ECONOMIA
Ahora sí: Google comenzó a pisar más fuerte que nunca en la vertiginosa carrera por la Inteligencia Artificial
Desde el lanzamiento de ChatGPT hace tres años, analistas y expertos —incluso un ingeniero de Google y el propio exdirector ejecutivo de la compañía— decían que Google había quedado rezagada en la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial.
Ya no más.
El gigante de internet lanzó nuevos programas de IA y cerró acuerdos, como una alianza en chips con Anthropic PBC, que mostraron su capacidad para competir con OpenAI, creadora de ChatGPT, y otros rivales. Su modelo multipropósito más reciente, Gemini 3, recibió elogios inmediatos por sus capacidades en razonamiento y programación, y por su desempeño en tareas específicas que han complicado a otros chatbots. El negocio en la nube de Google crece de forma constante gracias al auge global del desarrollo de servicios de IA y a la demanda de capacidad de cómputo.
También hay señales de una mayor demanda de los chips especializados de IA de Google, una de las pocas alternativas viables frente al dominio de Nvidia. Un informe del lunes sobre negociaciones entre Meta y Google para usar esos chips impulsó las acciones de Alphabet, su empresa matriz, que desde mediados de octubre han ganado casi USD 1 billón en valor de mercado. El avance también se vio alentado por la compra de una participación de USD 4.900 millones por parte de Warren Buffett durante el tercer trimestre y por el entusiasmo general de Wall Street con los esfuerzos de la compañía en inteligencia artificial.
Las acciones de Alphabet, propietaria de Google, subieron hasta 3,2% ayer martes en Nueva York. La compañía está encaminada a alcanzar por primera vez una capitalización bursátil de USD 4 billones.
SoftBank, uno de los mayores inversionistas en OpenAI, cayó a su nivel más bajo en dos meses el martes por temor a la competencia de Gemini. Los títulos de Nvidia retrocedieron hasta 5,5%, borrando USD 243.000 millones en valor de mercado.
“Google ha sido probablemente siempre el caballo negro en esta carrera de la IA”, dijo Neil Shah, analista y cofundador de Counterpoint Research. “Es un gigante dormido que ahora está completamente despierto”, agregó.
Durante años, ejecutivos de Google defendieron que la investigación profunda y costosa ayudaría a la empresa a contener a sus rivales, mantener su dominio como buscador líder e inventar las plataformas informáticas del futuro. Pero la llegada de ChatGPT fue la primera amenaza real en años a su motor de búsqueda, pese a que Google fue pionera en la tecnología que sustenta al chatbot de OpenAI. Aun así, Google tiene recursos que OpenAI no posee: un corpus de datos listos para entrenar y perfeccionar modelos de IA, ganancias sostenidas y su propia infraestructura de cómputo.
“Adoptamos un enfoque completo y profundo hacia la IA”, dijo Sundar Pichai, director ejecutivo de Google y Alphabet, a los inversores el trimestre pasado. “Y eso realmente se nota”.
Las preocupaciones sobre una posible limitación por parte de los reguladores se están disipando. La compañía evitó recientemente el desenlace más severo en un caso antimonopolio en EEUU —la división de su negocio— en parte debido a la amenaza percibida de los nuevos actores de IA. Además, ha mostrado avances en su objetivo de diversificar sus negocios. Waymo, la unidad de vehículos autónomos de Alphabet, se expandirá a varias ciudades nuevas y acaba de añadir la conducción en autopistas a su servicio de taxis, logro posible gracias a la enorme inversión e investigación de la empresa.
Parte de la ventaja de Google proviene de su estructura económica: es una de las pocas compañías que produce el llamado full stack o pila completa en computación. Desarrolla desde las aplicaciones de IA que usan los consumidores —como su generador de imágenes Nano Banana— hasta los modelos de software, la arquitectura de nube y los chips que las sostienen. También posee un tesoro de datos para construir modelos de IA provenientes de su índice de búsqueda, los teléfonos Android y YouTube, información que suele reservarse para sí misma. En teoría, eso le da a Google mayor control sobre la dirección técnica de sus productos de IA y le evita pagar a proveedores, a diferencia de OpenAI.
