POLITICA
De Adrogué a Miami: la red de empresas que creó el financista cercano a Tapia pensando en el Mundial
En poco tiempo, Ariel Vallejo pasó de una oficina con apenas tres empleados en la localidad de Adrogué a tener una red de empresas en Miami. ¿El objetivo? Exportar su marca insignia, Sur Finanzas, la empresa denunciada ayer por la DGI por los delitos de lavado de dinero y evasión.
Vallejo, muy cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, viajó a esa ciudad en la previa de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Según pudo constatar con registros públicos, creó al menos seis empresas pensando en el Mundial de Estados Unidos. Ese plan, por ahora, quedó en suspenso.
El desembarco de Vallejo, tal como había adelantado este medio, comenzó formalmente el 10 de octubre. Ese día registró “Sur Finanzas Company Florida”. Fue tan solo un primer paso.
El 22 de octubre llegó la segunda compañía: Sur Finanzas Real Estate. Y dos días más tarde, la red de empresas volvió a agrandarse. Ese día se registraron cuatro más: «Sur Car Miami Beach», “Sur Inversiones Miami”, “Sur Store Beach” y “Sur Grill Miami”.
Los documentos comerciales todavía no muestran a qué actividad se dedicará cada empresa, aunque la temática sobre la playa parece ser una apuesta que Vallejo ya puso en práctica en Villa Gesell, donde montó un parador a fines de 2023. En ese caso lo hizo a través de la sociedad “Cluster Palace Beach”.
Según documentos del Registro Automotor, esa empresa tiene a su nombre la Ferrari California negra que se veía estacionada en la puerta de la sede central de Sur Finanzas.
Todas las empresas de Miami se registraron a través de un estudio contable, ubicado en 13499 Biscayne Blvd, en la zona norte de Miami.
¿Cuál era el objetivo comercial? “Ariel decía que iba a comprar locales para vender merchandising de la Selección en los meses previos al Mundial”, cuenta un allegado. Un negocio redondo.
“Se vienen cositas…”, había publicado, enigmático, el empresario, en junio, en su cuenta de Instagram. En ese posteo se mostraba sonriente junto al capitán de la Selección, Lionel Messi.
Vallejo arrancó su “carrera empresarial” en 2017. En enero de ese año se constituyó como socio de dos constructoras: Constructora Barbrober Avellaneda SRL y Meta Barbaberto 87 SRL. Ambas aparecen en el registro de emisoras de facturas apócrifas.
Idéntica situación se observa con otra de las empresas de la que fue socio, Valle Business S.A., mencionada en la denuncia penal de la DGI. De esa firma también participa como socia su madre, Graciela Vallejo.
Esta mujer aparece además en “Centro de Inversiones Concordia”, una casa de cambio que adquirió en 2020. Esta firma es el centro de la denuncia que hizo la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) a fines del año pasado por presunto lavado de dinero y que ahora investiga el fiscal Emilio Guerberoff.
La Procelac y la UIF detectaron que una constructora, denominada Construcciones TAR, recibió más de $6000 millones en sus cuentas bancarias entre septiembre de 2022 y julio de 2023, una cifra que no tenía relación con su nivel de actividad. La firma derivó dinero hacia distintas compañías, entre ellas la casa de cambio adquirida por Vallejo en 2020: Centro de Inversiones Concordia.
Vallejo se enteró de esa causa ante una consulta de . Desde ese momento, sus abogados preparan una presentación y el empresario guarda silencio. Solo se expresa en sus redes sociales y manda mensajes desde sus historias de WhatsApp. Primero apuntó a los “traidores”. Y luego publicó una frase enigmática: “Algunas personas son leales contigo debido a los intereses que tienen, una vez que cambien esos intereses también lo hará su lealtad”.
La empresa “Centro de Inversiones Concordia” también forma parte de un sumario del Banco Central, en el que otra vez aparece Vallejo. La entidad monetaria investiga un posible incumplimiento de la norma sobre tenencia de moneda extranjera.
Antes de que comenzaran estas investigaciones nació Sur Finanzas, la marca que lo relacionó con el fútbol argentino y que ahora lo llevó hasta Miami.
La empresa arrancó en Adrogué, pero pronto abrió más de 20 locales en distintos puntos de la zona sur del Conurbano y hasta en el interior del país.
El año siguiente, la marca comenzó a auspiciar a sus primeros clubes de fútbol. Entre ellos, Banfield y Platense. Vallejo empezó a acercarse a Claudio “Chiqui” Tapia y la expansión de Sur Finanzas se hizo visible en las canchas.
Su primer equipo grande fue Racing, donde logró ubicarse como sponsor de la camiseta. En Independiente hizo donaciones y tenía pensando un negocio millonario. Y finalmente le prestó más de $1900 millones a San Lorenzo, antes del “rescate financiero” que el club recibió de la AFA.
La empresa de Vallejo también es sponsor de Banfield, Los Andes, Atlanta y Temperley, además de Barracas Central, el club de Tapia.
