ECONOMIA
Desde mañana aumentan 4,3% los colectivos, subtes y peajes en CABA y 14,8% los colectivos en la Provincia

Desde mañana, lunes 1 de diciembre, regirán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un nuevo aumento de las tarifas des colectivos, subtes y peajes. Será del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre (el último conocido más un extra de 2 puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de subsidios.
En la provincia el ajuste será mayor, debido a la aplicación de un ajuste adicional que llevará el aumento al 14,8 por ciento.
En CABA el boleto mínimo de colectivos pasará a costar $593,52 y en la provincia 658 pesos. De este modo, habrá tres tarifas distintas en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): las tarifas de los de jurisdicción ya habían aumentado hace dos semanas y en ellos el boleto mínimo cuesta desde entonces 494,83 pesos.
En CABA también aumentará el subte: desde mañana costará $1.206 pesos por viaje. Por su parte, el costo del peaje para autos en hora pico será de $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico los valores serán respectivamente de 3.466,55 y 1.444,25 pesos. La fundamentación de la suba de peajes es un plan de obras a cargo de AUSA, hoy en sus etapas iniciales y que ganaría ritmo en los próximos meses.
Las autoridades de la Ciudad en colectivos y subtes argumentan que los aumentos sirven para recomponer el atraso tarifario, pues en los colectivos la actual tarifa cubre solo el 70% del costo del servicio, en tanto en el subte la cobertura supera levemente el 76 por ciento.
En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA desde 2024 el boleto mínimo será de $593,52 para trayectos de hasta 3 kilómetros, aumentará a $659,50 para trayectos de 3 a 6 kilómetros, a $710,31 para viajes de 6 y12 kilómetros y a $761,15 en recorridos superiores a los 12 kilómetros.
La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostiene que además de descontar el atraso respecto de los costos de operación, la actualización tarifaria apunta a sostener un programa de modernización de más de 1.600 unidades incorporando validadores que aceptan tarjetas de crédito y débito, la SUBE y teléfonos celulares, además de la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.
Además, CABA apunta una “migración” hacia energías limpias, en base a incentivos para que las empresas incorporen colectivos a gas o eléctricos a medida que renueven su flota. La propia Ciudad ya lanzó a la calle, en áreas turísticas como el Microcentro y San Telmo, unidades eléctricas, que además por el color amarillo se distinguen por su andar completamente silencioso.
En el sector privado empezó a recoger el desafío de las “energías limpias”: la empresa Metropol anunció la compra de 150 unidades a gas para las líneas que recorren la Ciudad. Además, desde 2027 será obligatorio, cuando se retire una unidad a gasoil, reemplazarla con otra en base a “energías limpias”, a gas o eléctrica. Ya en 2026, sin embargo, no menos de 15% de la flota debería ser de unidades eléctricas o a gas, proporción que se duplicaría el año siguiente.

El costo del viaje en subte se va a $1.206 y para morigerar el impacto el gobierno porteño dispuso que al menos un molinete por estación acepte tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE. Y se incorporaron pagos sin contacto como billeteras de teléfonos móviles con tecnología NFC y QR.
Según Emova, ese tipo de pagos ya llega al 30% de las transacciones y confirma que muchos usuarios achican costos usando promociones bancarias y de billeteras virtuales, con descuentos y reintegros sustanciales. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que abonando con el mismo medio de pago reciben descuentos cuando superan el viaje número veinte. De 21 a 30 viajes, el costo del pasaje baja a $964,80, de 31 a 40, a$ 844,20 pesos y desde el viaje 41 se abonan $723,60 pesos. Además, el Premetro cuesta 422,10 pesos.
En el caso de la provincia, el aumento del 14,8% responde a un nuevo esquema tarifario que aumenta el costo de los colectivos urbanos, a partir de una consulta ciudadana que se hizo a mediados de noviembre. El nuevo cuadro de tarifas rige exclusivamente para las líneas que circulan íntegramente por territorio bonaerense y no ingresan a CABA.
