POLITICA
Gobernadores peronistas redefinen su participación en el Congreso y profundizan la crisis del PJ: el rol clave de Raúl Jalil
En los últimos días, el tablero político volvió a moverse con una velocidad inesperada. La Libertad Avanza quedó a cerca de transformarse en la primera minoría de Diputados, una meta que hasta hace semanas parecía distante y que ahora depende casi por completo de la decisión que tomen gobernadores peronistas alejados del kirchnerismo. La definición pesa fundamentalmente sobre el catamarqueño Raúl Jalil, cuya negociación con Javier Milei se convirtió en la llave de un reacomodamiento que desarma la arquitectura parlamentaria heredada de 2023.
El acuerdo entre Jalil, Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Hugo Passalacqua y Rolando Figueroa empujó la creación de un nuevo armado legislativo con terminales provinciales. La movida no solo rompe la hegemonía del bloque peronista, sino que cambia el mapa del Congreso: LLA quedó a cuatro diputados de ser la primera minoría, un salto que para el oficialismo consiste en un refuerzo decisivo de cara al tratamiento del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral y tributaria.
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El peronismo, en cambio, atraviesa otra fase de crisis. La estructura que había logrado mantener cierto volumen durante la primera mitad del mandato de Milei empezó a deshilacharse. Los gobernadores que no orbitan alrededor del kirchnerismo buscan un espacio propio, con reglas propias y sin condicionamientos de la conducción nacional del PJ. En el bloque que todavía conduce Germán Martínez ya asumieron que perderán volumen y que se abre una etapa más incierta, incluso que la que dejó la derrota electoral.
A la incertidumbre se suma la falta de surgimiento de nuevas figuras de peso y los reordenamientos que redujeron su capacidad de negociación. La referencia nacional, que había quedado concentrada en Cristina Kirchner, volvió a quedar bajo cuestionamientos internos. Gobernadores, intendentes y legisladores reconocen en privado que no aparece un liderazgo capaz de ordenar la estrategia, y que la expresidenta no logró recomponer autoridad después de las elecciones, al intento de reconfiguración que se ensayó la confirmación de su condena.
En la provincia de Buenos Aires resurgieron tensiones entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. El gobernador bonaerense se quedó sin Ley de Financiamiento, lo que limita su margen para tomar deuda. En el kicillofismo apuntan a la demora de La Cámpora en acompañar el proyecto en la Legislatura bonaerense y a las peleas internas. En su entorno creen que de no aprobarse la semana próxima, el gobernador quedará acotado y podría afectar su proyección nacional de cara a 2027.
La reconfiguración del Congreso
La dinámica en Diputados fue el epicentro del cambio. LLA avanzó sobre legisladores de fuerzas provinciales, sectores del PRO y una porción de los radicales, y encontró un interlocutor clave en los gobernadores peronistas no K. De ese intercambio surgió el impulso a un bloque que funcionará bajo lógica provincial y que, según anticipan sus impulsores, intentará tener peso propio.
La arquitectura del acuerdo comenzó a tomar forma cuando los mandatarios de Salta, Catamarca, Tucumán, Neuquén y Misiones mantuvieron una serie de encuentros para impulsar un espacio propio con representación directa en Diputados. La apuesta es construir un ámbito de poder estable que les permita intervenir con impulso propio en las discusiones que impactan de lleno en las finanzas provinciales, como obras públicas, financiamiento y recursos coparticipables.
La definición clave depende de Catamarca. La salida de los cuatro diputados que responden a Jalil alteraría de inmediato el equilibrio de fuerzas y dejaría a LLA con el número necesario para superar al peronismo. La presión se intensificó en los últimos días. Los gobernadores del espacio y el oficialismo empujan la ruptura; desde el peronismo intentan evitarla. En ambos frentes coinciden en que la decisión del catamarqueño reordenará el tablero.
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La consolidación del nuevo bloque también plantea un desafío para los espacios intermedios que habían intentado ocupar ese rol durante el último año parlamentario. Si el armado provincial alcanza entre 15 y 20 diputados, se posicionará como tercera fuerza y reclamará un lugar en la mesa de conducción de Diputados y en la distribución de comisiones.
En paralelo, el PRO y la UCR también atraviesan tensiones. El macrismo quedó debilitado por fugas hacia el oficialismo, mientras que el radicalismo discute no solo su representación parlamentaria sino la conducción del partido. La fragmentación facilita la estrategia de LLA, que interpreta cada quiebre opositor como una vía para robustecer su control del Congreso.