Como parte de su expansión, Sur Finanzas adquirió sus propios camiones de caudales. Para promocionarlos, trasladó la Copa del Torneo Clausura 2025 hasta el estadio de Santiago del Estero, donde posó sonriente junto al gobernador Gerardo Zamora y al mandamás de la AFA.
Sur Finanzas también fue el sponsor principal de la Liga Profesional (en 2024), de la Selección argentina, invirtió en el Torneo de Segunda División, en la Liga Femenina y hasta en la Liga Proyección de la Liga Profesional.
La empresa de Vallejo brinda préstamos de consumo y promociona operaciones de cambio. Su salto se dio con el lanzamiento de una proveedora de servicios de pago, Sur Finanzas PSP, que protagonizó dos eventos judiciales de alto impacto en los últimos diez días.
El martes pasado, la Policía Federal allanó la sede central en Adrogué en el marco de la causa Andis. Dos de los investigados en ese expediente, Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví, habrían utilizado Sur Finanzas PSP para realizar transferencias sospechosas, según el dictamen del fiscal Franco Picardi. En ese caso, ni Vallejo ni sus empresas aparecen entre los acusados identificados por el dictamen del fiscal.
Sur Finanzas PSP también es el centro de la denuncia que presentaron ayer los abogados de DGI-ARCA.
La investigación comenzó en abril de 2024 y estuvo a cargo de la Dirección Regional Sur. Los sabuesos de la DGI detectaron que a través de la plataforma de esa firma se hicieron transferencias que ascendieron a $818.000.000.000. El origen de esos fondos disparó las sospechas del fisco.
La denuncia también menciona una posible evasión tributaria a través del servicio de billeteras virtuales de Sur Finanzas PSP. “Por su intermedio, se pueden transferir o recibir fondos desde otras ‘billeteras virtuales’ o desde cuentas bancarias propias o de terceros, así como también, efectuar transacciones en efectivo, ingresando o retirando fondos a través de las redes de pago no bancario que operan desde hace mucho tiempo en el país”, explica la presentación judicial.
Esos movimientos millonarios a través de las billeteras virtuales no estaban exentos del pago de los impuestos de créditos y débitos. El saldo que reclama ahora el fisco por este concepto llega a $3.327.267.047,93.
la empresa denunciada ayer por la DGI,la Policía Federal allanó la sede central en Adrogué en el marco de la causa Andis.,es el centro de la denuncia que presentaron ayer los abogados de DGI-ARCA.,Nicolás Pizzi,Ignacio Grimaldi,Sur Finanzas,Claudio Chiqui Tapia,AFA,Conforme a,Sur Finanzas,,Investigación. El Gobierno denunció al financista ligado al “Chiqui” Tapia por lavado de dinero y evasión,,Investigación. El financista cercano a Tapia está en la mira de ARCA: un “ejército de soldaditos” y la pista de la Andis,,Presiones, lavado y «traidores». La trama oculta de los préstamos millonarios a San Lorenzo a través de una financiera ligada a “Chiqui” Tapia
POLITICA
La universidad pública paralizada: los docente iniciaron este lunes una huelga de varios días
Las universidades públicas de Argentina comenzaron la semana con un paro docente que se extenderá durante varios días y que podría repetirse en las próximas semanas.
La protesta fue definida por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que resolvió intensificar el conflicto con el Gobierno nacional ante la falta de avances en la negociación salarial y el financiamiento del sistema.
El plan aprobado por el congreso de la federación —que reunió a decenas de sindicatos de base— incluye nuevas interrupciones totales de actividades hacia fines de marzo y nuevamente a finales de abril. La conducción gremial explicó que se trata de una estrategia de presión escalonada para el primer semestre.
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Además de las huelgas, el sector prepara una movilización federal universitaria prevista de manera tentativa para el 23 de abril. La convocatoria buscará reunir a docentes, estudiantes y autoridades académicas con el objetivo de defender el sistema público y reclamar mayor presupuesto.
Las organizaciones sindicales también planean instalar en distintas ciudades una “carpa por la universidad y la soberanía”, una iniciativa pensada para visibilizar el conflicto en el espacio público y sumar apoyos de otros sectores sociales y sindicales.
Entre las principales demandas figuran la reapertura urgente de las paritarias y el cumplimiento de la normativa vigente sobre financiamiento universitario. Desde Conadu advirtieron que seguirán de cerca el debate parlamentario ante posibles cambios en esa legislación y no descartaron ampliar las medidas de fuerza si la situación no se modifica durante las próximas semanas del gobierno de Javier Milei.