Sucede que las líneas que recorren sólo la provincia usan tarifas fijadas por la gobernación, mientras los colectivos que solo viajan por CABA dependen del gobierno porteño y los servicios nacionales, que atraviesan ambos distritos, tienen sus tarifas definidas a nivel federal.
La estructura tarifaria que entra en vigor apunta a recomponer los ingresos de las empresas concesionarias y afrontar los mayores costos asociados a la operación, entre ellos el valor del combustible y el mantenimiento del parque automotor. La resolución 342, publicada el viernes previo a la implementación del nuevo tarifario, marca el inicio formal de estos aumentos. El Ministerio de Transporte bonaerense explicó que el ajuste incluye un aumento extraordinario del 10%, sumado a un mecanismo de actualización mensual vinculado a la inflación más dos puntos porcentuales, en línea con el sistema vigente desde marzo. De este modo, la suba total para diciembre llega al 14,8 por ciento.
La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) consideró “acertada” la medida del gobierno bonaerense de desacoplarse de las tarifas nacionales y de CABA. “Con el anuncio de este aumento de tarifa para las líneas provinciales, junto con el próximo desacople de los cálculos de subsidios por parte de la Provincia (quién asumirá, según nos informa, las plenas competencias en la materia de cálculos y determinación desde enero) se abre un nuevo escenario, que entendemos ofrece mejores garantías ante la vocación de diálogo que percibimos), para asegurar la continuidad de los servicios”. AAETA dijo ser consciente de la “incomodidad” de la medida del gobierno bonaerense, pero un “servicio esencial” -concluyó- “requiere este tipo de decisiones.
El nuevo cuadro tarifario se detalla según las escalas de kilómetros recorridos. Para servicios urbanos del Gran Buenos Aires, el pasaje mínimo (correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros) se establece en $658,44. Los tramos escalonan los precios en función de la distancia: 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.
Para quienes abonan el pasaje con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo resulta considerablemente mayor, con valores mínimos que parten desde $1.046,92 y alcanzan un techo de $1.435,34 según la distancia recorrida. Este diferencial busca incentivar la nominalización de la SUBE para establecer una correspondencia entre usuario y tarjeta, y limita el uso de subsidios a cada pasajero registrado.
Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23. Estos importes representan un beneficio orientado a reducir el peso del transporte en los presupuestos de los sectores más afectados por la suba general de precios.

En el segmento de colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se observan nuevos valores. El boleto mínimo para este tipo de servicio se modifica: antes costaba $753,99 y ahora asciende a $866,28 con SUBE nominalizada. Si el pasajero utiliza SUBE sin registrar, el boleto mínimo llega a $1.377,39. Además, el cobro por kilómetro fija una base de $33,46 (SUBE nominalizada) frente a $53,20 (no nominalizada), mientras que la tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).
El alcance del aumento es exclusivo para las líneas provinciales, es decir, en aquellas que no ingresan en Capital Federal, y por tanto no afectan a los servicios regidos por el gobierno porteño y el nacional. El esquema implementado responde a la necesidad, según especificaron fuentes oficiales, de recomponer el equilibrio operativo de las empresas de transporte, que actualmente sufren presiones por el costo de insumos clave. Entre los factores señalados, aparecen la volatilidad del tipo de cambio, los ajustes frecuentes del precio del combustible y el incremento en los insumos para el mantenimiento y renovación de flotas.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, expresó preocupación respecto a la situación del sector, en simultáneo con la entrada en vigor de la nueva tarifa. El sindicato llamó la atención sobre la posibilidad de dificultades en el pago de salarios y del Sueldo Anual Complementario (SAC) en diciembre. UTA responsabilizó tanto al Estado nacional como a las cámaras empresarias del AMBA por la decisión de pagar los haberes de noviembre en dos tramos y fraccionar el aguinaldo en seis cuotas.
En palabras difundidas por la UTA, la entidad advirtió: “El Gobierno será responsable si los trabajadores deben realizar un paro para percibir en tiempo y forma los salarios que constituyen el sustento de sus familias”. El gremio anticipó que si las liquidaciones no se efectúan en tiempo y forma, la posibilidad de medidas de fuerza no está descartada.