El Senado no quedó al margen
La reconfiguración no se limita a la Cámara Baja. En el Senado también se movieron las bancas. La jura de la nueva camada de senadores libertarios fortaleció la presencia del oficialismo en una cámara históricamente consolidada para el peronismo.
El experimento de rearmado provincial, que en Diputados avanza con celeridad, empezó a replicarse entre algunos senadores que responden a gobernadores con agenda propia. En el peronismo reconocen que la falta de una conducción con autoridad dificulta mantener cohesión en un escenario donde cada provincia negocia directamente con la Casa Rosada.
Pero también la UCR, aun con menor fragmentación que en Diputados, enfrenta tensión interna por la disputa del Comité Nacional y por el rol que tendrá el partido en el año parlamentario que se abre. Esa discusión influirá en la conformación de interbloques y en la relación con el oficialismo.
Una crisis más profunda que una disputa legislativa
La crisis del peronismo no se explica solo por la aritmética del Congreso. La pérdida de poder territorial, la ausencia de dirigentes de alto perfil capaces de representar un proyecto competitivo y las tensiones por la conducción del espacio ensanchan la fractura.
Pero la interna también vuelve a colocar el liderazgo de Cristina Kirchner en eje de la discusión. Dirigentes del peronismo admiten que ya no logra disciplinar a mandatarios que buscan un diálogo directo con Milei. La distancia entre las prioridades de las provincias y la agenda de los sectores K dejó al descubierto una fractura que se amplifica con cada negociación legislativa.
En paralelo, la figura de Kicillof aparece encapsulada. Su peso político, central en la campaña, resulta marginal en la discusión sobre el nuevo mapa de poder en la Cámara Baja.
En ese contexto, la decisión de los mandatarios no K de avanzar en un bloque propio consolidó la idea de que la bancada peronista ya no podrá sostenerse como un espacio homogéneo. La pregunta que empieza a ordenar la política interna no es si habrá rupturas, sino cuántas y de qué tamaño.
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Para Milei es un escenario favorable: la fragmentación opositora y la cooperación de gobernadores peronistas le permiten ampliar su poder legislativo sin ceder protagonismo ni negociar alianzas formales. La Casa Rosada ya trabaja con la hipótesis de que la primera minoría será una realidad en los próximos días, y que eso allanará el camino para las reformas estructurales que el Presidente quiere activar antes de fin de año.
La nueva crisis del peronismo, la debilidad en Diputados y el desarme progresivo en el Senado configuran un mapa político más incierto, pero más funcional al oficialismo. El PJ, a un paso de rearmarse o de una ruptura que marque el inicio de una etapa más larga de dispersión.
Congreso de la Nación, Congreso Nacional, Peronismo, PJ, La Libertad Avanza
POLITICA
Bullrich se reunió con los senadores de LLA y Victoria Villarruel: reiteró que la reforma laboral será prioritaria
La saliente ministra de Seguridad y futura jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, comandó esta tarde las dos últimas reuniones del oficialismo, a horas de que jura la nueva integración. Una fue en el anexo de la Cámara alta y la siguiente en el Palacio, sólo para cumplir con la presentación formal ante Victoria Villarruel: durante ambos encuentros, la funcionaria reiteró que la reforma laboral será prioridad aquí para las sesiones extraordinarias que el Gobierno activaría desde el 10 de diciembre próximo, aunque desde un par de bancadas -incluso, propios- ya reconocen que será casi imposible una aprobación en las próximas semanas, con una mejor posibilidad de trámite durante el primer trimestre de 2026.
En realidad, el raid de una hiperactiva Bullrich no dejó muchas novedades. Algunos senadores oficialistas sí aprovecharon, cuándo no, para reclamar por mejores lugares en comisiones. Por ejemplo, el riojano y actual presidente de la comisión de Justicia, Juan Carlos Pagotto, deslizó que pretende la de Acuerdos, por donde pasan todos los pliegos judiciales, diplomáticos y militares, entre otras cosas. Esto chocaría con la versión que desde dos despachos de La Libertad Avanza comentaron a Infobae: quienes sean titulares en la actualidad continuarían en las mismas, aunque estas decisiones parecen cambiar según el día.
