POLITICA
El Gobierno quiere declarar imprescriptible la corrupción
El Gobierno quiere declarar imprescriptibles los casos de corrupción y para hacerlo incorporará esa reforma en el nuevo Código Penal que enviará el Congreso en sesiones extraordinarias, dijeron a fuentes oficiales.
El texto del proyecto del nuevo Código Penal fue una tarea titánica que realizó una comisión de juristas y magistrados, coordinada por el juez Mariano Borinsky.
Trabajaron además en el texto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el viceministro Sebastián Amerio y por estas horas está en los despachos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
En esta última escala es donde se incorporó esta novedad que integrará el proyecto oficial que el Gobierno piensa enviar al Congreso, dijo una fuente del Ministerio de Seguridad a .
“Está a estudio”, dijeron fuentes del Ministerio de Justicia.
Los delitos prescriben cuando transcurre un plazo similar a la pena máxima para ese delito sin que hubiera una sentencia firme, a contar desde el día en que se cometió el hecho ilegal. Hay algunos delitos imprescriptibles, como los de lesa humanidad o los atentados contra la democracia. La prescripción se relaciona con el derecho de las personas a ser juzgadas en un plazo razonable.
La reforma, en caso de ser aprobada, no regirá hacia atrás en el tiempo, sino que se podrá aplicar en los nuevos casos de corrupción denunciados y cometidos desde que el nuevo Código Penal esté en vigor. Es decir, en denuncias posteriores a la aprobación del nuevo Código y por hechos posteriores a su sanción en el Congreso.
El proyecto de Código Penal agrava las penas para los hechos de corrupción hasta 15 años en los casos de enriquecimiento ilícito y 10 años en casos de coimas. Hoy las penas máximas son de seis años.
Hubo un debate doctrinario acerca de si los delitos de corrupción son imprescriptibles. En octubre de 2016, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata declaró imprescriptibles los delitos de corrupción. En la causa se había presentado la diputada Elisa Carrió como amicus curiae en favor de la imprescriptibilidad.
En 2018, los jueces de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos revocaron la prescripción de la causa IBM-DGI y ordenaron la realización del juicio. En disidencia, Borinsky votó a favor de la prescripción.
Este fallo fue recurrido ante la Corte que, con los votos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, lo revocaron, en coincidencia con el dictamen del procurador interino, Eduardo Casal. Ordenaron dictar un nuevo fallo.
La Corte no descartó que los delitos de corrupción sean imprescriptibles, sino que cuestionó la forma en que la Cámara Federal de Casación se pronunció para arribar a esa conclusión, pues entendió que los dos votos por hechos ocurridos entre 1993 y 1995 no eran convergentes. Es decir, no conformaban una mayoría, debido a sus matices.
La idea del Gobierno, en caso de que el presidente Javier Milei lo apruebe, es enviar el proyecto de ley al Congreso en sesiones extraordinarias, en diciembre, y que sea tratado por una comisión bicameral de diputados y senadores.
Es el mismo mecanismo que se usó con la probación del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina (CCCN), impulsado por una comisión presidida por Ricardo Lorenzetti, entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, junto a Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Carlucci. Esa comisión funcionó en 2012 y el Código se aprobó en 2014.
Con este mecanismo, el Gobierno quiere ahorrar tiempo, pues podría salir un dictamen conjunto de integrantes de ambas cámaras, que facilitaría la discusión parlamentaria, pues evitaría el reenvío del proyecto de una cámara a otra en caso de haber modificaciones.
El ministro del Interior, Diego Santilli -dijeron a fuentes de esa cartera-, incluyó el tema del nuevo Código Penal en su gira con los gobernadores, con quienes se reunió para buscar consensos en la aprobación de la ley de presupuesto y la reforma laboral, los dos prioridades del Gobierno.
