La capacidad de las provincias para financiar sus servicios públicos muestra diferencias profundas en la Argentina. Mientras algunas jurisdicciones cuentan con ingresos que les permiten sostener un gasto por habitante muy por encima del promedio, otras operan con recursos considerablemente más bajos. Esa brecha queda en evidencia en el informe elaborado por el IARAF bajo la dirección de Nadin Argañaraz, que analiza cuánto puede gastar cada provincia por habitante y cómo cambió ese indicador entre 2010 y 2024.

El estudio ordena a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según la capacidad efectiva de gasto por persona, a partir de la suma de recaudación propia, regalías y transferencias nacionales automáticas y no automáticas, expresadas en pesos constantes de mayo de 2025. Los resultados muestran una estructura territorial muy heterogénea y un mapa donde las diferencias se amplifican con el paso del tiempo.

Para 2024, las jurisdicciones con mayor capacidad de gasto

por habitante fueron Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Catamarca y La Pampa. Neuquén alcanzó el primer puesto luego de desplazar a Santa Cruz, mientras que Tierra del Fuego conservó su lugar. El promedio general de las 24 jurisdicciones se ubicó en $2.193.000, aunque las desigualdades internas fueron marcadas: la capacidad de gasto por habitante de Neuquén fue 4,3 veces la de la provincia de Buenos Aires.

El estudio analiza con detalle la evolución del indicador durante los últimos catorce años. Entre 2010 y 2024, el consolidado de las provincias registró una caída real de 9,8% en su capacidad efectiva de gasto. El documento destaca que “la caída de los recursos nacionales explicó buena parte de la caída de la capacidad de gasto por habitante”. Las transferencias automáticas crecieron en términos per cápita, pero no lograron compensar la reducción de las transferencias no automáticas, que tuvieron un descenso significativo.

A lo largo del período se produjo un cambio relevante en la estructura de financiamiento provincial: aumentó el peso de la recaudación propia, en especial Ingresos Brutos, mientras que las transferencias discrecionales de la Nación perdieron protagonismo. Según el IARAF, “se observó una caída general de la capacidad real de gasto, una marcada reducción del financiamiento discrecional de la Nación mediante transferencias no automáticas y un fuerte incremento de la recaudación de Ingresos Brutos”. Esa dinámica modificó la composición de los ingresos provinciales y elevó la correspondencia fiscal, aunque no redujo las brechas entre jurisdicciones.

El informe identifica la variabilidad de las regalías como el factor que más incide en las diferencias entre provincias. Allí radica una parte importante de la explicación del liderazgo sostenido de Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz, dado que cuentan con producción hidrocarburífera o minera relevante y baja densidad poblacional. Las regalías, combinadas con la recaudación propia, otorgan a estas provincias una capacidad de gasto muy superior a la de aquellas que dependen en mayor medida de la coparticipación federal.

Un punto central del documento es la identificación de las únicas provincias que lograron aumentar su capacidad de gasto real entre 2010 y 2024: Neuquén y CABA. En el caso de Neuquén, el crecimiento estuvo impulsado por mayores ingresos tributarios locales —particularmente Ingresos Brutos— y por un incremento sustancial de las regalías debido al avance de la actividad petrolera. Para CABA, el informe relaciona el aumento con envíos no automáticos asociados al acuerdo por coparticipación. Las otras 22 jurisdicciones experimentaron caídas de distinta magnitud.

El documento también incluye gráficos y cuadros que detallan la composición de los ingresos provinciales y muestran cómo se comportaron cada una de las fuentes entre 2010 y 2024. Allí se observa la variación de la recaudación propia, de las regalías, de las transferencias automáticas y de las no automáticas. Además, el informe aclara que el indicador utilizado excluye ingresos excepcionales y busca armonizar diferencias vinculadas a los sistemas previsionales provinciales, con el fin de asegurar comparabilidad entre las 24 jurisdicciones.

Para profundizar el análisis, el IARAF clasifica a las jurisdicciones en cuatro grandes grupos construidos a partir de dos variables: nivel de ingresos y densidad poblacional. Esta división permite observar patrones comunes entre provincias que comparten rasgos estructurales similares.