Varias compañías tecnológicas, incluidas Microsoft y OpenAI, han buscado formas para desarrollar sus propios semiconductores o alianzas que reduzcan su dependencia de los chips de Nvidia. Durante años, Google fue prácticamente su propio cliente exclusivo para sus procesadores diseñados internamente, llamados unidades de procesamiento tensorial o TPU, creadas hace más de una década para manejar tareas complejas de IA. Eso está cambiando. La startup Anthropic anunció en octubre que usará hasta un millón de TPU de Google en un acuerdo valorado en decenas de miles de millones de dólares.
Esta semana, The Information reportó que Meta planea utilizar los chips de Google en sus centros de datos en 2027. Google declinó comentar sobre esos planes, pero señaló que su negocio en la nube “acelera la demanda” tanto de sus TPU personalizados como de las GPU de Nvidia. “Estamos comprometidos a respaldar ambos, como lo hemos hecho durante años”, afirmó un portavoz en un comunicado. Meta no comentó sobre el informe.
Los analistas interpretaron la noticia como una señal de éxito. “Muchos otros han fracasado en su intento de construir chips personalizados, pero Google claramente puede sumar otra cuerda a su arco”, escribió Ben Barringer, jefe de investigación tecnológica de Quilter Cheviot, en un correo electrónico.
Google ha asumido riesgos para llegar hasta aquí. A comienzos de 2023, la empresa unificó sus esfuerzos de IA bajo Demis Hassabis, líder del laboratorio londinense DeepMind. La reorganización tuvo tropiezos, como el fallido lanzamiento de un producto de generación de imágenes. Durante años, DeepMind centró su investigación en áreas como el plegamiento de proteínas, que generaron nuevas estrategias comerciales —y un premio Nobel— pero aportaron poco a los resultados financieros de Google. Bajo la nueva estructura, la unidad de IA se concentra casi exclusivamente en modelos fundacionales que compiten con OpenAI, Microsoft y otros.
Hassabis, reconocido científico informático, ha logrado retener a ingenieros clave pese a las ofertas millonarias de los competidores. Su jefe, Pichai, ha estado dispuesto a gastar para mantener talento.
Gemini 3 Pro ha alcanzado el primer lugar en los rankings de IA más seguidos, como LMArena y Humanity’s Last Exam. Andrej Karpathy, miembro fundador de OpenAI, dijo que “es claramente un LLM de primer nivel”, en referencia a los modelos de lenguaje de gran tamaño. Google presentó el modelo como uno capaz de resolver problemas complejos de ciencia y matemáticas, y de corregir errores persistentes —como la generación de imágenes con textos mal escritos— que podrían desanimar a empresas a adoptar servicios de IA de forma masiva.
El interés de los consumidores es más difícil de medir. Google informó la semana pasada que 650 millones de personas usan su aplicación Gemini. OpenAI, por su parte, indicó que ChatGPT alcanza los 800 millones de usuarios semanales. En octubre, la app de Gemini registraba 73 millones de descargas mensuales, frente a los 93 millones de ChatGPT, según la firma de investigación Sensor Tower.
Google sigue siendo un gigante publicitario, pero históricamente le ha costado desarrollar otros modelos comerciales. Su negocio en la nube reportó ingresos por USD 15.200 millones en el tercer trimestre, un alza de 34% interanual. Aun así, se mantiene en tercer lugar detrás de Microsoft y Amazon Web Services, que registraron más del doble de las ventas en la nube de Google en el trimestre más reciente. Según Shah, de Counterpoint Research, la adopción de la IA de Google entre empresas sigue por detrás de Microsoft y Anthropic.
Mientras tanto, OpenAI busca rentabilidad vendiendo versiones premium de ChatGPT y software complementario a compañías. También está cerrando acuerdos con fabricantes de chips como Broadcom, Advanced Micro Devices y Nvidia para respaldar sus ambiciones en IA.
Los TPU de Google resultan atractivos principalmente para un puñado de empresas con facturas de cómputo elevadas, como Meta y Anthropic, explicó Meryem Arik, directora ejecutiva de la startup de IA Doubleword.
Además, la industria de los chips “no es un juego de suma cero con un solo ganador”, afirmó Barringer.
Por un lado, los desarrolladores de IA solo pueden acceder a los chips de Google a través del servicio en la nube de la compañía. En cambio, las GPU de Nvidia pueden usarse con mayor flexibilidad. “En cuanto utilizas TPU, quedas atado al ecosistema de la nube de Google”, señaló Arik.