“Hay consenso en que tiene que haber una reforma del Código Penal. Ahora, va a haber debate con el kirchnerismo, que se va a oponer a las reformas sobre legítima defensa, el rol de la policía y el agravante para la tenencia de armas de guerra o de uso civil”, dijo a una fuente del Ministerio de Justicia.
Con las armas, la tenencia simple sin autorización se castiga con hasta cuatro años de cárcel y la portación se convierte en no excarcelable.
Borinsky presentó este viernes el contenido del proyecto de nuevo Código Penal en Posadas, Misiones, junto al nuevo Código Procesal Penal acusatorio, que regirá desde marzo en esa provincia.
El contenido del nuevo Código Penal fue presentado en la cárcel de Ezeiza, el 2 de octubre pasado, por el presidente Javier Milei y Patricia Bullrich ante un centenar de jueces y fiscales. La puesta en escena, en medio de la campaña electoral, incluía a los pabellones de los presos que se veían detrás del escenario.
El proyecto plantea cuatro aspectos: el agravamiento de las penas en general, la imprescriptibilidad, el cumplimiento efectivo de las penas y reducir la liberación anticipada del condenado.
Por ejemplo, se elevan los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. El homicidio simple pasa de los actuales ocho a 25 años de prisión a 10 a 30 años. Y el agravado con prisión perpetua se aplica ahora si la víctimas del homicidio son el presidente, el jefe de gabinete, ministros, policías, maestros, niños o mayores de 65 años. Lo mismo si ocurre en una cancha de fútbol, en una escuela o en la cárcel.
Se fortalece la protección a las víctimas, con mayor participación en el proceso penal. Se regula la “falsa denuncia” con penas más severas, especialmente en casos donde uno de los padres es acusado de delitos sexuales de modo de impedirle ver a sus hijos.
Los delitos de pornografía infantil se agravan hasta los nueve años por la posesión y hasta 12 años a los que la tengan en su poder para distribuirla. Lo mismo pasa con la trata de personas: la pena se aumenta a 10 años y a 15 si es agravada.
Se incorporan nuevas conductas, como el “stealthing”, que consiste en sacarse subrepticiamente el preservativo en una relación sexual. Y se sanciona el acoso sexual en ámbitos laborales, docentes o de custodia. También se agravan las penas por grooming y se tipifica la pornovenganza.
Se reforma la figura del robo, en especial incorporando la modalidad de “motochorros” o “viudas negras”, con penas no excarcelables de hasta 10 años de prisión cuando el delito se comete con violencia sobre las personas.
También se incorpora como delito la estafa piramidal y crece el castigo para el delito de usurpación a 10 años.
Se establece una pena de 2 a 5 años de prisión para las agresiones cometidas en manifestaciones o concentraciones de personas. Si la agresión estuviere dirigida a un policía u otro funcionario público se eleva al monto de 3 a 9 años.
Además, se consideran imprescriptibles los delitos especialmente graves, como los homicidios agravados, los delitos sexuales, el narcotráfico, la corrupción de menores, la trata y el terrorismo.
Con el nuevo Código Penal, por otro lado, se reducen la penas de ejecución condicional y se elevan los mínimos a más de tres años, para que en el 82 por ciento de los delitos la condena mínima sea de cumplimiento efectivo. Se reducen también los casos de liberación anticipada de los condenados.
El Código Penal vigente fue sancionado en 1921. En estos 105 años transcurrieron 15 gobiernos constitucionales y seis dictaduras, se crearon 18 comisiones de reforma y se aprobaron más de mil leyes que fueron estableciendo modificaciones y parches.
Hernán Cappiello,Conforme a
De incorporar a la gestión nacional a cuadros técnicos que se formaron en su empresa a burlarse de él con un apodo: “Don Chatarrín de los tubitos caros”. De aceptar aportes de dinero de su holding para financiar la campaña presidencial de 2023 a acusarlo de desestabilizador. La feroz ofensiva que lanzó Javier Milei contra Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, tomó por sorpresa a la mayoría de los referentes del Gabinete y provocó desconcierto en los márgenes de La Libertad Avanza (LLA).