El primer grupo está compuesto por distritos de altos ingresos y alta densidad poblacional, entre los que se encuentran CABA, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Se trata de provincias con una base tributaria amplia y niveles elevados de actividad económica. Sin embargo, su población numerosa hace que la capacidad de gasto por habitante sea menor que la de otros territorios menos poblados.

El segundo grupo reúne a las provincias de altos ingresos y baja densidad poblacional, como Neuquén, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y San Luis. En estas jurisdicciones, el peso de las regalías y la poca población generan un nivel de recursos por persona muy elevado, lo que explica su presencia constante en los primeros lugares del ranking.

El tercer grupo incluye a provincias de bajos ingresos y alta densidad poblacional, entre ellas Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán y Mendoza. Estas jurisdicciones enfrentan mayores desafíos debido a que cuentan con menos recursos propios y una población más numerosa.

El cuarto grupo está integrado por provincias de bajos ingresos y baja densidad poblacional, como Catamarca, La Rioja, San Juan, Salta y Jujuy. En este caso, la capacidad de gasto por habitante varía más según la disponibilidad de recursos naturales. Catamarca, por ejemplo, mostró mejoras asociadas a regalías mineras, mientras que otras provincias del grupo registraron retrocesos.

El informe concluye que, pese a los cambios en la composición de los ingresos y en la dinámica de las transferencias nacionales, las diferencias entre provincias se mantienen prácticamente sin alteraciones en el tiempo. Las jurisdicciones con mayores recursos naturales y menor población continúan encabezando el ranking, mientras que los territorios más poblados y con menos recursos se ubican en los últimos lugares.

La estructura fiscal argentina sigue mostrando un contraste significativo entre provincias ricas en regalías y aquellas que dependen en mayor medida de la coparticipación federal. El análisis del IARAF aporta un diagnóstico sobre la persistencia de esas brechas y expone cómo varía la capacidad de gasto potencial que cada jurisdicción puede activar, en un contexto donde las transferencias no automáticas pierden peso y los ingresos propios se vuelven más relevantes.

Cinco empresas industriales de Argentina cerraron sus plantas y despidieron a más de 400 empleados en total en la segunda quincena de noviembre de 2025, en un contexto marcado por el bajo consumo interno y el aumento de las importaciones. Las provincias de Buenos Aires, La Rioja y San Luis concentran los casos más recientes. El fenómeno afecta a sectores clave como la metalurgia, los electrodomésticos, el textil y las autopartes, y genera preocupación por el futuro del empleo industrial en el país.

En las últimas semanas, la industria experimentó una serie de cierres de fábricas que redundaron en los despidos de unos 400 trabajadores de firmas de diferentes rubros, todas ellas afectadas por la caída de las ventas y la competencia de productos importados.

En el sector de electrodomésticos, Whirlpool cerró de manera sorpresiva su planta en Pilar y dejó sin trabajo a 220 empleados. Los motivos alegados fueron las dificultades para competir en mercados externos y el fuerte incremento de la oferta de productos importados.

En paralelo, se mantiene un proceso de negociación con el sindicato (Unión Obrera Metalúrgica) para definir el esquema de desvinculación, que contempla el pago de la indemnización legal junto con una suma adicional. La decisión alcanza tanto al personal de producción como a empleados de áreas ligadas al funcionamiento de la planta, entre ellas ingeniería y calidad.

Fuentes de la empresa explicaron a este medio que la decisión se tomó porque “se trataba de un modelo de negocio operativo y competitivo que sea eficiente y que sea mucho más ágil de lo que realmente fue, algo que finalmente no pudo lograrse en un contexto de fuerte desaceleración del consumo y aumento significativo de las importaciones”. “La idea es empezar el camino de la transición y organizarnos hacia una operación más comercial que de fabricación”, acotaron.

Otro de los casos más emblemáticos es el de Essen, la reconocida fábrica de ollas ubicada en Pilar, provincia de Buenos Aires. La empresa despidió a 34 empleados y atribuyó la decisión a la imposibilidad de sostener la producción ante la disminución de la demanda y el ingreso de productos importados.