Depender de un único proveedor podría haber sido una desventaja. Ya no lo es para Google, gracias a sus avances en inteligencia artificial.
“Es justo decir que Google ha vuelto al juego con Gemini 3”, dijo Thomas Husson, analista de Forrester. “De hecho, parafraseando una cita atribuida a Mark Twain, los rumores sobre la muerte de Google han sido ampliamente exagerados, por no decir irrelevantes”.
Con información de Bloomberg
ECONOMIA
Qué pasará con los contratos de trabajo antiguos tras la aprobación de la reforma laboral en el Congreso
La aprobación de la reforma laboral en el Congreso abrió un debate técnico y jurídico sobre el impacto de las nuevas normas para quienes ya están empleados bajo la regulación previa. Según especialistas y el propio texto legislativo, uno de los puntos más sensibles es cómo se aplicarán las modificaciones en materia de contratación, despido y registro a las relaciones laborales en curso, ya que estos cambios incidirán directamente en la estructura de costos de las empresas y en los derechos adquiridos por los empleados de planta permanente.
La reforma, tal como fue aprobada, prevé que las nuevas reglas también alcancen a los vínculos anteriores a su sanción, en especial en lo referido a la terminación del contrato. Si bien el principio general en el derecho argentino es que las leyes no tienen efecto retroactivo y no pueden afectar situaciones ya consolidadas, en el terreno laboral existen matices cuando el contrato sigue en ejecución y aún restan consecuencias pendientes.
Uno de los aspectos más discutidos es la modificación del sistema de indemnizaciones. La iniciativa habilita la sustitución del esquema tradicional de compensación por despido por nuevos fondos de cese laboral o modalidades de capitalización, como ocurre actualmente en la construcción. Para quienes ya estaban contratados antes de la reforma, la entrada en vigencia de la ley marca un antes y un después: si un trabajador con años de antigüedad resulta despedido después de su promulgación, la liquidación se calculará según las nuevas condiciones aprobadas.
Expertos en derecho laboral y previsional sostienen que las posibilidades de cuestionar judicialmente esta aplicación inmediata son limitadas. El argumento es que, aunque la relación laboral haya comenzado bajo una normativa anterior, el hecho del despido tiene lugar bajo la vigencia de la nueva ley. En consecuencia, los criterios para calcular indemnizaciones, la eliminación de sanciones por falta de registración y los topes previstos en la reforma se aplicarían íntegramente a los trabajadores antiguos, con el efecto de reducir las sumas que las empresas deberán pagar en concepto de desvinculación.
La nueva ley también extiende el período de prueba, que hoy es de tres meses, a plazos mayores que podrían alcanzar los seis u ocho meses según el tamaño de la empresa. En este punto, la diferencia entre contratos nuevos y previos es clara: quienes ya superaron el período de prueba y cuentan con estabilidad laboral no pueden ser sometidos nuevamente a ese régimen. El derecho a la estabilidad conseguido bajo la ley anterior se mantiene como una garantía consolidada que la reforma no puede suprimir sin plantear un conflicto constitucional.
Otra de las novedades es la incorporación del sistema de “banco de horas”, que introduce flexibilidad en la jornada laboral permitiendo que las horas extra sean compensadas con descansos en lugar de pagos adicionales. Para las relaciones laborales existentes, la implementación de este mecanismo no será automática ni obligatoria, sino que requerirá acuerdo entre empleadores y empleados para su adopción.
El texto también redefine la responsabilidad solidaria en los esquemas de contratación y subcontratación. Actualmente, la empresa principal es responsable por las deudas laborales de las firmas contratistas. La reforma laboral acota esa responsabilidad a los casos en que se demuestre fraude o negligencia grave. Para quienes trabajan en empresas tercerizadas, esto implica una modificación inmediata en su protección jurídica, ya que una vez en vigencia la nueva ley, la posibilidad de accionar contra la empresa principal se verá limitada, sin importar la antigüedad del trabajador en el establecimiento. El fundamento, según la reforma laboral, es alentar la formalización y reducir la litigiosidad, aunque esto implica una reducción en el nivel de garantías para el personal.
El sector de plataformas digitales de reparto y transporte también queda alcanzado por la reforma, que propone excluir a estos trabajadores de la Ley de Contrato de Trabajo y otorgarles un régimen especial como independientes. Esto afectaría a miles de personas que actualmente litigan por el reconocimiento de la relación de dependencia, ya que la nueva ley consolidaría el modelo de autonomía defendido por las plataformas y dificultaría el acceso a fallos favorables bajo la normativa anterior.
