POLITICA
Sandra Arroyo Salgado: “La justicia argentina está en un estado de agonía silenciosa”
La jueza federal de San Isidro analizó el avance del narcotráfico transnacional en la Argentina y denunció el deterioro estructural del sistema judicial. “La corrupción atraviesa los tres poderes del Estado y pone en jaque el funcionamiento democrático”, sostuvo.
Las declaraciones de Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro y exesposa del fiscal asesinado Alberto Nisman, fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart, Cecilia Boufflet y Camila Valero . En este contexto, Arroyo Salgado profundizó sobre la debilidad institucional en Argentina, el impacto del crimen organizado y la encrucijada en la que se encuentra la justicia nacional.
“La justicia está en un estado de agonía silenciosa. Somos muy pocos los que estamos alzando la voz para reclamar al poder político que resuelva esta situación crítica”, afirmó Arroyo Salgado tras relatar los detalles de una reciente investigación de su juzgado sobre el lavado de activos vinculado al Comando Vermelho, la poderosa organización criminal brasileña. En diálogo con Infobae en Vivo, en el programa de la mañana, la magistrada alertó sobre la situación límite en la que se encuentra el Poder Judicial argentino: “Estamos en un momento bisagra. Solo tenemos dos caminos: o reconstruimos una justicia independiente, o vamos hacia el deterioro final, lo que no le conviene a nadie”.
Narcotráfico regional y el caso Comando Vermelho: una Argentina permeable
La entrevista inició con el abordaje de una compleja causa de lavado de dinero de más de 500 millones de dólares, articulada desde el partido de Tigre y con ramificaciones internacionales. Arroyo Salgado contó que la investigación se originó a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectó operaciones sospechosas vinculadas al Comando Vermelho de Brasil. La justicia federal de San Isidro tomó el caso porque los principales sospechosos residían en Nordelta, dentro de su competencia territorial.
“Tuvimos que recurrir a técnicas sofisticadas de investigación, como el uso de drones, por la dificultad de penetrar los controles de seguridad de barrios cerrados como Nordelta”, relató la jueza. Según precisó, las sociedades investigadas aparentaban importar y exportar equipos electrónicos, pero sus movimientos financieros no cuadraban con la actividad declarada. “Había depósitos de personas de diversas nacionalidades: brasileños, paraguayos y chinos. Detectamos también una sociedad pantalla que financiaba la llegada de estudiantes universitarios brasileños, mientras en Brasil ya se los investigaba por delitos similares”.
“Comprobamos el lavado de al menos 520 millones de dólares provenientes del narcotráfico”, detalló. El empleo de criptomonedas, en especial a través de billeteras frías, agregó una capa de opacidad y dificultad a las pesquisas: “Lavaban activos utilizando criptoactivos, lo que dificulta trazar y vincular las operaciones a personas físicas concretas”.
La magistrada denunció que las organizaciones delictivas encuentran en la Argentina un terreno fértil para el lavado de activos regionales, y que la debilidad institucional y la corrupción facilitan su radicación: “La debilidad y la opacidad institucional son enormes. Hay corrupción estructural atravesando los tres poderes del Estado, y los funcionarios con el conocimiento para perpetuar estos mecanismos trascienden gobiernos y colores políticos”.
La crisis del sistema judicial: corrupción, vacantes y parálisis
Al describir el estado general del sistema, Arroyo Salgado fue categórica: “Hace dos años no se nombra ningún juez. Actualmente faltan 609 magistrados. La justicia está agonizando, casi en terapia intensiva”. Mencionó que la falta de designación de magistrados paraliza causas de impacto nacional, y que durante ese periodo, ochenta y tres jueces renunciaron.
La jueza aportó una mirada auto-crítica: “En la Argentina tenemos instituciones que no están funcionando para la selección y remoción de jueces. No se están realizando auditorías ni procesos de remoción adecuados. Así, la justicia es ineficaz, tardía, corrupta y, en muchos casos, no es independiente”. Explicó que la degradación de la Justicia no es nueva, sino que se viene profundizando desde los 90: “La decadencia comenzó en la década del 90, cuando surgió la llamada ‘justicia adicta’ al poder político de turno”.
