La agenda política y sindical se vio atravesada por la controversia en torno a la reforma laboral en la Argentina, a partir de declaraciones de Patricia Bullrich, senadora nacional, quien reconoció deficiencias en el proyecto oficial respecto a la regulación de las licencias por enfermedad. El debate se instaló en el Congreso y en los principales espacios empresariales, donde distintos actores comenzaron a señalar la necesidad de revisar el articulado y proponer alternativas que permitan mejorar la gestión del ausentismo en el trabajo.

En este contexto, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) difundió un informe que pone el foco en las consecuencias del ausentismo laboral y en los desafíos que enfrenta el país para regular este fenómeno. Según el análisis, las reformas impulsadas por el Senado no logran resolver los problemas estructurales del sistema actual y podrían generar mayores dificultades para las empresas. Como parte de su propuesta, IDESA sugiere observar y adaptar modelos de otros países, en particular el caso de Uruguay, donde el sistema de subsidio por enfermedad se apoya en una normativa específica y en mecanismos de control más estrictos.

El eje de la discusión se trasladó rápidamente al Congreso, impulsado por los cuestionamientos de Patricia Bullrich sobre el alcance y la efectividad de la reforma en materia de licencias médicas. La senadora admitió problemas en la redacción y anticipó la necesidad de revisar el artículo relacionado con la justificación de ausencias por motivos de salud.

En paralelo, IDESA presentó un informe que aborda el impacto del ausentismo en las empresas argentinas y las limitaciones de la actual normativa. El documento sostiene que seis de cada diez empresas sufren ausentismo laboral y advierte que “la reforma aprobada en el Senado en materia de licencias por enfermedad es deficiente”. El instituto enfatiza que “en vez de lograr una modernización, se introduce mayor confusión y riesgos para las empresas”. En este sentido, advierte que la reforma “resulta inaplicable en la práctica, por la dificultad que implica para las empresas fiscalizar los certificados médicos”.

El informe de IDESA subraya: “La reforma mantiene la obligación de pagar salarios ante la sola presentación de un certificado médico, sin mecanismos de control efectivos, lo que perpetúa el incentivo al ausentismo”. Además, agrega que “el sistema argentino favorece que el ausentismo se convierta en una estrategia para obtener ingresos sin trabajar, en desmedro de la productividad y la competitividad”.

Entre las recomendaciones, IDESA propone “replicar sistemas implementados en la región que equilibran la protección del trabajador enfermo con la necesidad de evitar abusos”. El organismo menciona el caso de Uruguay y señala: “El modelo uruguayo introduce límites temporales y controles cruzados entre empresas y la seguridad social, lo que reduce los incentivos al abuso del sistema”.

El modelo de Uruguay sobre subsidios por enfermedad se fundamenta en una normativa específica que involucra al Banco de Previsión Social (BPS) y a otros organismos estatales. Este sistema establece una serie de requisitos y condiciones para acceder a la prestación, que busca dar respuesta a los trabajadores afectados por problemas de salud, al tiempo que fija límites para evitar el uso indebido del beneficio.

¿Quiénes pueden acceder al subsidio?

El subsidio por enfermedad en Uruguay se otorga a una amplia gama de trabajadores, incluyendo:

• Trabajadores dependientes de la actividad privada.
• Docentes del Instituto Elbio Fernández.
• Empleados de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con vínculo funcional específico.
• Empleados de la Presidencia de la República y otros organismos civiles, bajo determinadas condiciones.
• Monotributistas comunes y Mides, con aportación rural o de industria y comercio.
• Socios de cooperativas.
• Trabajadores jubilados en actividad parcial, según la ley vigente.
• Asistentes personales, representantes legales y administradores de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).
• Patrones unipersonales de industria, comercio y rurales, bajo ciertos topes de dependientes.
• Monotributistas con cónyuge colaborador y hasta un dependiente, o con hasta tres dependientes en épocas zafrales.

También tienen derecho quienes desempeñan tareas en el programa Uruguay Impulsa y cumplen con el mínimo de días trabajados.

Requisitos para acceder

La normativa uruguaya exige que los beneficiarios cumplan con determinadas condiciones según la modalidad de contratación:

• Jornaleros o destajistas: 75 jornales efectivos trabajados en el año previo al inicio de la enfermedad.
• Mensuales: 3 meses de actividad efectiva en el año anterior, en una o varias empresas, de manera consecutiva o alternada.
• Titulares de empresas unipersonales o monotributistas: Deben estar al día con los aportes y cumplir 3 meses de actividad efectiva en el año previo.
• Embarazadas: Acceden al subsidio aunque no alcancen el mínimo de jornales requeridos.
• Multiempleo: Se requiere certificación médica en todos los empleos simultáneamente.