La ley apunta a incentivar la formalización de trabajadores no registrados. Para quienes hoy se encuentran en la informalidad, facilitará su ingreso al sistema legal, condonando deudas y sanciones a los empleadores. Sin embargo, la regularización se hará bajo un esquema que contempla mayores posibilidades de desvinculación para las empresas en comparación con el régimen actual.
La reforma laboral, en síntesis, no se limita a los nuevos contratos sino que establecerá lineamientos para la resolución de conflictos, despidos y reorganización de vínculos laborales, incluso para relaciones iniciadas muchos años atrás, bajo condiciones más flexibles y con menores costos indemnizatorios para las empresas.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lo expresó en términos contundentes: “La reforma laboral es para todos los empleos, no para los nuevos”. De este modo, ratificó que los cambios contemplados alcanzarán tanto a los contratos previos como a los que se celebren después de la promulgación de la ley.
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Los cheques rechazados sin fondos experimentaron un salto de más de 100% interanual en enero de 2026, aunque se redujeron 15% en comparación con diciembre de 2025. Así se desprende del último informe de pagos minoristas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
El volumen de cheques rechazados por falta de fondos se ubicó en 101.836 por un monto nominal de $310.290 millones y experimentó un incremento de 108,5% y 199%, respectivamente en enero, comparado interanualmente, lo que señala dificultades crecientes para cumplir con obligaciones bancarias. No obstante, al observar la comparación con diciembre de 2025, se evidenció una disminución tanto en la cantidad, cuando había sido de 119.285 operaciones.
En el primer mes del año se compensaron casi cinco millones de cheques por $21,7 billones. Los cheques electrónicos (Echeq) tuvieron un rol dominante: el 60,4% de los cheques compensados fueron electrónicos en cantidad y el 82,8% en montos.
La tasa de cheques rechazados por falta de fondos suficientes se ubicó en 2,1% sobre la cantidad total y en 1,4% respecto a los montos, cifras que disminuyeron con relación al último mes de 2025. El Echeq en dólares permitió en enero la compensación de veinticuatro cheques por un monto total de 3,9 millones de dólares.
Las transferencias inmediatas evidenciaron una expansión sostenida durante enero en el sistema nacional de pagos. Las operaciones en pesos sumaron 675,9 millones de transacciones, con un aumento del 24,2% interanual y un monto total de $81,2 billones (incremento del 19% interanual en términos reales).
El protagonismo de la clave virtual uniforme (CVU) fue relevante: el 76,2% de las operaciones tuvo como origen o destino una CVU, lo que impulsa la digitalización de los pagos y la utilización de cuentas de pago no bancarias.
En moneda extranjera, se registraron 2,4 millones de operaciones (4,7 % de aumento interanual), con una suma total de USD 3.420,7 millones y una caída del 2,4% en montos comparado con enero de 2025.
Las transferencias inmediatas “pull”, empleadas para ingresos de dinero, representaron 40,2 millones de operaciones en enero, con un monto total de $3,8 billones. Las variaciones interanuales resultaron del 4,3% en cantidades y del 12,5% en montos reales.
Los pagos con transferencia (PCT) interoperables continuaron en aumento, sobre todo a través del uso de códigos QR. En enero se realizaron 93,3 millones de operaciones de PCT, lo que implicó una suba del 48,1% respecto al mismo periodo de 2025, por un monto de $2,1 billones (51,8% de crecimiento interanual en términos reales).
El uso del código QR se consolidó aún más: el 98,8% de los PCT se inició a través de QR, equivalente a 92,1 millones de operaciones (crecimiento del 53% interanual) y un total de $2,1 billones (57,3% de suba interanual en montos reales).
Las cuentas a la vista (CBU) participaron en el 53,1% de estas operaciones, mientras que las cuentas de pago (CVU) lo hicieron en el 46,9 por ciento. En los comercios, el 54,3% de los montos acreditados correspondió a cuentas de pago y el 45,7% restante a cuentas a la vista.
El empleo de claves aleatorias para iniciar PCT disminuyó considerablemente. Esta modalidad representó solo el 1,2% del total, con 1,1 millones de operaciones (-58,7% interanual) y $36.500 millones (-50,3% interanual).