Apuntó especialmente a los acuerdos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en el nombramiento de magistrados, y alertó sobre la manipulación política en la integración del sistema judicial. “Ya no se trata solo de las cabezas; todo el cuerpo de la justicia está debilitado por la cantidad de vacantes”, sostuvo.
La debilidad es especialmente grave en la Corte Suprema, que integra solo tres miembros, todos de la región Centro. “La Corte no representa el federalismo. Sería muy importante ampliar y diversificar su integración, tanto por zonas geográficas como por género”, reclamó. También señaló el caso del Ministerio Público Fiscal, que permanece en manos de un procurador interino desde hace diez años. “Alguien sin estabilidad no puede ejercer eficazmente una tarea tan crítica como representar los intereses generales de la sociedad ante el delito”.
Falta de recursos e impacto del crimen organizado
Para describir las dificultades cotidianas, Arroyo Salgado explicó: “Mi juzgado abarca los municipios de Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre. Tenemos treinta empleados y los recursos tecnológicos son vetustos, muy por detrás de las tecnologías con las que cuenta el narcotráfico. Muchas veces recurrimos a recursos propios e informales porque el equipamiento oficial es completamente insuficiente”.
Relató que, para investigar organizaciones criminales, deben estar atentos a no filtrar información debido a la corrupción dentro de las propias fuerzas de seguridad: “Tenemos que ser muy prudentes con el manejo de la información. A veces, un secretario o una secretaria tiene una computadora mejor que la del juzgado”.
La jueza subrayó la gravedad de los delitos que emergen de estas falencias: “Estamos viendo cómo los detenidos en el Servicio Penitenciario Bonaerense siguen organizando desde adentro las maniobras criminales —incluso homicidios y robos armados—, amparados por la posibilidad de usar teléfonos celulares concedida durante la pandemia por un hábeas corpus colectivo. Esto debía ser algo excepcional, pero la normativa sigue vigente aunque el aislamiento terminó hace mucho”.
Lanzó una crítica directa al funcionamiento del sistema penitenciario y la subsistencia de medidas excepcionales que terminan beneficiando a los criminales: “Si el propio Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires sostiene que hay menos violencia interna porque los presos tienen celulares, también debemos advertir que fuera de las cárceles las mafias se fortalecieron. Hemos allanado centros de detención y secuestrado teléfonos usados para liderar bandas desde la celda”.
El “momento bisagra” y el llamado a la participación ciudadana
Arroyo Salgado instó a la sociedad a involucrarse activamente: “La justicia es la garantía de todos los derechos. Es el ámbito donde el ciudadano deja de estar solo frente al poder”. Para ella, solo mediante la presión ciudadana podrá revertirse el deterioro institucional: “Las víctimas, los usuarios de la justicia, deben hacer oír su reclamo y no ser cómplices de un sistema corrupto. A veces, en lo cotidiano, las malas prácticas se mantienen porque la sociedad las tolera”.
Demandó reformas profundas, como la implementación real del juicio por jurados, la participación de las víctimas en condiciones de paridad con los acusados y un rol protagónico de las organizaciones civiles: “Casos como los de María Soledad Morales, Axel Blumberg o el de Alberto Nisman —mi exesposo— demostraron que cuando la sociedad sale a la calle y exige justicia, los operadores judiciales actúan. Son necesarios cambios de raíz para recuperar la transparencia y el propósito fundamental del sistema”.
Remarcó la urgencia de reconstruir una justicia independiente para garantizar la seguridad jurídica: “Si tenemos una justicia independiente, ganamos todos. Habrá reglas claras. Pero si avanzamos hacia el deterioro final, nadie va a tener protección ni certeza para ejercer sus derechos”.
Sobre el futuro inmediato, fue cauta pero firme: “No veo en el gobierno actual la voluntad política de avanzar hacia una justicia independiente. Las prioridades han sido otras y la degradación lleva décadas. Sin embargo, el momento es urgente: en cualquier instante puede ocurrir una nueva tragedia. Las cabezas del sistema están desintegradas y el cuerpo judicial paralizado”.