Características del subsidio y reglas de liquidación

El BPS otorga el subsidio por enfermedad por un período máximo de un año, con posibilidad de prórroga por otro año consecutivo o, en su defecto, hasta dos años alternados dentro de los últimos cuatro años por la misma dolencia. El monto equivale al 70% de todos los ingresos gravados (sin contar aguinaldo), calculado sobre el promedio de los 180 días previos al mes anterior al inicio de la enfermedad. El tope establecido para 2026 es de $67.754 mensuales, sumando la cuota parte de aguinaldo.

El pago comienza a partir del cuarto día de certificación médica, salvo casos de internación, en los que se liquida desde el primer día. En situaciones de accidente de trabajo, el Banco de Seguros del Estado (BSE) cubre dos tercios del jornal habitual y el BPS complementa hasta alcanzar el 70%. Si el BSE rechaza la cobertura, el BPS asume el pago de los días correspondientes, previa certificación.

Para patrones con derecho, el subsidio corresponde al 70% del ficto patronal o de la categoría por la que aporta, con tope específico. Durante el período de cobertura, los patrones quedan exonerados de los aportes tributarios.

Obligaciones de trabajadores y empresas

El esquema en Uruguay establece obligaciones para ambas partes. El trabajador debe informar a la empresa sobre la certificación médica y no tiene que presentarse ante el BPS; el prestador de salud ingresa los datos al sistema y genera la solicitud en forma automática. Para el empleador, existe la obligación de notificar al organismo sobre el último día trabajado, incrementos salariales, reintegros anticipados y suspensiones por mala conducta. Estas gestiones se realizan en línea, a través del sistema del BPS.

La normativa detalla que las certificaciones médicas deben ingresarse dentro de las 48 horas de la consulta y pueden ser consultadas en línea. Existen canales presenciales y digitales para realizar consultas y adjuntar documentación.

Límites y controles

El sistema de subsidio por enfermedad en Uruguay fija límites temporales claros y controles cruzados. El trabajador puede permanecer certificado hasta por un año, con opción de prórroga bajo condiciones específicas. En caso de imposibilidad permanente para el desempeño de tareas, el subsidio se transforma en una prestación prejubilatoria por hasta 180 días. Además, los controles interinstitucionales buscan evitar el uso abusivo del beneficio, resguardando el equilibrio entre la protección social y la sostenibilidad del sistema.

El debate sobre las reformas laborales en la Argentina impulsó el análisis comparativo con modelos regionales. El informe de IDESA refuerza la idea de que “la falta de controles y límites claros en la legislación argentina genera incentivos al ausentismo y a la judicialización de los conflictos laborales”. Al contrastar con la experiencia uruguaya, el organismo concluye que “el sistema argentino resulta más vulnerable a prácticas abusivas, mientras que el modelo de Uruguay introduce mecanismos de control y límites que contribuyen a la transparencia y la eficiencia”.

El análisis de IDESA cierra con la recomendación de “avanzar en una reforma que contemple la experiencia internacional y adapte buenas prácticas para fortalecer la productividad y la equidad en el mercado laboral”.

El valor del dólar oficial en Argentina alcanzó su nivel más bajo de los últimos tres meses, cerrando la semana en 1.420 pesos en un contexto de calma cambiaria. Juan Carlos De Pablo, economista y profesor que es habitual visitante del presidente Javier Milei en Olivos, abordó el fenómeno y brindó su visión sobre las causas detrás de esta tendencia. En una entrevista, explicó que la clave está en la dinámica de oferta y demanda de divisas, además de la intervención del Banco Central en el mercado.

Durante una charla con La Voz en Vivo, De Pablo sostuvo que si el Banco Central no estuviera comprando reservas, el dólar caería todavía más rápido. Según el economista, la autoridad monetaria se comporta como un dique de contención frente a una amplia oferta de dólares que presiona el precio a la baja. “La primera explicación que vos tenés hoy de la compra reserva por parte del Banco Central es evitar caídas mayores”, aseguró.

De Pablo identificó tres factores que alimentan la actual oferta de divisas. Por un lado, la liquidación de exportaciones, que históricamente ingresa dólares al sistema. A esto se suman ciertos inversores que aportan capital al país. Pero el economista destacó un nuevo componente: la participación de los estados provinciales a través de la emisión de bonos dollar-linked, ajustados por el tipo de cambio oficial. “Esta es la razón por la cual me parece que en los últimos movimientos también, junto con eso, aumentó la emisión de bonos denominado dólar link. Es decir, ajustado por el tipo de cambio oficial”, explicó.