El único convite importante fue el primero, donde Bullrich insistió con la iniciativa laboral que termina de pulir la Casa Rosada. Lo que ya advierten varios legisladores es que, de mínima, la oposición reclamará la presencia de gremios, empresarios y otros expositores. Al tener el derecho de hacerlo, será clave la muñeca que pueda tener el oficialismo para frenar jornadas interminables de disertaciones. Ni hablar de un dictamen o su votación en el recinto. “Aún funcionando a la perfección, veo muy difícil sacarlo en tres semanas acá. Me sorprendería demasiado. Ahora, si el texto llega bien explicado y con acuerdo entre cúpulas es otra cosa. No percibo eso, en absoluto”, reconoció un senador libertario a este medio.
Tras la cumbre realizada en las oficinas que la legisladora oficialista Ivanna Arrascaeta (San Luis) tiene en el anexo de la Cámara alta, Bullrich cruzó al Palacio y a su lado se vio a la vigente diputada y senadora electa Lorena Villaverde (Río Negro), a quien el kirchnerismo quiere correr de la jura debido a su historial judicial. Se la vio tranquila junto al resto de sus colegas, a horas de conocer su destino como parlamentaria. No obstante, su resolución no será mañana, sino que su diploma volverá a comisión, como se acordó esta noche en Labor Parlamentaria. Después de los encuentros de esta tarde, a la ministra de seguridad se la vio ingresar a la bancada del centenario partido, que lidera el correntino Eduardo Vischi.
La Libertad Avanza también habría definido un reordenamiento interno de su espacio. En principio, la idea es que haya tres áreas dentro del bloque: administrativa, parlamentaria y de coordinación. Las primeras dos irán para el equipo de Bullrich -uno sería el abogado santiagueño Cristian Larsen-, mientras que la tercera quedaría en manos del puntano Rodolfo Negri, el vigente prosecretario de la bancada.
Durante la jornada de hoy el interbloque del Frente de Todos, que lidera José Mayans (Formosa), intentó amortiguar el golpe que significó no haber sesionado esta semana para asestarle un puñado de derrotas agónicas al Ejecutivo, al filo del término del período ordinario. Por ejemplo, con la modificación del sistema que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sólo unos pocos sueñan con que “algo pase mañana”, antes o después de la jura de los nuevos senadores. Otros, en tanto, creen que podría haber algo más, pero no estaría relacionado con ese tema.
El Gobierno quiere declarar imprescriptibles los casos de corrupción y para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que enviará el Congreso en sesiones extraordinarias, dijeron a fuentes oficiales.
El texto del proyecto del nuevo Código Penal fue una tarea titánica que realizó una comisión de juristas y magistrados, coordinada por el juez Mariano Borinsky.
Trabajaron además en el texto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro Sebastián Amerio y por estas horas está en los despachos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En esta última escala es donde se incorporó esta novedad que integrará el proyecto oficial que el Gobierno piensa enviar al Congreso, dijo una fuente del Ministerio de Seguridad a .
“Está a estudio”, dijeron fuentes del Ministerio de Justicia.
Los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, a contar desde el día en que se cometió el hecho ilegal. Hay algunos delitos imprescriptibles, como los de lesa humanidad o los atentados contra la democracia. La prescripción se relaciona con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable.
La reforma, en caso de ser aprobada, no regirá hacia atrás en el tiempo, sino que se podrá aplicar en los nuevos casos de corrupción denunciados y cometidos desde que el nuevo Código Penal esté en vigor. Es decir, en denuncias posteriores a la aprobación del nuevo Código y por hechos posteriores a su sanción en el Congreso.
El proyecto de Código Penal agrava las penas para los hechos de corrupción hasta 15 años en los casos de enriquecimiento ilícito y 10 años en casos de coimas. Hoy las penas máximas son de seis años.
Hubo un debate doctrinario acerca de si los delitos de corrupción son imprescriptibles. En octubre de 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. En la causa se había presentado la diputada Elisa Carrió como amicus curiae en favor de la imprescriptibilidad.
En 2018, los jueces de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la prescripción de la causa IBM-DGI y ordenaron la realización del juicio. En disidencia, Borinsky votó a favor de la prescripción.
Este fallo fue recurrido ante la Corte que, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, lo revocaron, en coincidencia con el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal. Ordenaron dictar un nuevo fallo.
La Corte no descartó que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, sino que cuestionó la forma en que la Cámara Federal de Casación se pronunció para arribar a esa conclusión, pues entendió que los dos votos por hechos ocurridos entre 1993 y 1995 no eran convergentes. Es decir, no conformaban una mayoría, debido a sus matices.