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Fiscales federales de Corrientes piden revertir un fallo que impide el trabajo en equipo en causas por narcotráfico
La presentación de los fiscales federales de Corrientes, encabezada por el coordinador Carlos Schaefer, se dirigió contra una decisión del Tribunal Oral Federal de Corrientes que limitó la intervención del equipo de la unidad fiscal durante el juicio a Jorge Eduardo Espinoza, alias “Chaquito”. En febrero, en el marco de las audiencias, el tribunal determinó que solo podrían participar dos fiscales en cada audiencia, incluidas las intervenciones en la acusación final.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes resolvió lo anterior tras un planteo de la defensa oficial, estableciendo que únicamente podían intervenir dos integrantes de la unidad fiscal por jornada, también durante los alegatos. Esta dupla definida podría alternarse conforme al artículo 105 del código, el cual prevé dos defensores para el imputado.
En otros casos se ha repetido esta práctica. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó el mismo límite en el proceso que investigó la desaparición del submarino ARA San Juan, en el que también solo dos de los cuatro acusadores pudieron participar en las audiencias de debate.
El argumento de ambos tribunales es que debe mantenerse la “igualdad de armas” entre la defensa y el Ministerio Público Fiscal durante el juicio.
A pesar de estas restricciones, el acusado Espinoza fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Corrientes a trece años de prisión. Sin embargo, se estableció un precedente sobre cómo puede organizarse la acusación en un juicio oral. Pero quedó el antecedente de cómo se configura la acusación en un debate. Esto podría ser esgrimido de nuevo cuando, por ejemplo, el mismo Tribunal juzgue el Caso Loan.
Una nueva negativa
En marzo, previo a la sentencia, la Fiscalía Federal de Corrientes insistió con su planteo y presentó un nuevo argumento: mencionó que el escenario de lucha contra el narcotráfico había cambiado después de conocerse que en Entre Ríos se había gestado un plan criminal que incluía el asesinato de un fiscal federal y un juez federal.
Según la confesión de otros detenidos, Leonardo Airaldi planeaba ejecutar esa acción debido a que ambas víctimas, José Candioti (fiscal federal) y Leandro Ríos (juez federal), participaron en distintas etapas de los procesos en su contra. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, también figuraba en la lista de objetivos. Roncaglia fue jefe de la Policía Federal y, previamente, titular del área de Drogas Peligrosas de esa fuerza.
Para los fiscales federales de Corrientes, lo sucedido en la provincia vecina es una causa nueva para revisar el criterio de dos fiscales y dos defensores. Schaefer recalcó la necesidad funcional de que un equipo, compuesto por fiscales y auxiliares fiscales, intervenga en juicios complejos.
Entre los fundamentos, el fiscal coordinador expuso que contar con un equipo que actúe “de manera simultánea, conjunta o alternada en la etapa de alegatos” resulta esencial por motivos de organización y distribución funcional del Ministerio Público Fiscal. La división del trabajo correspondía con la complejidad objetiva y subjetiva del proceso seguido contra Espinoza.
El expediente abordaba catorce imputados, de los cuales cuatro permanecen prófugos.
El reclamo era duplicar el número de acusadores, con la participación de cuatro fiscales. El pedido buscaba brindar transparencia, protección y seguridad al equipo fiscal: “Estamos frente a organizaciones narcocriminales. Con la participación de equipos alegando, también se diluye la posibilidad de amenazar y amedrentar al actor público”.
El fiscal coordinador subrayó que la intervención de más personas “no configura una multiplicidad de acusadores independientes. Se trata, por el contrario, de una única voluntad institucional que, ejercida de manera coordinada, se plasma en una única teoría del caso”.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes mantuvo su decisión inicial, lo que, a juicio de la acusación, constituyó una invasión a la independencia del Ministerio Público Fiscal.
La Fiscalía Federal de Corrientes presentó entonces un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Sin embargo, el mismo tribunal rechazó la medida, por lo que la cuestión fue elevada mediante una queja a la Cámara Nacional de Casación Penal. Este órgano debe resolver no solo este caso sino también el planteo de los fiscales del ARA San Juan, lo que podría determinar el criterio para futuras causas de alta complejidad institucional.
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El expresidente Mauricio Macri convocó a dirigentes y autoridades del PRO a un encuentro estratégico que se realizará este jueves en Parque Norte. La cita tiene como objetivo definir la hoja de ruta del partido para el resto del año y planificar su papel en las elecciones de 2027.
La reunión, organizada por el diputado y secretario general del partido Fernando de Andreis, espera concentrar a intendentes, legisladores, concejales y figuras nacionales del espacio, entre ellos María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi y la legisladora porteña Silvia Lospennato.
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Más allá de cumplir con formalidades estatutarias del Consejo Nacional del PRO, el cónclave tendrá un fuerte componente político. Allí se evaluarán estrategias legislativas, la representación del partido en el Congreso y los vínculos con gobernadores provinciales, considerados clave para ampliar la influencia federal del macrismo.
El exmandatario ya había iniciado reuniones previas con el foco puesto en consolidar la identidad del PRO y definir su relación con La Libertad Avanza.
La postergación del Consejo Nacional del PRO a fines del mes pasado permitió reprogramar esta cumbre, otorgándole a Macri espacio para marcar la estrategia del partido.
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