La infraestructura del sistema contaba con 86 billeteras digitales interoperables y 61 aceptadores de pagos con transferencia registrados ante el BCRA.
En diciembre de 2025, el canal de tarjetas exhibió diferentes dinámicas. El uso de la tarjeta de débito contabilizó 162,8 millones de operaciones por $4,9 billones; ambos indicadores registraron caídas del 28,4% en cantidad y 30,1% en montos reales de forma interanual. En moneda extranjera, hubo 9.700 operaciones por USD 6,1 millones, con el 98,9% tramitado mediante e-commerce.
Respecto a las tarjetas de crédito, la cantidad de pagos llegó a 181,6 millones por $10,6 billones, lo que se traduce en descensos interanuales del 1,8% en cantidades y del 7,9% en montos. Los principales canales de uso fueron POS y QR (38,8%), e-commerce (37,6%) y débito automático (14%). El pago en una sola cuota tuvo preeminencia, alcanzando el 85,1% en cantidades y el 61,8 % en montos.
En cuanto a la tarjeta prepaga, el total fue de 43,5 millones de transacciones por $0,7 billones, con un incremento del 16,2% en cantidades y una merma del 20,2% en montos reales frente al año anterior.
El uso de efectivo sigue siendo relevante en la operatoria minorista, aunque se observan preferencias marcadas por canal. En diciembre de 2025, el 89% de las extracciones se realizó mediante cajeros automáticos, con 55,5 millones de operaciones en Argentina, distribuidas entre 17.275 cajeros habilitados. El monto total fue de $5,3 billones, con un promedio de 3.212 retiros por cajero y una extracción media de 95.500 pesos.
Las extracciones extrabancarias, efectuadas con tarjeta de débito en comercios o empresas especializadas, sumaron 4,1 millones de operaciones por $0,3 billones, con un promedio de $66.600 por retiro. Aquellas realizadas desde cuentas de pago intra PSPCP (“closed loop”) alcanzaron 2,4 millones de extracciones y $0,14 billones, con un promedio cercano a $61.000 por operación.
El sistema de transporte urbano mostró una dualidad en los medios de pago. En diciembre, la tarjeta SUBE se utilizó en 305 millones de viajes, cifra que supone una baja interanual del 14,4% en cantidad de operaciones y del 7,1% en montos reales, totalizando $0,157 billones.
En enero de 2026, los pagos con código QR para el transporte registraron 15,9 millones de viajes, con una facturación de $ 16.200 millones. De estos, el 92,4% correspondió a colectivos (14,7 millones de viajes) y el 7,6% a subterráneos (1,2 millones).
En enero, la factura electrónica MiPyME (FCEM) se mantuvo como herramienta clave para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas. El 85,7% de las operaciones fue en pesos, ingresando al sistema de circulación abierta unas 72.000 facturas por un total de 1,5 billones de pesos.
El informe del BCRA evidencia una evolución dispar dentro de los instrumentos de pago. Resalta, además, que el papel del ECHEQ entre los cheques compensados ha adquirido un peso notable, tanto por cantidad de operaciones como por montos, lo que implica un cambio de fondo en la forma en que las empresas argentinas gestionan sus pagos.
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El tercer mes del año inicia con una serie de ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y salud, consolidando una tendencia de actualización de precios regulados. El esquema de aumentos para marzo combina la aplicación de fórmulas de indexación mensual con decisiones administrativas orientadas a la reducción de subsidios estatales.
La Secretaría de Energía de la Nación ratificó que en marzo entrarán en vigencia nuevos cuadros tarifarios para el servicio de electricidad. Según la información oficial, el impacto en la factura final de los usuarios estará condicionado por el comportamiento del consumo estacional. El organismo precisó que el 37% de los usuarios residenciales experimentará incrementos nominales en sus boletas, con subas que oscilarán entre los $400 y los $5.500.
En contrapartida, el Gobierno estima que el 63% restante de los usuarios podría registrar una baja en el monto final a pagar respecto al mes de febrero. Esta dinámica se explica por el factor estacional: marzo es un mes de temperaturas más templadas, lo que habitualmente reduce la demanda de energía para refrigeración. Bajo el nuevo esquema de subsidios SEF, el tope subsidiable se fijó en 150 kWh mensuales, lo que representa la mitad del límite permitido durante los meses de verano. En términos técnicos, aunque el valor de la tarifa por unidad de energía aumenta para todo el universo de usuarios, la reducción en el volumen consumido compensará el ajuste de precio en la mayoría de los hogares.