El nuevo cuadro bonaerense deja en evidencia una brecha de valores respecto a tarifas de otras jurisdicciones. El Observatorio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) resaltó que, pese a las subas, el conurbano bonaerense y el AMBA sostienen los boletos más bajos del país. Tarifas de ciudades del interior superan el umbral de los $1.500 por viaje: en Bariloche, un boleto cuesta $1.895, en Córdoba se ubica en $1.720 y en Rosario alcanza los $1.580.
Mientras, los valores para los colectivos que circulan solo en CABA siguen una lógica propia. En esos servicios urbanos, el pasaje para tramos de hasta tres kilómetros asciende a $568,82 con SUBE registrada, y escala a $731,34 para trayectos largos (12 a 27 kilómetros). Para los servicios nacionales del área metropolitana, que integran el recorrido por CABA y la provincia, la tarifa inicial subió recientemente cerca de un 10%. Ahora parte desde $494,83 y trepa hasta $678,42 para más de 27 kilómetros.
Este entramado tarifario deja delineado el esquema regulatorio posajuste, donde cada jurisdicción define de manera autónoma los precios según la circulación de los ramales. En el caso bonaerense, el nuevo cuadro ya se encuentra en vigencia para las líneas afectadas, que incluyen aquellas numeradas del 200 en adelante y que no ingresan en la capital nacional.
La estructura tarifaria mantuvo diferencias para quienes utilicen SUBE sin nominalizar, estableciendo precios más elevados que quienes cuentan con una tarjeta asociada a un nombre y DNI. De este modo, el incentivo para asignar una tarjeta personalizada se refuerza con una diferencia de varios cientos de pesos por tramo y con topes que pueden superar los mil cuatrocientos pesos, dependiendo el trayecto.
La Secretaría de Transporte bonaerense fundamentó el incremento en la necesidad de acompasar la evolución de los costos y asegurar la continuidad de las operaciones. El comunicado oficial argumentó que “el esquema vigente no logró equilibrar los costos operativos del sector”. En ese documento, el gobierno provincial enumeró como elementos determinantes la cotización del dólar oficial, el precio en los surtidores y la tendencia alcista de los repuestos y servicios de taller.
Sobre la marcha, el aumento de diciembre concreta las expectativas del sector empresario que venía insistiendo en la urgencia de una recomposición de ingresos, frente a márgenes que describían como insuficientes para sostener niveles aceptables de prestación en el conurbano.
La resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense formalizó los incrementos, tras una consulta pública que se realizó los días 19 y 20 de noviembre. El documento precisó el porcentaje de ajuste, definió la tabla de valores vigentes desde diciembre y confirmó el carácter acumulativo del mecanismo inflacionario que desde marzo cada mes revisa los boletos en función del índice de precios al consumidor difundido por el INDEC, sumando dos puntos adicionales.
El nuevo esquema tarifario establece así, para cada segmento, los siguientes valores:
Gran Buenos Aires (tarifa plena con SUBE registrada):
- 0-3 km: $658,44
- 3-6 km: $733,50
- 6-12 km: $790,00
- 12-27 km: $846,57
- Más de 27 km: $902,73
Gran Buenos Aires (SUBE sin nominalizar):
- 0-3 km: $1.046,92
- 3-6 km: $1.166,27
- 6-12 km: $1.256,11
- 12-27 km: $1.346,04
- Más de 27 km: $1.435,34
Atributo Social:
- 0-3 km: $296,30
- 3-6 km: $330,08
- 6-12 km: $355,50
- 12-27 km: $380,96
- Más de 27 km: $406,23
Interurbanos de media distancia (tarifa plena):
- Terminal: $219,05
- Base pasajero/km: $33,46
- Boleto mínimo: $866,28
Interurbanos de media distancia (SUBE sin nominalizar):
- Terminal: $348,29
- Base pasajero/km: $53,20
- Boleto mínimo: $1.377,39
La nueva política tarifaria que aplica la provincia de Buenos Aires no modifica el cuadro de tarifas de otros servicios urbanos o metropolitanos ni afecta los valores a cargo de otras jurisdicciones. El aumento impacta exclusivamente en recorridos que se desarrollan íntegramente en territorio bonaerense y que se identifican por sus números superiores al 200. El resto de los servicios quedó sujeto a sus propias mesas de negociación y a las políticas tarifarias definidas por las autoridades específicas de CABA y el gobierno nacional.
