Desde este lunes 1 de diciembre, regirán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) un nuevo aumento de las tarifas de colectivos, subtes y peajes. Será del 4,3%, producto del 2,3% de inflación de octubre más un extra de 2 puntos porcentuales hasta que se llegue a la eliminación de subsidios.

En la provincia el ajuste será mayor, debido a la aplicación de un ajuste adicional que llevará el aumento al 14,8 por ciento.

En efecto, en CABA el boleto mínimo de colectivos pasará a costar $593,52 y en la provincia 658 pesos. De este modo, habrá tres tarifas distintas en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): las tarifas de los de jurisdicción ya habían aumentado hace dos semanas y en ellos el boleto mínimo cuesta desde entonces 494,83 pesos.

En CABA también aumentará el subte: desde mañana costará $1.206 pesos por viaje. En tanto, el costo del peaje para autos en hora pico será de $4.912,67 en las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo, y $2.042,38 en la Autopista Illia. Fuera de horas pico los valores serán respectivamente de 3.466,55 y 1.444,25 pesos. La fundamentación de la suba de peajes es un plan de obras a cargo de AUSA, hoy en sus etapas iniciales y que ganaría ritmo en los próximos meses.

Aumento en colectivos, subtes y peajes: de cuánto es

Las autoridades de la Ciudad en colectivos y subtes argumentan que los aumentos sirven para recomponer el atraso tarifario, pues en los colectivos la actual tarifa cubre solo el 70% del costo del servicio, en tanto en el subte la cobertura supera levemente el 76 por ciento.

En las 30 líneas de colectivos reguladas por CABA desde 2024 el boleto mínimo será de $593,52 para trayectos de hasta 3 kilómetros, aumentará a $659,50 para trayectos de 3 a 6 kilómetros, a $710,31 para viajes de 6 y12 kilómetros y a $761,15 en recorridos superiores a los 12 kilómetros.

La administración del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, sostiene que además de descontar el atraso respecto de los costos de operación, la actualización tarifaria apunta a sostener un programa de modernización de más de 1.600 unidades incorporando validadores que aceptan tarjetas de crédito y débito, la SUBE y teléfonos celulares, además de la colocación de cámaras y mejoras en los recorridos.

Además, CABA apunta una «migración» hacia energías limpias, en base a incentivos para que las empresas incorporen colectivos a gas o eléctricos a medida que renueven su flota. La propia Ciudad ya lanzó a la calle, en áreas turísticas como el Microcentro y San Telmo, unidades eléctricas, que además por el color amarillo se distinguen por su andar completamente silencioso.

En el sector privado empezó a recoger el desafío de las «energías limpias»: la empresa Metropol anunció la compra de 150 unidades a gas para las líneas que recorren la Ciudad. Además, desde 2027 será obligatorio, cuando se retire una unidad a gasoil, reemplazarla con otra en base a «energías limpias», a gas o eléctrica. Ya en 2026, sin embargo, no menos de 15% de la flota debería ser de unidades eléctricas o a gas, proporción que se duplicaría el año siguiente.

El costo del viaje en subte se va a $1.206 y para morigerar el impacto el gobierno porteño dispuso que al menos un molinete por estación acepte tarjetas de crédito y débito, además de la SUBE. Y se incorporaron pagos sin contacto como billeteras de teléfonos móviles con tecnología NFC y QR.

Según Emova, ese tipo de pagos ya llega al 30% de las transacciones y confirma que muchos usuarios achican costos usando promociones bancarias y de billeteras virtuales, con descuentos y reintegros sustanciales. También se mantienen los descuentos para pasajeros frecuentes, que abonando con el mismo medio de pago reciben descuentos cuando superan el viaje número veinte. De 21 a 30 viajes, el costo del pasaje baja a $964,80, de 31 a 40, a$ 844,20 pesos y desde el viaje 41 se abonan $723,60 pesos. Además, el Premetro cuesta 422,10 pesos.

La suba de los transportes en Provincia

En tanto en la provincia de Buenos Aires, el aumento del 14,8% responde a un nuevo esquema tarifario que aumenta el costo de los colectivos urbanos, a partir de una consulta ciudadana que se hizo a mediados de noviembre. El nuevo cuadro de tarifas rige exclusivamente para las líneas que circulan íntegramente por territorio bonaerense y no ingresan a CABA.

