El Gobierno destinó, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial (B.O), $26.117.900 a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La gran mayoría de ese monto es para el pago de sueldos del personal, según se desprende del propio documento, con casi $20 mil millones para ese rubro, según detallaron fuentes del Poder Ejecutivo.

En la Casa Rosada explicaron que, básicamente, no alcanzó el monto que se había destinado inicialmente al organismo y hubo que ampliarlo. “Se sacó un DNU de reconducción del presupuesto, porque no hay presupuesto”, dijeron en referencia a la ausencia de una aprobación vía parlamentaria de los gastos e ingresos del Estado desde 2022.

“No es un aumento técnicamente. Es que el presupuesto prorrogado 2024 alcanzó hasta ahora y para terminar el año hay que aumentar el presupuesto”, ampliaron en relación a lo asignado y que figura entre los gastos públicos del organismo que, a diferencia de otros, también tiene uno de “gastos reservados” por las características del trabajo que realizan.

Sobre lo publicado este lunes en referencia a los gastos, en la Casa Rosada sostuvieron: “La Secretaría de Inteligencia es uno de los tantos organismos del Estado que se quedó sin fondos”. Y recalcaron que la gran mayoría del financiamiento se va en sueldos, como se desprende de los documentos oficiales publicados en el Boletín Oficial.

El tema creció luego de que el exdiputado peronista Alejandro “Topo” Rodríguez afirmó en su cuenta de la red social X que se destinaron “350 millones de pesos para cubiertas, 300 millones de pesos para prendas de vestir y 40 millones de pesos para utensillos de cocina y comedor” en la ampliación presupuestaria de la SIDE.

Ante la consulta puntual de fuentes del área de Inteligencia explicaron que el hecho de que figuren esos ítems corresponde con nomencladores de los sistemas de la administración pública para encasillar los gastos, pero no necesariamente implica que sean esos exactamente.

“Se ponen utensillos de cocina, pero puede ser que se hayan comprado hornos para determinadas bases que hay en diferentes puntos del país o bien otros elementos de mayor valor que un cuchillo o un tenedor como parece desprenderse de ahí”, detalló una voz conocedora de la materia.

“Lo mismo con las cubiertas. Pueden englobarse ahí otros gastos para la flota de automotores que es realmente muy amplia y requiere actualizaciones”, detallaron. El punto en que insistieron es que el mayor porcentaje de lo destinado es para sueldos de personal. “Casi 20 mil millones de 26 mil millones”, graficaron.

La SIDE está bajo la órbita de Sergio Neiffert, desde junio de 2024, tras la salida de Silvestre Sívori, primer responsable de la Inteligencia local de la administración libertaria. Neiffert quedó en el epicentro de una polémica cuando se supo que mantuvo una fuerte discusión en su propia casa con José Lago Rodríguez, subsecretario bajo su órbita.

A su vez, Lago Rodríguez estaría bajo la mira la División de Asuntos Internos (DAI) del organismo por un viaje a Azerbaiyán, que de acuerdo a información publicada en el sitio Sección País habría sido financiado con fondos reservados y disfrazado de misión oficial, pero que supuestamente habría sido para asistir como espectador a una carrera de Fórmula 1 en la que participó el argentino Franco Colapinto.

El viaje fue en septiembre junto al director del Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), Alejandro Colombo, bajo el pretexto de participar de un foro.

El Gobierno finalmente no incluyó en el anuncio sobre el contenido del proyecto de nuevo Código Penal a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, como lo estuvo analizando el fin de semana, aunque no descarta hacerlo en el futuro.

”Nosotros, los técnicos, levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llegan de arriba», dijo a un funcionario del Gobierno, que participó de la redacción de la iniciativa, al explicar la determinación oficial.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dieron una conferencia de prensa en la Casa Rosada en la que dieron detalles del proyecto de ley que enviarán al Congreso para modificar el Código Penal.

El proyecto agrava las penas para delitos comunes, para la corrupción y dispone que no son imprescriptibles los delitos graves. Durante el fin de semana, una fuente del Ministerio de Seguridad había dicho a que se incluían entre esos delitos los de corrupción. Y una fuente del Ministerio de Justicia coincidió: “Está en estudio”, admitió.

En el anuncio de este lunes, cuando le preguntaron a Bullrich, la ministra dirigió la consulta al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, que estaba sentado en la primer fila, quien negó que estuvieran incluidos como imprescriptibles los delitos de corrupción.

En el proyecto de reforma están incluidos el homicidio agravado; el abuso sexual, la producción, comercialización y distribución de material de abuso sexual infantil; la corrupción de menores, la promoción y facilitación de la prostitución, explotación y rufianería, la sustracción de menores con fines sexuales, la trata de personas, el secuestro, los atentados al orden constitucional y al sistema democrático, los procesos contra organizaciones criminales, y el terrorismo y su financiamiento.

Mas tarde, un funcionario del Gobierno explicó lo ocurrido de esta manera: “Patricia dijo que está a estudio, pero no está puesta hoy la corrupción como imprescriptible. Pero ella lo dijo en la conferencia, y charlaremos sobre la posibilidad de hacerlo. Todavía hoy no está puesto. No es algo tan urgente como parece, porque mientras se es funcionario no corre la prescripción”.

“Habría que ver el caso bien y la definición política al respecto. Nosotros los técnicos levantamos los temas todo el tiempo y las definiciones políticas llega de arriba y las acomodamos. Hoy no está puesto todavía como un delito imprescriptible”, explicó este funcionario cercano a la mesa donde se decide el texto final que se enviará al Congreso.

El nuevo texto del Código Penal prevé el agravamiento de las penas. Se elevarán los mínimos y máximos de una gran cantidad de delitos. Entre estos delitos están el homicidio simple que pasa de 8 a 25 años a 10 a 30 años de cárcel.

Según el texto de la reforma, para el homicidio agravado la pena es de prisión perpetua cuando la víctima sea el presidente, jefe de Gabinete, ministros, docentes, menores de 16 años o mayores a 65 años. También si ocurre el crimen en un lugar de concurrencia masiva, centro educativo o deportivo o en la vía pública, mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas o por encargo.

La lesiones leves pasan de un mes de mínima a 1 año de máxima, para situarse en 1 año de mínima a 3 años de máxima. Mientras que la pornografía infantil actualmente se pena con 3 a 6 años de prisión y se prevé ir de 3 a 12 años con agravantes que llevarían el mínimo a 4 años.

El proyecto, en el que trabajaron en forma conjunta los ministerios de Justicia y de Seguridad, aumenta a 10 años la pena de trata de personas y a 15 si es agravada. En el hurto se eleva la pena de 1 a 3 años. Y en el robo de 3 a 8 años de prisión o de 3 a 10 años si es con violencia sobre las personas.

La iniciativa oficial eleva las penas para la corrupción: el cohecho pasa de 6 años de pena máxima a 10 años. Asimismo, se eleva en un tercio adicional cuando se trate de contrataciones públicas. Si el que comete el delito es presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, entre otros, la escala va de 5 a 15 años. Como consecuencia de las reformas, el 82% de los delitos pasarán a ser de cumplimiento con prisión efectiva.