Las entidades empresarias que agrupan a los operadores de colectivos urbanos en la provincia de Buenos Aires manifestaron que la suba del boleto anunciada por el gobierno bonaerense constituye “una medida acertada en medio de la problemática del transporte”. Consideran que la actualización de los valores tarifarios resulta necesaria para ayudar a normalizar el sistema y sostener los servicios, en un contexto económico desafiante.
Las cámaras destacaron que, aun con este incremento, las tarifas del Área Metropolitana de Buenos Aires se mantienen entre las más bajas del país y recalcaron que los subsidios actuales sólo cubren una parte de los costos reales de operación. Señalaron que el 63% de los ingresos de las empresas provienen de compensaciones tarifarias aportadas por la provincia, mientras que la Nación financia los beneficios sociales. Sin embargo, advirtieron sobre la desactualización de los cálculos de subsidios, ya que no contemplan la inflación ni los aumentos salariales recientes, lo que aumenta el riesgo de dificultades para cumplir con las obligaciones con el personal.
Las cámaras empresarias recibieron con expectativa la próxima asunción plena de competencias por parte de la provincia para definir subsidios y estructura de costos a partir de enero. Consideran que este cambio podría mejorar la previsibilidad y garantizar recursos para asegurar la continuidad de los servicios. Valoraron el gesto oficial y expresaron que ajustes tarifarios resultan incómodos, aunque indispensables para garantizar este servicio esencial y restaurar condiciones de inversión y frecuencias.
ECONOMIA
Cuáles son las provincias que disponen de más fondos por habitante sumando recursos propios y envíos del gobierno nacional

La capacidad de las provincias para financiar sus servicios públicos muestra diferencias profundas en la Argentina. Mientras algunas jurisdicciones cuentan con ingresos que les permiten sostener un gasto por habitante muy por encima del promedio, otras operan con recursos considerablemente más bajos. Esa brecha queda en evidencia en el informe elaborado por el IARAF bajo la dirección de Nadin Argañaraz, que analiza cuánto puede gastar cada provincia por habitante y cómo cambió ese indicador entre 2010 y 2024.
El estudio ordena a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la capacidad efectiva de gasto por persona, a partir de la suma de recaudación propia, regalías y transferencias nacionales automáticas y no automáticas, expresadas en pesos constantes de mayo de 2025. Los resultados muestran una estructura territorial muy heterogénea y un mapa donde las diferencias se amplifican con el paso del tiempo.
Para 2024, las jurisdicciones con mayor capacidad de gasto
por habitante fueron Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca y La Pampa. Neuquén alcanzó el primer puesto luego de desplazar a Santa Cruz, mientras que Tierra del Fuego conservó su lugar. El promedio general de las 24 jurisdicciones se ubicó en $2.193.000, aunque las desigualdades internas fueron marcadas: la capacidad de gasto por habitante de Neuquén fue 4,3 veces la de la provincia de Buenos Aires.

El estudio analiza con detalle la evolución del indicador durante los últimos catorce años. Entre 2010 y 2024, el consolidado de las provincias registró una caída real de 9,8% en su capacidad efectiva de gasto. El documento destaca que “la caída de los recursos nacionales explicó buena parte de la caída de la capacidad de gasto por habitante”. Las transferencias automáticas crecieron en términos per cápita, pero no lograron compensar la reducción de las transferencias no automáticas, que tuvieron un descenso significativo.
A lo largo del período se produjo un cambio relevante en la estructura de financiamiento provincial: aumentó el peso de la recaudación propia, en especial Ingresos Brutos, mientras que las transferencias discrecionales de la Nación perdieron protagonismo. Según el IARAF, “se observó una caída general de la capacidad real de gasto, una marcada reducción del financiamiento discrecional de la Nación mediante transferencias no automáticas y un fuerte incremento de la recaudación de Ingresos Brutos”. Esa dinámica modificó la composición de los ingresos provinciales y elevó la correspondencia fiscal, aunque no redujo las brechas entre jurisdicciones.