La idea del Gobierno, en caso de que el presidente Javier Milei lo apruebe, es enviar el proyecto de ley al Congreso en sesiones extraordinarias, en diciembre, y que sea tratado por una comisión bicameral de diputados y senadores.
Es el mismo mecanismo que se usó con la probación del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCCN), impulsado por una comisión presidida por Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci. Esa comisión funcionó en 2012 y el Código se aprobó en 2014.
Con este mecanismo, el Gobierno quiere ahorrar tiempo, pues podría salir un dictamen conjunto de integrantes de ambas cámaras, que facilitaría la discusión parlamentaria, pues evitaría el reenvío del proyecto de una cámara a otra en caso de haber modificaciones.
El ministro del Interior, Diego Santilli -dijeron a fuentes de esa cartera-, incluyó el tema del nuevo Código Penal en su gira con los gobernadores, con quienes se reunió para buscar consensos en la aprobación de la ley de presupuesto y la reforma laboral, los dos prioridades del Gobierno.
“Hay consenso en que tiene que haber una reforma del Código Penal. Ahora, va a haber debate con el kirchnerismo, que se va a oponer a las reformas sobre legítima defensa, el rol de la policía y el agravante para la tenencia de armas de guerra o de uso civil”, dijo a una fuente del Ministerio de Justicia.
Con las armas, la tenencia simple sin autorización se castiga con hasta cuatro años de cárcel y la portación se convierte en no excarcelable.
Borinsky presentó este viernes el contenido del proyecto de nuevo Código Penal en Posadas, Misiones, junto al nuevo Código Procesal Penal acusatorio, que regirá desde marzo en esa provincia.
El contenido del nuevo Código Penal fue presentado en la cárcel de Ezeiza, el 2 de octubre pasado, por el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich ante un centenar de jueces y fiscales. La puesta en escena, en medio de la campaña electoral, incluía a los pabellones de los presos que se veían detrás del escenario.
El proyecto plantea cuatro aspectos: el agravamiento de las penas en general, la imprescriptibilidad, el cumplimiento efectivo de las penas y reducir la liberación anticipada del condenado.
Por ejemplo, se elevan los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. El homicidio simple pasa de los actuales ocho a 25 años de prisión a 10 a 30 años. Y el agravado con prisión perpetua se aplica ahora si la víctimas del homicidio son el presidente, el jefe de gabinete, ministros, policías, maestros, niños o mayores de 65 años. Lo mismo si ocurre en una cancha de fútbol, en una escuela o en la cárcel.
Se fortalece la protección a las víctimas, con mayor participación en el proceso penal. Se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en casos donde uno de los padres es acusado de delitos sexuales de modo de impedirle ver a sus hijos.
Los delitos de pornografía infantil se agravan hasta los nueve años por la posesión y hasta 12 años a los que la tengan en su poder para distribuirla. Lo mismo pasa con la trata de personas: la pena se aumenta a 10 años y a 15 si es agravada.
Se incorporan nuevas conductas, como el “stealthing”, que consiste en sacarse subrepticiamente el preservativo en una relación sexual. Y se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales, docentes o de custodia. También se agravan las penas por grooming y se tipifica la pornovenganza.
Se reforma la figura del robo, en especial incorporando la modalidad de “motochorros” o “viudas negras”, con penas no excarcelables de hasta 10 años de prisión cuando el delito se comete con violencia sobre las personas.
También se incorpora como delito la estafa piramidal y crece el castigo para el delito de usurpación a 10 años.
Se establece una pena de 2 a 5 años de prisión para las agresiones cometidas en manifestaciones o concentraciones de personas. Si la agresión estuviere dirigida a un policía u otro funcionario público se eleva al monto de 3 a 9 años.
Además, se consideran imprescriptibles los delitos especialmente graves, como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo.
Con el nuevo Código Penal, por otro lado, se reducen la penas de ejecución condicional y se elevan los mínimos a más de tres años, para que en el 82 por ciento de los delitos la condena mínima sea de cumplimiento efectivo. Se reducen también los casos de liberación anticipada de los condenados.
El Código Penal vigente fue sancionado en 1921. En estos 105 años transcurrieron 15 gobiernos constitucionales y seis dictaduras, se crearon 18 comisiones de reforma y se aprobaron más de mil leyes que fueron estableciendo modificaciones y parches.
