Las noticias de la semana mezclaron buenas y malas para el gobierno. Entre las primeras estuvo la aprobación en la Cámara de Diputados al proyecto oficial de “Modernización Laboral”, que el oficialismo buscará convertir en ley el próximo viernes en el Senado. No es poca cosa para un gobierno que comenzó su gestión con una minúscula representación legislativa en ambas cámaras del Congreso y en un tema que los gobiernos no peronistas, en particular el primero de la restauración democrática, el de Raúl Alfonsin, intentaron vanamente. Con todo, la nueva ley afrontará desafíos judiciales y de implementación.

Más allá de esa victoria oficial, la semana estuvo dominada, sin embargo, por la noticia del cierre definitivo y el despido de 920 operarios de la planta de fabricación de neumáticos de Fate en San Fernando, provincia de Buenos Aires, algo que, anunciado en vísperas de la sesión sobre el proyecto laboral,el propio presidente Javier Milei interpretó como una jugada conspirativa del principal dueño de la firma, Javier Madanes Quintanilla. Pero se trata de un problema mucho más amplia: según la Unión Industrial Argentina (UIA), en los últimos dos años el sector fabril perdió 65.000 puestos de trabajo.

De afuera también llegaron malas noticias: el viernes la Corte Suprema de Justicia de EEUU rechazó por inconstitucionales las “tarifas recíprocas” aplicadas por el gobierno de Donald Trump, a lo que el jefe de la Casa Blanca respondió con la imposición de una tarifa general del 10%, que el sábado elevó a 15%, limando la ventaja de países (como la Argentina) con los que había negociado acuerdos bilaterales con aranceles más reducidos. Y se conoció que en el cuarto trimestre de 2025 la economía de EEUU creció apenas 1,4%, otra mala noticia para Trump y sus socios políticos.

La semana mostró así extremos opuestos de la gestión oficial: de un lado, el avance de su agenda política-legislativa, del otro lado, una clara exhibición de algunos de sus costos, que se hacen más evidentes en la medida que el nivel de actividad económica no muestra signos de reactivación.

Se trata, dijo un análisis de la consultora PxQ sobre el caso Fate, de “una clara señal que el ratio de sacrificio del programa anti-inflacionario oficial es alto y podría transformarse en su principal obstáculo económico y político”.

Sobre la base de 66.363 precios únicos para un total de 330 variedades de neumáticos provenientes de unas 20 marcas, PxQ analizó tres variables entrelazadas en el sector de los neumáticos: un aumento de las importaciones del 34,7% que tuvo un efecto bifronte: caída promedio del 34,2% del precio en dólares de los neumáticos, a costa de una reducción del empleo en el sector del 46,1 por ciento, de 7.305 a 3.987 puestos de trabajo en el sector.

El gobierno puede argumentar que se trata de un informe de una consultora orientada por Emanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía de Axel Kicillof, un opositor acérrimo, pero la lógica del planteo permanece.

Otra consultora, de enfoque crítico pero que de no puede considerarse “opositora”, como Invecq, planteó el problema oficial de combatir la inflación (que de mayo de 2025 a enero de este año casi se duplicó, de 1,5 a 2,9% mensual) mediante un ajuste fiscal cuando los ingresos fiscales siguen cayendo.

Los resultados fiscales de enero, que incluyeron el ingreso extraordinario del equivalente a casi USD 800 millones por la licitación de las hidroeléctricas del Comahue, subrayó, conviven con una marcada debilidad en los ingresos que restringe cualquier margen para reducir sustancialmente la presión tributaria, el principal reclamo del sector productivo para “nivelar la cancha”, ganar competitividad y no ser presa fácil de la importación.

Pero para reducir impuestos no hay margen, a menos que se realice un ajuste adicional del gasto público. De hecho, precisó Invecq, los cambios al “capítulo tributario” del proyecto oficial limitaron la reducción del gasto del 0,8 al 0,3% del PBI, un resultado más bien exiguo, porque los gobernadores de cuyos votos el gobierno no podía prescindir, exigieron “proteger” la recaudación de impuestos coparticipables.

Hay allí, claramente, un problema de manta corta. Sin ajuste adicional del gasto, la salida elegante para reducir impuestos sin recaer en déficit es que la economía crezca y la curva de ingresos retome una tendencia alcista. No es -ni de cerca- lo que está ocurriendo, como exhibe un gráfico del informe.

Otra manifestación del mismo problema fueron los datos de comercio exterior que el jueves publicó el Indec. Un superávit mensual de USD 1.987 millones es de celebrar, pero se produjo en buena medida por una caída de dos dígitos en el nivel de importaciones, la primera tras once meses de aumentos, otro indicador -junto a la menguante recaudación- de la flaqueza del nivel de actividad.

Las reservas del Banco Central siguen en alza, otro dato positivo, pero se detuvo la compresión del riesgo país, ahora empacado como una mula por arriba de los 500 puntos básicos. Mientras, el dólar cayó por debajo de los $1.400 a pesar de que el BCRA lleva 32 jornadas consecutiva de compra de divisas.

