POLITICA
Se agrava la situación del juez Maraniello, acusado de abuso sexual y maltrato
Patricio Maraniello, el juez Civil y Comercial federal que se hizo famoso por prohibir la difusión de supuestos audios de Karina Milei, comenzará a ser investigado por la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura por las denuncias en su contra por abuso sexual y maltrato laboral.
Que la Comisión de Acusación −y no la de Disciplina− se aboque a su caso implica que Maraniello no se expone a una sanción disciplinaria, como el descuento de una parte de su sueldo, sino que lo que se analiza es si corresponde iniciarle juicio político para su remoción.
La decisión fue tomada hoy por la Comisión de Disciplina, en donde habían sido enviados inicialmente los expedientes. Ahora, los consejeros entendieron que la gravedad de las imputaciones en su contra merecen sanciones graves, si se confirman.
La Comisión de Disciplina, que preside el abogado kirchnerista César Grau, había postergado el miércoles pasado la decisión de la unificación de los expedientes y el pase a la Comisión de Acusación.
El presidente de la Comisión de Acusación, el senador Luis Juez, había advertido en ese encuentro que no había en todo el Consejo un caso que tuviera la prueba que se había acumulado allí ara avanzar.
Es que ya declararon contra Maraniello la víctima que denunció el abuso sexual, sus compañeros y dos camaristas, superiores del juez, que advirtieron que “nunca” habían visto “nada igual” y hasta detallaron un código de vestimenta que el magistrado imponía a sus empleadas, de tacos y minifalda, lo que motivó a que “en radiopasillo” las llamaran “las azafatas de Maraniello”.
Hoy, en una nueva reunión, finalmente se votó la unificación de denuncias y el pase a la Comisión de Acusación, con nueve votos afirmativos.
Levantaron la mano Grau y Juez, junto a los senadores Eduardo Vischi (UCR), Mariano Recalde e Inés Pilatti Vergara (ambos de Unión por la Patria), el académico Hugo Galderisi y los jueces Alejandra Provítola, Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña.
El único que se abstuvo fue el juez Alberto Lugones, que insistió en no dejar asentado el precedente de la unificación de denuncias.
Quedó excluida una reciente denuncia contra Maraniello por el retardo en la habilitación de feria por un amparo de salud, trámite que continuará en la Comisión de Disciplina.
En tanto, en una votación ajustada que desempató Grau como presidente, la comisión rechazó anular el sumario contra la jueza María Eugenia Capuchetti, denunciada por el kirchnerismo por la investigación del atentado contra Cristina Kirchner.
El kirchnerismo la responsabiliza por el borrado del teléfono del celular de Fernando Sabag Montiel, condenado por el ataque, pero la jueza denunció la responsabilidad de la Policía Federal y de exfuncionarios del kirchnerismo en el asunto.
Capuchetti pedía la nulidad de todo lo actuado porque se había avanzado en el trámite en su contra y hasta convocado a testigos, sin haber sido notificada por el llamado artículo 11 del reglamento, el que le permite al magistrado saber de la investigación en su contra y hacer presentaciones o planteos.
Los consejeros jueces Barroetaveña, Díaz Cordero y Provítola, junto a Vischi y Galderisi, votaron en favor de Capuchetti, pero perdieron ante la decisión de Juez, Lugones, Pilatti, Recalde y Grau, cuyo voto –en su rol de presidente- valía doble.
La discusión que más tiempo insumió a la reunión, sin embargo, fue la que planteó un escenario entre jueces vs abogados. Es la denuncia contra el juez civil Carlos Goggi, que viene declarando de oficio la inconstitucionalidad de la Ley 27.423 de honorarios profesionales de abogados.
A su criterio, esa norma, que ata el cálculo de los honorarios a la remuneración de los jueces federales, es “inequitativa” y por lo tanto ordena no aplicarla. Esos fallos generaron la denuncia del Colegio de la Abogacía de la Ciudad de Buenos Aires.
La abogada Jimena Latorre, que no integra la comisión, reclamaba que se hicieran medidas de prueba contra el magistrado. Según dijo, quería que se expusiera si existía “un patrón” de conducta del juez que no aplica esa ley “porque no le gusta”.
Hernán Cappiello,Abuso sexual,Justicia Federal,Consejo de la Magistratura,Conforme a,AbusoEntrá a la guía de servicio y encontrá los tips de los expertos sobre cómo prevenir, actuar y encontrar ayuda frente a este problemaIR A LA GUÍA,Abuso sexual,,Por abuso sexual agravado. Condenaron a un exfutbolista de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión,,Quebrado. Kevin Spacey aseguró que su situación financiera es muy mala: “Literalmente, no tengo hogar”,,“Sufrí muchísimo”. Carmen Maura y sus dos finales infelices: de la pérdida de la custodia de sus hijos a la ruina económica
POLITICA
Adorni recibió US$100 mil de otras dos mujeres por la hipoteca de un departamento anterior en Caballito
Según un documento del Registro de Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni hipotecó su departamento anterior en Caballito y recibió US$100 mil de otras dos acreedoras.