Los despidos alcanzaron diversas áreas de la planta. De acuerdo con datos brindados por representantes gremiales, la compañía notificó cesantías en los sectores de fundición, mecanizado y terminación, ámbitos que experimentaron una merma constante en sus tareas en los meses recientes. Algunos de los empleados afectados tenían una extensa trayectoria dentro de la fábrica y habían integrado la estructura histórica que impulsó el desarrollo de la firma en el país. La medida de ajuste también abarcó a trabajadores temporarios vinculados a líneas de producción con menor nivel de actividad.

Desde la firma detallaron que “en los últimos meses, la demanda en Argentina disminuyó, lo que obligó a la compañía a realizar algunas desvinculaciones para adecuar la producción: en total 12 empleados efectivos y 17 de personal eventual”. «Estas medidas no están relacionadas en lo más mínimo con la fabricación importada de productos, sino exclusivamente con la baja de la demanda“, sumaron.

La crisis también golpeó al sector textil en La Rioja, donde dos empresas, Luxo y Vulcalar, cesaron sus actividades y desvincularon a 120 trabajadores entre las dos. Según la información recabada por Infobae, la situación en la provincia es especialmente delicada, ya que la industria textil representa una de las principales fuentes de empleo en la región.

Luxo, cuya planta principal se encuentra en el Parque Industrial de La Rioja, suspendió sus actividades en noviembre y completó el proceso de desvinculación de 40 trabajadores. El cierre, motivado por la caída en las ventas, se extendió durante varios meses y consistió en despidos progresivos iniciados en septiembre.

Por otro lado, Vulcalar, ubicada en Sanagasta, detuvo la producción de calzado y dejó sin remuneración a cerca de 80 empleados. De acuerdo con la secretaria de Trabajo de la provincia, Miriam Espinoza, permanece a la espera de resoluciones respecto de las indemnizaciones a su personal.

En San Luis, Dana, empresa de origen estadounidense del sector autopartista, comunicó el cierre definitivo de su planta en Naschel, lo que derivó en el despido de 50 empleados.

La firma aseguró que los trabajadores afectados accederán a la indemnización correspondiente según la legislación vigente. Al mismo tiempo, el gremio local advirtió que la medida tendrá impacto en al menos 40 puestos de trabajo indirectos, relacionados con proveedores y servicios locales.

La fábrica se dedicaba a la producción de componentes para transmisiones y proveía principalmente al mercado de reposición. Inicialmente operó como abastecedora de terminales automotrices, aunque en el último período centró su actividad en el segmento aftermarket.

Las causas de estos cierres y despidos masivos se repiten en todos los casos: la caída del consumo interno y el aumento de las importaciones. Las empresas coincidieron en que la competencia de productos extranjeros, sumada a la retracción de la demanda local, obstaculizó la continuidad de las operaciones.

Frente a esta situación, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, se mostró preocupado por el cierre de fábricas y puso el foco en la necesidad de reducir la estructura impositiva del sector para aumentar la productividad y poder competir con los productos que ingresan del exterior.

“En esta transición, venimos planteando que, aunque entendemos y compartimos la orientación de ir hacia un orden macroeconómico y bajar la inflación, vemos que las compañías transables, sobre todo las industriales, estamos cargando con un montón de peso, mochilas y distorsiones que hacen complejo competir en un mundo muy agresivo en términos comerciales. Por eso alertamos que tiene que haber una transición que contemple estas distorsiones que vemos en el mercado”, planteó en diálogo con Infobae en Vivo.

Sobre el ingreso al país de productos a través de plataformas globales como Temu y Shein, manifestó: “Venimos hablando de competencia desleal: son productos que entran sin impuestos, y también está la competencia desleal que venimos alertando desde China”.

El dirigente advirtió que la industria argentina enfrenta inconvenientes en materia impositiva, laboral y de infraestructura, lo que implica un costo al menos 25-30% superior al de Brasil. Consideró necesario tener en cuenta este escenario para permitir que el sector compita y se incorpore a la nueva etapa de estabilidad y crecimiento en igualdad de condiciones.