El informe identifica la variabilidad de las regalías como el factor que más incide en las diferencias entre provincias. Allí radica una parte importante de la explicación del liderazgo sostenido de Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, dado que cuentan con producción hidrocarburífera o minera relevante y baja densidad poblacional. Las regalías, combinadas con la recaudación propia, otorgan a estas provincias una capacidad de gasto muy superior a la de aquellas que dependen en mayor medida de la coparticipación federal.

Un punto central del documento es la identificación de las únicas provincias que lograron aumentar su capacidad de gasto real entre 2010 y 2024: Neuquén y CABA. En el caso de Neuquén, el crecimiento estuvo impulsado por mayores ingresos tributarios locales —particularmente Ingresos Brutos— y por un incremento sustancial de las regalías debido al avance de la actividad petrolera. Para CABA, el informe relaciona el aumento con envíos no automáticos asociados al acuerdo por coparticipación. Las otras 22 jurisdicciones experimentaron caídas de distinta magnitud.
El documento también incluye gráficos y cuadros que detallan la composición de los ingresos provinciales y muestran cómo se comportaron cada una de las fuentes entre 2010 y 2024. Allí se observa la variación de la recaudación propia, de las regalías, de las transferencias automáticas y de las no automáticas. Además, el informe aclara que el indicador utilizado excluye ingresos excepcionales y busca armonizar diferencias vinculadas a los sistemas previsionales provinciales, con el fin de asegurar comparabilidad entre las 24 jurisdicciones.
Para profundizar el análisis, el IARAF clasifica a las jurisdicciones en cuatro grandes grupos construidos a partir de dos variables: nivel de ingresos y densidad poblacional. Esta división permite observar patrones comunes entre provincias que comparten rasgos estructurales similares.
El primer grupo está compuesto por distritos de altos ingresos y alta densidad poblacional, entre los que se encuentran CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de provincias con una base tributaria amplia y niveles elevados de actividad económica. Sin embargo, su población numerosa hace que la capacidad de gasto por habitante sea menor que la de otros territorios menos poblados.
El segundo grupo reúne a las provincias de altos ingresos y baja densidad poblacional, como Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y San Luis. En estas jurisdicciones, el peso de las regalías y la poca población generan un nivel de recursos por persona muy elevado, lo que explica su presencia constante en los primeros lugares del ranking.

El tercer grupo incluye a provincias de bajos ingresos y alta densidad poblacional, entre ellas Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Mendoza. Estas jurisdicciones enfrentan mayores desafíos debido a que cuentan con menos recursos propios y una población más numerosa.
El cuarto grupo está integrado por provincias de bajos ingresos y baja densidad poblacional, como Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy. En este caso, la capacidad de gasto por habitante varía más según la disponibilidad de recursos naturales. Catamarca, por ejemplo, mostró mejoras asociadas a regalías mineras, mientras que otras provincias del grupo registraron retrocesos.
El informe concluye que, pese a los cambios en la composición de los ingresos y en la dinámica de las transferencias nacionales, las diferencias entre provincias se mantienen prácticamente sin alteraciones en el tiempo. Las jurisdicciones con mayores recursos naturales y menor población continúan encabezando el ranking, mientras que los territorios más poblados y con menos recursos se ubican en los últimos lugares.
La estructura fiscal argentina sigue mostrando un contraste significativo entre provincias ricas en regalías y aquellas que dependen en mayor medida de la coparticipación federal. El análisis del IARAF aporta un diagnóstico sobre la persistencia de esas brechas y expone cómo varía la capacidad de gasto potencial que cada jurisdicción puede activar, en un contexto donde las transferencias no automáticas pierden peso y los ingresos propios se vuelven más relevantes.
ECONOMIA
Ni 10 mil ni 15 mil dólares: cuánto sale refaccionar un baño y cocina estándar

Los costos para refaccionar baños y cocinas mostraron un cambio relevante en el último trimestre. Medidos en dólares, bajaron por primera vez luego de casi dos años de subas continuas. La corrección se dio por el movimiento reciente del tipo de cambio, que empujó a la baja el valor de la obra chica expresada en moneda dura.