Impacto del caso Comando Vermelho y la frustración por un sistema ineficiente
Para reflejar el grado de distorsión institucional, Arroyo Salgado reveló el desenlace de la causa del Comando Vermelho: “Terminó con un juicio abreviado de tres años de prisión en suspenso, pese a la gravedad del delito. La calificación se redujo de lavado agravado por habitualidad y pertenencia a una organización criminal, a lavado simple. Era un proceso que merecía un debate oral y público, pero la sobrecarga y la concentración en causas de alto perfil permitieron acuerdos a puertas cerradas”.
La jueza, que llevó originalmente la investigación, sostuvo que esta distorsión es otro síntoma del agotamiento de la justicia. “Para que el crimen organizado no avance, la justicia necesita recursos, capacitación, dotación de personal y voluntad institucional. Nada de esto es posible sin una política al servicio del interés general”.
La educación y los valores como llave para la reconstrucción institucional
Finalmente, Arroyo Salgado recordó el papel crucial de la educación en la formación de una ciudadanía comprometida: “La educación en valores es la llave de todos los derechos y la justicia es la garantía de esos derechos. Una sociedad degradada produce instituciones degradadas. Para que haya funcionarios corruptos, también es necesario que la cultura social habilite esas prácticas”.
Llamó a que la sociedad no naturalice el retroceso democrático ni la mediocridad institucional: “No quiero ser pesimista, pero sí realista: hoy debe plantearse una alerta a la sociedad y un llamado al compromiso. Si reconstruimos una justicia independiente, aseguramos el libre y pleno goce de los derechos constitucionales. Si se consuma el deterioro, se perderá la protección jurídica para todos”.
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POLITICA
Caso Cuadernos: Sigue la disputa entre jueces por la marcha del juicio y no está claro dónde ni cómo declararán los imputados
A casi un mes de iniciado el juicio por corrupción más grande de los tribunales argentinos, persisten las dudas sobre el formato final que adoptará el curso de un debate que, se estima, demorará varios años.
Desde el comienzo del juicio por los Cuadernos de las Coimas, los jueces del Tribunal Oral N°7 (TOF 7) sostienen que no pueden hacer más para acelerar el proceso y mantienen una puja abierta con sus superiores de la Cámara Federal de Casación, que piden cambios para apurar los tiempos del juicio. Son quienes deberán revisar cualquier decisión del tribunal, incluidas eventuales condenas o absoluciones.
El volumen de la disputa quedó expuesto hace dos semanas, cuando los presidentes de las salas de la Casación convocaron a los jueces del tribunal a una reunión en Comodoro Py para abordar el asunto y el magistrado Germán Castelli, uno de los tres encargados de juzgar a Cristina Kirchner y al resto de los 86 imputados, decidió no ir, aduciendo que bastaba con la presencia de sus pares y que se encontraba trabajando en los fundamentos de las sentencias de dos de las 10 causas que integran el universo Cuadernos.
El objetivo del encuentro fue explicitar las preocupaciones que la Casación guarda sobre la marcha del juicio y pedirles a los miembros del Tribunal que activaran más audiencias semanales, incluso después de haberse aumentado la frecuencia de las audiencias a dos por semana.
Como gesto, los jueces de la Casación eximieron a los del tribunal de nuevos sorteos durante seis meses y les reiteraron a los magistrados Enrique Méndez Signori y Fernando Canero que desde el 10 de diciembre dispondrían de la nueva sala Amia en Comodoro Py, lo que les permitiría rediseñar el cronograma y celebrar allí los debates presenciales, a un ritmo de tres audiencias por semana.
En las últimas audiencias del caso Cuadernos, donde se continuó con la lectura de la extensa acusación fiscal, la expectativa estaba puesta en si el tribunal, tras aquel encuentro, anunciaba alguna modificación en la hoja de ruta, pero los jueces se limitaron a hacer público ante las partes su intercambio con la Casación, mencionando que ya había sido elevado a la Corte Suprema su pedido para disponer de otra sala distinta a la ofrecida. Apuntan a una sala en el Palacio de Tribunales, que es donde el TOF 7 tiene su sede y oficinas.
“Se estará a la espera de las respuestas pendientes, previo a fijar el lugar en que se llevarán a cabo las declaraciones previstas”, dijo Méndez Signori.