Reaparece allí otro conflicto clásico: apreciación cambiaria versus reformas. En esos contextos, notó por su parte LCG, “la historia local suele demandar devaluación fiscal y reformas estructurales para sostener competitividad”, pero en el tránsito de la letra inicial a la aprobación legislativa la “reforma estructural” implícita en la reforma laboral perdió fuerza fiscal. En definitiva, marcó la consultora, el esquema actual combina ancla cambiaria, superávit fiscal y acumulación de reservas y sostiene así cierta estabilidad nominal de corto plazo, pero la dinámica de apreciación real, caída de ingresos tributarios y demanda de mayor ajuste del gasto plantean desafíos hacia adelante, sobre todo en materia de actividad y empleo.

“La economía no crece desde abril 2025 y no tenemos a la vista drivers de crecimiento que den un empuje fuerte a la actividad este año” el informe. Ese y el estrechamiento gradual pero irreversible del tiempo para lograrlo sigue siendo el principal desafío económico de la gestión económica del ministro Luis Caputo y la batalla política, ideológica y cultural que plantea el presidente Milei.

La ATEPSA retomará el plan de lucha a partir del 26 de febrero, en reclamo de una mejora salarial. El Gobierno analiza aplicar la conciliación

22/02/2026 – 21:28hs

A días de la entrada en vigencia de Ley de Modernización Laboral, la conducción de la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) informó que activará el plan de lucha ante «la falta de una actualización de los salarios y por mejoras en las condiciones de trabajo».

La medida de fuerza afectará a toda la aviación en un cronograma que comenzará el jueves 26 de este mes y se extenderá hasta el 2 de marzo, en diferentes horarios. La protesta se dará en el marco de la nueva normativa que exige que se garantice el servicio, en este caso aerocomercial.

Qué servicios afecta la medida de fuerza

La ATEPSA indicó que «la medida legítima de acción gremial sólo afecta el despegue de aeronaves, es decir que se restringen las autorizaciones de aviones en tierra», y agregó que «no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo en el horario de la retención de tareas».

Asimismo, detalló que «se considerarán dentro de las protestas legítimas de acción sindical, toda actividad o acción que no afecte las operaciones en desarrollo, como por ejemplo mantenimiento de equipamiento local o vía comisión, mensajería NOTAM y COM» y aclaró que «quedan exceptuadas de las protestas todas las operaciones de aeronaves que eventualmente se declaren en emergencia, como aquellas que presten servicio sanitario, humanitario, de Estado y/o búsqueda y salvamiento».

El gremio que lidera Paola Barrita emitió un comunicado donde explicó detalladamente el plan de lucha justamente para no chocar con la nueva ley laboral. En tanto, fuentes de la secretaría de Trabajo analizarán el lunes si corresponde aplicar la conciliación obligatoria para que no genere demoras o cancelación de vuelos.

Cuándo se llevarán a cabo las retenciones de tareas

Las medidas de fuerza comenzarán el jueves 26 de 15 a 18 y continuarán el viernes 27 de 19 a 22; en ambos casos afectarán a toda la aviación. El sábado 28 será de 13 a 16 e impactará en la aviación general y no regular; en tanto que el domingo 1 de marzo será de 9 a 12 y se aplicará a toda la aviación comercial regular con destino nacional. Por último, el lunes 2, la protesta se cumplirá de 5 a 8 en toda la aviación.

Desde hace casi un año la ATEPSA viene reclamando una mesa de discusión a la Empresa Argentina de Navegación Aérea  (EANA) advirtiendo que «no se está cumpliendo el convenio colectivo de trabajo» y planteó que «estamos viviendo una sistemática caída de nuestro poder adquisitivo».

En esa línea exigió que tanto EANA como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) asuman sus funciones con responsabilidad para «garantizar el derecho legítimo de los trabajadores a manifestarse». Por su parte, el gobierno y la empresa sostienen que las negociaciones fueron activas y que su propuesta salarial está alineada con la del resto del sector público.

Qué servicios prestan los controladores aéreos

Las tareas de los controladores aéreos son asegurar la seguridad y eficiencia del tránsito aéreo y dirigir el tráfico aéreo en el espacio aéreo y sobre el terreno, utilizando radio, radar y sistemas de iluminación.

Coordinan con otros controladores de sectores adyacentes para planificar la entrada y salida de aeronaves en sus áreas de responsabilidad. Manejan los planes de vuelo, tanto de salida como de llegada, y brindan información a los pilotos sobre condiciones meteorológicas y otros datos relevantes y proporcionan información a los pilotos sobre condiciones meteorológicas, trabajos en pista y otros datos que puedan afectar la seguridad de la operación.

Asimismo, supervisan la correcta operación de las instalaciones aeroportuarias y el funcionamiento de los equipos. Participan en la gestión de las medidas de control de afluencia en caso de situaciones imprevistas y realizan tareas de archivo y documentación de mensajes y registros. 

Robin Brooks, una suerte de tábano de la política económica del equipo económico, volvió a cuestionar la política económica del gobierno de Javier Milei, en particular las políticas monetaria y cambiaria.