A diferencia de situaciones previas en las que el sector privado, con exceso de dólares, demandaba más pesos, ahora la presión proviene de la abundancia de dólares en el mercado. El economista sugirió que la oferta de divisas domina el escenario actual, pero recomendó revisar estos datos con otros especialistas.

Sobre el vínculo entre el valor del dólar y la inflación, De Pablo aclaró que el actual nivel de la divisa no parece favorecer una baja significativa de los precios. “No parece ayudarlo mucho, pero es uno de los resultados”, opinó ante la consulta sobre si un dólar bajo ayuda al gobierno a controlar la inflación. Consideró que la economía argentina atraviesa un desafío profesional entre economistas, incluso dentro del propio equipo económico oficial. El interrogante principal gira en torno a la persistencia de una alta tasa de inflación cuando, según el gobierno, no hay emisión monetaria y el dólar desciende.

De Pablo recurrió a una analogía con la serie televisiva Dr. House para graficar la complejidad del diagnóstico actual. “Tenemos un paciente, tenemos estos síntomas, ¿a qué se podrá deber? La pregunta que hay que hacer es: ¿por qué tenemos una tasa de inflación de dos y medio, dos ocho, dos nueve? Es muy difícil. Arriba tiene desde hace por lo menos, aunque sé yo, un año, creo que un solo mes de 2025 estuvo por debajo del dos por ciento. ¿Por qué? Sí, el Gobierno dice: no estoy emitiendo y el dólar está bajando. Simplemente, lo planteo porque es un tema complicado”, planteó.

Al consultarlo sobre sus hipótesis, De Pablo evitó ofrecer explicaciones cerradas. “No hago hipótesis. Lo que digo es, acá tenés un tema delicado, con precisión. Hay que juntar, no tengo respuestas. Si las tuvieras, te las daría”, respondió. Esta postura se extendió también al terreno de las proyecciones: “No hago pronósticos, así que no sé. Y me burlo públicamente de los que hacen pronósticos cuando lo dan en decimal, y vos viste la caradura. Dos coma siete. Y hacen una teoría de: no, esperaba dos coma siete y salió dos coma ocho. No jodas”.

En relación al nivel de actividad económica, De Pablo respondió a la inquietud sobre la tendencia ciclo del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que en los últimos cinco meses mostró un valor cercano a cero. Reconoció el estancamiento y la heterogeneidad dentro del sector productivo, señalando que la ansiedad debe canalizarse en acciones concretas por parte de los empresarios. “La primera cosa que vos le tenés que decir es: ¿qué te está pasando a vos y por qué creés que a vos te está pasando lo que te está pasando? Y de ahí, así para arriba. Lo que no hay que hacer, esto es una barbaridad, es decirle: no te calentés, en las próximas elecciones, ya vienen los que saben, cosas por el estilo, porque no es así”, planteó.

Para De Pablo, la economía no puede analizarse sólo desde grandes sectores o regiones, sino que debe contemplar la experiencia diaria de los individuos. Afirmó que “los sectores no existen, las regiones no existen, los mercados no existen. Existen los seres humanos comprando y vendiendo y tomando decisiones y jugándosela todos los días”. Remarcó que los cambios en los hábitos de consumo y la transformación del comercio generan efectos directos sobre el nivel de demanda, como ilustró al mencionar la venta de diarios impresos.

Consultado sobre la reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado, De Pablo consideró que el alcance de la medida dependerá del texto final que se apruebe y de la aplicación judicial. Manifestó que el aspecto más relevante para los empresarios es la reducción de los riesgos laborales más que el costo laboral en sí. Destacó la importancia de una cláusula que establece la actualización de los juicios laborales según la inflación más un 3% anual, y que la correcta aplicación judicial de esa norma resultaría clave para la toma de decisiones empresariales.

El economista también habló sobre la apertura comercial y el debate respecto al nivel de importaciones en la economía argentina. Consideró que la discusión generalizada sobre el tema resulta abstracta e inútil, ya que el país suele oscilar entre extremos. “Argentina es el país de la exageración. Vos pasaste del abuso de los precios de referencia en la aduana a los no precios de referencia”, expresó. Opinó que, a pesar de las críticas, los datos disponibles no muestran un aluvión importador. Agregó que la apertura económica tiene efectos variados a nivel individual y que para muchas personas, la posibilidad de acceder a productos importados sigue limitada.