En cuanto al gas natural, el incremento promedio a nivel nacional se situará en el 0,96%. Esta variación marginal responde a la incidencia del PAU (Precio de Adquisición de Gas) fijo anual y a la baja estacional del consumo previo a la temporada invernal.
Por otro lado, la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), que presta servicio en la Capital Federal y 26 partidos del conurbano bonaerense, aplicará un aumento del 4% en sus facturas de marzo. Este ajuste forma parte del proceso de revisión tarifaria destinado a cubrir los costos operativos de la compañía.
Las empresas de medicina prepaga aplicarán en marzo el tercer aumento de cuotas del año. Los incrementos se sitúan en un rango que va del 2,85% al 3,2%, en línea con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La dispersión de los ajustes según la entidad prestadora es la siguiente:
- Avalian: 3,2%
- Swiss Medical, Medifé, Omint, Accord, Sancor Salud, Hospital Italiano y Hospital Alemán: 2,9%
- Luis Pasteur: 2,85%
Estos porcentajes se aplican sobre el valor de la cuota de febrero y afectan a los planes de cobertura en todo el territorio nacional, independientemente de la región o el segmento de prestación.
El sistema de transporte de la Región Metropolitana de Buenos Aires también sufrirá modificaciones en sus cuadros tarifarios. En los colectivos del AMBA, el incremento previsto es del 7,7%, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la suba será del 4,9%.
Un factor determinante en el costo del pasaje será la nominalización de la tarjeta SUBE. Los usuarios que no tengan su tarjeta debidamente registrada ante el sistema nacional deberán abonar tarifas diferenciales significativamente más elevadas. El esquema busca incentivar la identificación de los beneficiarios para la aplicación de subsidios directos a la demanda.
Estos serán los valores que se aplicarán a partir de marzo:
Con SUBE registrada:
- De 0 a 3 km: $700.
- De 3 a 6 km: $779,78.
- De 6 a 12 km: $839,86.
- De 12 a 27 km: $899,99.
- Más de 27 km: $959,71.
Sin SUBE registrada:
- De 0 a 3 km: $1.113.
- De 3 a 6 km: $1.239,85.
- De 6 a 12 km: $1.335,38.
- De 12 a 27 km: $1.430,98.
- Más de 27 km: $1.525,94.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) autorizó una suba de hasta el 19% en las estaciones de peaje de las rutas nacionales concesionadas a Corredores Viales S.A. Los nuevos valores entraron en vigencia esta semana y cubren diez tramos distribuidos en las principales arterias del país.
Para las rutas nacionales, la tarifa para vehículos particulares de hasta 2 ejes y 2,30 metros de altura se fijó en $1.500. Aquellos vehículos que superen dicha altura o posean rueda doble abonarán $3.000. Los vehículos pesados de 5 o 6 ejes tendrán un costo de $7.500, mientras que las unidades de más de 6 ejes pagarán $9.000.
En la Autopista Riccheri, se mantiene la diferenciación por franja horaria. Los automóviles particulares pagarán $1.300 en horario valle y $1.500 en hora pico. Para el transporte de carga y vehículos de más de 6 ejes, el valor asciende a $6.500 y $7.500 respectivamente, según el momento de circulación.
Para los inquilinos con contratos vigentes, marzo trae actualizaciones marcadas por los diferentes regímenes legales. Aquellos contratos regidos por la ley anterior y sujetos al Índice de Contratos de Locación (ICL), que combina inflación y salarios, enfrentarán ajustes que reflejan la dinámica de precios de los últimos doce meses. En este caso, el aumento confirmado para el mes de marzo se sitúa en el 33,89%.
Por otro lado, quienes operan bajo el sistema de Casa Propia aplicarán coeficientes que suelen quedar por debajo de la inflación general, al tomar el indicador más bajo entre el promedio salarial y el IPC. En esta oportunidad, la suba será del 16,61%.
En resumen, el mes de marzo se presenta con una reconfiguración general de los precios de servicios y transporte, donde la reducción de la asistencia estatal y la actualización por costos operativos son los ejes centrales de la política tarifaria vigente.
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