La crisis que atraviesa la cadena de farmacias Dr. Ahorro, la compañía propiedad del grupo mexicano Fénix y dirigida por Xavier González Zirión, sigue alimentando la controversia y el conflicto con sus trabajadores y exempleados suma capítulos cada semana. A la par, la empresa en cuestión continúa acrecentando su rojo financiero y generando polémica por sus manejos bancarios: la firma debe más de $2.400 millones sólo en concepto de cheques sin fondos. La cadena viene de bajar la persiana de sucursales en Mendoza, Córdoba, Salta y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras plazas comerciales. La firma en cuestión viene de pedir el concurso de acreedores y aplicó más de 100 despidos en semanas recientes. Dr. Ahorro atraviesa un contexto de protestas de exempleados que denuncian que la firma sólo pretende cubrir el 50% de los montos correspondientes a indemnizaciones por despido.

En cuanto a la desactivación de sucursales, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cierres de puntos de venta se vienen dando en barrios como Caballito, Pompeya, Villa Devoto, Villa Lugano, Balvanera, Constitución y Saavedra.

Conflicto laboral en Dr. Ahorro

Por el lado de los exempleados, la mayoría alega haber recibido el telegrama en plena temporada festiva, sin cobrar el último sueldo, aguinaldo ni vacaciones adeudadas.

«Nos echaron entre el 22 y el 24 de diciembre, hasta el momento somos más de 90 empleados los afectados», indicaron recientemente a iProfesional representantes de los extrabajadores de Dr. Ahorro en Capital Federal. La cifra, hoy por hoy, se ubicaría en torno a las 110 personas cesanteadas.

«Primero cerraron cuatro sucursales del interior, en Córdoba, Salta y Mendoza. Ahí los trabajadores llegaron a sus puestos y se encontraron con el candado», comentó, al respecto, Claudia Jatimliansky, en dichos radiales.

La representante de los exempleados de Dr. Ahorro aseguró que, también en Capital Federal, los dueños de la cadena «despidieron personal de administración y casa central, que funciona como depósito».

Señaló que los recortes de personal son causa de la crisis económica imperante, la cual «obviamente afecta a todos los comercios y a todas las farmacias».

En paralelo, otras fuentes ligadas al personal de Dr. Ahorro comentaron que «la empresa no quiere pagar el total de las indemnizaciones, sólo el 50% de cada monto«.

«Dr. Ahorro presentó el concurso preventivo como paso previo para declararse en quiebra. Para, justamente, no pagarnos nada a nosotros y a los que aún trabajan en la compañía», declararon exempleados.

Las fuentes aseguraron que, hasta el momento, «son más de 10 farmacias las que se cerraron pero habrá más. Dr. Ahorro debe más de tres meses de alquiler en varios locales y se vienen órdenes de desalojo. Después hay locales donde aún funciona la farmacia que ya comenzaron a ofrecerse en alquiler«.

En su mejor momento, la empresa llegó a contar con al menos 50 sucursales en todo el país. En el seno de quienes reclaman respuestas, se señala además la pasividad del gremio ADEF, la Asociación De Empleados de Farmacias de la CGT, que no se ha pronunciado sobre la situación en Dr. Ahorro y otras compañías del sector que vienen aplicando recortes de personal.

Dr. Ahorro y una situación financiera muy complicada

Según pudo comprobar iProfesional en la base de deudores del Banco Central (BCRA), Dr. Ahorro emitió 271 cheques sin fondos en los últimos tres meses por un monto del orden de los 2.402 millones de pesos.

Además, la compañía posee deudas con bancos como el Santander, el COMAFI y el Galicia, pero también presenta incumplimientos con YPF y MercadoLibre.

A principios de enero, este medio detalló que la cadena realizó una presentación judicial donde detalló que su negocio comenzó a decaer a partir de la pandemia de Covid-19, pero que la fuerte reducción en la venta de medicamentos que tuvo lugar en los últimos dos años complicó su operatoria de un modo casi irreversible.

Según el detalle de acreedores expuesto en la presentación judicial, la cadena mantiene deudas con firmas como Generia —$623 millones—, Vannier —400 millones—, Savant Pharm —283 millones—, Droguería Java —147 millones— y Rospaw —109 millones—, entre otras.

