los disidentes y la impunidad del poder», advirtió la diputada nacional kirchnerista Teresa García, cercana a Cristina Kirchner.

El diputado nacional Esteban Paulón, del socialismo, dijo que este texto implica “chau transparencia y control” de los fondos reservados.

A las críticas se sumaron el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Myriam Bregman (izquierda), Jorge Taiana (kirchnerismo), entre otros dirigentes.

Ante el revuelo, el Gobierno publicó un comunicado en el que justificó los cambios y dijo que están “alineados con los más altos estándares democráticos”.