Si bien los ministros cerraron filas en torno al Presidente, el encontronazo con Rocca generó incomodidad y estupor en la cúpula del Ejecutivo. La mayoría de los habitantes más influyentes de la Casa Rosada admiten que desconocían que Milei sentía un rechazo visceral por uno de los empresarios más poderosos de la Argentina o que sospechaba de que Rocca había participado de una supuesta conspiración para “terminar” con el Gobierno en medio de la tormenta política y cambiaria que sufrieron los libertarios en septiembre de 2025, en los momentos posteriores a la derrota electoral en Buenos Aires.
Según pudo reconstruir , Milei no había cristalizado en las reuniones de Gabinete o de la mesa política su animadversión con el Grupo Techint. “Había situaciones o intentos de golpe de mercado e internamente se hablaba de que nos estaban jugando de manera complicada [en septiembre de 2025]. Pero yo no accedí a esa información. Si el Presidente lo dijo, debe ser por algo”, comentó en la intimidad una de las figuras más relevantes del elenco oficial.
Los primeros cortocircuitos entre Milei y el Grupo Techint se produjeron hace meses, sobre todo, por las advertencias que planteó Rocca frente a la decisión del Presidente de acelerar la apertura comercial del país. Pidió atender la amenaza que representa China para la industria local. Pero el conflicto escaló de manera vertiginosa durante la última semana, después de que el gigante industrial nacional perdiera con una empresa de origen indio la millonaria licitación para la provisión de tubos de acero para la construcción de un gasoducto que unirá los yacimientos de Vaca Muerta, en Neuquén, con el Golfo San Matías, en Río Negro. Techint, la principal siderúrgica del país, se quejó de la resolución del consorcio Southern Energy, que integran las petroleras argentinas Pan American Energy, YPF y Pampa Energía, la británica Harbour Energy y la noruega Golar LNG, de comprar tubos de origen indio, fabricados con chapa china, con el argumento de que la operación perjudicaba el empleo industrial y la producción local.
Mientras Milei subía el tono de la pelea con Rocca, las opiniones en el seno del Gobierno se dividían. La mayoría de los altos funcionarios apostaron por mantenerse al margen de la disputa, sobre todo, aquellos que supieron trabajar codo a codo con el CEO de Techint, como Julio Cordero, secretario de Trabajo, quien depende de Sandra Pettovello. La ministra de Capital Humano mantiene lazos con el holding y los grandes empresarios del país desde el inicio de la gestión de Milei. Es más: en noviembre pasado, visitó la planta de Tenaris Etihad en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Además, Carlos Torrendell, el secretario de Educación de la Nación que eligió Pettovello, pudo nombrar a Ludovico Grillo, quien estuvo al frente de la dirección de la Escuela Técnica Roberto Rocca, como titular del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Ni Cordero ni Grillo fueron objetados por la Casa Rosada.
Pese a que varios funcionarios y figuras leales a Milei compartían la visión del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien defendió la compra de tubos de la India en perjuicio de Techint y acusó a Rocca de haber hecho una oferta de un 40% más cara, no se involucraron en la disputa. Fuera de micrófonos, señalaban a Santiago Caputo, el principal consejero de Milei, como el autor intelectual de la ruptura entre el Presidente y Rocca. “Fue él quien le metió en la cabeza que Techint intentó desestabilizar”, despotricó un estrecho colaborador presidencial. “Los enemigos eran otros”, deslizó un encumbrado ministro de Milei que nunca había escuchado a Milei hablar de las supuestas conspiraciones de Rocca.
Un importante asesor del Gobierno confía en que el Presidente se mostrará dispuesto a aflojar, ya que Rocca -un “jugador de ajedrez”, según lo define uno de sus interlocutores habituales- envió señales de que busca la paz. De hecho, evitó responderle a Milei, pese a que quedó bajo fuego durante tres días consecutivos, y por ahora no presentó la denuncia por presunto dumping ante el Gobierno por la compra de tubos indios. Desde la Casa Rosada el empresario solo percibe señales de hostilidad, ante todo, desde que Sturzenegger desembarcó en un cargo en el Gabinete.