Sucede que las líneas que recorren sólo la provincia usan tarifas fijadas por la gobernación, mientras los colectivos que solo viajan por CABA dependen del gobierno porteño y los servicios nacionales, que atraviesan ambos distritos, tienen sus tarifas definidas a nivel federal.

La estructura tarifaria que entra en vigor apunta a recomponer los ingresos de las empresas concesionarias y afrontar los mayores costos asociados a la operación, entre ellos el valor del combustible y el mantenimiento del parque automotor. La resolución 342, publicada el viernes previo a la implementación del nuevo tarifario, marca el inicio formal de estos aumentos. El Ministerio de Transporte bonaerense explicó que el ajuste incluye un aumento extraordinario del 10%, sumado a un mecanismo de actualización mensual vinculado a la inflación más dos puntos porcentuales, en línea con el sistema vigente desde marzo. De este modo, la suba total para diciembre llega al 14,8 por ciento.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) consideró «acertada» la medida del gobierno bonaerense de desacoplarse de las tarifas nacionales y de CABA. «Con el anuncio de este aumento de tarifa para las líneas provinciales, junto con el próximo desacople de los cálculos de subsidios por parte de la Provincia (quién asumirá, según nos informa, las plenas competencias en la materia de cálculos y determinación desde enero) se abre un nuevo escenario, que entendemos ofrece mejores garantías ante la vocación de diálogo que percibimos), para asegurar la continuidad de los servicios». AAETA dijo ser consciente de la «incomodidad» de la medida del gobierno bonaerense, pero un «servicio esencial» -concluyó- «requiere este tipo de decisiones.

Los nuevos costos por trayecto

El nuevo cuadro tarifario se detalla según las escalas de kilómetros recorridos. Para servicios urbanos del Gran Buenos Aires, el pasaje mínimo (correspondiente a trayectos de 0 a 3 kilómetros) se establece en $658,44. Los tramos escalonan los precios en función de la distancia: 3 a 6 kilómetros, $733,50; 6 a 12 kilómetros, $790,00; 12 a 27 kilómetros, $846,57; y trayectos mayores a 27 kilómetros, $902,73.

Para quienes abonan el pasaje con una tarjeta SUBE sin nominalizar, el costo resulta considerablemente mayor, con valores mínimos que parten desde $1.046,92 y alcanzan un techo de $1.435,34 según la distancia recorrida. Este diferencial busca incentivar la nominalización de la SUBE para establecer una correspondencia entre usuario y tarjeta, y limita el uso de subsidios a cada pasajero registrado.

Existe también una categoría específica para beneficiarios del Atributo Social, destinada a personas en situación de vulnerabilidad, quienes conservan descuentos en el boleto. Para diciembre, el cuadro social propone los siguientes montos: hasta 3 kilómetros, $296,30; de 3 a 6 kilómetros, $330,08; de 6 a 12 kilómetros, $355,50; de 12 a 27 kilómetros, $380,96; y, por encima de los 27 kilómetros, $406,23. Estos importes representan un beneficio orientado a reducir el peso del transporte en los presupuestos de los sectores más afectados por la suba general de precios.

En el segmento de colectivos interurbanos de media distancia, que conecta áreas aledañas a CABA y cumple un rol estratégico en la conexión metropolitana, también se observan nuevos valores. El boleto mínimo para este tipo de servicio se modifica: antes costaba $753,99 y ahora asciende a $866,28 con SUBE nominalizada. Si el pasajero utiliza SUBE sin registrar, el boleto mínimo llega a $1.377,39. Además, el cobro por kilómetro fija una base de $33,46 (SUBE nominalizada) frente a $53,20 (no nominalizada), mientras que la tarifa base en terminales inicia en $219,05 ($348,29 con SUBE sin nominalizar).

El alcance del aumento es exclusivo para las líneas provinciales, es decir, en aquellas que no ingresan en Capital Federal, y por tanto no afectan a los servicios regidos por el gobierno porteño y el nacional. El esquema implementado responde a la necesidad, según especificaron fuentes oficiales, de recomponer el equilibrio operativo de las empresas de transporte, que actualmente sufren presiones por el costo de insumos clave. Entre los factores señalados, aparecen la volatilidad del tipo de cambio, los ajustes frecuentes del precio del combustible y el incremento en los insumos para el mantenimiento y renovación de flotas.