“Hay que trabajar en la competitividad, que es el aspecto que está encarando el Gobierno a principios de este año con las reformas y que va a permitir impulsar la actividad: bajar los impuestos y cambiar el régimen laboral. Y si no se reactiva, tendrá que ver el Gobierno qué va a hacer. Es una situación muy compleja”, enfatizó.

Ahora es oficial: el Gobierno admite que en los próximos meses el peso argentino estará cada vez más fortalecido -en otras palabras, el dólar más «atrasado»-, pero lo considera un síntoma positivo porque es el resultado de que el plan de estabilización estaría saliendo bien.

El ideólogo del plan monetario, Federico Furiase, elogió públicamenteun trabajo de investigación de tres economistas argentinos, que acaba de ser editado por la prestigiosa revista Oxford Development Studies, vinculada con la célebre universidad inglesa. Tras analizar 46 programas de estabilización en 13 países latinoamericanos, concluyó que un dato recurrente en los planes que tienen éxito en la baja de la inflación es una apreciación cambiaria y un déficit en la cuenta corriente.

«Al ángulo», comentó Furiase respecto del trabajo firmado por Gabriel Palazzo, Martín Rapetti y Joaquín Waldman, que hicieron la investigación para la consultora Equilibra.

Pero, como siempre ocurre, no todos interpretan los textos de la misma manera. Mientras Furiase mencionó ese trabajo como una confirmación de que la economía argentina está yendo en la senda correcta, los propios autores de la investigación plantearon sus discrepancias con algunas decisiones que está tomando el equipo que lidera el ministro Toto Caputo.

Entre los puntos criticados figura, sobre todo, la lentitud en la acumulación de reservas, algo que choca contra las últimas definiciones de Caputo, quien avisó que únicamente habrá compra de dólares para el sector público en la medida en que se considere que hay un aumento genuino en la demanda de pesos por parte del público.

«Es cierto que los planes de estabilización suelen apreciar la moneda e incurrir en déficit de cuenta corriente. Sin embargo, es también cierto que eso es justamente este hecho el ‘talón de Aquiles’ de los planes, y por eso alarma la sobreapreciación», escribió el economista Palazzo, luego de agradecer el elogio de Furiase pero también de advertir que las conclusiones del trabajo de investigación no implican una coincidencia con la visión oficial.

Reservas o bajar la inflación: lucha de prioridades

Unos días antes de que se diera a conocer el trabajo de los economistas argentinos, Furiase había fundamentado, una vez más, en el programa de streaming «Las Tres Anclas», que se equivocan quienes acusan al gobierno de estar incurriendo en atraso cambiario.

Furiase dijo que el hecho de que hubiera un superávit comercial y que, además, las exportaciones estuvieran en volúmenes récord, son una prueba de que «las bandas están bien calibradas».

Lo que el funcionario evitó mencionar fue que la balanza comercial de octubre resulto excepcional, porque todavía se sentía el impacto del «tax holiday» para los productores sojeros, que aumentó inusualmente el ingreso de divisas del agro. Para los próximos meses, los economistas creen que las exportaciones tenderán a bajar, mientras que las importaciones se sostendrán encima de los u$s7.000 millones mensuales -de los cuales, la cuarta parte se destina a automóviles y bienes de consumo final que compiten con la industria argentina-.

Y, además, Furiase tampoco mencionó la tendencia al agravamiento del déficit en la cuenta corriente -donde, además de exportaciones e importaciones, se contabilizan servicios como el turismo, que implican una fuerte salida de divisas-.

Y ese punto es, precisamente, el que los economistas críticos le están reclamando al gobierno. Según Palazzo, lo que muestra la evidencia histórica es que el plan de Caputo se encuentra en una situación frágil por la escasez de reservas en el BCRA. Y argumenta que, en este momento, para el gobierno debería ser más importante mostrar que el plan es sostenible antes que obsesionarse con bajar la inflación a la zona de 1% mensual.

El riesgo concreto que menciona el autor del «paper» del que hoy están hablando los economistas es que se produzca un «sudden stop» en el ingreso de capitales del exterior. Si eso ocurriera, Argentina se quedaría con el déficit de la cuenta corriente pero ya sin posibilidad de compensar ese rojo con un superávit en la cuenta capital.