En medio de la guerra abierta con Rocca, el secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne, recibió anteayer al titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini. Sus voceros dijeron que no hablaron sobre el conflicto por la millonaria provisión de caños.
Hasta el momento, según fuentes oficiales, Milei descarta iniciar una purga en su administración para expulsar a funcionarios que trabajaron en el pasado en Techint o tienen nexos con Rocca. “Lo importante es que estén alineados con las ideas del Gobierno, independientemente de su pasado laboral”, responden cerca de Milei. La mayoría de los exTechint cultivó un segundo plano y evitó involucrarse en el tema para evitar distorsiones. “Yo tuve la camiseta de Techint y sorprende este nivel de destrato”, susurra un hombre que supo asesorar a LLA.
Quienes lo tratan a menudo sostienen que el Presidente se involucró en la polémica con Techint porque la discusión tenía un fuerte componente simbólico. Decidido a defender su receta de apertura económica indiscriminada, abandonó la mesura y el tono moderado que había exhibido en el último tiempo y atacó sin dudarlo a Rocca, un rival temible para otros políticos. “Esto nos servía para demostrar que cuando hay mercados regulados o la imposibilidad de que haya competencia real los precios son peores y eso perjudica a los argentinos. Con esta licitación se verificó la tesis de Milei: abriendo la competencia, se bajan los costos; sin competencia, cobran lo que quieren”, puntualizan en Balcarce 50. Milei apeló a su visión maniquea de la política para dar batalla contra el empresario. “Aquellos que tienen productos más caros y de menor calidad no son dignos del favor del mercado y si quieren hacerlo por la fuerza con negocios turbios con el Estado deben desaparecer e ir a la quiebra”, exclamó desde Mar del Plata, adonde viajó para participar de la cumbre de La Derecha Fest. Sin menciones, volvió a lanzar dardos contra lo que considera “la casta” del establishment, su nuevo enemigo simbólico.
Quienes orbitan en torno a Karina Milei y Santiago Caputo concuerdan en que el Presidente nunca consideró a Rocca como un empresario “cercano” al Gobierno. Es un dato que les resulta curioso a personas que cooperaron con el armado de los equipos técnicos de LLA en 2023 o trabajaron en la campaña presidencial de Milei. Es que Inurban Inversiones Urbanas Nuevo Milenio, la constructora del holding que lidera Rocca, aportó 20 millones de pesos al partido de Milei para el balotaje con Sergio Massa. El aporte de fondos fue declarado ante la Justicia y figura en el portal de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Durante esa campaña, la compañía ligada a Rocca había financiado al espacio de Juntos por el Cambio, que llevó a Patricia Bullrich como candidata a presidente en los comicios generales. Apenas Milei inició su mandato, el CEO de Techint le dio un espaldarazo: dijo que compartía el diagnóstico que había trazado el Presidente cuando asumió -“la situación es insostenible”- y apoyó el “reseteo” de la economía. Pero las milicias digitales de LLA le enrostraron que durante un encuentro en 2022 había pedido un aplauso para Sergio Massa, entonces ministro de Economía. Sin embargo, evitaron recordar que un año después el empresario admitió, ante Guillermo Francos, que se había equivocado.
Cuando Milei derrotó al kirchnerismo en la segunda vuelta, LLA necesitaba sumar cuadros técnicos o dirigentes con experiencia en gestión. En ese momento, Nicolás Posse, exempleado del empresario Eduardo Eurnekian, como Milei o Francos, coordinaba los equipos que se agolpaban en las oficinas que los hermanos Neuss le habían prestado a Santiago Caputo. Carecían, sobre todo, de especialistas en energía, petróleo y gas. Solo estaba Eduardo Rodríguez Chirillo.