No hubo, desde aquel día, ninguna respuesta de la Corte al tribunal, según pudo averiguar .
Críticas a la marcha del juicio
La marcha del tramo principal de la causa Cuadernos fue blanco de críticas durante las últimas semanas, algunas de las cuales provinieron desde el mismo Poder Judicial.
Se escucharon cuestionamientos de miembros del Consejo de la Magistratura y la preocupación de la Corte Suprema sobre el tema cobró total publicidad a través de su miembro más antiguo, Ricardo Lorenzetti.
“Hablemos claro. No puede ser, o no es admisible, un juicio de una megacausa en esos términos. No es admisible para toda la sociedad y no está bien”, dijo, en referencia específica a la virtualidad, en diálogo con Radio Rivadavia.
Lorenzetti sugirió luego que el formato de los juicios debía ser flexible y adaptarse a lo que demande cada uno de ellos.
La envergadura de Cuadernos, sin embargo, con 87 imputados y más de 300 hechos de corrupción a juzgar, parece desafiar los estándares de la Justicia, incluso con la nueva gran sala ofrecida por la Casación.
Es una suerte de anfiteatro en el subsuelo del edificio judicial de Comodoro Py que, con su segundo piso con butacas, contaría con un aforo de 197 personas. Pero aun esas dimensiones parecen apenas suficientes para el juicio Cuadernos.
Al comienzo de cada una de las audiencias celebradas hasta el momento, la secretaria del Tribunal, María Cecilia Chichizola, en un pequeño acto inaugural que suele ocupar los primeros 10 minutos, constata la presencia por lectura de entre 170 y 190 personas, dependiendo de si están o no conectados todos los imputados y sus respectivos abogados.
Ese número no contempla a los secretarios del tribunal, ni a los auxiliares de la fiscal Fabiana León, ni a los del representante de la UIF, Mariano Galpern, como tampoco a eventuales testigos ni a medios de comunicación.
En su primer descargo, además de advertir que arrastran reclamos puntuales para realizar el juicio desde hace seis años, el TOF hizo notar que la sala, por el momento, no es más que una promesa y que estaba ubicada en un lugar -Comodoro Py- donde el tribunal no tiene sus oficinas.
El juez Castelli sostuvo en su último pronunciamiento que, ante tanto reclamo insatisfecho, se había conseguido poner en marcha el juicio “en las condiciones en que se pudo”, en una pequeña, “modesta”, sala de audiencias, con apenas un baño.
El último capítulo de la puja solapada entre la Casación y el Tribunal tuvo lugar la semana pasada, con un pedido particular del juez Castelli a sus superiores de la Casación para obtener una suplencia en otro tribunal, lo que llamó la atención porque uno de los argumentos del TOF es la sobrecarga de trabajo.
La Casación incluyó ese pedido para tratarlo mañana, en su reunión semanal, que se dará en paralelo a la próxima audiencia de Cuadernos, a las 13.30, cuando se continúe con la lectura de la acusación.
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POLITICA
Argentina exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional en Venezuela y pidió el arresto de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello
El gobierno de Javier Milei exigió una “acción inmediata” de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela, ante el agravamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidos por la narcodictadura de Venezuela, y solicitó que se ejecuten las órdenes de arresto que están requeridas para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, principales jefes del régimen chavista.
El planteo, elevado por el embajador Diego Emilio Sadofschi, representante argentino ante la CPI en La Haya, marcó la apertura de la conferencia anual del tribunal, en la que se debatieron los avances y desafíos de las investigaciones internacionales y la cooperación de los Estados miembros.
Durante su intervención, Argentina se disoció del consenso general de la asamblea, reafirmando su posición crítica e históricamente sostenida frente a la falta de avances concretos en el caso venezolano.
Según remarcó Sadofschi, “la situación en Venezuela, que se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024, exige una atención inmediata”. El representante argentino sostuvo que, desde que la oficina del fiscal de la CPI anunció en noviembre de 2021 la conclusión del examen preliminar sobre la situación en Venezuela, “ha habido pocos avances”.
A continuación, denunció: “Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables”.