«A menor nivel de reservas internacionales, menos margen tiene el Banco Central para defender un techo en el tipo de cambio y más probabilidad de que se corte la desinflación de forma abrupta con una crisis de balanza de pagos», agrega Palazzo.

El peligro de entusiasmarse con la deuda

Varios economistas se sumaron a esa discusión, en general para refutar a Caputo y Furiase. Por caso, con una comparación entre los niveles de reservas que tienen los bancos centrales de la región. Así, un gráfico de la consultora 1816 muestra que, mientras Uruguay tiene reservas brutas por 21,8% de su PBI y Brasil por 15,8%, el BCRA apenas acumula 0,6%.

Analistas influyentes como Miguel Broda advirtieron el riesgo de mantener un «tipo de cambio pisado» y, simultáneamente, abrir la economía. Es una advertencia que va en línea con la queja del CEO de Techint, Paolo Rocca, quien en la reciente conferencia anual de la Unión Industrial Argentina se alarmó por el nivel de importación de electrodomésticos que desplazan a los de manufactura nacional. Rocca acusó a Javier Milei de ser uno de los pocos que va a contramano de un mundo donde los gobiernos no dudan en intervenir en la economía para proteger sectores estratégicos.

Por su parte, Javier Timerman, que está basado en Wall Street, desde donde asesora a inversores, advirtió sobre el riesgo de que un gobierno se entusiasme con la emisión de deuda para renovar vencimientos: «El tema es que el mercado para un país como Argentina se puede abrir y cerrar ante cualquier evento externo».

Y, a modo de ejemplo, enumeró que el país podría súbitamente quedarse sin crédito ante un endurecimiento de la Fed con su política de tasas, o si en las elecciones de Estados Unidos del año próximo los republicanos de Donald Trump pierden el control del Congreso.

Un ejecutivo bancario que también se metió en la discusión advirtió que el gobierno incurre en una confusión, porque lo que muestra la economía no es una apreciación del peso como consecuencia de inversiones, sino que el orden causal es al revés: el plan se basa en el ancla cambiaria para contener la inflación. Además, hay advertencias sobre que el déficit de la cuenta corriente podría agravarse más rápido de lo previsto -se prevé oficialmente que será inferior a 2% durante el año próximo-.

Los que defienden a Caputo

Las críticas cayeron como un baldazo de agua fría para el equipo económico, justo en un momento de euforia de los mercados, que permitió el ingreso de unos u$s4.000 millones por emisión de deuda de empresas privadas luego de las elecciones legislativas.

Pero lo cierto es que la tesis oficial sobre la «acumulación endógena de reservas» también tiene sus defensores. Entre los economistas afines a la línea oficial se está planteando otro argumento polémico: los momentos más propicios para comprar reservas no son los de superávit de cuenta corriente -es decir, altas exportaciones, bajas importaciones y poco turismo emisivo- sino, por el contrario, los mejores momentos son los de déficit.

A primera vista, es un argumento contraintuitivo: ¿cómo hace un Banco Central para comprar reservas en una economía que la que no sólo no sobran las divisas sino que gasta más dólares de los que entran?

La respuesta que han dado economistas como Ricardo Arriazu, Fernando Marengo y Eduardo Levy Yeyati es que, en una economía donde hay confianza, entran capitales por el canal financiero. Y, como al mismo tiempo crece la demanda por moneda local, no hay riesgo inflacionario.

«El caso de Brasil es el mejor ejemplo: acumuló cerca de USD 300.000 millones entre 2003 y 2011 mientras tenía déficit externo. Las reservas llegaron por cuenta capital, confianza e inversión; no por tipo de cambio alto», apunta Marengo.

También con el ejemplo del país vecino, Levy Yeyati argumenta: «Brasil (y la mayoría de los emergentes) compra dólares cuando entran capitales y vende cuando salen, suavizando el efecto de los ciclos financieros cortos. Por eso suben las reservas cuando el real se aprecia (menos que en flotación). En Argentina sucedió en 2003-2007 y en 2016-2017″.