Por eso, los Milei les abrieron las puertas a alfiles de Techint. “Lo adoraban a Rocca”, retrata un hombre que trabajó en el diseño del primer gabinete de LLA.
Mientras Pettovello intentaba seducir a Cordero para que se incorporara en un cargo de Trabajo -dudaba de abandonar el departamento jurídico de Techint-, otros integrantes del holding se acercaban al nuevo gobierno. Fue así que se sumaron, entre otros, Ernesto Rona, Luis de Ridder, Horacio Amartino o Miguel Ponte.
Desde ese momento, Karina Milei ya forjaba un vínculo cercano con la empresaria Bettina Bulgheroni, esposa del petrolero Alejandro Bulgheroni. De hecho, en marzo de 2024, la hermana del Presidente nombró a Bulgheroni como embajadora de la Marca País. En mayo pasado, la titular de la Fundación Educando se convirtió en la primera mujer en ser elegida como el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP). Días atrás, integró junto a Marcos Bulgheroni, CEO de PAE, y Alejandro Bulgheroni, presidente del grupo, la comitiva de empresarios que asistieron al Foro de Davos, en Suiza. A diferencia de Rocca, en Balcarce 50 consideran a los Bulgheroni como empresarios cercanos a Milei.
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POLITICA
La historia detrás del conflicto Milei-Rocca y el punto de quiebre en el modelo económico que mira el Gobierno
Hay pocos asuntos que le interesen más a Javier Milei que aquellos en los que convergen la economía y la denominada “batalla cultural”. En esos casos es inflexible, no tiene miramientos en confrontar cuando un asunto de la agenda pública amenaza alguna de sus principios. “Si empresaurios (sic) que hablan de dumping social tuvieran razón, habría una paradoja en la cual los países sólo mejorarían hambreando al pueblo”, escribió el libertario. Aunque el texto podría haber sido de la semana pasada, esto se publicó en marzo del 2017. “Él vino para esto. Hace años que viene esperando un episodio como el que sucedió por estos días, por eso no me extraña la manera en la que salió”, describe alguien que lo conoce al dedillo.
Y es que es la primera vez que el Grupo Techint pierde una licitación privada de grandes magnitudes como la que se cerró semanas atrás. Los 480 kilómetros de caños que serán destinados al transporte de gas desde Vaca Muerta al puerto de San Antonio Oeste en Río Negro serán aportados por la compañía india Welspun, que a su vez importa su chapa desde China.
En Casa Rosada importaron poco los reclamos de defensa de la industria nacional y la advertencia de una denuncia antidumping que dejó trascender días atrás la multinacional liderada por Paolo Rocca. “Están todos locos. Se quedaron en el kirchnerismo. Estos son otros tiempos”, dijo a Infobae una altísima fuente en aquellas horas en las que circulaba esa versión. Aunque se trató de una licitación privada llevada a cabo por un consorcio de cinco compañías, este episodio fue enarbolado como una consecuencia de la política anti-proteccionista que promueve la Casa Rosada.
“Es el leading case que abre la posibilidad a que esto se replique en futuras licitaciones privadas y públicas. Es parte del nuevo modelo económico que nosotros buscamos instalar”, indicó una fuente inobjetable de la Casa Rosada.
En rigor, insisten en que el siderúrgico es un sector modelo en donde los principales actores fueron beneficiados por las políticas proteccionistas de las últimas décadas. Milei les explica a los suyos que llama “empresaurios” a aquellos que para mejorar su posición para las licitaciones “terminan desencadenando una intervención violenta del mercado” en un pacto con el Estado y, con ello, una “estafa a los contribuyentes”, encareciendo el sistema de costos en general.
Cerca del Presidente dicen que no les importa que con una replicación de casos como el de Welspun se pueda afectar empleo industrial. Indican que el comercio y la economía ”son schumpeterianos» y que Argentina debe pasar por un proceso de disrupción de su estructura industrial, con empresas y fábricas con riesgo de perecer y otras con posibilidad de prosperar.