Sadofschi argumentó que la actitud adoptada por Argentina –de no bloquear el consenso en torno a la declaración general de la asamblea– no debía ser interpretada como una concesión para Venezuela: “La decisión de Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela, es en realidad una muestra del compromiso de la República Argentina con la Corte Penal Internacional y del valor que le otorga a la labor de esta asamblea, incluyendo no precluir las negociaciones en curso para establecer un procedimiento general relativo a la situación de estados parte en situación de atrasos en los pagos”.
En ese sentido, Sadofschi fue terminante: “Permítame enfatizar que Argentina no se siente ni puede ser considerada parte de la decisión que se adopte, disociándose de la misma, y le pido que quede registro de ello en los informes y actas de esta asamblea”.
Al pedir la palabra nuevamente, el embajador subrayó la firmeza de la posición argentina: “La Argentina es y ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras que establecen los Estados partes de esta asamblea, pero no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país. En este marco, la actitud de Argentina de no interponerse a la voluntad de la Asamblea demuestra nuestro compromiso con la Corte Penal Internacional y una reafirmación del llamado a la Corte a tomar medidas concretas y urgentes ante la situación en Venezuela”.
La delegación argentina remarcó que evalúa imprescindible que la comunidad internacional acelere los mecanismos para la ejecución de las órdenes de arresto y no dilate la definición de responsabilidades en materia de crímenes de lesa humanidad. “La República Argentina sigue considerando prioritario que se avance en la investigación y se adopten medidas concretas para poner fin a la impunidad de los máximos responsables del régimen en Venezuela”, sostuvo el embajador ante los demás países presentes.
El planteo argentino suscitó la reacción del representante permanente adjunto de la dictadura chavista en La Haya, Héctor Constant Rosales, quien acusó al gobierno de Milei de “politizar la conferencia” y lo calificó como un “falso defensor de derechos humanos”.
Constant Rosales, que representa a un régimen que usurpó el poder al desconocer los resultados de las últimas elecciones presidenciales, invitó a “concentrarnos positivamente en los trabajos de esta Corte para garantizar que podamos avanzar constructivamente y con un espíritu de solidaridad en los temas que nos resultan comunes”.
Ante estas declaraciones, Sadofschi replicó tajantemente, rechazando “en todos sus términos” las expresiones agraviantes del delegado venezolano y subrayando que Argentina “no puede hacer caso omiso a la realidad de los crímenes que se cometen en ese país”.
Sadofschi insistió en que la postura argentina no implica un relajamiento en la exigencia de justicia internacional, sino una reafirmación del compromiso con la Corte, su proceso y los mecanismos multilaterales que hacen posible el avance de las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad. Hizo hincapié en que la situación en Venezuela representa un caso emblemático de inacción internacional que debe revertirse con medidas contundentes, como el dictado de órdenes de arresto contra los principales dirigentes chavistas. La Argentina pidió que su mensaje y disociación quedaran asentados en las actas e informes de la asamblea, subrayando que no puede ser incluida como parte de ninguna resolución que relativice la gravedad del caso venezolano.
La conferencia anual de la Corte Penal Internacional marca una semana clave donde los países miembros debaten los movimientos en expedientes judiciales críticos, como el referido a Venezuela, y discuten cómo mejorar los mecanismos de cooperación para la ejecución de órdenes de arresto contra acusados por crímenes de lesa humanidad.
El caso del gendarme argentino Nahuel Gallo
Fuera del discurso oficial del embajador ante la CPI, el contexto bilateral entre Argentina y Venezuela está atravesado, además, por la persistente preocupación por el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas. Gallo, miembro de la Gendarmería Nacional Argentina, fue arrestado bajo acusaciones infundadas y permanece privado de su libertad bajo condiciones inciertas. Autoridades argentinas y organismos de derechos humanos insisten en la urgencia de su liberación y en la necesidad de que la Corte Penal Internacional y la comunidad internacional presionen al régimen de Maduro y Cabello para garantizar su integridad y el regreso seguro a su país.
Rumbo a la sesión preparatoria de pasado mañana, la Unión Cívica Radical (UCR) busca subsanar su retroceso parlamentario y encarar el nuevo año legislativo desde la mayor fortaleza posible. Persiguen, para ello, un esquema de unidad que, mientras se define la carrera por la renovación del Comité Nacional, podría naufragar en la Cámara baja, donde los distintos sectores negocian en reuniones paralelas y con sugestivas ausencias que se encaminan a bloquear la confluencia esperada. La grieta entre Democracia para Siempre y la bancada radical se reedita, pero bajo nuevas etiquetas.