Lo hizo a través de un posteo en la red X en la que reiteró su visión sobre la estrategia de vinculación del peso con el dólar y advirtió sobre los riesgos que enfrenta el país en materia de credibilidad y estabilidad cuando el Gobierno festeja que la cotización minorista está en mínimos de los últimos cinco meses.

“Desde que tengo memoria, Argentina ha intentado ganar credibilidad y estabilidad vinculando el peso al dólar. El éxito de esta estrategia, en todos los años que se ha intentado, es nulo. Nunca ha funcionado. Ni una sola vez. Sigue igual…”, indicó en su posteo.

Exfuncionario del FMI, con paso por Wall Street, ex economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) y ahora analista de Brookings Institution, un tradicional think tank bipartidario con sede en Washington, las declaraciones de Brooks se dan luego de que el viernes el dólar acentuó su declive, con el respaldo de un volumen de USD 475,7 millones operados en el segmento de contado, un monto que habilita nuevas compras de divisas a manos del Banco Central sin alterar la tendencia de las cotizaciones.

Al cierre de la semana, el dólar mayorista descontó en el día 13 pesos o 0,9%, a $1.376, un nivel mínimo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero, el tipo de cambio oficial recorta 71 pesos o 4,9%, mientras que si se amplía la comparación al primer tramo de 2026, la baja es de 79 pesos o 5,4 por ciento.

Asimismo, el dólar mayorista retrocedió 23,50 pesos o 1,7% en la última semana. Dado que el BCRA estableció un techo para sus bandas cambiarias de $1.595,93, el dólar quedó ahora a 219,93 pesos o 16% de ese límite, el rango más amplio desde el 4 de julio de 2025 (16,4%).

Anteriormente, los comentarios de Brooks, sistemáticamente críticos de la política económica mileísta, generaron reacciones inmediatas en el ámbito local. Luis Caputo, ministro de Economía, y Pablo Quirno, cuando era secretario de Finanzas, respondieron a las críticas. Y también lo hizo el actual secretario de Política Económica, José Luis Daza, quien en enero había dicho que Brooks estaba “100% equivocado” respecto a sus evaluaciones sobre la política cambiaria argentina.

Brooks es uno de los economistas internacionales que más frecuentemente analizó la coyuntura financiera de Argentina. Sus mensajes, replicados por los medios, dieron lugar a un intercambio sostenido con funcionarios y referentes locales, quienes cuestionaron su diagnóstico y sus proyecciones sobre el mercado cambiario.

Caputo llegó a cuestionar que en algunas notas Brooks fuera presentado como un “gurú” y minimizó la influencia que sus comentarios en la dinámica real de los mercados.

En paralelo, el contexto financiero argentino atravesó episodios de volatilidad. La economía local experimentó una de las mayores fugas de capitales de las últimas dos décadas. Un análisis publicado por el medio citó a Brooks, quien señaló que la reciente salida de fondos superó incluso los registros históricos de crisis previas. Esta tendencia coincidió con la persistencia de la brecha cambiaria y la presión sobre las reservas del Banco Central.

El debate sobre la dolarización y la política cambiaria se instaló en el centro de la agenda pública. Brooks, al abordar el fenómeno, remarcó que ninguna de las experiencias de vinculación directa del peso con el dólar arrojó resultados positivos para la economía argentina. El especialista recordó episodios previos, como el régimen de convertibilidad y otros intentos de estabilización, y concluyó que la estrategia no logró el objetivo de fortalecer la confianza ni evitar la volatilidad.

Las respuestas desde el Gobierno no tardaron en llegar. Quirno, defendió la hoja de ruta oficial y subrayó que las críticas de Brooks carecían de fundamento en la realidad actual. El secretario de Finanzas sostuvo que el análisis del economista estadounidense pasaba por alto los cambios implementados en la administración de Caputo y la nueva orientación en la gestión de la política monetaria.

Por su parte, Caputo insistió en que la influencia de Brooks estaba sobredimensionada y sus diagnósticos no reflejan la situación económica del país.

Según el analista de Brookings, la búsqueda de credibilidad a través de la dolarización o la fijación del tipo de cambio no trajo resultados favorables en el pasado y tampoco los traerá ahora. Su argumento es que la economía argentina necesita abordar problemas estructurales y mejorar la institucionalidad para lograr estabilidad genuina y sostenible.

En medio del cruce, el dólar tocó valores mínimos en el mercado oficial, mientras la brecha con los dólares financieros y paralelos se mantuvo elevada. Infobae detalló que este comportamiento se produjo en simultáneo con la salida de capitales y la persistente desconfianza de los actores del mercado. Los analistas siguieron de cerca la dinámica del tipo de cambio, atentos a las señales de la política oficial y a los pronósticos de voces internacionales como la de Brooks.

A medida que la discusión avanzó, Brooks se posicionó como un crítico sistemático de la política económica argentina y, en particular, de la política cambiaria.El debate sobre el vínculo peso-dólar y la sostenibilidad del modelo seguirá marcando la discusión pública en los próximos meses, en un escenario de volatilidad y expectativas cruzadas.