Según Reporte Inmobiliario, refaccionar un baño y una cocina estándar en un departamento urbano demanda hoy una inversión cercana a $17.039.421, equivalentes a US$11.850 al valor del dólar blue vendedor de la última semana. Esa cifra es casi US$1350 menos que el trimestre pasado y se ubica en niveles similares a los del mismo período de 2024. Para los propietarios que buscan mejorar la funcionalidad de sus ambientes o revalorizar una vivienda usada antes de ponerla en venta, la brecha representa un dato clave.
Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario, señaló a TN que la baja está completamente asociada a la dinámica cambiaria.
«El elemento que genera la baja es 100% monetario, por el cambio en la paridad cambiaria; al haber subido la cotización del dólar las últimas semanas generó que automáticamente los costos en dólares se acomoden un poco hacia abajo», indicó. Los precios en pesos, en cambio, se movieron en línea con la inflación general: 23,8% interanual en baños y 26,2% en cocinas, variaciones que se achican cuando se convierten a dólares por el salto del tipo de cambio.
Para los especialistas, esta relación entre inflación y dólar es la que define la ecuación central. «Los costos de construcción en pesos se vienen moviendo muy en línea con la inflación del resto de los bienes y servicios, en el orden del 2% mensual en promedio los últimos 6 meses. Con dólar que copia a la inflación los costos quedan estables en esa moneda, con dólar atrasado los costos se disparan hacia arriba y con dólar más alto los costos en dólares bajan», indicó Gómez Picasso.
El impacto de la variación del dólar es similar tanto en obra pequeña como en obra grande, aunque en refacciones de alta gama el efecto puede quedar disimulado por la presencia de materiales importados y terminaciones que no dependen tanto del movimiento cambiario. En el segmento premium, los valores se mantienen altos por la naturaleza del producto, más allá de la paridad del dólar en un trimestre específico.
Gómez Picasso remarcó que ciertos detalles son los que más inciden en el presupuesto. «Las terminaciones siempre pueden hacer la diferencia, por ejemplo sólo una grifería de bañera exenta puede superar ampliamente los $2.000.000. La recomendación para ahorrar sin perder calidad es trabajar con profesionales que sepan qué material es durable en el tiempo sin perder calidad de diseño: ese elemento revaloriza la propiedad pese al paso del tiempo», afirmó.
En cocinas, el proceso es más complejo porque involucra artefactos, mobiliario, sistemas de almacenamiento y mesadas que, según el uso de cada hogar, pueden cambiar por completo los requerimientos.
«Es muy importante ver el uso de la persona que va a vivir allí, no se diseña la misma cocina para una persona que vive sola que para una familia tipo. Hoy se usan cocinas minimalistas donde la mayoría de los artefactos están casi escondidos; una muestra es la penetración que están teniendo las heladeras panelables», señaló Gómez Picasso al portal de noticias.
También destacó el avance de cocinas integradas a los livings, lo que obliga a proyectar materiales y diseños de última generación porque todo queda a la vista.
Asimismo, las tendencias actuales acompañan este tipo de elecciones. En cocinas se afirman las islas y las penínsulas para mejorar la circulación, mientras crecen los muebles empotrados para liberar superficie útil. Los colores claros siguen dominando, pero la paleta cálida volvió a ganar lugar con tonalidades más audaces y materiales que imitan piedras naturales.
En baños, los espejos redondos desplazaron a los rectangulares tradicionales, y la iluminación pasó a ser un elemento protagónico para transformar espacios reducidos.
La arquitecta Gabriela Correa, especialista en obra nueva y remodelaciones, señaló a TN que el baño exige máxima eficiencia. «Generalmente es un espacio pequeño donde hay que maximizar los recursos. Una vez que se resolvieron los servicios básicos, el siguiente paso es enfocarse en el almacenamiento. Y como frutilla del postre, la iluminación, aspecto fundamental en baños, especialmente cuando hay mujeres en casa», afirmó.
En baños principales cada vez es más común la doble bacha con griferías destacadas, la elección de sanitarios suspendidos y la definición de zonas de guardado lejos del área de ducha.