Dos encuentros comenzaron a delinear el futuro dicotómico del espacio la semana pasada. El miércoles pasado, se llevó a cabo la primera reunión de Provincias Unidas para empezar a darle forma al bloque federal que intentará mediar entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria. Estuvieron presentes 17 legisladores, entre peronistas y Pro disidentes, socialistas e incluso radicales. Algunos representantes de este último sector también participaron de otro cónclave que se desarrolló ese mismo día, horas más tarde para consolidar una bancada radical “pura” que recupere la identidad del espacio.
“Somos un partido con vocación de poder, por eso estamos trabajando en un bloque de unidad”, aseguró una fuente que participó del segundo encuentro. “¿Qué es esto de romper bloques y que hemos naturalizado?”, cuestionó en relación con la atomización que sufrió el partido centenario bajo la conducción nacional de Martín Lousteau.
El actual senador nacional, que desembarcará en la Cámara baja el 10 de diciembre, habría sido invitado al encuentro del bloque radical, pero no se presentó. consultó en su entorno para confirmar la versión, pero no obtuvo mayores precisiones.
Lo cierto es que el titular del Comité Nacional -que dejará su puesto el próximo 15 de diciembre- ya tiene definida su adhesión al bloque de Provincias Unidas, el sello por el que resultó electo diputado en la ciudad de Buenos Aires en una reñida disputa con los libertarios por la banca. Resta saber cuántos correligionarios seguirán sus pasos.
En el bloque de Provincias Unidas dan por descontado que tendrán también el apoyo de Mariela Coletta, diputada de Evolución, la corriente interna referenciada en Lousteau. Sin embargo, según pudo saber , la legisladora habría participado de la reunión de la bancada radical de la que hoy permanece escindida: desde su creación, engrosa las filas de Democracia para Siempre, el bloque disidente que se encamina a comparecer ante la reorganización del radicalismo en el recinto y el surgimiento de nuevas etiquetas.
Algo similar sucede con Pablo Juliano, presidente de dicho grupo, cuyo destino hasta 2027 no está definido. Podría, como prevén en el frente federal, confluir con Lousteau -pese al divorcio de su principal referente, Facundo Manes, con el senador- o regresar al bloque radical con legisladores que compartieron lista con LLA. intentó contactarlo para averiguar si ya había tomado una decisión, pero al cierre de esta nota no había obtenido respuesta.
La alianza electoral con los libertarios para los comicios nacionales en Mendoza, Chaco y Entre Ríos aún se erige como un obstáculo para la convergencia radical en el recinto. En algunos sectores consideran que tal acercamiento durante la contienda electoral implicó una subversión de los valores del espacio centenario y la desconfianza impera. Otros, en cambio, prefieren obviar las diferencias y se muestran abiertos a trabajar en conjunto. “Soy más de la idea de hacer tábula rasa y empezar a trabajar en reformas. El primero que habló de reforma fiscal y laboral fue Alfonsín. Hay que ponerse a pensar en cómo influir en las agendas que vienen por delante”, deslizó una fuente parlamentaria.
En este contexto, tampoco está definido qué sucederá con el diputado electo por Corrientes Diógenes González que, según indicaron a en el partido local, aún no habría determinado a qué bancada suscribirá, una decisión compleja en medio de la presión a su gobernador y jefe político, Gustavo Valdés, para que asuma la conducción del Comité Nacional.
La misma incertidumbre gira en torno a los dos legisladores por Jujuy, María Inés Zingarán y Jorge Rizzotti. En el entorno del gobernador Carlos Sadir evitan hacer referencia a su destino y, en el Congreso, no descartan que la dupla pueda terminar dividida entre Provincias Unidas y el bloque radical, aunque en ambos espacios agitan por anotarse una adhesión doble.
En el Senado, en cambio, el escenario se desenvuelve sin mayores complicaciones. Según confió un legislador a , el bloque se encamina a permanecer unido después del 10 de diciembre.
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