Roger Grant, uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) investigado por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, apuntó ante la Justicia hacía arriba en la organización: declaró que era su jefe, Daniel Garbellini, quien le indicaba todo lo que debía hacer. En los audios que dieron origen al escándalo, el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, identificó a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Grant fue indagado esta tarde por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ante quienes se explayó y contestó preguntas, dijeron a fuentes con acceso al caso.

Agregaron que Grant explicó el procedimiento de la adquisiciones de medicamentos desde su cargo en el área de compras, pero “apuntó a Garbelli como quien le decía a quién llamar para ofertar y a quién adjudicar”.

En su declaración, Grant terminó por admiitir sus gestiones y su participación en el hecho, cometido por otro, pero con conocimiento de lo que ocurría, señalaron.

Grant era formalmente coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Según explicó, Grant le consultaba a Garbellini −y procedía de conformidad− en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos.

En su declaración, corroboró que era Garbellini quien sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.

Grant está acusado de direccionar las operaciones ordenadas por Garbellini y figuraba en los cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, otro intermediario clave en toda la operatoria.

En esta causa ya fueron indagados Calvete, Spagnuolo, Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno. La mayoría se negó a declarar.

Ahora está previsto que declaren otras ocho exfuncionarios ligados a estas operaciones subterráneas donde se acordaba qué empresas iban a ofertar en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia (Pacbi).

Grant fue designado como coordinador en la Andis el 11 de junio de 2024. Su trabajo era el de administrar las compras de medicamentos en el sistema Siipfis.

Grant se conocía con Garbelli por haber trabajado juntos en la obra social Ospsip. “A partir de la incorporación de Roger Grant a la Andis se puede advertir el rol que este tuvo en la agencia de discapacidad como ejecutor de las decisiones de Daniel María Garbellini en el marco de un esquema de irregularidades y arbitrariedades del que venimos hablando”, señaló el fiscal Picardi en su acusación.

Grant le informaba en forma permanente a Garbelini cuando se sacaba una cotización o a quiénes se debía convocar. Conocía el sistema de compulsa de precios “general” y otro que denominaba “especiales”.

Este mecanismo paralelo era el usado para las adquisiciones irregulares. Allí solo participarían habitualmente cuatro droguerías, por menos drogas y se alternaban en las ganancias, dice la acusación.

El Senado revivió por estas horas escenas que parecían olvidadas en el tiempo, con senadores intentando usurpar despachos de legisladores que terminan su mandato, acompañados por cerrajeros contratados para la ocasión, para poder abrirse paso violentando las cerraduras de las oficinas.

El incidente que se registró esta tarde tuvo como protagonista a la kirchnerista fueguina Cándida López. Se trata de la misma senadora que el viernes pasado juró acompañada por nueve personas y motivó la queja que la libertaria Patricia Bullrich no pudo hacer en el recinto porque la vicepresidenta Victoria Villarruel le negó la palabra.

Según las escenas que se viralizaron en mensajes entre empleados del Senado, la senadora se apersonó en el despacho ubicado en el cuarto piso del Senado acompañada por su esposo, el concejal de Ushuaia Juan Carlos Pino, y por un cerrajero.

El trasfondo del escándalo es el decreto 488/25, con el que Villarruel dispuso un proceso de ordenamiento por el cual la Presidencia de la Cámara se haría cargo de la distribución de los despachos de aquellos senadores que concluyen sus mandatos.

El problema comenzó cuando el cerrajero intentó violentar la cerradura, lo que motivó la intervención del personal de seguridad de la Cámara alta para impedirlo y sostener la decisión de la presidencia de la Cámara.

Hubo empujones por parte de López y Pino al personal de Seguridad, que pretendía evitar que el cerrajero cumpliera con la misión que le había encomendado la senadora.

En uno de los videos se puede ver a Pino gritando: “No toqués a la senadora”, y a los funcionarios de la Cámara respondiéndole: “A la senadora no la toca nadie”. Mientras eso ocurre, López le dice a una colaboradora: “Llamala a Juliana”, en referencia a la también senadora kirchnerista Juliana Di Tullio.

En el video se puede ver cómo uno de los funcionarios de seguridad pretende llevarse del lugar al cerrajero y a la senadora diciéndoles: “Vos no sacás a nadie”, mientras el esposo de la legisladora aparece en escena con la caja de herramientas del cerrajero a cuestas.

El incidente obligó a intervenir al médico de turno en el consultorio del Senado, cuya presencia fue solicitada por López y Di Tullio para que “certificara” una supuesta agresión a la senadora durante la discusión. El facultativo constató un pequeño hematoma en uno de los tobillos de la fueguina, pero aclaró que no podía certificar que hubiera mediado algún tipo de agresión, que eso le corresponde a un médico legista.

Finalmente, tras más de dos horas de tensión y discusiones, López, Pino y Di Tullio terminaron abandonando el despacho sin poder conseguir el cometido de quedárselo.

Las peleas por los despachos en cada recambio legislativo son comunes en cada diciembre de los años impares, pero hacía rato que ningún senador llevaba su reclamo por una oficina al extremo de lo que está haciendo la fueguina.

Según pudo saber de diversas fuentes legislativas, López asegura que su compañero de bloque José Leavy (Salta), que concluye su mandato el próximo 10 de diciembre, le cedió su oficina.

Sin embargo, otras fuentes legislativas niegan que eso sea así y sostienen que Leavy quiso entregarle su despacho a su comprovinciana Flavia Royón, pero ella ya había conseguido otra oficina, cedida por Juan Carlos Romero.

“Entonces, se aparecieron [Anabel] Fernández Sagasti y Di Tullio a decirle que tenía que dejarle el despacho a López, pero Leavy casi no la conoce a López; ni siquiera le cae bien”, contó a este diario una persona al tanto de la disputa.

Este es el segundo intento de López por ocupar la oficina que se encuentra en el cuarto piso del Palacio Legislativo.

El viernes de la semana pasada, después de la ceremonia de jura de los nuevos senadores -López consiguió su reelección y tendrá seis años más de mandato-, la fueguina intentó ocupar el despacho de Leavy en una jugada que también terminó en escándalo y forcejeos con personal de seguridad y con la intervención de Di Tullio y del jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa).

Tras el incidente de esta tarde, funcionarios de la Cámara alta esperaban la presencia de algún colaborador de Leavy para que certifique que en el despacho hay pertenencias de López, tal como aduce la senadora para justificar que las oficinas le habían sido cedidas.