Para quien encara una refacción integral, el mercado de terminaciones ofrece múltiples opciones, aunque hay parámetros básicos para evitar frustraciones. «Es clave emplear materiales de fácil limpieza, de menor adherencia posible a la suciedad, grasas y vapores, y adoptar productos resistentes a golpes, ácido y abrasivos», detalló Correa. En los últimos años creció la oferta de piedras, porcelanatos y mesadas integradas con cuencos incluidos. También avanzó el diseño de muebles, con sistemas interiores que permiten ordenar mejor.
Los materiales cálidos también ganan terreno, sobre todo la madera en baños amplios diseñados con niveles divididos o estilo «Split Level», donde se separan zonas húmedas y secas. Es una tendencia que se expande en proyectos de categoría en los que se busca sumar confort sin perder funcionalidad.
A pesar del avance de ciertos materiales, la clave sigue en la planificación: una buena redistribución, aprovechar la luz natural y evitar áreas saturadas. En cocinas de 20 m2, los valores se mueven entre US$12.000 y US$13.000, mientras que un baño amplio puede acercarse a US$10.000. A esto se agregan aumentos recientes: desde la devaluación de agosto, bachas, griferías y sanitarios registraron subas de entre 20% y 25%.
Precios actuales
- Refacción completa de baño y cocina estándar: US$11.751
- Costo estimado previo por ambiente en 2019: US$7000
- Cocina estándar de 20 m2: US$12.000 a US$13.000
- Baño amplio de más de 6 m²: hasta US$10.000.
- Grifería de bañera exenta: más de $2.000.000.
- Juego de ducha, bidet y lavatorio: cerca de $400.000 (premium un 70% más).
- Bacha: desde $100.000.
- Grifería estándar: desde $70.000.
- Inodoro primera marca: desde $125.000.
En este contexto, quienes cuentan con ahorros en dólares aprovechan los valores más acomodados, mientras que otros recurren a cuotas o a los planes vigentes para financiar insumos.
«Una buena obra se define por la planificación y la elección de materiales que perduran. Eso garantiza que la inversión se traduzca en valor y en calidad de vida», concluyó Correa.
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ECONOMIA
Industria: cinco empresas cerraron y despidieron a más de 400 empleados en las últimas semanas

Cinco empresas industriales de Argentina cerraron sus plantas y despidieron a más de 400 empleados en total en la segunda quincena de noviembre de 2025, en un contexto marcado por el bajo consumo interno y el aumento de las importaciones. Las provincias de Buenos Aires, La Rioja y San Luis concentran los casos más recientes. El fenómeno afecta a sectores clave como la metalurgia, los electrodomésticos, el textil y las autopartes, y genera preocupación por el futuro del empleo industrial en el país.
En las últimas semanas, la industria experimentó una serie de cierres de fábricas que redundaron en los despidos de unos 400 trabajadores de firmas de diferentes rubros, todas ellas afectadas por la caída de las ventas y la competencia de productos importados.
En el sector de electrodomésticos, Whirlpool cerró de manera sorpresiva su planta en Pilar y dejó sin trabajo a 220 empleados. Los motivos alegados fueron las dificultades para competir en mercados externos y el fuerte incremento de la oferta de productos importados.
En paralelo, se mantiene un proceso de negociación con el sindicato (Unión Obrera Metalúrgica) para definir el esquema de desvinculación, que contempla el pago de la indemnización legal junto con una suma adicional. La decisión alcanza tanto al personal de producción como a empleados de áreas ligadas al funcionamiento de la planta, entre ellas ingeniería y calidad.
Fuentes de la empresa explicaron a este medio que la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo que sea eficiente y que sea mucho más ágil de lo que realmente fue, algo que finalmente no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, acotaron.
Otro de los casos más emblemáticos es el de Essen, la reconocida fábrica de ollas ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. La empresa despidió a 34 empleados y atribuyó la decisión a la imposibilidad de sostener la producción ante la disminución de la demanda y el ingreso de productos importados.