Puntualmente, el nuevo esquema tarifario establece así, para cada segmento, los siguientes valores:

Gran Buenos Aires (tarifa plena con SUBE registrada):

• 0-3 km: $658,44
• 3-6 km: $733,50
• 6-12 km: $790,00
• 12-27 km: $846,57
• Más de 27 km: $902,73

Gran Buenos Aires (SUBE sin nominalizar):

• 0-3 km: $1.046,92
• 3-6 km: $1.166,27
• 6-12 km: $1.256,11
• 12-27 km: $1.346,04
• Más de 27 km: $1.435,34

Tarifa Social:

• 0-3 km: $296,30
• 3-6 km: $330,08
• 6-12 km: $355,50
• 12-27 km: $380,96
• Más de 27 km: $406,23
• Interurbanos de media distancia (tarifa plena):
• Terminal: $219,05
• Base pasajero/km: $33,46
• Boleto mínimo: $866,28

Interurbanos de media distancia (SUBE sin nominalizar):

• Terminal: $348,29
• Base pasajero/km: $53,20
• Boleto mínimo: $1.377,39

La nueva política tarifaria que aplica la provincia de Buenos Aires no modifica el cuadro de tarifas de otros servicios urbanos o metropolitanos ni afecta los valores a cargo de otras jurisdicciones. El aumento impacta exclusivamente en recorridos que se desarrollan íntegramente en territorio bonaerense y que se identifican por sus números superiores al 200. El resto de los servicios quedó sujeto a sus propias mesas de negociación y a las políticas tarifarias definidas por las autoridades específicas de CABA y el gobierno nacional.

El establecimiento argumentó que la medida responde a la caída de la demanda y la apertura de importaciones, que impactaron en su producción

30/11/2025 – 11:16hs

En medio del cimbronazo que generó el cierre de la planta de la empresa de electrodomésticos Whirlpool en la localidad bonaerense de Pilar y que dejó 220 trabajadores despedidos, ahora el turno fue de una fabricante de muebles de Pacheco, partido de Tigre, donde se desempeñaban 40 personas.

Como viene sucediendo con otras compañías que cerraron este año, el establecimiento bonaerense argumentó que la medida responde a la caída de la demanda y la apertura de importaciones, que impactaron en sus volúmenes de producción.

Nuevos despidos ante el cierre de una fábrica de muebles

Se trata de Color Living, con más de 40 años en el sector y una producción anual de 90.000 unidades, la firma mantendrá su actividad en su planta principal de Villa del Rosario, en Córdoba, donde trabajan aproximadamente 400 empleados. En Pacheco, se desempeñaban 40 trabajadores de los sectores de carpintería y costura, y todos fueron desvinculados.

El anuncio llega en un contexto de incertidumbre laboral para el sector manufacturero. Solo un día antes, la compañía Whirlpool confirmó también su cierre, lo que alimentó comparaciones entre ambos casos y la percepción de una tendencia a sustituir producción nacional por productos importados.

La caída, el consumo masivo y el ingreso de productos importados, más allá de cierta estabilidad inflacionaria, volvieron a poner en escena el mercado laboral que, en la provincia de Buenos Aires, mostró despidos y suspensiones en empresas que buscan sortear la crisis.

La Comisión Europea someterá a votación el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a mediados de diciembre, en un contexto en que el peso de Unión Europea en la balanza comercial con la Argentina tocó mínimos históricos. El tratado que lleva más de 25 años en negociación es una oportunidad para revertir el deterioro, aunque las medidas de protección o “salvaguardas]” que piden los agricultores europeos podrían impactar negativamente.

En los primeros diez meses del año, la Argentina destinó apenas el 9,8% de sus exportaciones a los 27 países que integran hoy la UE. Se trata del menor peso del bloque en las ventas externas locales en al menos 35 años, destacó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

A su vez, entre enero y octubre, el 13,7% de las importaciones que ingresaron al país tuvieron origen en la UE. Esa proporción constituye la segunda más baja en tres décadas y media, sólo superada —a la baja— por la registrada en 2022, que fue inferior a la de lo que va de 2025.

El 85% de las exportaciones argentinas hacia la Unión Europea corresponde a productos de las cadenas agroindustriales, según el promedio de los últimos diez años. Dentro de ese grupo se destaca la harina de soja, el principal producto que Argentina vende tanto al mundo como al bloque europeo.