“Es la transición que nos permite salir de una economía soviética. En ese proceso se van a deshacer trabajos improductivos, pero se van a generar nuevos. Lo ideal es que haya una coordinación en ese proceso, aunque admito que es imposible que se pueda hacer de manera total”, explicó a Infobae una altísima fuente presidencial.
Hay situaciones de época que son miradas de cerca por el Gobierno. Por caso, una importantísima empresa minera considera que si su aplicación al RIGI termina de ser convalidada, la magnitud de su proyecto podría generar más de 40.000 empleos adicionales (entre directos e indirectos) en una provincia de Cuyo. Son asuntos que miran compañías de turismo interno, que ven que con una replicación de estos casos se pueden generar movimientos poblacionales para nada menores en ciertas provincias.
Los sectores agrícola, minero e hidrocarburífero son algunos de los grandes ganadores de época con el cambio de modelo macroeconómico que parece propiciar el Poder Ejecutivo, no así ciertas industrias que se ven afectadas por la apertura de las importaciones y la falta de competitividad estructural respecto a otros países. “¿Consideran que el actual modelo macroeconómico favorece a ciertos rubros y economías que están afuera de los conurbanos?“, consultó Infobae a una de las principales figuras del Gobierno. La respuesta fue afirmativa.
El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, fue a visitar al secretario de Industria y Comercio, Pablo Lavigne. Ambos adelantaron la audiencia que preveían para febrero para poder conversar sobre las propuestas de los industriales al Gobierno. Desde ambas partes se dijo que el encuentro fue positivo. En las cámaras de la industria buscan que se nivele la cancha con compañías extranjeras a través de baja de contribuciones patronales y de financiamiento a las PyMEs. Es posible que pueda haber una devolución en un encuentro posterior que Rapallini tendrá con Luis Caputo el mes próximo.
En la Casa Rosada vieron como una extorsión “de mal gusto” que Techint hiciera trascender en diciembre del año pasado -en el marco de los días finales de esa licitación que estaba perdiendo- que Rocca analizaba suspender la actividad en la planta de SIAT Tenaris en Valentín Alsina, el cual emplea de manera directa a unas 400 personas y a 1.200 de manera indirecta.
Como contraparte, en el sector industrial creen que con las declaraciones públicas de la última semana Milei y sus funcionarios buscan marcar agenda con este tema para poder batallar discursivamente en caso de que el empleo se degrade. “Nos van a querer decir que si no pudimos sobrevivir es porque no fuimos suficientemente competitivos”, marcan.
Por ahora, el Gobierno se ofrece a darles a las compañías los beneficios de la Ley de Modernización Laboral que buscan sancionar en el Congreso y de una próxima reforma impositiva. También replican que la materialización del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos mejorará las exportaciones de acero y aluminio, con Techint y Aluar a la cabeza. Al respecto del acuerdo, dos altas fuentes del Gobierno consideran que este se podría producir en febrero, pero que “nadie sabe a ciencia cierta cuándo va a ser porque depende de que un día se levanten con intenciones de firmar”.
¿Por qué Milei tiene un particular recelo con Rocca? “Lo considera el máximo exponente de la Argentina prebendaria. También siente que representa a un sector del círculo rojo que lo subestimó desde el comienzo y que no jugó con él”, respondió una persona que habla diariamente con el jefe de Estado.
No coloca en ese grupo ni a Alejandro Bulgheroni (PAE) ni a Marcelo Mindlin (Pampa), quienes forman parte del consorcio Southern Energy, que organizó la licitación privada de los caños.
En particular, los Milei y los Bulgheroni gozan de una sintonía fina. A la esposa de Alejandro, Bettina Bulgheroni, no se le complicó conseguir que el jefe de Estado y los miembros del Gabinete asistieran al último encuentro anual del Cicyp, la entidad empresarial que preside. Ambos empresarios y el CEO de PAE, Marcos Bulgheroni, viajaron a Davos a acompañar a los hermanos presidenciales junto al CEO de Corporación America Airports, Martín Eurnekian, sobrino de Eduardo, anterior empleador de Milei.