Se trata del inmueble de Asamblea 1100 en el que vivía antes con su familia. Recibió el dinero de parte de dos mujeres: Graciela Isabel Molina, quien habría aportado 85 mil dólares, y Victoria María José Cancio (15 mil dólares). Así lo pudo constatar TN a través de fuentes judiciales.
El departamento de Asamblea al 1100 tiene dos hipotecas. La primera, de 2014, fue por 75.000 dólares a favor de Stella Maris Roman, la vendedora original del inmueble, que también aparece como prestamista, tal como ocurrió en la operación del departamento de Caballito. Esta hipoteca quedó inscrita el 12 de marzo de 2014.
La segunda hipoteca, por 100.000 dólares, se firmó en noviembre de 2024, con Molina y Cancio como acreedoras.
Adorni informó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción que estas dos mujeres eran acreedoras suyas, aunque hasta ahora no se conocía el origen de la deuda. El funcionario declaró el 50% del monto total.
El departamento, en venta y bajo la lupa judicial
La compra del departamento de Asamblea al 1100, frente al Parque Chacabuco, figura en el Registro de la Propiedad como realizada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y su mujer, Bettina Angeletti, con un precio declarado de 105.000 dólares. Actualmente, la propiedad está en venta, pero sigue a nombre del matrimonio.
La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua en 2024 y del departamento de Caballito el año pasado.
Investigación judicial y más préstamos bajo la lupa
El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, citó a declarar este miércoles a la escribana Nechevenko como testigo. Además, la fiscalía le pidió todos los documentos vinculados a las operaciones de bienes de Adorni y su esposa.
La semana pasada se supo que Adorni escrituró en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito. En esa operación, las anteriores dueñas, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), le prestaron 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado.
Manuel Adorni
POLITICA
Adorni también hipotecó su departamento anterior: otras dos mujeres le prestaron 100.000 dólares
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hipotecó también el departamento anterior en el que que vivía con su familia, en la calle Asamblea al 1100 de la ciudad de Buenos Aires, y registró que así obtuvo un préstamo de 100.000 dólares.
El crédito se lo otorgaron -como en el caso del inmueble de Caballito que compró en 2025- dos mujeres. Les hicieron el préstamo a él y a su esposa, Bettina Angeletti. El crédito se instrumentó el mismo día -15 de noviembre de 2024- que Angeletti adquirió, de acuerdo con la información oficial, la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
accedió a esta información de fuentes oficiales. Sobre ese departamento de la calle Asamblea se trabaron dos hipotecas, según precisan las fuentes. Una, hace 12 años, por 75.000 dólares, a favor de Stella Maris Roman, la vendedora del inmueble (como en el caso del departamento de Caballito, la vendedora aparece además como quien otorga el crédito con una garantía hipotecaria). Esa primera hipoteca está inscripta el 12 de marzo de 2014.
La segunda, por 100.000 dólares, es la de noviembre de 2024. Las acreedoras son Graciela Isabel Molina de Cancio, quien habría aportado 85.000 dólares, y Victoria María José Cancio (con 15.000 dólares).
Adorni había informado que esas dos mujeres eran acreedoras suyas en su declaración jurada de bienes ante la Oficina Anticorrupción, pero se desconocían los detalles sobre esa deuda.
El monto que declaró Adorni es de cerca del 50% de la cifra total del crédito garantizado por la hipoteca de noviembre de 2024. El funcionario informó en su presentación ante la OA correspondiente a ese año una deuda de 43.860.000 pesos con Molina de Cancio (consigna que la tomó en dólares) y una de 7.740.000 con Cancio.
Molina de Cancio es comisaria retirada de la Policía Federal. Fue hasta diciembre de 2021 jefa de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial.
La información se conoce horas después de que el presidente Javier Milei organizó una reunión de Gabinete en la que dio un apoyo explícito a Adorni y les pidió a todos los ministros que coordinen con él sus próximos proyectos.
En el Registro de la Propiedad la compra del departamento de la avenida Asamblea (frente al Parque Chacabuco) figura como efectuada el 20 de febrero de 2014 por Adorni y Angeletti con un precio declarado de 105.000 dólares.
El departamento está actualmente en venta, pero aún figura como propiedad del matrimonio Adorni-Angeletti.
La escribana que intervino en la operación fue Adriana Mónica Nechevenko, la misma que certificó las compras de la casa de Indio Cua, en 2024, y del departamento de Caballito, el año pasado.