Hernán Cappiello,Conforme a
POLITICA
El Gobierno de Chubut busca instalar Data Centers de Inteligencia Artificial con energía renovable
La provincia de Chubut comienza a trabajar en la preparación del terreno para construir Data Centers de Inteligencia Artificial que ayuden a mejorar el tránsito de la información en todo el país y la conectividad de la Argentina con el mundo. El proyecto fue presentado por Ingenieros Argentino Asociados (IAA) al gobernador Nacho Torres, que respaldó la iniciativa.
Con el avance de la digitalización y el crecimiento de la demanda de procesamiento de datos, la provincia de la Patagonia se posiciona como una de las jurisdicciones con mayor potencial para el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de última generación. El respaldo oficial al plan impulsado por la IAA se basa en una evaluación exhaustiva tanto de las capacidades energéticas renovables, como de la posición estratégica de la región para el despliegue de conexiones internacionales.
El informe presentado analiza la viabilidad de instalar centros de datos alimentados completamente por energías limpias, un aspecto que responde a la tendencia global de digitalización sostenible. Los especialistas consideraron que la calidad y cantidad del recurso eólico y la disponibilidad de fuentes hídricas y solares son variables decisivas al proyectar infraestructuras dedicadas a la Inteligencia Artificial generativa y a la administración y procesamiento eficiente de grandes volúmenes de información.
Según los datos de la agrupación, la provincia cuenta con ventajas logísticas difíciles de igualar: dispone de dos puertos y tres aeropuertos en las cercanías de las ubicaciones propuestas para el desarrollo de parques eólicos, así como para los propios Data Centers. Esto permitiría una provisión constante de energía y facilitaría el traslado de equipos, materiales y personal técnico especializado.
Una de las características principales del plan es la propuesta de instalar Data Centers gemelos de categoría TIER IV, la más alta a nivel internacional en términos de exigencias técnicas y de seguridad. Estos centros serían conectados en paralelo y estarían localizados en distintos puntos dentro de Chubut, de modo de garantizar la máxima confiabilidad y continuidad operativa. El esquema busca crear un vínculo directo y robusto para el flujo de información, transformando la provincia en un nodo relevante dentro del entramado digital argentino.
Los especialistas prevén que parte clave de la infraestructura será la conexión mediante un cable subacuático entre Chubut y Las Toninas, en la provincia de Buenos Aires. Este punto es la puerta de ingreso y egreso de la fibra óptica argentina hacia el océano Atlántico y la red global. El nuevo tendido de fibra, a desplegarse en la región, también cruzaría la cordillera para integrarse con Chile y acceder a la salida del cable submarino por el océano Pacífico hacia Asia, fortaleciendo el rol de Chubut como puerta tecnológica del país hacia dos continentes.
El análisis realizado plantea que la provincia tiene la capacidad de sostener proyectos de gran escala gracias a sus recursos naturales, con la energía eólica como pieza central. Se estima que en los sitios propuestos la generación puede alcanzar cientos de megavatios, suficiente para responder a los requerimientos técnicos de los Data Centers más exigentes del mercado. La ubicación geográfica suma un beneficio extra, al ofrecer condiciones climáticas ideales para el enfriamiento natural de los equipos, lo que reduciría el consumo energético destinado a refrigeración.
El reporte incorpora una visión de futuro donde Chubut no solo se limita a ser un polo energético, sino que también proyecta convertirse en un Hub digital estratégico en el cono sur. Se destaca el potencial para promover la radicación de empresas tecnológicas, el desarrollo de nuevos servicios y la creación de mano de obra especializada local. Este avance requerirá la articulación con universidades e institutos de la región, con el objetivo de fortalecer el ecosistema de innovación y brindar oportunidades de capacitación en nuevas tecnologías ligadas a la inteligencia artificial, ciencia de datos y gestión de infraestructuras digitales.
El proceso de evaluación fue conducido por los ingenieros Miguel Pesado, Carlos Chhab y Eduardo Schmidberg, referentes en el diseño de redes de fibra óptica y Data Centers en Argentina. Su trabajo contó con la colaboración de funcionarios del gobierno provincial, entre los que se destaca Juan Pavón, actual ministro de Producción, y Ignacio Bellorini, titular de la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior del Chubut. Durante el desarrollo del proyecto se consultaron también actores del sector privado y asociaciones locales como la Federación Empresaria del Chubut y la Asociación Transición Energética Sostenible.
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