En paralelo, Dr. Ahorro debe casi $1.900 millones a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) bajo el concepto de «incumplimientos en el pago de aportes previsionales».

Tan sólo en el último año, Dr. Ahorro acumuló pérdidas del orden de los 2.000 millones de pesos. La compañía argumentó que ese monto es el resultado de las menores ventas, producto de la caída del poder adquisitivo, la suba del costo laboral y la aceleración que siguen mostrando los alquileres comerciales.

La adquisición estratégica de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A. por parte de Grupo Arcor y Danone generó un pequeño temblor en el sector alimenticio de Argentina. El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con directivos de ambas compañías para discutir el alcance de la operación, que contempla la creación de un joint venture enfocado en potenciar la comercialización y ampliar el acceso a marcas lácteas en el país.

Durante el encuentro, Caputo recibió a ejecutivos de Grupo Arcor y Danone en el marco del anuncio oficial sobre el acuerdo estratégico para la compra mayoritaria de Mastellone Hermanos S.A., la empresa madre de la marca La Serenísima. Los representantes de las multinacionales manifestaron que la iniciativa apunta a mejorar la capacidad comercial, optimizar procesos internos y acelerar el crecimiento de la compañía en el segmento lácteo.

La operación marca un cambio en la estructura de propiedad de uno de los principales actores de la industria láctea argentina. Arcor y Danone acordaron la unificación de sus negocios de productos lácteos en el país mediante la constitución de un joint venture, cuyo objetivo es fortalecer la posición competitiva y consolidar el portafolio de marcas en un contexto de consumo retraído.

La reunión entre Caputo y los directivos de ambas compañías funcionó como instancia para ratificar el compromiso de las empresas con la economía local. El ministro destacó la disposición de Arcor y Danone para invertir en el país y subrayó que el acuerdo “permitirá acercar marcas lácteas de calidad a más consumidores en Argentina”, en palabras recogidas por el propio funcionario a través de sus canales oficiales.

Un compromiso que se da en medio de signos debiles recuperación del consumo de lácteos de los argentinos. Según el último informe del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en enero del 2026 las ventas de lácteos en supermercados fueron de $ 247.945 millones, -3,9% respecto al mes anterior, y +19,3% respecto a igual mes del año anterior. “Esta situación hace presumir que se produjo un mantenimiento del volumen de ventas de productos lácteos en supermercado”, destacaron en el informe.

Pero si se analizan las ventas medidas en moneda constante (ajustado por inflación), la variación interanual muestra una caída del 9,9% que puede provenir, según OCLAVA, de que los precios de los lácteos se ajustaron por debajo de la inflación (13,1%) y/o que los productos comercializados respondieron a productos de menor valor unitario.

Es que las ventas de lácteos en general cayeron fuertemente en 2024 y en 2025 se dio una recuperación, aunque no en su totalidad. “La recuperación en volumen en los supermercados no es acompañada de una recuperación en valor debido a que la sobreoferta de productos lácteos ha generado un crecimiento de los precios por debajo de los niveles inflacionarios generales”, comentaron en el Observatorio.

El joint venture conformado por Arcor y Danone incluye la adquisición de la mayoría accionaria de Mastellone Hermanos S.A., lo que representa un movimiento inédito en la historia reciente del sector. Ambas empresas resaltaron ante Caputo que la operación facilitará la articulación de recursos industriales, logísticos y comerciales para responder con mayor eficacia a las demandas del mercado y a los desafíos económicos actuales.

Pero ahora Arcor y Danone avanzan hacia el control total de la empresa propietaria de La Serenísima, completando un proceso de expansión que comenzó hace más de diez años. De acuerdo con la información presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la transferencia de acciones correspondientes a las Clases A, B, C y D se realizó conforme a la opción de compra y venta acordada el 3 de diciembre de 2015.

La operación todavía requiere la aprobación de los organismos regulatorios pertinentes en distintas jurisdicciones, así como la validación de los órganos societarios. Una vez superados estos requisitos, se constituirá un nuevo joint venture que reunirá bajo una misma estructura operativa los activos de Danone Argentina S.A., Mastellone Hermanos y la red de distribución de Logística La Serenísima.