El Presidente compartió dos publicaciones sugerentes en los últimos días que dan otras pistas sobre el porqué del enojo contra el industrial siderúrgico. “Rocca jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre”, puso @Ziberial, un reconocido usuario del mundo libertario. El director del Banco Nación y parte del equipo de Luis Caputo, Felipe Núñez, marcó que “la oposición (en sus diversas formas) trató de hacerle un golpe de Estado al Gobierno”.
Son acusaciones que se han escuchado de parte de importantes funcionarios de la Casa Rosada a lo largo del último medio. Aquellos dicen que hubo presuntas presiones indirectas que el Gobierno se viera forzado a devaluar el tipo de cambio y, consecuentemente, una espiralización de la inflación en el marco de un escenario de imprevisibilidad e inestabilidad como la que hubo después de las elecciones provinciales de Buenos Aires. “Hubo periodistas y máximas autoridades del Poder Judicial ayudando”, acusa, aunque sin dar detalles, un importante miembro oficialista.
Pese a todo, en el entorno de Milei desmienten cualquier tipo de injerencia en el plano de la licitación. “Eso es una interna ajena. El proceso fue privado y nosotros no nos metimos. Solo celebramos que haya salido la opción más barata”, afirman.
También indican aquello fuentes de Southern Energy, compuesto por Pan American Energy, Pampa Energía, YPF, la noruega Golar y la inglesa Harbour Energy. “Todas las conspiraciones se caen porque la opción de Welspun fue votada de manera unánime. Acá lo que pasó es que la puerta se abrió después de 70 años y ellos lo que no pueden permitir es eso. Ahora Techint tiene que poner todo su aparato para poder defender un estilo de hacer negocios en el país que se está acabando”, afirma una persona en estricta confidencialidad, que coincide con la visión que mantiene el Gobierno.
En el sector indican que Techint ganó durante las décadas anteriores y no en esta licitación por dos elementos diferenciadores.
Uno de ellos es la dinámica a la baja del precio del GNL, debido a que se espera en los próximos años una sobreoferta de este commodity en el mundo. Esto pone presión a los costos y genera una rentabilidad acotada. “La diferencia inicial de 80 millones de dólares era inaceptable en un proyecto de esta escala”, explica una empresa del conglomerado.
Otro fue el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, que habilita a las empresas habilitadas a importar sin aranceles. A partir de este caso, no fue casual que dirigentes del oficialismo como el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, saliera a promover el RIGI en su provincia natal, La Rioja. También lo replicaron otros presidentes partidarios que tiene La Libertad Avanza (LLA), como el caso del economista Adrián Ravier, de La Pampa. En el Gobierno buscan que casi la totalidad de las provincias suscriban a este régimen en los próximos meses.
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En medio de la interna peronista, los PJ provinciales desafían a Cristina Kirchner y se acercan a Axel Kicillof
El peronismo atraviesa un proceso de fuerte crisis interna, entre los que empujan una renovación y aquellos que todavía sostienen el liderazgo de la expresidenta Cristina Kirchner. Esto se ve reflejado incluso en las sedes provinciales del PJ, donde en varios casos fueron intervenidas por la administración nacional del partido, que encabeza la exmandataria.
Sucede también que la derrota electoral en las presidenciales del 2023 potenció los cuestionamientos internos y la disputa del liderazgo de CFK. Esta situación creció todavía más tras la detención de la expresidenta, que habilitó las críticas públicas que antes eran más difíciles de encontrar. Y en el escenario actual, no son pocos los que se ubican detrás del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para arrebatarle la conducción del peronismo.