El fiscal que lleva adelante la investigación sobre Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, citó a declarar a Nechevenko este miércoles, como testigo, en la causa.
La fiscalía le pidió además a la escribana todos los documentos vinculados a las operaciones en las que hayan intervenido Adorni o su mujer. Eso permitirá conocer, por ejemplo, los pagos a los que se obligó Adorni para saldar las deudas que asumió y garantizó con hipotecas.
reveló la semana pasada que el jefe de Gabinete había escriturado en noviembre de 2025 un departamento de 200 metros cuadrados y cochera en la calle Miró al 500, en Caballito, y que las anteriores dueñas de la propiedad le habían prestado 200.000 dólares, casi el 90% del precio registrado en los papeles.
Se trata de Beatriz Viegas, de 72 años, y de Claudia Sbabo, de 64.
Adorni no dio explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio desde que es funcionario del gobierno de Milei, un proceso que incluyó la incorporación de la casa de Indio Cuá, el departamento de Caballito y una camioneta Jeep Compass, que compró en marzo de 2024, cuatro meses después de asumir como vocero presidencial.
Manuel Adorni,Adriana Mónica Nechevenko,LA NACION reveló la semana pasada,Paz Rodríguez Niell,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,Hugo Morales. Fue campeón con Lanús y ahora lo citaron en la causa del departamento de Adorni,,“¿Quién es? Nadie sabe”. Elisa Carrió arremetió contra Adorni por las hipotecas,,Casa Rosada. Milei encabezó la reunión de Gabinete y dio otra señal de apoyo a Adorni
POLITICA
Federico Sturzenegger irá al Senado a defender la ley de “inviolabilidad” de la propiedad privada
Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Legislación General del Senado comenzarán a debatir pasado mañana, desde las 16, el proyecto sobre “inviolabilidad” de la propiedad privada que Javier Milei anunció el 1 de marzo pasado, cuando inauguró un nuevo período de sesiones ordinarias. Si bien aún no se notificó de manera oficial, el oficialismo libertario deslizó que el expositor principal para defender la iniciativa será el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La disertación de uno de los funcionarios más respetados por el jefe de Estado y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, se convertiría en el plato fuerte del día para el kirchnerismo, que suele denostarlo en el recinto y diversas entrevistas. El golpeado interbloque, que comanda José Mayans, envió sus representantes para la de Legislación General. En tanto, ninguno aparece en la de Asuntos Constitucionales y ambas son manejadas por oficialistas. No obstante, cualquier senador podrá hacerse presente en el convite y preguntar lo que desee.
El texto que “blinda” la propiedad privada modifica normas sobre expropiaciones -antecedente fresco por la victoria en YPF-, barrios populares -se sancionó en la era macrista, con amplísimo apoyo y abrazo de movimientos sociales, como el de Juan Grabois-, tierras rurales e incluso la criticada ley sobre manejo del fuego que Máximo Kirchner impulsó durante la administración de su estimado “compañero” Alberto Fernández. La iniciativa, que consta de seis capítulos y 53 artículos, también apunta a agilizar los plazos de juicios sumarísimos para desalojos de inmuebles urbanos y rurales, y modificaciones en el Registro de Propiedad.
La ley de la Casa Rosada forma parte de una agenda más ajetreada para una Cámara alta que, desde el recambio del 10 de diciembre, trabajó como no se veía hace larguísimos años. Antes del plenario en cuestión, la comisión de Justicia y Asuntos Penales -preside el discreto libertario Gonzalo Guzmán Coraita– volverá a discutir, desde las 12.30, el proyecto sobre falsas denuncias.
El texto fue empujado por una radical –Carolina Losada– y se convirtió casi en la prioridad de su agenda durante largos meses. Encontró un generoso guiño del libertario y extitular de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto. El riojano, en medio del vendaval kirchnerista contra la Casa Rosada de 2024 y 2025, halló espacios para su amiga y dejó de lado otras normas que reclamaban senadores. Hoy lidera nada menos que la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos de magistrados, diplomáticos y militares.
La última versión del dictamen -cayó con el recambio legislativo de diciembre último- imponía “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. Y sumaba: “Si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.
En dicho articulado también se establecía “de uno a cuatro años” de prisión al “testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente”.
Por otra parte, los jefes de las diferentes bancadas se verán las caras mañana, desde las 19, en la reunión de Labor Parlamentaria, con el fin de sellar una sesión para el jueves. Allí, el pleno debatirá ascensos militares -incluidos líderes de las tres fuerzas- dictaminados a finales de marzo por la comisión de Acuerdos. Mismo caso para la dos veces senadora y postulante a embajadora -política- argentina en Canadá, la experimentada neuquina Lucila Crexell. Durante el cónclave en el recinto tomarán estado parlamentario los pliegos judiciales que el Gobierno envió a la Cámara alta la semana pasada.
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