Más allá de la caída de los precios internacionales de los últimos años, los picos de importación de este producto por parte de la UE se registraron en las campañas 2010/11 y 2014/15, cuando el bloque superó los 10 millones de toneladas de harina y pellets de soja. En las últimas cosechas, en cambio, ese volumen rondó en promedio las 8 millones de toneladas.

Así, “el peso de la Unión Europea en las exportaciones de harina de soja pasó de representar más del 50% a principios de siglo, hacia el 40% a mediados de la década del 2010 y en las últimas campañas por debajo del 30% del total exportado”, detalló la BCR.

El envío de biodiesel argentino a la Unión Europea se ubica en los niveles más bajos de los últimos diez años. Entre 2012 y 2022 se despacharon, en promedio, 1,1 millones de toneladas anuales a la UE, con un valor promedio próximo a los USD 1.040 millones anuales.

Desde 2023, las exportaciones no han logrado superar las 400.000 toneladas. Entre enero y octubre de 2025, apenas se alcanzaron las 240.000 toneladas, generando ingresos por US$ 284 millones. Esta tendencia ha incidido en que Argentina registre la mayor caída de producción de biodiesel en el mundo durante los últimos ocho años.

La Unión Europea tiene previsto votar el acuerdo comercial con el Mercosur entre el 16 y el 19 de diciembre. El objetivo es lograr el respaldo de los Estados miembros antes de la cumbre del Mercosur, que se celebrará el 20 de diciembre en Brasil.

Previamente, los 27 países de la UE esperan la votación del Parlamento Europeo, fijada para el 16 de diciembre, que definirá las medidas de salvaguarda para proteger a los agricultores europeos, el sector que más se opone al acuerdo.

Estas contemplan un control más estricto sobre productos agrícolas sensibles, entre ellos carne bovina, aves, arroz y etanol, y habilitan la intervención si se produce una desestabilización del mercado.

Debido al impacto que el acuerdo podría tener en su sector agropecuario, Francia se mantiene como el principal opositor. Sin embargo, enfrenta dificultades para reunir una minoría de bloqueo, ya que países como Alemania y España respaldan el avance del tratado.

En ese marco, organizaciones de agricultores comunicaron la convocatoria a una marcha de protesta en Bruselas el 18 de diciembre, fecha que coincide con una cumbre europea.

Luego de la votación entre los Estados miembros, la ratificación final del acuerdo quedará sujeta a la decisión del Parlamento Europeo, programada para principios de 2026, con un resultado que se prevé ajustado.

“De aplicarse el tratado, espera tener un interesante impacto sobre el complejo soja argentino. Además, se esperan bajas de aranceles y nuevas cuotas para exportar a la Unión Europea para productos esenciales del agro argentino como carnes, lácteos, cereales, arroz, miel, ajo, entre otros. Esto significa abrir oportunidades para la provincia de Santa Fe en particular y el agro argentino en general“, consideró la BCR.

“Si bien los beneficios del acuerdo son evidentes, no se deben desatender iniciativas que podrían afectar su espíritu, como la propuesta de salvaguardia para productos agrícolas de la UE”, advirtió la entidad.

“Aun así, tras más de dos décadas y media de negociaciones, este tratado representa una oportunidad única para revitalizar el intercambio entre el Mercosur y la Unión Europea y consolidar el área de libre comercio más importante del mundo. Para la Argentina, su entrada en vigor sería clave para revertir el retroceso de la participación europea en su comercio exterior”, agregó.

Por otro lado, la Sociedad Rural alertó recientemente por una disposición que podría afectar aún más el comercio entre el bloque europeo y Argentina.

Sucede que el Parlamento Europeo extendió el plazo para la entrada en vigor de la normativa 1115/2023, que exige que productos agrícolas y forestales comercializados en la UE estén libres de deforestación y cumplan con la legislación del país de origen, incluyendo una declaración de diligencia debida.

La SRA expresó su rechazo a esta prórroga, solicitando una revisión de los criterios, la eliminación de la obligación de diligencia debida y una gestión más autónoma de los recursos naturales por parte de cada país, destacando que Argentina fue clasificada como país de “Riesgo Bajo”.

La normativa ahora exigirá cumplimiento a grandes operadores desde diciembre de 2026 y a pequeñas empresas hasta junio de 2027.