Antoine de Saint-Affrique, CEO global de Danone, expresó que la operación permite profundizar la alianza de largo plazo con Arcor y fortalece el compromiso con el mercado argentino y la región. Según el ejecutivo, la integración de capacidades abrirá nuevas oportunidades para la innovación y la eficiencia operativa, además de ampliar el alcance de ambas compañías. El objetivo, según remarcó, es acercar productos lácteos saludables y de calidad a más consumidores en el país.

Por su parte, Alfredo Pagani, presidente de Grupo Arcor, subrayó el carácter estratégico del proyecto para la compañía cordobesa. Explicó que el joint venture potenciará la capacidad comercial, las operaciones y los procesos, acelerando el desarrollo de productos diferenciales a través de una estrategia conjunta. También afirmó que la iniciativa reafirma el compromiso de Arcor con el país y complementa su propuesta de valor en el sector de consumo masivo.

El precio de los combustibles volvió a instalarse en el centro del debate económico argentino, no solo por su impacto directo en el bolsillo sino también por su efecto multiplicador sobre toda la estructura de costos.

Detrás de cada litro de nafta hay un componente que suele quedar en segundo plano, pero que explica buena parte del valor final: la carga impositiva.

Tomando como referencia un precio de $2.000 por litro, promedio para lo que hoy cuesta en el AMBA, casi la mitad de ese valor corresponde a impuestos.

En concreto, unos $932, es decir, el 46,6% del precio final.

Se trata de una proporción elevada que permite entender por qué los combustibles en Argentina mantienen niveles altos en términos relativos, algo que queda más en evidencia en contextos como el actual, donde manda la volatilidad en el valor del petróleo por culpa de la guerra en Medio Oriente.

Cómo se reparte la carga

El grueso de la carga tributaria proviene del nivel nacional. Aproximadamente $830 por litro —un 41,5% del total de los $2.000 que vale la nafta súper— corresponden a impuestos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono, además del IVA. Estos tributos no solo tienen un objetivo recaudatorio sino también buscan financiar la construcción de infraestructura.

En menor medida aparecen los impuestos provinciales, que representan unos $60 por litro (3%), y las tasas municipales, que suman alrededor de $42 (2,1%). En algunos municipios esa tasa sobrepasa incluso el 3%.

Aunque su peso es significativamente menor frente a los tributos nacionales, también contribuyen a engrosar el precio final que paga el consumidor.

Tensión en los surtidores

Este esquema impositivo plantea varias tensiones. Por un lado, el Estado encuentra en los combustibles una fuente de recaudación relativamente eficiente, dada la baja elasticidad de la demanda: la nafta es un insumo difícil de sustituir en el corto plazo.

Por otro lado, el alto componente impositivo impacta en la competitividad de la economía, ya que encarece el transporte y, por ende, los precios de bienes y servicios.

Además, existe un efecto distributivo que no siempre se discute. Los impuestos sobre los combustibles son, en esencia, regresivos: afectan proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos, que destinan una mayor parte de su presupuesto a transporte o a bienes cuyos precios dependen de la logística.

En este contexto, cada actualización de impuestos —muchas veces postergada y luego aplicada de manera acumulada— genera saltos en los precios que terminan trasladándose a la inflación. De hecho, en los últimos años, la dinámica de los combustibles ha estado fuertemente influida por decisiones fiscales, más allá de las variables tradicionales como el barril de petróleo o el tipo de cambio.

La discusión de fondo, entonces, no es solo cuánto cuesta la nafta, sino cómo se compone ese precio. Con casi la mitad del valor explicada por impuestos, cualquier estrategia orientada a aliviar el costo del combustible necesariamente deberá incluir una revisión del esquema tributario. El desafío es encontrar un equilibrio entre la necesidad de recaudar y la de no asfixiar a una economía que depende, en gran medida, de la movilidad.

En definitiva, cada vez que un automovilista carga combustible, no solo está pagando energía: también está financiando una parte significativa del funcionamiento del Estado.