Los despidos alcanzaron diversas áreas de la planta. De acuerdo con datos brindados por representantes gremiales, la compañía notificó cesantías en los sectores de fundición, mecanizado y terminación, ámbitos que experimentaron una merma constante en sus tareas en los meses recientes. Algunos de los empleados afectados tenían una extensa trayectoria dentro de la fábrica y habían integrado la estructura histórica que impulsó el desarrollo de la firma en el país. La medida de ajuste también abarcó a trabajadores temporarios vinculados a líneas de producción con menor nivel de actividad.
Desde la firma detallaron que “en los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual”. «Estas medidas no están relacionadas en lo más mínimo con la fabricación importada de productos, sino exclusivamente con la baja de la demanda“, sumaron.
La crisis también golpeó al sector textil en La Rioja, donde dos empresas, Luxo y Vulcalar, cesaron sus actividades y desvincularon a 120 trabajadores entre las dos. Según la información recabada por Infobae, la situación en la provincia es especialmente delicada, ya que la industria textil representa una de las principales fuentes de empleo en la región.

Luxo, cuya planta principal se encuentra en el Parque Industrial de La Rioja, suspendió sus actividades en noviembre y completó el proceso de desvinculación de 40 trabajadores. El cierre, motivado por la caída en las ventas, se extendió durante varios meses y consistió en despidos progresivos iniciados en septiembre.
Por otro lado, Vulcalar, ubicada en Sanagasta, detuvo la producción de calzado y dejó sin remuneración a cerca de 80 empleados. De acuerdo con la secretaria de Trabajo de la provincia, Miriam Espinoza, permanece a la espera de resoluciones respecto de las indemnizaciones a su personal.
En San Luis, Dana, empresa de origen estadounidense del sector autopartista, comunicó el cierre definitivo de su planta en Naschel, lo que derivó en el despido de 50 empleados.
La firma aseguró que los trabajadores afectados accederán a la indemnización correspondiente según la legislación vigente. Al mismo tiempo, el gremio local advirtió que la medida tendrá impacto en al menos 40 puestos de trabajo indirectos, relacionados con proveedores y servicios locales.
La fábrica se dedicaba a la producción de componentes para transmisiones y proveía principalmente al mercado de reposición. Inicialmente operó como abastecedora de terminales automotrices, aunque en el último período centró su actividad en el segmento aftermarket.

Las causas de estos cierres y despidos masivos se repiten en todos los casos: la caída del consumo interno y el aumento de las importaciones. Las empresas coincidieron en que la competencia de productos extranjeros, sumada a la retracción de la demanda local, obstaculizó la continuidad de las operaciones.
Frente a esta situación, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, se mostró preocupado por el cierre de fábricas y puso el foco en la necesidad de reducir la estructura impositiva del sector para aumentar la productividad y poder competir con los productos que ingresan del exterior.
“En esta transición, venimos planteando que, aunque entendemos y compartimos la orientación de ir hacia un orden macroeconómico y bajar la inflación, vemos que las compañías transables, sobre todo las industriales, estamos cargando con un montón de peso, mochilas y distorsiones que hacen complejo competir en un mundo muy agresivo en términos comerciales. Por eso alertamos que tiene que haber una transición que contemple estas distorsiones que vemos en el mercado”, planteó en diálogo con Infobae en Vivo.

Sobre el ingreso al país de productos a través de plataformas globales como Temu y Shein, manifestó: “Venimos hablando de competencia desleal: son productos que entran sin impuestos, y también está la competencia desleal que venimos alertando desde China”.
El dirigente advirtió que la industria argentina enfrenta inconvenientes en materia impositiva, laboral y de infraestructura, lo que implica un costo al menos 25-30% superior al de Brasil. Consideró necesario tener en cuenta este escenario para permitir que el sector compita y se incorpore a la nueva etapa de estabilidad y crecimiento en igualdad de condiciones.
“Hay que trabajar en la competitividad, que es el aspecto que está encarando el Gobierno a principios de este año con las reformas y que va a permitir impulsar la actividad: bajar los impuestos y cambiar el régimen laboral. Y si no se reactiva, tendrá que ver el Gobierno qué va a hacer. Es una situación muy compleja”, enfatizó.
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