Leé también: Interna del PJ bonaerense: Máximo Kirchner le ofreció la conducción a Axel Kicillof como gesto de unidad
“Ya estamos trabajando más allá de la interna, en la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro Misiones”, confió a TN el diputado nacional y extitular del PJ provincial Alberto Arrúa. El también presidente de bloque de Innovación Federal en Diputados era el conductor del partido en la provincia hasta que fue intervenido por decisión de la conducción nacional de Cristina Kirchner.
Pero además, Arrúa y otros dirigentes del partido en Misiones fueron sancionados por llevar adelante un “accionar reiteradamente funcional a políticas ajenas al ideario justicialista y alineado al gobierno de Javier Milei”.
Leé también: A días del debate de la reforma laboral en sesiones extraordinarias, la oposición plantea sus diferencias
En ese camino, ya comienza a gestarse un incipiente armado federal de su campaña en todo el país. Si bien desde las filas del mandatario se apuran a aclarar que “no hay ninguna estructura federal”, en las provincias ya hay dirigentes que empiezan a encolumnarse.
El armado federal de Kicillof rumbo al 2027
Con la mira en 2027, comienza el armado federal de Kicillof en las provincias. Dirigentes de distintos puntos del país comienzan a levantar la bandera de “Kicillof presidente”, por convicción, pero también por conveniencia, ya que muchos lo utilizarán para empujar sus propias candidaturas provinciales.
Uno de los hombres de confianza de Kicillof y actual ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, encabezó una recorrida el año pasado por diferentes provincias, como Santa Fe, Entre Ríos, también Formosa. Él está convencido de la candidatura del gobernador y de que hay que ganar territorialidad.
No obstante, en las filas del gobernador bonaerense dicen que no es un armado oficial del Movimiento Derecho al Futuro (su espacio), pero dejan hacer en su nombre. “En el territorio, los compañeros sostienen que el camino es con Axel”, confió a este medio un legislador nacional patagónico.
El caso es que ya hay contactos entre dirigentes de distintas provincias y ciudades para alinearse detrás de la figura del gobernador bonaerense. Incluso hay referentes de otros sectores políticos que también se acercan con esa idea.
Y en el peronismo —especialmente en el no kirchnerista— están convencidos de que la tarea es ampliar el espacio. Más allá de resolver la interna en algún momento, rumbo a las presidenciales es necesario atraer a otro votante.
La situación del PJ en Misiones y Salta
Los interventores convocaron a internas para el 19 de abril, y en las últimas semanas sancionaron a Arrúa y otros dirigentes que integraban la conducción del partido. “Está intervenido por La Cámpora”, indicó Arrúa a este medio. Y renunció: “Están buscando armar una lista de La Cámpora e impugnar cualquier intento de que haya otro espacio. Intentaron suspender nuestra afiliación con la intención de proscribirnos a varios dirigentes que no respondemos a los K».
La intención de Arrúa es volver a conducir el PJ pero “revalidado desde las urnas”, por eso pide internas “abiertas, democráticas, con la participación de todas las líneas internas que tengan ganas de participar”.
“Acá han salido casi todos los gremios y agrupaciones a solicitar a la intervención que terminen con esas prácticas de la vieja política”, señaló Arrúa. Y apuntó: “Pero cuando les conviene, desconocen la democracia partidaria”.
Una situación similar se vive en Salta, donde el gobernador Gustavo Sáenz criticó a Cristina Kirchner en los últimos días. “Estamos cansados de que la señora digite todo a dedo. El PJ está acéfalo, hay que terminar con estos gestos de autoritarismo”, dijo el mandatario a medios locales.
Sus declaraciones se dieron tras la suspensión de la senadora María Carolina Moisés del PJ de Jujuy. “(Cristina) intervino el Partido Justicialista en Salta, Jujuy y Misiones. Así le fue en las elecciones. Hablan de renovar, que no es lo mismo que reciclar. Ella tiene que darle la oportunidad a la gente de recuperar ese partido que lo terminaron destruyendo”, indicó el gobernador.
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