En cuanto a la evolución de las tasas de interés, De Pablo recordó que los niveles alcanzados en 2025 respondieron a la corrida cambiaria previa a la elección de medio término. “Lo que pasó con la tasa de interés fue el reflejo de la corrida que tuviste con todo el dólar previo a la elección de medio período. Esas tasas se pincharon. De cualquier manera, hay que decir, esto es totalmente dinámico”, explicó. Recomendó utilizar la tarjeta de crédito solo como medio de pago y no como fuente de financiación, advirtiendo sobre los riesgos de sobreendeudamiento.

De Pablo cerró su participación con una recomendación a los empresarios: enfrentar los desafíos con acciones concretas y evitar la resignación o la espera de soluciones externas. Sostuvo que la vida económica presenta dificultades, pero insistió en que cada agente debe analizar su propia situación y actuar en consecuencia.

En enero, el valor promedio de las expensas en Argentina superó los $254.000, con un incremento mensual del 1,37%. Este aumento, por encima de la inflación, incrementa la presión sobre los gastos fijos de quienes viven en propiedad horizontal. En diálogo con Infobae en Vivo, Guido Commenge, analista de la consultora Octopus explicó en detalle la evolución de estos costos.

“Todos los meses suben las expensas y eso históricamente siempre fue así. Notamos el último periodo, todo el último año, que hay una desaceleración de la suba de expensas. Es cierto que sube, pero en muchísima menor proporción que lo que venía subiendo en años anteriores”, dijo a Infobae en Vivo Commenge.

Este ajuste representa un desafío adicional para los consorcistas, quienes ya sufren una pérdida sostenida de poder adquisitivo. Para muchas familias, las expensas se suman al costo del alquiler, lo que hace aún más difícil el acceso a la vivienda.

“Los consorcios no son nada distintos a lo que pasa en el país. Cuando en un país como Argentina hay inflación y costos que están descontrolados, eso impacta directamente en expensas. En general, llega más tarde a las expensas, no llegan a ajustarse en épocas de inflación y en épocas de menor inflación, como la que estamos atravesando el último año, tiende a corregir”, detalló Commenge.

Entre los factores que impulsan este crecimiento, la periodista Belén Escobar indicó que los salarios de los encargados y las cargas sociales tienen un peso determinante en el monto mensual. “Esto pesa cerca de 70%” del total mensual, agreó el analista.

Asimismo, el encarecimiento de los servicios públicos, como el agua y la electricidad, también agrega presión, ya que en muchos casos esos servicios se incluyen directamente en las expensas. “Esto significa que los residentes no tienen opción de abonar estos conceptos por separado”, indicó Escobar.

Entre otras cosas, el mantenimiento de los espacios comunes y los gastos administrativos completan el conjunto de erogaciones que afectan el bolsillo de los usuarios. Escobar detalló que rubros como el mantenimiento representan un 11% mensual, intensificando el deterioro del poder de compra.

Estas expensas representan un gasto fijo indispensable para quienes habitan edificios. Consultado sobre el nivel de cumplimiento, Commenge detalló: “La morosidad es un tema particular porque claramente para la gente que vive en un consorcio es un peso muy importante. Cuando una persona deja de pagar expensas, esos gastos se tienen que afrontar igual por el resto de los vecinos, por ende, tiende a generar aumentos de expensas”.

Sin embargo, destacó un dato relevante: “Nueve de cada diez personas abonan expensas regularmente. Es un tema que cuando alguien deja de pagar, empieza a acumular mucha deuda, pero la regularidad de los pagos de expensas, en general, la gente paga expensas”.

El especialista señaló que los consorcios con alta morosidad sufren un impacto mayor: “Lo que sucede en consorcios que tienen muchos deudores es que esa deuda genera una porción importante y esos gastos tienen que ser afrontados por el resto. El resto de los vecinos tienen que juntar el dinero para pagar los gastos del consorcio”.

Frente a la pregunta sobre si los impuestos locales podrían aliviar el monto de las expensas, Commenge fue taxativo: “En los consorcios tenés un peso importante de lo que tiene que ver con salarios, de los cuales no se puede hacer nada. Va de acuerdo a la negociación de paritarias que tenga el sindicato. Luego tenés los servicios públicos, que también hay poco que se pueda hacer”, sostuvo.

El analista de Octopus recomendó focalizar en el mantenimiento: “Lo importante en un consorcio es hacer los mantenimientos correspondientes y eso genera menos gasto. Cuando tenés un inconveniente de una rotura, es mucho más caro para el consorcio que mantenerlo al día. Tenés un montón de gastos que corresponden a tener las calderas como corresponde, al mantenimiento de ascensores correcto, al mantenimiento de elementos contra incendios”.

Para Commenge, ajustar en este punto podría ser un arma de doble filo: “Ese es un rubro donde hay posibilidad de revisar, pero en definitiva a veces atenta contra el ahorro, inclusive”.

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